Refractario a las críticas y en plena veda electoral, López Obrador exacerba sus diferendos con el INE y el Tribunal Electoral y amenaza con reformarlos. De manera coincidente, la Sala Superior de este último órgano tiene en etapa de instrucción casos que atañen al presidente: uno le imputa promoción personalizada, vulneración del principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos; y dos más implican a sus familiares: a su hermano Pío, por recibir dinero en efectivo para presuntas actividades proselitistas; y a su prima Manuela del Carmen Obrador, por supuestamente “usurpar” una candidatura indígena al Congreso federal.
La cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, así como el acuerdo para evitar la sobrerrepresentación, radicalizó las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido que fundó, Morena, frente a las instituciones electorales: de plano las reprobó, acusó “un acto de provocación” y “un atentado contra la democracia”, abordando una vez más la dinámica electoral que los mismos órganos que descalifica le vedaron.
Confrontado con el Instituto Nacional Electoral (INE) desde los primeros días de su gobierno, esta vez el mandatario consideró que, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ambas instancias fueron creadas para que no haya democracia, las acusó de conspiradoras y de plano anunció una reforma electoral.
