Habitantes de comunidades de Oaxaca, Puebla y Chiapas –apoyada de organizaciones sociales– han decidido buscar que desde el extranjero se haga justicia contra las empresas que afectan sus comunidades. Las empresas que están en la mira son la francesa de energía eólica propiedad de la trasnacional Electricité De France, y las mineras canadienses Almaden Minerals y Blackfire Exploration. “Nunca preguntan si las poblaciones quieren concesiones y menos si quieren los megaproyectos que benefician poco y por poco tiempo a las poblaciones. Quienes realmente se benefician de estos proyectos ni siquiera habitan en la comunidad. Los costos son mayores para las comunidades. Lo que vemos con las reformas estructurales es que les están abriendo las puertas y eso implica violar los derechos de las comunidades”, criticó Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, que lucha contra una mina canadiense en Ixtacamaxtitlán, Puebla.
El Gobierno de México da la espalda a las comunidades originarias, mientras beneficia intereses económicos de grandes empresas extranjeras que llegan al territorio nacional a devastar pueblos enteros y a provocar daños medioambientales, sociales, de salud y culturales. Ante este panorama de derechos humanos violentados y oídos sordos de las autoridades, afectados y organizaciones de la sociedad civil han salido a buscar justicia en el extranjero.
Recientemente, al menos tres casos de violaciones a los derechos humanos de comunidades mexicanas, dos de ellas indígenas, por parte de industrias extractivas extranjeras han llegado al exterior en busca de justicia.
Recientemente, al menos tres casos de violaciones a los derechos humanos de comunidades mexicanas, dos de ellas indígenas, por parte de industrias extractivas extranjeras han llegado al exterior en busca de justicia.
