Segunda y última parte. En México, la trasnacional Odebrecht recibió un trato fiscal privilegiado. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó a ocho de sus empresas que operan en el país deducir 35 mil 76 millones 336 mil 853 pesos del impuesto sobre la renta (ISR), revela la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acerca de este caso de corrupción a la que Contralínea tuvo acceso. Con ello, les fueron condonados más de 1 mil millones de pesos.

En la revisión de miles de contratos que otorga Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de la Función Pública y de Energía han puesto especial atención en cuatro de ellos por la presunta comisión de irregularidades, y que para la empresa petrolera del Estado significaron un gasto total por 1 mil 415 millones 499 mil 874 pesos, por lo que esa asignación, junto con otras supuestas anomalías, habrían causado la renuncia del subdirector de Servicios de Explotación de Pemex, Abraham David Alipi Mena.

El caso al interior del gobierno federal ha llamado la atención al punto que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abrió una investigación –por ser Pemex un asunto de seguridad nacional– sobre los hermanos Javier y Rolando Cantú Barragán, oriundos de Reynosa, Tamaulipas, dueños de las beneficiadas con dichos contratos: Transportes Internacionales Tamaulipecos, SA de CV (TITSA); y Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas, SA de CV (Tracotamsa). Empresas que también son revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y también de parte de Estados Unidos a través de sus agencias DEA y FBI, que investigan particularmente a Javier Cantú.

Dijo que ahora se busca que el vacío de autoridad vuelva a ser ocupado por el Estado. En este caso, la seguridad debe estar a cargo de la Guardia Nacional si las corporaciones policiacas estatales han sido rebasadas.

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, manifestó su desacuerdo con que incorporen niños a las Policías Comunitarias y a las Autodefensas. “Esto ya no funciona; esto podía tener efectos en el periodo neoliberal, en el régimen anterior de corrupción, injusticias, privilegios”.

La Casa del Migrante de Saltillo exigió que las autoridades vacunen al personal de tareas humanitarias y de defensa de derechos humanos y que atiendan de manera humanitaria a la población migrante debido a su “extrema vulnerabilidad frente a la pandemia”.

La organización radicada en Coahuila denunció la escasa atención humanitaria que el Estado brinda a la población migrante y pidió la intervención del gobierno federal, estatal y municipal para la atención de las personas en condición de movilidad humana y su personal defensor.

Los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fueron liberados después de 40 horas de secuestro en Ocosingo, Chiapas. En un comunicado, el Frayba aseguró que la privación de la libertad de ambos se originó por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado y que tras su liberación se encuentran en buen estado de salud.

Los defensores prefirieron no dar más detalles del hecho, para no “poner en riesgo ni vulnerar la seguridad” de quienes integran el Centro, además desmintieron la versión del estado de que fue un “accidente de tránsito”.

Desde un tribunal federal de Brooklyn, el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Eric N. Vitaliano, emitió un fallo por incumplimiento y un decreto parcial de decomiso para autorizar la incautación de cinco propiedades inmobiliarias del narcotraficante Rafael Caro Quintero, las cuales están ubicadas en Guadalajara, Jalisco.

El magnate Ricardo Salinas Pliego, el tercer mexicano más rico, rechazó este jueves que la desigualdad sea el principal problema de la sociedad y defendió su visión de “no tener miedo” ante la pandemia de la COVID-19.

La renuencia de México a gastar dinero, realizar más pruebas, modificar la estrategia o reaccionar ante nueva evidencia científica contribuyeron a que el país sea uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un informe publicado esta semana por la Universidad de California, campus San Francisco.

México habría tenido una cifra de muertes significativamente menor si hubiera actuado ante la crisis sanitaria como el promedio de los gobiernos, de acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la UCSF, que también divulgó un informe que critica con dureza la respuesta de Estados Unidos a la COVID-19.

Los integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no han recibido órdenes de detener las obras para la construcción del Tren Maya a pesar de que existen amparos y suspensiones vigentes en varios tramos del proyecto, por lo que continuarán con su labor diaria en la Península de Yucatán, explicó el secretario de Infraestructura y Transporte de la agrupación, Raúl Uribe Soria.

“Nosotros seguimos trabajando, y los amparos son de diferentes cuestiones. Si a nosotros nos llega una resolución de un juez donde nos digan que no podamos mover un camión, ahí sí, sería cuestión de la empresa y tendríamos que parar los trabas”, dijo Uribe Soria en conferencia de prensa.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha reforma refuerza el control estatal en la distribución y procesamiento de hidrocarburos.

Propone que las autoridades puedan suspender permisos de privados “a fin de garantizar los intereses de la Nación” o cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

“Desperdicio de recursos en Harvard con la colaboracionista Ríos. La Viri siempre responderá a su origen, ni los filtros que utiliza la disimulan. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda”, escribió el pasado 8 de abril María Elena Pérez-Jaén Zermeño, candidata a Diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN). Aunque este mensaje no iba dirigido hacia algún integrante de un partido político, sí lo realizó una persona que contiende por un cargo público y se enmarca dentro del proceso electoral 2021, donde las campañas políticas, costeadas con recursos públicos, se han caracterizado por discursos de odio que generan polarización.

Fiscales estadounidenses dijeron el jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El Fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al Juez federal del caso en la que explica que la Fiscalía también tiene una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses.

“Es inexplicable cómo este Gobierno que ha criticado tanto al Gobierno de Calderón —con justa razón en la mayoría de las veces— regresa y hace un refrito de una iniciativa de Felipe Calderón y de García Luna que demostró ser una estrategia fallida y un fracaso”, comentó Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) sobre la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).

Lo que Calderón y García Luna hicieron en 2008 fue el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), el cual sólo funcionó hasta 2011 porque la base de datos fue filtrada y vendida en el mercado negro. Se aprobó también bajo el argumento de que ayudaría a reducir los delitos, pero de acuerdo con los datos de R3D, la extorsión y el secuestro aumentaron 40 y ocho por ciento, respectivamente, justo en esos tres años.

Reunidos en la Glorieta del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, diez integrantes del personal de salud de servicios privados protestaron una vez más por falta de un plan para vacunarlos.

Aunque su intención era marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo, esto tuvo que modificarse ante la baja asistencia de manifestantes. Poco antes de las diez de la mañana, apenas había una decena de sanitarios, por lo que decidieron solo hacer un pase de lista con los nombres de sus compañeros fallecidos por COVID y reiterar su exigencia de que se les inmunice.

Operaciones bancarias por más de mil millones de pesos provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.

Estos son algunos de los presuntos actos de corrupción que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, en los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil que requerirá que los usuarios den sus datos personales y biométricos.

Al respecto, el presidente reconoció que hubo “mucha polémica” pero consideró que no puede haber nada por encima de “la seguridad”.

En un debate que se prolongó por alrededor de siete horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la prohibición de la subcontratación laboral.

El pleno rechazó todas las reservas presentadas por diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “atentado a la democracia” la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

“Creo que se debe respetar la resolución del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional, pero si vamos al fondo, es lo que importa, en la democracia manda el pueblo.

La salud de la defensora Kenia Hernández, recluida en una prisión de máxima seguridad en el estado de Morelos desde octubre del 2020, se ha deteriorado, expuso la organización internacional Front Line Defenders.

La organización urgió a las autoridades a retirar los cargos “fabricados” contra Kenia Hernández, pues, aseguraron, su encarcelamiento está “motivado por su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humanos”. También exigieron garantizar pronta asistencia y tratamiento médico de calidad para la activista.

Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la prohibición de la fracturación hidráulica (fracking) en México son los «grandes ausentes» en la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, criticó la Alianza Mexicana contra el Fracking.

En un comunicado, los defensores lamentaron que el gobierno federal incumple con su promesa de acabar con el fracking al no incluir en la reforma la prohibición explícita de esta técnica y sólo presentar cambios «que no incorporan las demandas históricas que pueblos, comunidades y sociedad civil han exigido en su rechazo».