La plataforma Pegasus, en su momento el más avanzado software de espionaje en el mundo, fue adquirido originalmente por el gobierno de Felipe Calderón para ser ejecutado por la Sección Segunda –inteligencia militar– y la Sección Séptima –operaciones contra el narcotráfico– de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los contratos, de los cuales Contralínea posee copia, fueron firmados entre 2011 y 2012 por más de 6 mil millones de pesos.

Formalmente, Pegasus fue adquirido para espiar y contener los movimientos armados y desarticular a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, como documentó Contralínea de mayo a julio de 2012, desde el primer momento se utilizó para espiar a líderes sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas, políticos de oposición y periodistas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la plataforma pasó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con los mismos fines.

Ante la revelación de que 15 mil números telefónicos fueron espiados durante la administración de Enrique Peña Nieto, a través de Pegasus, organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional”, en la que se involucre a las víctimas y se sancione a los responsables de la vigilancia ilegal de defensores, periodistas y opositores políticos, hechos que hasta ahora permanecen en la impunidad.

En su férrea defensa de la Reforma Educativa, el gobierno de Enrique Peña Nieto exhibió su rostro más autoritario.

El periodista Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado este lunes en el estacionamiento de un gimnasio de la avenida Madero Poniente, en esta ciudad, según reportes de las autoridades judiciales.

Al comunicador le dispararon, a quemarropa, cuando salía del gimnasio, en inmediaciones del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en la colonia Bocanegra, reporta Quadratín.

Al menos 25 periodistas aparecen como objetivos de clientes que compraron y operaron el sistema de espionaje Pegasus en México, de acuerdo a la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories con la colaboración de Amnistía Internacional y 17 medios y organizaciones, entre las que se encuentra Aristegui Noticias.

La periodista Carmen Aristegui fue confirmada como blanco de espionaje con Pegasus desde 2017, junto a su hijo menor de edad;  ahora los registros apuntan que su hermana Teresa Aristegui, su productora en CNN, Karina Maciel, y quien fuera su asistente personal en 2017, Sandra Nogales, también aparecen en los registros.

La investigación en la que participan 17 medios de diversas partes del mundo revela el interés de clientes de NSO por seguir las actividades y todos los asuntos del entonces líder de la oposición y ahora Presidente de México.

Los teléfonos de la esposa, hijos, colaboradores cercanos y hasta del cardiólogo de Andrés Manuel López Obrador fueron ingresados entre 2016 y 2017 al sistema utilizado por los clientes de Pegasus, el software desarrollado por NSO Group para recopilar datos de dispositivos móviles de sospechosos de participar en delitos graves y terroristas.

Una vez instalado, Pegasus permite al operador tomar un control completo del dispositivo, incluyendo el acceso a los mensajes de aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram, también permite encender el micrófono y la cámara del celular.

Después de que la publicación este lunes de la investigación Pegasus Project en diversos medios de comunicación reveló el uso de malware de espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil en México y en el mundo, organizaciones exigieron al gobierno mexicano garantía de verdad, justicia y no repetición.

La consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes mexicanos es un “circo político”, pues deberían ser investigados por la Fiscalía General si hay pruebas en su contra sin necesidad de un referendo, advirtió este lunes Human Rights Watch (HRW).

“El fiscal general mexicano (Alejandro Gertz) puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político”, opinó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

La organización Amnistía Internacional (AI) subrayó este lunes que el software espía de la empresa israelí NSO Group se utilizó para “facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”.

En una nota, AI alude a una investigación que ha destapado cómo el citado software ha atacado a periodistas, defensores de los derechos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

Ante el desplazamiento forzado de poblaciones tsotsiles y tzeltales de los Altos de Chiapas, agraviado desde el pasado 8 de julio, la organización Las Abejas de Acteal exigió a los tres niveles de gobierno que no permita que soldados entren a los campamentos de las y los desplazados.

Los representantes de la organización de la sociedad civil manifestaron en un comunicado que las comunidades integrantes de las Abejas de Acteal de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, no permiten ni permitirán acceso a los soldados y a la Guardia Nacional a los campamentos de las personas desplazadas, tales como Tsajal Ch’en, Acteal Abejas, Acteal Base, Majomut, Tzajal Ukúm, Yabteclum y Cabecera Chenalhó, debido que ponen en riesgo a las comunidades, además de que “nosotros no contamos con armas, pues nuestra lucha es pacífica y no violenta”, explicaron.

En menos de 24 horas, se registraron 10 homicidios dolosos, en Tijuana. Con estos hechos las víctimas mortales llegan a 122 en julio y mil 144 en lo que va del año 2021.

Entre los reportes de los cuerpos policíacos destacan que alrededor de las 11 de la mañana del domingo 18 de julio, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre el área del cerro muy cerca del rancho “El Moro”, en la colonia Valle Redondo. La víctima, que se encontraba entre la maleza, tenía visibles huellas de violencia, al parecer, producidas por asfixia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este lunes que impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de corrupción.

La dependencia cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) exonere a Vargas, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).

Al menos 50 personas cercanas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluidos su esposa, hijos, asistentes y médico, se incluyeron en una lista de números de interés de clientes de la empresa israelí de software NSO Group para ser espiados a través del spyware Pegasus, reveló hoy el diario británico The Guardian.

Diversos medios de comunicación difundieron el día de ayer una investigación, obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), donde revelaron que al menos 37 contactos, de una lista de 50 mil teléfonos móviles, fueron infiltrados con el programa de software, y este habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

México está en la tercera ola de contagios de COVID-19. De acuerdo con los datos disponibles, las entidades que más lo están padeciendo son las que durante toda la pandemia han estado en los primeros lugares de casos. También figuran las zonas turísticas que habían librado adecuadamente la pandemia, pero que registran un incremento constante en el número de enfermos.

Hay otros datos que sobresalen y marcan la diferencia en este aumento respecto a los dos brotes anteriores —los registrados en abril y mayo de 2020, y el de diciembre de 2020 a enero y febrero de 2021—: son los jóvenes los que protagonizan el aumento en los contagios. Un punto que contrasta con las dos alzas pasadas es que la capacidad de los hospitales no está rebasada, ni tampoco hay aumento sustancial en las defunciones.

La tercera ola de COVID en México está, hasta el momento, focalizada en 14 estados, donde se concentran el 87% de los casos activos. Entre estas entidades están los polos turísticos, que llevan semanas con la epidemia en ascenso por la llegada de vacacionistas, sobre todo jóvenes que atiborran los antros y restaurantes. 

Pero está también la capital, la zona conurbada del país y varios estados del norte donde se abrieron actividades y aforos y donde la fiesta volvió a prender (junto con el virus). Las autoridades locales han desplegado esfuerzos, en diferentes niveles, para tratar de contener los casos, pero el agotamiento económico y social complica la contención.

La Fiscalía de Jalisco informó del hallazgo de 82 bolsas con restos humanos encontrados en tres fosas clandestinas en los municipios de Tlajomulco y Zapopan.

El titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez, dijo que en una finca de Lomas del Sur se localizaron 17 bolsas con restos humanos y los cuerpos de dos personas sin identificar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana presentará un informe sobre la compra de medicamentos y dijo que la entrega será gratuita para toda la población, incluyendo a quienes no tienen seguridad social.

“Se compraron todos los medicamentos, lo adelanto, a un precio más bajo, justo, porque ya no se presentaron los problemas de corrupción en la compra de las medicinas y esto hace que el presupuesto nos rinda y alcance para que todos tengamos las medicinas y nos atiendan”, expresó.

De visita en Nueva York para asistir al Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón declaró que el gobierno mexicano está trabajando para reabrir la relación diplomática y comercial con Corea del Norte, país encabezado por el dictador Kim Jong Un.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al poder legislativo aprobar la ley reglamentaria sobre el fuero presidencial y así el presidente en turno pueda ser enjuiciado por cualquier delito que cometa.

Dijo que ya fue enviada la ley reglamentaria Congreso de la Unión para que se aplique la disposición constitucional y lanzó el siguiente llamado: