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“No nos vamos a callar”: alumnas acusan que no es la primera vez que la universidad UPAEP ignora acoso sexual; temen represalias

Estudiantes de la UPAEP, cuyo exjefe de educación física y deportes está vinculado a proceso por abuso sexual, aseguran que la universidad poblana está tratando de desarticular las manifestaciones solidarias con la denunciante.

Las estudiantes de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP) que se han organizado tras la detención y vinculación a proceso del exjefe de educación física y deportes de la institución por una denuncia de abuso sexual, aseguran que no es la primera vez que la universidad desatiende quejas, e incluso temen represalias si continúan sus protestas.

Entrevistadas bajo condición de anonimato para resguardar su seguridad y por tratarse en dos casos de menores de edad, tres de ellas relataron que su única y principal exigencia es que la actuación de la universidad sea honesta y apegada a sus propios valores y marcos éticos.

Describieron que luego de que se realizara una primera protesta el 16 de mayo al exterior de las instalaciones de la UPAEP, en la que se colocaron carteles con mensajes que reclamaban la indolencia de la universidad, al organizar una segunda –que coincidió con la inauguración de un nuevo plantel de bachillerato a la que asistieron las autoridades sin percatarse–, la mayoría decidieron no participar de último momento, por miedo a la presión u hostigamiento de los propios directivos.

Además, coincidieron en que la institución no actuó de inmediato en el caso, contrario a lo que aseguró en el único comunicado público que emitió el pasado 12 de mayo. Esto fue corroborado por Animal Político mediante la información pública disponible relativa a un amparo que se promovió contra las omisiones e inacción de las autoridades universitarias, que, como única medida de “protección” para la estudiante agredida, determinaron la salida de ella de las residencias escolares, así como la limitación de los beneficios de su beca deportiva.

Consultada al respecto, la institución informó a través de su área de prensa que en este momento está impedida de emitir declaración o comentario alguno debido a los procesos civiles y penales en curso, tanto las denuncias contra el docente como el amparo por la actuación de las autoridades. Refirieron al medio a su comunicado público del 12 de mayo y a un enlace con los reportes ante el comité de integridad de otoño 2023 y otoño 2024.

Mientras que el primero no conduce a un documento de reporte sino al código de ética de la universidad, el segundo —otoño 2024– presenta porcentajes del tipo de quejas recibidas, sin precisar el total en números absolutos. De esta manera, solo puede conocerse que un 12% correspondió a acoso sexual y un 7% a hostigamiento sexual. Los mayores porcentajes son los relativos a acoso escolar y “otras conductas contrarias al código de ética”, que no se describen. La principal amonestación considerando el total de todos los tipos de denuncia fue la baja de la institución (30%), pero no se desglosa en relación con el tipo de agresión. 

“Nuestra compañera fue silenciada”, sostienen alumnas de UPAEP

“Nuestra compañera fue silenciada. Ella ya había dado su denuncia (interna) desde muchos meses atrás, a la cual UPAEP no le hizo caso y siguió como si nada hasta que ella ya hizo una denuncia legalmente. Fue cuando UPAEP la trató de silenciar, la mandó a clases en línea y dejó de vivir en las residencias, lo cual se nos hizo tan injusto, que ella que es la víctima se haya tenido que ir, y él estuvo tantos meses ahí; UPAEP sabía lo que pasaba, y no hizo nada”, comentó una de ellas.

Fue entonces cuando sus compañeras decidieron hablar por ella, en un momento en que la alumna menor de edad no podía hacerlo porque tuvo que regresar a su entidad de origen a seguir con sus clases a distancia. La única intención de las estudiantes al organizarse y protestar ha sido que se visibilice que UPAEP no está haciendo nada.

“Más que nada ponernos un poquito en su lugar e intentar ayudarla por medio de algo que ella no puede hacer, que es volverlo visible, y que tanto la comunidad UPAEP y la sociedad de afuera lo puedan saber, y que vean que no nos vamos a quedar calladas y que si pasa algo, va a salir todo hasta que se haga justicia o den una respuesta clara”, agrega otra de las estudiantes.


Para ellas, justicia y respuestas claras implicarían, en principio, que la institución reconociera los hechos tal como ocurrieron. El texto del comunicado no describe toda la verdad, y las porciones que sí están apegadas a esta le restan gravedad, acusan. Además, a partir de su organización, han recibido varios mensajes que señalan que no es la primera vez que un profesor o directivo acosa a alguna alumna y se normaliza.

“Lo normalizan tanto que toman represalias con las mismas trabajadoras de UPAEP, y luego las terminan despidiendo; sólo les dan una carta de recomendación”, dice una de las estudiantes. La entrenadora del equipo de baloncesto femenil de bachillerato, Ana Rentería, anunció precisamente su renuncia el pasado fin de semana tras la difusión pública del caso, bajo el argumento de que a partir de que trató de apoyar a la víctima, se le hostigó y aisló laboralmente.

“Lamentablemente a otras niñas que les ha pasado, la víctima de ahorita no es la única, pero por manipulaciones, amenazas y así se tuvieron que ver obligadas a no decir nada por miedo a las represalias”, asegura otra alumna de UPAEP.

Vacíos en la postura de UPAEP frente al abuso sexual

Además de que el comunicado llegó tarde, las estudiantes critican que tuviera varios vacíos en los detalles del caso, pues a su juicio, las personas o instituciones suelen creer que lo importante son sólo las medidas a futuro, pero no el esclarecimiento de los hechos ya ocurridos.

Aunado a ello, la comunidad escolar cuestiona que la baja del profesor no es clara, ni puede interpretarse como definitiva, pues el comunicado afirma que se le separó de su cargo mientras transcurre la investigación de la denuncia penal, pero no se han exhibido pruebas de que él esté impedido de volver a colaborar con la institución en el futuro.

“A final de cuentas, uno de sus valores (de la universidad) siempre ha sido salvaguardar a los estudiantes, lo cual en muchas de las ocasiones no ha pasado. Digo, esta no es la primera noticia que tienen de este caso. Entonces en este tema, la UPAEP no va muy de acuerdo con lo que promueve o promulga”, asegura una de las alumnas que se organizaron para manifestarse.

Las jóvenes también recordaron que la denuncia se hizo inicialmente en el buzón de integridad de la UPAEP en marzo, luego transcurrió todo abril y no se hizo nada al respecto. Animal Político publicó que el amparo ante el poder judicial en el que se denuncian las omisiones de la institución fue concedido el 9 de abril mientras que para el 14, el jefe de educación física seguía en su cargo, y aún así, el 12 de mayo la universidad afirmó que su actuación había sido inmediata.

Las alumnas están seguras de que al final sólo emitieron una comunicación porque la denuncia se conoció públicamente, pero de no haber sido así, hubieran permanecido en el mismo silencio que habían elegido desde el principio.

“Justificándose de que chance no tenían ningún conocimiento, o haciendo alguna justificación errónea de algo que tuvo que salir a la luz de manera legal y con apoyo por fuera, porque la institución hizo caso omiso de lo que se presentó en el buzón de integridad”, enfatizó una de las estudiantes.

Sobre el protocolo que tiene la universidad para la atención a a casos de hostigamiento y abuso sexual, este apenas se les hizo de conocimiento al principio de este semestre, aunque tienen claro que si ocurre alguna agresión, la vía es decírselo primero al tutor, para que luego escale de una autoridad a otra hasta los directivos.

El protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la UPAEP, de 10 páginas, prevé como posibles sanciones para conductas graves de hostigamiento y acoso –previa evaluación del Comité– la terminación de la relación laboral con colaboradores de la universidad.

Como muy fuertes se describen conductas como presiones físicas y psíquicas para tener contactos íntimos, formular amenazas de afectar negativamente la situación laboral o escolar si no se aceptan invitaciones o propuestas sexuales, imponer medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales, ejercer presión con ese fin, encerrar dentro de las instalaciones universitarias a la víctima, o ejercer sexting, acoso cibernético o porno venganza.


Sin embargo, en este caso, aún cuando las autoridades universitarias han determinado separar al maestro de su cargo para que se dé seguimiento a la denuncia penal que existe ante la fiscalía estatal, la preocupación de las alumnas que se han organizado para apoyar a la denunciante es que en la institución no respete el derecho que tienen a manifestarse.

“Nosotras empezamos a anunciar lo que se iba a hacer el día de hoy (martes 20) desde el viernes. Pero al llegar nada más éramos tres; muchas niñas nos empezaron a decir que no iban a ir porque ya se estaba tornando algo peligroso, porque les habían amenazado con que no fueran, diferentes cosas; para mí se me hace de verdad muy feo y muy alertante que al nosotras manifestarnos de una manera tranquila y pacífica, ni eso podamos hacer”, lamenta una de ellas.

Actualmente, confiesan, no se sienten seguras o en confianza con sus propios profesores, sobre todo porque no se trata del primer caso. Lo que debe suceder, sostienen, es que la UPAEP reconozca los casos y los atienda de una manera diferente, tomando cartas en el asunto desde que se presentan denuncias, y medidas necesarias para apoyar verdaderamente a las víctimas en lugar de afectarlas en sus estudios, lo que hablaría de congruencia con los valores de la institución.

“No queremos ningún problema; simplemente lo que queremos es que den la cara, que se hagan responsables, que no culpen a la víctima por todo lo que le pasó; estamos buscando la manera más asertiva y más pacífica posible de hacer todo esto, pero la autoridades a veces no se prestan”, reclama una de las estudiantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Universitarios de Zacatecas acusan impunidad en caso de exrector, acusado de abuso

Rubén de Jesús “N”, entonces rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue detenido el 9 de mayo después de ser denunciado en la Fiscalía estatal por violación equiparada agravada a una menor de edad.

Rubén de Jesús Ibarra Reyes, vinculado a proceso por abuso sexual a una menor de edad, presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas en medio de señalamientos de la comunidad universitaria de estar protegido por el Poder Judicial, la Universidad y el Gobierno de David Monreal.

La comunidad de estudiantes, docentes y el Movimiento Feminista de Zacatecas encabezaron este lunes un paro de labores en la mayoría de los planteles de la universidad para exigir no solo su renuncia, sino su inhabilitación como académico y para solicitar una revisión a la sentencia del Juez Alfredo Sánchez que reclasificó el delito a uno no grave.
“Como todo hombre de poder, y que lo ha hecho claro y manifiesto, está totalmente protegido por el Ejecutivo, el señor David Monreal. Cuando fue la represión del movimiento 8M en 2024, que fueron detenidas y torturadas 17 compañeras por parte de Seguridad Pública, al siguiente día el señor Ibarra se paseaba plácidamente en un evento con el Secretario general de Gobierno. Es muy cercano a la familia de los Monreal; claro que lo iban a proteger”, recordó en entrevista Cristela Trejo, académica de la UAZ.
Rubén de Jesús “N” fue detenido el 9 de mayo después de ser denunciado el año pasado en la Fiscalía estatal por violación equiparada agravada a un menor de edad.

Las autoridades de la UAZ declararon que el procedimiento legal está relacionado con su vida personal y no académica.

Estuvo siete días en prisión preventiva en el centro de Cieneguillas. Pero el viernes pasado, después de una audiencia de más de 20 horas, el juez Alfredo Sánchez lo vinculó a proceso solo por abuso sexual, un delito no grave, por lo que obtuvo libertad condicional. Una de las condiciones es no acercarse a la víctima.
“La primera exigencia es la destitución del señor Rubén Ibarra no solamente como rector, sino inhabilitación en cualquier función de nuestra universidad. La renuncia le deja todos sus derechos y privilegios a salvo dentro de la universidad y él puede seguir caminando impunemente como la venido haciendo después de su liberación”, dijo la académica de la UAZ. 
Y sobre la sentencia agregó: "Vamos a trabajar en los criterios que tomó el juez y generar un proceso administrativo para hacer una revisión puntual de la responsabilidad del juez en esta reclasificación del delito y por qué no la impugna la Fiscalía local para saber cómo se tejió esta red de influencia".

Su defensa legal, Darío Gamón Rodríguez, informó a la prensa local que el exrector aceptó ser culpable de abuso sexual a cambio de recibir una pena de cuatro años de prisión en libertad condicional.

“Esta decisión la tomó por una tranquilidad y paz familiar, por supuesto personal y sabiendo quién es, también por la universidad”, dijo el abogado.

"La UAZ encubre violadores"

Este lunes facultades de la Universidad Autónoma de Zacatecas amanecieron en paro de labores para exigir que Rubén de Jesús “N” sea destituido de sus credenciales como docente.

“Destitución no, renuncia”, “Rescisión total de contrato laboral” y “Las niñas no se tocan. La UAZ encubre violadores” son algunos de los reclamos manifestados en cartulinas colocadas en las puertas de la universidad.

“Lo que ocurrió en esa audiencia, encabezada por el Juez Alfredo Sánchez, es exactamente lo que el sistema patriarcal está hecho para hacer: proteger a los hombres, pero sobre todo a los hombres con poder”, manifestó en un comunicado el Movimiento Feminista de Zacatecas.
“Nosotras sabemos de su cercanía, desde el poder judicial hasta la fiscalía y el poder ejecutivo (David Monreal). Se construye una red de poder que hoy ha transformado una acusación de violación equiparada –delito que nuestro código persigue hasta con 20 años de prisión– en ‘abuso sexual’ que, con un procedimiento abreviado, quedará en condena simbólica y libertad condicional”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA, MONTSERRAT ANTÚNEZ.

“UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no”: comunidad escolar reclama justicia por caso de abuso sexual en universidad de Puebla

Estudiantes organizadas comenzaron acciones de protesta tras la detención del jefe de educación física y deportes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), mientras que la entrenadora de la denunciante presentó su renuncia.

Alumnas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), así como la entrenadora del equipo de básquetbol femenil de bachillerato, se han sumado públicamente a la exigencia de justicia tras la aprehensión y vinculación a proceso del exjefe de educación física de la institución, Miguel T., por la presunta comisión del delito de abuso sexual en contra de una estudiante menor de edad.

Sus compañeras comenzaron a organizarse en el transcurso de la semana en diferentes cuentas de Instagram, como Justicia UPAEP y UpaContingente, que reclaman cómo la institución utilizó la imagen de una de sus alumnas con beca deportiva para publicidad y al mismo tiempo le dio la espalda.

Animal Político dio a conocer que pese al posicionamiento público de la universidad en un comunicado donde aseguró que había actuado de inmediato ante la denuncia contra quien ocupaba el cargo de jefe de educación física y deporte desde 2023, en los registros del Consejo de la Judicatura Federal consta un amparo promovido para reclamar la omisión de las autoridades universitarias, que hasta por lo menos el 14 de abril, tiempo después de tener conocimiento de los hechos, mantenían al docente en su cargo.

“Alguien se aprovechó de mi vulnerabilidad y de mis sueños”

“Salir de mi hogar con la esperanza de convertirme en estudiante atleta ha sido un paso hacia un futuro que siempre he anhelado. Sin embargo, en ese camino he enfrentado sombras que intentaron apagar mi luz. Sentí el dolor de experimentar cómo alguien se aprovechó de mi vulnerabilidad y de mis sueños. 

“Esa experiencia desgarradora no me ha definido; me ha enseñado la importancia de levantar la voz, de ser valiente y de luchar por un futuro mejor, no solo para mí, sino para todas mis hermanas atletas que han pasado por lo mismo. Hoy decido romper el silencio, no solo para sanar mis heridas, sino para que ninguna más tenga que enfrentar el mismo destino”, escribió este sábado la alumna denunciante en su cuenta de Instagram.

En esa misma publicación, agradeció a sus compañeras y a su entrenadora Ana Rentería, quien el viernes por la tarde difundió una carta pública de renuncia a la Universidad, luego de estar al frente del equipo femenil de baloncesto del bachillerato desde julio del 2024. Ahí compartió su extrañeza por no haber sido informada sobre lo sucedido directamente por la institución, así como por los comportamientos atípicos que notó en el equipo desde su ingreso, derivados de las afectaciones que vivía específicamente una de sus integrantes.

“En muchos momentos esa jugadora presentó molestias físicas que le impedían entrenar al tener dolores intensos, a tal grado de tenerla que canalizar al área de urgencias de la institución, mi jugadora evidentemente afectada psicológicamente también sufrió ataques de ansiedad, sobre todo cuando se presentaban en los entrenamientos personal de coordinación y dirección deportiva de la institución”, apunta Rentería.

Esos hechos, según describe en su carta, fueron conocidos por las demás jugadoras y por los directivos deportivos. Cuando ella preguntó sobre cómo proceder —asegura— en lugar de recibir orientación, le indicaron que no se metiera y dejara que las autoridades institucionales atendieran los incidentes. Luego, ante la repetición y gravedad de los hechos, con el consentimiento de la alumna lo hizo de conocimiento a sus padres. “A partir de ahí se me hostigó y aisló laboralmente, sin embargo, como una profesionista con ética y responsabilidad, continué con el proyecto por el cual inicié en mi alma mater”, relata. 

“La UPAEP nunca consideró que todo lo sucedido afectaba de manera directa el desempeño del equipo que dirijo, nunca me ha considerado o se me ha informado nada de manera directa, en todo momento la institución me ocultó cualquier protocolo o decisión que hayan tomado cuando el equipo que dirijo era directamente afectado, puesto que para cualquier deportista la estabilidad emocional es fundamental y esta se veía afectada al una de sus integrantes estar siendo vulnerada”, indica.


“UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no”

En tanto, las alumnas organizadas que estudian en la institución hicieron una manifestación en sus instalaciones, en la que difundieron mensajes como “¡upaep, escucha, esta es tu lucha! Jefe de deportes de UPAEP vinculado a proceso por hostigamiento y abuso sexual en contra de menor de edad becada, en un periodo de por lo menos dos años”; “encubrir a un agresor también es violencia”; “ella solo quería jugar, no sufrir”; “su imagen no es un escudo para su corrupción”; “no estás aquí, pero nosotras gritamos por ti”, entre otros. La estudiante regresó a la entidad de la que es originaria luego de que la universidad determinara, como una supuesta medida de protección, desalojarla de las residencias escolares, según el amparo que se interpuso para reclamar las omisiones de la institución. 

“Aunque te protejan, sabemos lo que hiciste. Sin consentimiento, es violación”; “la violencia no se borra con discursos vacíos”; “estamos hartas de su silencio, cobarde”; “estamos contigo hoy y siempre” y “UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no” fueron otros entre los mensajes pegados en hojas y cartulinas de protesta, y después replicados en las cuentas de Instagram de las alumnas organizadas.

Según grabaciones difundidas en redes sociales, durante la protesta las estudiantes remarcaron que su compañera llegó a esa escuela llena de sueños y esperanzas, con la convicción de que UPAEP sería su hogar, un lugar donde crecer y florecer. “Sin embargo, esos sueños fueron apagados por la misma institución que debió ofrecerle protección y apoyo”, sostuvieron. En lugar de encontrar empatía, se encontró con una indiferencia que la dejó sola en su lucha. 

“Ella es una víctima más en un sistema que a menudo silencia a las mujeres y niega su voz. Hoy más que nunca necesitamos unir y alzar nuestras voces; su dolor es nuestro dolor, su lucha es nuestra lucha, juntas podemos construir un cambio y crear un espacio donde cada una se sienta segura y escuchada. No estamos solas, y si a ti igual te pasó algo, te invitamos a denunciarlo, porque no vas a estar nunca sola”, aseguraron. 

Las omisiones de la UPAEP

A principios de mayo, el hasta entonces jefe de educación física y deportes de la UPAEP fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de abuso sexual, luego de ser denunciado por una alumna. Previo a ello, la institución lo mantuvo en su cargo aun cuando ya había sido promovido un amparo contra las omisiones de las propias autoridades educativas, el cual al ser concedido por el poder judicial, la institución incluso refutó legalmente.

No obstante, la Universidad aseguró en una comunicación pública con fecha del 12 de mayo que había recibido una denuncia mediante su Sistema de Integridad ante la que había iniciado un proceso inmediato basado en protocolos institucionales y diálogo con la familia de la estudiante. Las medidas que la escuela tomó para supuestamente resguardar a la alumna, sin embargo, consistían en desalojarla de las residencias universitarias y retirarle parte de los beneficios de su beca deportiva.

De acuerdo con registros disponibles en las redes sociales del equipo deportivo Águilas UPAEP, Miguel T. seguía asistiendo a encuentros de baloncesto en representación de la institución todavía el 14 de abril, días después de que se interpusiera el amparo y se concediera la protección de la justicia ante la vulneración de los derechos de la estudiante con las medidas de “protección” que inicialmente tomó la universidad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Candidata a la rectoría de la UAZ es acusada de administración fraudulenta

La también secretaria general del Sindicato de Personal Académico, comparece este lunes ante un juez, por una denuncia presentada en su contra por parte de miembros del Sindicato.

Jenny González Arenas, candidata a rectora de la Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ, es acusada por la Fiscalía de Justicia del Estado (FGJEZ) por el delito de administración fraudulenta. 

La también secretaria general, con licencia, del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), comparece este lunes en una audiencia ante un juez, en la que la Fiscalía expondrá los hechos que sustentan la acusación, surgida de una denuncia presentada en su contra por parte de miembros del Sindicato, por la compra de un inmueble al ISSSTE.

En un video en redes sociales, la candidata reprochó que esta acción legal en su contra se da “en un momento político clave para la universidad”, pues el sábado comenzaron las votaciones para la renovación de la rectoría y otras autoridades  

González Arenas advirtió que “existe toda una estructura desde el estado que busca lo que tuvo en las administraciones anteriores: un rector subordinado y una universidad sin autonomía. Sabemos que, en este contexto, una atmósfera de conflicto propicia una oportunidad para lograr ese propósito”. 

Antes de ingresar a la audiencia, acompañada por maestros universitarios, la candidata declaró que no fue notificada formalmente y que no conocía el contenido de la carpeta de investigación. 

Advirtió de la celeridad con que actúan la FGJEZ y el Poder Judicial en este contexto de elección a la Universidad, cuando ella presentó denuncias hace un año ante la Fiscalía y no tienen avance. 

González Arenas también hizo un llamado a la comunidad universitaria, a llevar a cabo una elección pacífica de las autoridades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALONSO CHÁVEZ LANDEROS.

Consejo de la UNAM condena sentencia contra exrector y exdirector de la FES Aragón por caso de tesis de ministra Esquivel

El Consejo Universitario de la UNAM aseguró que la resolución en contra del exrector y el exdirector de la FES Aragón vulnera el derecho a la información y es un intromisión a la autonomía de la universidad.

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de México (UNAM) condenó la resolución de la jueza Flor de María Hernández, quien ordenó al exrector, Enrique Graue y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo, a pagar 15 millones de pesos a la asesora de la tesis presuntamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel.

A través de un pronunciamiento, el Consejo señaló su “profunda indignación” a la sentencia, pues aseguró que el pago es una cantidad “desmesurada”.

Agregó que las sanciones fueron por actuar en apego a las funciones y responsabilidades contempladas en la Constitución, la Ley Orgánica y la normativa universitaria.

“Los universitarios aludidos cumplieron con su deber como autoridades de la UNAM. Aplicaron la normativa en contra de acciones que lastiman a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por la violación a las normas básicas que rigen nuestras funciones sustantivas”, dice el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNAM.

De igual forma, se acusó que la sentencia “vulnera el derecho a la información”, ya que la jueza pidió al exrector de la UNAM y al exdirector de la FES Aragón a abstenerse de realizar en el futuro expresiones que “atenten contra el honor y la reputación” de la profesora Rodríguez Ortiz, directora de tesis de la ministra.

El Consejo también calificó la sentencia como “una intromisión inadmisible” a la autonomía de la universidad, pues se usó el derecho “con fines intimidatorios” hacia quienes hacen cumplir la normativa interna.

Finalmente, se exigió al Poder Judicial de la Ciudad de México, específicamente a la Séptima Sala de lo Civil, emitir una resolución “justa y apegada a derecho” en la apelación que presentaron los exdirectivos.

Exdirectivos de la UNAM impugnan pago de 15 mdp por tesis de ministra Esquivel

El pasado 31 de marzo, Enrique Graue, exrector de la UNAM, y Fernando Macedo, exdirector de la FES Aragón, impugnaron la sentencia que los obligaba a pagar 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis presuntamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Así, ambos lograron frenar momentáneamente el pago de la multa interpuesta en su contra por una jueza de la Ciudad de México, por supuesto daño moral cometido contra la profesora. Esto ya que, de acuerdo con la condena, ambos exdirectivos habrían atacado el “honor y la reputación” de la académica.

De acuerdo con los estrados judiciales, desde el pasado 26 de marzo la jueza Flor de María Hernández Mijangos, titular del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, admitió a trámite la apelación “en ambos efectos” interpuesta por Graue y Macedo.

La apelación en “ambos efectos” implica que la maestra Martha Rodríguez Ortiz no puede cobrar, por ahora, los 15 millones de pesos que fueron fijados como indemnización a su favor, en tanto la sala civil de la Ciudad de México a la que le corresponda conocer del recurso, determine si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada por la juez Hernández Mijangos.

En caso de que la sala civil confirme o modifique la sentencia, esa decisión puede ser impugnada mediante amparo directo, lo que mantendría suspendida la ejecución del pago ordenado por la juez hasta que un Tribunal Colegiado dicte su resolución.

El caso Esquivel contra la UNAM

El 21 de diciembre de 2022, el académico Guillermo Sheridan, dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en sus tesis de licenciatura de la UNAM, según lo aseguró en un artículo publicado en el portal de noticias Latinus.

A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023, el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.

La ministra Esquivel rechazó en múltiples ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de académicos involucrados en su proceso de titulación, como la maestra Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen proFESional, entre otros, aunque aseguró que quedaría atenta a la determinación de la UNAM.

Pese a lo anterior, su equipo legal comenzó a presentar una serie de amparos y recursos judiciales para impedir que la resolución del Cuética se dé a conocer, bloqueando de esta forma que se pueda conocer la determinación de la máxima casa de estudios del país.

En cuanto a la maestra Rodríguez Ortiz, en el mismo artículo, el académico Guillermo Sheridan señaló que eran al menos cuatro tesis idénticas dirigidas por la asesora, razón por la cual la UNAM tomó finalmente la decisión de rescindir su contrato.

Rodríguez Ortiz tomó la decisión de presentar una demanda civil en contra del exrector de la UNAM y el exdirector de la FES, pero no como autoridades sino como particulares, situación que fue aceptada por la jueza Hernández Mijangos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Abandono y corrupción en la UPN: El desmantelamiento de una universidad con presencia nacional

¿Para qué crear más universidades si sólo se tiene que fortalecer lo ya existente, como lo prometió López Obrador?, es la pregunta que dirigen docentes de la Universidad Pedagógica Nacional al gobierno de Sheinbaum. Sostienen que la UPN padece prácticas corruptas.

Mientras que la llamada Cuarta Transformación ha impulsado la creación de nuevas universidades públicas, como las del Bienestar y Rosario Castellanos, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la única institución educativa de cobertura nacional, se encuentra inmersa en una de sus peores crisis en 46 años de existencia, pues afronta reducción presupuestal, conflictos por uso político de plazas, cacicazgos de autoridades y abandono institucional de la federación y los gobiernos estatales.

Al arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador la expectativa de la comunidad universitaria era que la UPN iniciara un proceso de transformación y que aportaría su experiencia, acervo y capacidad académica en los nuevos programas y modelos que se proponían para el sistema educativo del país.

El 12 de mayo de 2018, el entonces candidato presidencial de Morena presentó en Oaxaca sus 10 compromisos básicos por la educación de México. En el quinto punto anunció que sería prioritario fortalecer a las escuelas normales y a la UPN “para actualizar los métodos de enseñanza aprendizaje”.

Luego, en 2021, la reforma a la Ley General de Educación Superior abrió paso a que el Consejo Académico de la UPN convocara a un Congreso Nacional Universitario (CNU), el cual se realizó en mayo de ese año. De éste resultaron como acuerdos exigir la autonomía de la universidad, recuperar su carácter nacional –que se diluyó por la entrega de la administración de las unidades a los gobiernos estatales– y democratizar la vida universitaria “remontando el régimen autoritario instaurado en el pasado”.

Este documento se presentó ante el Senado en diciembre de 2021 para que se elaborara la nueva Ley Orgánica de la UPN. En marzo de 2024 la Comisión de Educación dictaminó una iniciativa, pero ésta sigue sin someterse al pleno. Tampoco se ha llamado al segundo congreso que acordó la comunidad UPN.

Marcelino Guerra Mendoza, catedrático de la Unidad Ajusco durante 44 años, señala que contrario a la expectativa que tenían los maestros en el “primer piso de la 4T”, poco a poco la UPN quedó borrada, sin que se reconozca la experiencia, trayectoria e historia que tiene esa institución en el sistema educativo nacional.

A casi cuatro años del CNU, los trabajadores advierten que…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0021 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2025

FUENTE: POCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Profesores de la UAZ se van a huelga para exigir mejores condiciones laborales

El paro de labores en las 33 unidades académicas de la UAZ dejará sin clases más de 43 mil estudiantes de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrados.

Este mediodía de martes fueron colocadas las banderas rojinegras en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tras estallar la huelga los integrantes del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ). 

La huelga fue aprobada por la mayoría de los docentes sindicalizados en un plebiscito realizado durante la noche del lunes, con la participación de 79.81 por ciento del padrón, mil 261 votaron a favor y 1 mil 8 en contra.

Tras concluir el cómputo al filo de las 11 de la noche, la dirigente sindical, Jenny González Arenas, informó que con este resultado la huelga es legal y legítima, por lo que anunció que a partir de este mediodía se paralizan las labores en toda la Universidad. 

Las banderas rojinegras serán colocadas en todos los edificios de máxima casa de estudios del estado, ubicados en la capital y en?16 municipios. El paro de labores en las 33 unidades académicas de la UAZ dejará sin clases más de 43 mil estudiantes de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrados. 

En el emplazamiento a huelga presentado el 13 de diciembre de 2024, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) pidió un aumento salarial del 15 por ciento, pero la rectoría ofreció el 4 por ciento y un reajuste del 1 por ciento a las prestaciones no ligadas al salario. 

Jenny González, secretaria general del SPAUAZ, hizo un llamado al rector, Rubén Ibarra Reyes, a continuar de manera inmediata con las mesas de negociación para poder dar una solución pronta al conflicto. 

"Sabemos que la defensa de nuestros derechos es legítima, estamos en contra de la precarización laboral y estamos defendiendo la Universidad. Recordemos que la huelga es un instrumento de lucha de nuestros derechos", expresó. 

La líder sindical llamó a los docentes sindicalizado a mantenerse unidos y a paralizar la totalidad de labores en la casa de estudios. Hace 10 años fue la última vez que estalló la huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuando comenzó el 18 de febrero del 2015 y duró de 28 días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALONSO CHÁVEZ LANDEROS.

Universidades y sindicatos piden a diputados aumento de hasta 3 mil mdp en presupuesto para 2025

Directores y sindicatos de universidades públicas pidieron a la Cámara de Diputados un aumento de hasta 3 mil millones de pesos al sector educativo para 2025, con el objetivo de incrementar los salarios de los trabajadores, invertir en infraestructura y garantizar el funcionamiento de las escuelas.

Integrantes de diferentes universidades públicas han acudido a la Cámara de Diputados los últimos días, luego de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PPEF 2025) planteó un recorte de miles de millones de pesos al sector educativo.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) realizó una manifestación afuera de la Cámara de Diputados para exigir a las y los legisladores una bolsa de mil 700 millones de pesos exclusivamente para el incremento salarial de los empleados universitarios.