Alejandro García Rosas habló por teléfono con su esposa por última vez el pasado 13 de abril. Un día antes abordó un camión de pasajeros en San Pedro de las Colonias, Coahuila, con rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua, para retomar sus actividades de resguardo de la frontera norte como parte de la Guardia Nacional. Desde ese día no se sabe nada de él.

Su esposa, Ana, relata que hasta el momento ni las autoridades estatales de Chihuahua ni la Guardia Nacional le han dado respuestas sobre el paradero de su esposo, quien antes de pertenecer a la corporación creada en el presente sexenio fue soldado y cabo del ejército.

El 18 de noviembre, su mamá le marcó por teléfono “asustadísima” porque tocaron a la puerta de la casa no uno, sino cuatro policías, para entregarle un citatorio: estaba imputada por los delitos de “daño a la propiedad doloso (bienes inmuebles), lesiones y robo a negocio”.

No entendía nada y no sabía quién podía estarla acusando de eso, hasta que días después se enteró de que no era la única: había 13 mujeres jóvenes en la misma situación, identificadas como feministas, y todas citadas para el 24 de noviembre, un día antes de la megamarcha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La subcontratación debe regularse, aunque genere uno de cada cuatro empleos formales en el país, aseguró Arturo Herrera, Secretario de Hacienda. Los cambios en materia laboral, dijo, buscan evitar que se desarrollen mecanismos poco favorables para la población trabajadora.

Las sanciones que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a la farmacéutica Pisa y a su filial, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), fueron suspendidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las suspensiones fueron concedidas el 13 de noviembre como resultado de juicios promovidos por Pisa y Dimesa, que impugnaron la inhabilitación por 2 años y 6 meses impuesta por la SFP.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió una vez más a los líderes de los partidos políticos que por voluntad propia se bajen 50 por ciento las prerrogativas que les entrega cada año, y más abultadas en periodos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con Uber – la cual respondió a la petición de información de la Fiscalía del Estado – no hay registro de que Karina haya hecho el viaje en pues “no existe registro de un viaje realizado a través de la aplicación que corresponda con dichos datos”.

Con más de 268 mil firmas de respaldo, organizaciones y comunidades mayas en Campeche exigieron en una misiva que se nigue la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya en su Fase 1, que actualmente se encuentra en etapa de evaluación en la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA).

Los mayas denunciaron que «el proyecto se presentó de forma fragmentada, lo que impide evaluarlo integralmente». «Tampoco se ha dado información oportuna y suficiente a las comunidades para que den su consentimiento», agregaron en la carta que entregaron la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de Campeche.

La Ciudad de México sigue en Semáforo Naranja, pero está “en Alerta al límite” del Semáforo Rojo, informó este viernes, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Estamos igual que la semana pasada en Semáforo Naranja con una Alerta que le llamamos ‘al límite’ del Semáforo Rojo”, dijo.

Del pasado 19 de noviembre al 26 de noviembre, la capital del país pasó de una ocupación de camas de hospital de tres mil 427 a tres mil 632. Eso es que la ocupación hospitalaria creció de 29 a 52 por ciento, explicó la funcionaria local.

“Grupo México rechaza vínculo de sus operaciones mineras con monitoreos de calidad del agua en el Río Sonora”, afirmó la compañía pese al desastre provocado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la expulsión de residuos tóxicos que afectó a al menos 24 mil personas en 2014.

La empresa minera, propiedad del millonario Germán Larrea, derramó residuos en el Río Sonora de la minera Buenavista del Cobre hace seis años y dejó afectaciones físicas en las personas que habitan las comunidades que acompañan a ambos caudales. Sin embargo, la compañía aseguró que se trata de un proceso natural que “inició hace al menos 12 millones de años“, de acuerdo con un oficio citado de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La defensa de Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), empezó las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que se otorguen beneficios legales a su clienta.

Fuentes cercanas a la ex secretaria de Estado señalaron que aunque todavía son "contactos informales", los representantes legales esperan que en los próximos días el Ministerio Público Federal (MPF) responda de manera formal y positiva a la petición, y entonces comience la entrega de información en torno a la estafa maestra.

“La familia Ancira aceptaría lo que ha planteado Alonso Ancira públicamente y es una opinión de la familia: aquí hay en juego 20 mil empleos netos, más de 60 mil o 70 mil empleos indirectos”, dijo el representante de la compañía sobre la venta de acciones del empresario detenido en España. “Si nosotros somos obstáculos para Altos Hornos de México y regresarla a la normalidad, nosotros nos salimos”, aseguró es la postura de la familia Ancira. Altos Hornos no convocó a una asamblea general de socios como lo dieron a conocer miembros de la Unión de Organismos Empresariales de la región centro del estado.

Un juez federal negó de manera definitiva al ex oficial mayor de Sedeso y Sedatu, Emilio Zebadúa González, una petición de amparo en contra de cualquier orden de captura, y la confiscación de bienes como parte de la investigación que realiza en su contra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo).

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no habrá posibilidad de evitar una acción de la justicia por hechos cometidos en su administración, al menos a partir de que los congresos locales aprueben la reforma constitucional que ayer pasó en el Senado para eliminar el fuero presidencial.

Dicha reforma fue propuesta por el propio mandatario, quien celebró la aprobación, una modificación histórica y, por ello, agradeció a los senadores el voto que emitieron ayer.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que hace unos minutos Pfizer entregó el expediente de la vacuna BNT162b2 contra covid-19 a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su eventual evaluación.

“Es importante tener claro que es la entrega. En las siguientes pocas horas, a partir del día laboral de mañana, se revisará si el expediente está completo. Pero ya es una buena noticia”, señaló en la conferencia.

El Congreso local hizo un llamado al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que se finquen responsabilidades al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a quien fuera su secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión contra el movimiento social y magisterial de 2006.

También demandó que investigue y sancione a los fiscales generales del estado de Oaxaca por omisiones para investigar los delitos cometidos por servidores públicos en ese periodo, pese a que hubo 383 personas arrestadas, 20 asesinatos y 87 lesionados, según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, entregó palas y cubetas a mujeres que buscan a familiares desaparecidos.

El mismo Ayuntamiento informó que la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, entregó los utensilios a integrantes del grupo ‘Guerreras Buscadoras’ en el patio central del edificio Luebbert, en Guaymas, Sonora.

“La nota está aquí en este micrófono, no en las paredes”, dijeron familiares de víctimas de feminicidio o sobrevivientes de violencia machista mientras contaban sus historias desde el templete instalado en el Zócalo, el único punto de la marcha feminista de este miércoles en el que se desató algún choque entre manifestantes y policías.

La marcha de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a la que asistieron entre mil y dos mil mujeres, según las organizadoras, lejos estuvo de ser como las últimas manifestaciones feministas en la ciudad: con policías rodeandolas, usando extintores para contenerlas y violentando su derecho a marchar.

La extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, inició el contacto formal con la Fiscalía General de la República (FGR) para negociar un criterio de oportunidad que le permita volverse testigo colaboradora a cambio de no ser procesada por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado, derivados del caso de La Estafa Maestra.

El equipo legal de la funcionaria confirmó a Animal Político que después del mediodía de este miércoles 25 de noviembre se entregó un oficio a la Fiscalía en el que se manifiesta la intención de Robles de colaborar con las investigaciones. Lo que sigue es una reunión de sus abogados con los fiscales para afinar los detalles de su primera declaración.

“Decidimos concluir la obra”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al justificar la continuación de los trabajos en el Proyecto Integral Morelos (PIM), donde el pasado lunes la Guardia Nacional desalojó a ejidatarios que se oponen a la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tema fue planteado al mandatario durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional y, sin abundar en la operación de desalojo, se concentró en los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de echar a andar la obra.

Representantes de comunidades mayas solicitaron formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización de Impacto Ambiental al primer tramo del Tren Maya puesto que el proyecto se presentó en forma fragmentada, lo que impide evaluar en su conjunto las afectaciones que provocará.

Dicho tramo abarcará 237 kilómetros que correrán de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. La obra costará 13 mil 394 millones 942 mil 290 pesos con 34 centavos y fue adjudicada al consorcio integrado por Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, EYASA y Grupo COSH.