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Graban despojo violento: científica y empresario austriaco denuncian abusos de los hermanos Kuri

Los restauranteros Carolina Mendoza y Armin Brandel acusan a los hermanos Kuri Carballo (ligados al Partido Verde) de orquestar su desalojo violento en Lomas de Angelópolis mediante amenazas, agresiones, difamación y abuso de poder. Los hechos, en complicidad con la policía de San Andrés Cholula.

El 7 de mayo último el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel fueron desalojados con violencia de su restaurante en el que no sólo invirtieron los ahorros de su vida (poco más de cinco millones de pesos), sino en el cual trabajaron para convertirlo, en pocos meses, en uno de los mejor calificados de la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis de este municipio.

Aficionados a la cocina, Carolina y Armin creyeron estar cumpliendo un sueño al emprender ese establecimiento especializado en comida italiana al que llamaron Fenotti, pero al poco tiempo se vieron inmersos en la pesadilla que jamás imaginaron.

En lo que ahora asumen fue una maquinación, los restauranteros denuncian que fueron despojados de su trabajo y dinero en medio de una cadena de atropellos, difamación en medios de comunicación y redes sociales, robos, amenazas de muerte, violencia institucional, boicots al negocio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otras acciones. 

Ante distintas autoridades la pareja ha acusado a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, de haber usado influencias políticas y poder económico para avasallarlos de diversas maneras hasta sacarlos de dos locales que en marzo de 2024 les arrendaron en obra negra y en los cuales invirtieron para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Juan Pablo Kuri fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2018, y, al mismo tiempo, fungió como dirigente estatal del Partido Verde hasta julio de 2019, cuando se integró al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como secretario de Comunicación Social de ese partido hasta noviembre de 2020. 

De 2018 a 2021 fue diputado local, cuando el Verde se sumó a la alianza Juntos Hacemos Historia, que llevó a la 4T a ganar la gubernatura de Puebla. 

Además, los hermanos Kuri Carballo son hijos de Antonio Kuri Alam, quien fue delegado del Infonavit de 2016 a 2023, época en la que ese instituto fue señalado por demandar a derechohabientes en otras entidades del país para dejarlos en la indefensión. Al perder sus casas, éstas se remataron en favor de inmobiliarias.

En denuncias ante autoridades como la Secretaría de la Función Pública estatal, la contraloría de San Andrés Cholula, la embajada de Austria, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los restauranteros aseguran que en el entramado en su contra participaron servidores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que preside la panista Guadalupe Cuautle y del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Las maniobras para anular el contrato de renta, que se firmó por tres años, y para apropiarse de las adecuaciones que hicieron los empresarios, se relacionarían con que en ese centro comercial operará en breve una franquicia Akademi, de Kidzania, centro interactivo para niños que, al estar en la zona de mayor nivel socioeconómico de Puebla, atraería una alta afluencia de familias a esa plaza. 

Los Fenotti

Armin y Carolina llegaron a Puebla hace cuatro años, cuando la científica, doctora en Nanociencias y Materiales, fue contratada para trabajar en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Su pareja, quien labora en línea para Microsoft, no tuvo problema en cambiar residencia.

En entrevista con Proceso, explican que a principios del año pasado decidieron aventurarse y poner a trabajar sus ahorros en un restaurante en una zona de alta demanda como lo es Angelópolis. 

El 1 de marzo de 2024 firmaron un contrato de renta con los Kuri Carballo para pagar 100 mil pesos mensuales por dos locales en la Plaza Riona High, ubicada en el bulevar Atlixcáyotl.

Los dueños del centro comercial condicionaron el arrendamiento a que, en la adecuación de las instalaciones, que estaban en obra negra, contrataran al arquitecto Miguel Jacobo Yitani, amigo de los Kuri, quien cobró dos millones de pesos sin entregarles factura por sus servicios. 

Desde los primeros meses enfrentaron problemas, pues tuvieron que hacerse cargo de la instalación de gas, ya que, aunque el centro comercial rentó el lugar para restaurante, no contaba con ese indispensable servicio.

Armin asume ahora que esta intención de despojo estaba presente desde ese momento, pues en el proceso para tramitar licencia de funcionamiento y permisos de protección civil, los empleados de la plaza nunca entregaron documentos que requerían, por lo que tuvieron que contratar a un perito que resolviera esos trámites. “Creo que la intención era que no obtuviéramos los permisos, pero a pesar de todo, lo logramos”, refiere el austriaco.

“Éramos muy niños”, expresa al reconocer la ingenuidad con la que aceptaron condiciones, omisiones, tratos de palabra y cláusulas que luego usaron en su contra. 

Fenotti empezó a operar el 1 de agosto del año pasado. La pareja cuenta que el establecimiento logró ganar popularidad por lo que en poco tiempo empezaron a tener lleno los fines de semana. Esto, pese a los constantes saboteos de la administración a cargo de Rosario Pedraza, quien apagaba las luces de la plaza o dejaba sin funcionar elevadores y escaleras eléctricas, cuando aún tenían clientela. 

Detenciones y difamación

El 10 de enero de 2025 ocurrió el primer incidente grave. Carolina buscó estacionarse en un lugar cercano al local, pero el personal de seguridad se lo impidió.

Al suscitarse un altercado, los Brandel llamaron al 911 para pedir el auxilio de la policía vial, pero al lugar llegaron además elementos municipales que, luego de saludar con familiaridad a la administradora, esposaron a Armin y se lo llevaron detenido. Al temer la desaparición de su pareja, Carolina igual se subió a la patrulla. 

Ambos fueron llevados al Complejo de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula donde una jueza los puso en libertad al no haber cargos, aunque las fichas que les levantaron dice que fueron aprehendidos por “escandalizar en evento deportivo” y los obligaron a pagar dos mil pesos de multa.  

En su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Armin afirma que los policías fueron sobornados por la administradora de la plaza, Rosario Pedraza, para grabarlo en video cuando lo subían a la patrulla. Esas imágenes fueron pautadas en medios de comunicación locales y en redes sociales para exponer al austriaco como un “agresor de mujeres”. 

“Armin Brandel ya tiene antecedentes de agresiones y es conocido por ser conflictivo. Este incidente no es el primero en el que se ve involucrado en situaciones de violencia”, dice una de las notas de ese día.

En tanto que Pedraza presentó una demanda contra Armin al que acusó de haberla agredido físicamente por el espacio de estacionamiento. 

Tras esta andanada mediática, el austriaco acudió ante la embajada de su país en México y el 13 de enero dio una rueda de prensa en la que señaló a los Kuri Carballo de usar sus contactos y recursos económicos para hostigarlo y difamarlo. 

En ese momento pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta para que hicieran prevalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica en su derecho al trabajo y el de los 15 empleados del restaurante.

Amenaza de desalojo y clausura

El 20 de febrero último, cuando el restaurante apenas tenía seis meses de operar, los empresarios fueron notificados de un juicio de desalojo en el que los Kuri pidieron conservar las adecuaciones y retener tres meses que habían pagado como depósito.

A partir de entonces iniciaron la defensa legal, que aún sigue en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en Puebla bajo el expediente 14/2025, aunque el desalojo ya se consumó.

La pareja menciona que sus abogados dieron por hecho que la demanda no procedería, pues los Kuri usaron la vía mercantil, cuando el contrato de renta es civil. No obstante, el juzgado inicio el proceso y les pidió una garantía de 800 mil pesos. 

Luego de que ellos recurrieron al amparo y al observar la posible falta de competencia de la vía mercantil, Armin cuenta que los Kuri desataron otras estrategias de presión. 

El 4 de abril un inspector del SOAPAP llegó a Fenotti y cortó el suministro del agua bajo el argumento que incumplían con permisos de descargas, aunque éstos no correspondían al establecimiento, sino al centro comercial. 

Para no suspender el servicio, los empresarios instalaron un tinaco y compraron otros dos recipientes que no usaron. Armin asegura que la noche del 7 de abril, cuando ya el restaurante había cerrado, empleados del centro comercial allanaron la terraza de su local y tiraron desde la segunda planta dos de los tinacos. Días después, afirma, los encontraron en una bodega de la plaza, aplastados y orinados. 

El austriaco, alertado por un vecino, regresó al restaurante cuando acababa de ocurrir este hecho y encontró patrullas de la municipal de Cholula en el lugar que se negaron a actuar, aunque les mostró los videos de las cámaras de seguridad donde identificó a trabajadores de seguridad de la plaza ingresando al negocio y lanzando los tinacos. 

En tanto, la SSPPC de Cholula emitió un comunicado ese día en el que descartó que se tratara de un robo y expuso que todo se debió a la falta de pago de agua por parte del restaurante. Aseguró que los tinacos fueron resguardados por personal de la plaza, aunque en el video se ve cuando los lanzan desde la terraza. 

Tras cinco días sin servicio de agua, el SOAPAP reconoció la ilegalidad del corte aplicado el 4 de abril y reconectó el suministro al restaurante. 

Dos días después, el 11 de abril, inspectores de Protección Civil llegaron a Fenotti con la intención de clausurarlo. Los empresarios relatan que presentaron todos los permisos en orden, pero los empleados del ayuntamiento de Cholula arguyeron el peso de los tinacos llenos de agua, aunque estos fueron robados. 

Colocaron un gran pegote de “clausurado” en una de las ventanas del local.  

De nueva cuenta, la SSPPC de Cholula publicó un comunicado para sostener que la clausura del restaurante se debió a que se “constató que los tinacos llenos de agua se encontraban adentro del inmueble”.  Y de nuevo, la nota fue difundida en medios. 

Los propietarios de Fenotti iniciaron el 14 de abril un procedimiento administrativo de revisión y, el día 23, la Secretaría de Protección Civil del municipio anuló por irregular esa clausura, aunque nunca se presentaron para retirar el pegote de “Clausurado” que causaba confusión entre los clientes. 

También, afirman que otro de los ataques fue mediante bots en Google, Instagram y Twitter para tumbar la calificación de las reseñas de Fenotti que era de 4.9. Tras una denuncia pudieron comprobar el ataque masivo y anular los falsos mensajes. 

Armin y Carolina reconocen que a este punto ya estaban agotados y desgastados anímica y económicamente. Cuando los abogados les advirtieron que podrían proceder al desalojo con el uso de la fuerza pública, decidieron salirse voluntariamente pensando en la seguridad de sus empleados y de ellos. 

Carolina asegura en una de las demandas que en ese entonces la administradora del centro comercial se acercó a ella y le dijo: “Si no se largan, los Kuri los van a matar”.

El 7 de mayo pasado comenzaron a desocupar los locales en presencia de un representante de la CEDH. Pero Carolina cuenta que apenas éste se retiró, los empleados de la plaza desataron la violencia, rompieron vidrios y los amedrentaron para tratar de impedir que siguieran sacando sus equipos. 

Todo esto ocurrió frente a elementos de la policía de San Andrés, de un supuesto notario y de representantes de medios de comunicación. 

Carolina mostró a Proceso un video (ver en el link original) donde ese día Octavio de Jesús Solís Morán, apoderado legal de los Kuri, se lanza a golpes contra un empleado del restaurante y contra ella misma, a la que tiró al piso para arrebatarle el celular con el que grababa.

Entrevistado por este medio, Raúl Sánchez Betanzos, consejero jurídico del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, rechazó que la alcaldesa, Guadalupe Cuautle, tenga alguna inclinación en favor de los Kuri y aseguró que las denuncias presentadas por los Brandel contra policías y servidores públicos ante la Contraloría Municipal se investigarán y se procederá si se encuentran responsabilidades.

“Yo puedo pensar que, de mala fe, la administradora haya presentado denuncias. Fuimos dos áreas, una municipal y otra estatal que fue el SOAPAP, que caímos a lo mejor en el engaño y nos subieron a un escenario de particulares donde nosotros no teníamos nada que ver”, argumentó.

De la misma manera, Proceso buscó la posición de los hermanos Kuri, pero sólo se pudo contactar a la administradora de la plaza Riona, Rosario Pedraza. En respuesta a los señalamientos, este medio recibió ligas de internet sobre las notas publicadas en distintos portales locales sobre las “conductas agresivas” por parte de Armin Brandel. 

Rosario Pedraza insistió en que fue agredida y ofendida por el empresario austriaco. “Están mal de la cabeza”, dijo. 

Los Brandel acudieron ante las autoridades a denunciar cada uno de estos hechos, igual que se quejaron ante la alcaldesa de San Andrés, pero hasta ahora nada ha procedido. Dicen que en este trayecto descubrieron que no son los únicos que han sido víctimas de despojo por parte de los Kuri. 

“Cedimos porque, aunque Fenotti fue un espacio construido con amor, esfuerzo y sueños compartidos, ningún negocio merece sostenerse a costa de la paz, la salud mental y la integridad física de quienes lo crean”, manifestaron en un mensaje que confirma su cierre.
Lo que con amor, esfuerzo y disciplina construimos se entregó al despojo, ¿Por qué? Porque este despojo estaba pactado desde el día mismo que acudimos al pent-house del edificio Komplex a celebrar la firma del contrato de arrendamiento. Porque entramos en un sistema perfecto, que se desarrolla en silencio, pero protegido y encubierto por las autoridades que nos negaron refugio. ¿Por qué? Porque sacamos permisos y licencias en lugar de dar mordidas, porque como niños confiamos que las autoridades actuarían.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Para despojarlos de sus tierras, declaran muertos a más de mil comuneros... que están vivos

Para privarlos de sus derechos al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos.

Con el claro objetivo de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo denunciaron el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, al tiempo que exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue los hechos denunciados y sancione a los funcionarios implicados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.

Ligan al diputado Saúl Huerta con despojo de tierras en Totimehuacán

Junto con su hermano Octavio, el legislador y presunto pederasta, es señalado por el despojo de 70 hectáreas a siete propietarios de San Francisco Totimehuacán, en la capital de Puebla.

Además de los dos procesos en su contra por abuso sexual contra menores de edad, Saúl Huerta Corona, el diputado federal por el Distrito 9 de Morena, debe explicar el despojo de tierras a propietarios de la zona de San Francisco Totimehuacán, al sur de Puebla Capital.

Tanto el diputado federal y presunto pederasta, como su hermano, Octavio Huerta Corona, son culpados por vender lotes de predios que no les pertenecen, con complicidad de la Unión Nacional de Ejidos Forestales Agropecuarios (UNEFA).

Veracruz: Políticos salinistas, dueños del negocio portuario

A treinta años de haber sido despojados de su patrimonio mediante una requisa ordenada en 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la zona portuaria de Veracruz –una de las más importantes del mundo– se convirtió en un jugoso negocio de políticos y empresarios que se confabularon para desplazar al Sindicato de Maniobristas, cuyos socios e hijos ahora piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador que les restituyan sus edificios, cuentas bancarias y la fuente de trabajo que les arrebataron y que desde entonces –aseguran– explotan tres empresas cuyos manejos no son transparentes.

Responsabilizan a gobierno de Zacatecas por desplazamiento para favorecer minera de Slim

El gobierno del Estado violó derechos de los habitantes de la comunidad de Salaverna, donde opera la empresa minera Tayahua de Carlos Slim, quienes fueron desalojados el 23 de diciembre del 2016 de la comunidad, según un informe de la Comisión estatal de los derechos humanos que hizo público el expediente después de que la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, rechazó las recomendaciones que le hizo el organismo.

La presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos, señaló que el gobierno del estado debió proteger a la población de la comunidad y no otros; en este caso, de la Compañía Minera Tayahua, y dio la calidad de desplazados a los afectados, de acuerdo con los parámetros y criterios internacionales, particularmente para los afectados por las actividades mineras.

Nuevas movilizaciones para detener la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT) emplazó nuevamente al Grupo Aeroportuario que construye sobre sus tierras el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
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La tarde del lunes 23 de enero las comunidades “de la orilla del agua” mantuvieron un bloqueo carretero en repudio a la invasión de las empresas amparadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El aeropuerto, advirtieron en un comunicado, “es ilegal y violatorio de los derechos humanos de los pueblos”, por lo que, como desde hace 15 años, reiteraron su negativa al despojo.
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El denominado Grupo Aeroportuario, principal responsable de las obras que se han realizado en los últimos años para la construcción del aeropuerto o bien para la construcción de carreteras y vialidades alternas, como lo es la autopista Pirámides – Texcoco, no ha respondido a las demandas de las comunidades organizadas, por lo que los ejidatarios decidieron bloquear la vía Texcoco-Lechería.

“Exigimos que la Procuraduría Agraria de celeridad al cambio de las autoridades ejidales pues ya se ha concluido el periodo de administración correspondiente y su dilatación sólo responde a que el entreguismo de la tierra se prolongue violando todas las leyes agrarias. Exigimos diálogo directo y de cara al pueblo, de parte del Grupo Aeroportuario”, señalaron en un comunicado, y los emplazaron para reunirse este martes en la plaza de Atenco.
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“Estamos en nuestro legítimo derecho de defendernos y de oponernos a ser exterminados en nombre de un proyecto que ningún beneficio nos traerá”, insistieron.

La denuncia concreta de este reciente movilización es el despojo demás de 500 hectáreas de cultivo de los parajes Xalapango y El Paraíso, en el ejido de Atenco, por el grupo empresarial que edifica el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual ya cercó los terrenos para hacer los accesos y la autopista Texcoco-Pirámides Principio del formulario.
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Cabe señalar que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México GACM afirmó que no están notificados de los procesos legales ni del amparo de suspensión y que no pararían los trabajos. Además se rehusaron a recibir un informe jurídico.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/nuevas-movilizaciones-detener-la-construccion-del-nuevo-aeropuerto-la-ciudad-mexico/

Ecocidio en Nayarit, nuevo “número” del Cirque du Soleil

La construcción de un parque temático de la compañía canadiense de espectáculos Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta –proyecto en sociedad con grupo Vidanta o Mayan Palace, con una inversión de 16 mil millones de pesos– ha puesto en alerta a los más de 5 mil habitantes del pueblo de Jarretaderas, quienes temen verse forzados a vender sus viviendas o terrenos o a ser desalojados.

Jarretaderas (poblado por numerosas familias chiapanecas que se han asentado en Nayarit a raíz del auge inmobiliario de las dos décadas recientes) colinda con Nuevo Vallarta, donde nace la floreciente Riviera Nayarit.

Pero los habitantes de la primera comunidad ya no confían en nadie. Campesinos y pescadores recuerdan cómo el grupo hotelero Vidanta se apoderó de calles enteras en Nuevo Vallarta, ubicadas en zona federal, y de terrenos limítrofes con el río Ameca, que divide Jalisco y Nayarit.

No olvidan que la compañía ha incurrido en un sinnúmero de violaciones a leyes locales y federales de los tres niveles de gobierno para expandirse.

Aseguran que del río Ameca ha extraído millones de metros cúbicos de materiales pétreos para construir inmensas y lujosas torres junto al mar, donde hospedarse cuesta miles de pesos al día.

En Jarretarderas, donde cientos de familias salen en autobuses en época decembrina rumbo a Chiapas, ya está empezando el circo, dice el ambientalista Librado Consuegra Pascasio.

Es preocupante. Los vecinos han venido a preguntarme si ya vi cómo el grupo Vidanta alteró el nivel del terreno, ubicado a unos 70 metros de su vivienda.

Están rellenando. Levantaron entre un metro y metro y medio de calle. Con la construcción del circo el grupo hotelero va a terminar de amurallarnos, y cuando el río se desborde, ya lo hemos vivido en varias ocasiones, el agua no va a tener hacia dónde salir y se va a venir de golpe al pueblo.

Dinero o garrotazos

Para Consuegra Pascasio, la estrategia de Vidanta es cercar el poblado e inundarlo para forzar a sus habitantes a que vendan sus casas y tierras, y así apoderarse de la zona ubicada frente al mar y al río Ameca, donde se encuentra La Isla de los Pájaros, que ya tiene bajo su control.

Otra posibilidad, señala el ambientalista, sería lo que hicieron en el poblado Corral del Risco, en Punta de Mita, donde los pescadores fueron desalojados a garrotazos y amenazas por agentes estatales hace poco mas de 20 años.

Sostiene que grupo Vidanta está ofreciendo dinero a los dueños de las fincas y ya ha adquirido algunas de ubicación estratégica.

En algunas calles empedradas de Jarretaderas se escucha música en lenguas indígenas chiapanea y hay varios modestos restaurantes con gastronomía de esa entidad.

Los pobladores que van a pescar al río Ameca son vigilados por guardias del hotel Mayan Palace.

Desde la carretera federal Nayarit-Puerto Valarta se observan inmensas construcciones, amplios y cuidados jardines junto a lagos artificiales en predios comprados por Vidanta, colindantes con el río Ameca.

En opinión del ambientalista y abogado Indalecio Sánchez, el parque temático de la empresa canadiense es un magnífico proyecto, pero para otros escenarios económicos. Cuando se planteó sonaba bien, pero si lo instalan en un lugar donde la gente es de bajo poder adquisitivo, irá directo el fracaso, pues los boletos costarían entre 125 y 200 dólares. Además, gran parte de los turistas vienen de Estados Unidos y Canadá, donde están hasta la madre del Cirque du Soliel, ya que allá lo ven regalado. Con este proyecto, advirtió, se busca tapar el ecocidio que Vidanta ha cometido en la zona.

En noviembre pasado, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, anunció la inversión de 16 mil millones de pesos en el parque temático y pronosticó que generará entre 5 mil y 10 mil empleos.

El mandatario priísta agradeció entonces al empresario Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, que eligiera a Nayarit para el parque temático del Cirque du Soleil más grande de América Latina, comparable con Disneylandia. Para mí es increíble traer tanto desarrollo y beneficio, dijo el político.

Según información del gobierno del estado, Cirque du Soleil y Grupo Vidanta, experto en el desarrollo de conjuntos turísticos de clase mundial, la obra concluirá en 2018. Se prevé que incluya un parque acuático y uno ecoturístico, donde además se presentarán espectáculos al aire libre y tendrá capacidad para entre 3 mil y 5 mil espectadores.





Fuente: La Jornada
Autor: Javier Santos
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/09/estados/027n1est

Familias desplazadas regresarán a recordar a sus niñas difuntas

Las familias víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas anunciaron que del 28 de octubre al 3 de noviembre estarán provisionalmente en Banavil, en el municipio de Tenejapa, para recordar a sus muertos como Antonia Lopéz Méndez, quien falleció en el desplazamiento forzado junto con sus hermanas pequeñas Petrona y María, enterradas las tierras de su abuelo Alonso López Luna, “desaparecido forzadamente por los priistas de dicho paraje Banavil, desde el 4 de diciembre de 2011”.

Denunciaron que durante casi cinco años han exigido al Estado mexicano el inicio de una investigación profunda y transparente para esclarecer la desaparición forzada de López Luna, pero que hasta ahora no se ha comenzado ni una averiguación, ni se ha interrogado a Alonso López Ramírez, quien está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados N.5. por ser uno de los responsables de la desaparición.

Exigieron al gobernador estatal, Manuel Velasco, a la Procuraduría General del estado Chiapas y al Estado mexicano, aplicar su responsabilidad y voluntad de investigar el paradero de Alonso López.

Por esto, demandaron al gobierno de Chiapas que se haga una búsqueda incesante hasta que se encuentre a Alonso López Luna, que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada del desplazamiento forzado de las familias, así como generar las condiciones para el retorno inmediato y definitivo de éstas a Banavil.

Por último, expresaron su solidaridad con las familias de la zona norte de Masojá Shucjá, la masacre del Viejo Velasco y las familias de los mártires de Acteal que sigue en la impunidad, que “como nuestra familia también buscan verdad, y justicia”.

El 4 de diciembre del 2011, las familias de la localidad de Banavil, en Chiapas, fueron víctimas de agresión y obligadas a desplazarse de sus hogares, los cuales fueron saqueados y hasta hoy, cinco años después, no han podido regresar por el miedo a la inseguridad y nuevos ataques por parte del gobierno.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/familias-desplazadas-regresaran-recordar-ninas-difuntas/

Seis proyectos canadienses se vinculan con hechos violentos en México

Por lo menos seis proyectos mineros canadienses están vinculados con hechos violentos ocurridos en los últimos 15 años en México, los cuales son la muerte de ocho personas, dos desapariciones, 14 personas heridas, 35 detenidas y 83 que enfrentaron la justicia, señaló un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), que es un un conglomerado de abogados y estudiantes de derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses.


De acuerdo con el documento, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense, de las cuales al menos 28 estuvieron involucradas en violaciones a los derechos humanos en 14 países de la región entre el 2000 y 2015. En once de estas naciones, líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, activistas, mineros, periodistas, abogados y sindicalistas, entre otros, resultaron muertos.
Concretamente, durante ese periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas, de las cuales 212 eran líderes comunitarios defensores de los pueblos, y en 709 casos se registraron acciones de criminalización de la oposición a los proyectos, entre las que se encuentran demandas, detenciones y condenas, señala el informe.
El JCAP afirmó la complicidad de las empresas mineras con los gobiernos, e incluso grupos criminales, para enfrentar las protestas sociales contra los proyectos y así continuar con las invasiones territoriales, lo que afecta principalmente a los pueblos y comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales.
A través del documento se cita el ejemplo del 7 de abril del 2015, cuando un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí, (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.
Tres días después, para apaciguar la polémica que despertaron las declaraciones, McEwen se disculpó por el “malentendido” que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.
El informe también reveló que las empresas mineras ocultan de sus informes de actividades tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.
Por último, señaló la relativa “inutilidad” del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero. Ante esto, especificó que el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, mientras que el NCP sólo investigó cinco casos desde el 2011.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/seis-proyectos-canadienses-se-vinculan-hechos-violentos-mexico/

Slim y su yerno, el cuñado de Salinas y Larrea, los ganones del NAICM

De los 273 contratados que hasta septiembre pasado fueron asignados por el Gobierno federal para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casi un tercio le fueron asignados a empresas de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, así como a personas cercanas a él, como su yerno Fernando Romero Havaux. Otros dueños de empresas con montos destacados en las asignaciones son Hipólito Gerard Rivera, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Desde 2015, un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) observó que hasta un 70 por ciento de los primeros contratos celebrados para la obra pública del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) habían sido sujetos de procesos distintos a las licitaciones públicas.

Un 31 por ciento de los casos, mostró el documento “Desarrollo Efectivo de Megaproyectos de Infraestructura. El Caso del NAICM”, habían sido adjudicaciones directas; hasta un 39 por ciento se había asignado en competencias restringidas o en “invitación a cuando menos tres personas”, y sólo un 30 por ciento habían sido licitaciones.


“Al limitar la competencia a licitantes invitados, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) incurrió en el riesgo de recibir propuestas que no tuvieran suficiente calidad y, por tanto, tuvo que cancelar y volver a publicar el proceso correspondiente (en 21 por ciento de los procesos)”, advirtió el análisis de la OCDE, que afirma haber revisado 36 procesos de contratación realizados hasta agosto de 2015.

“Esas tendencias —tanto respecto de los procesos competitivos de contratación como en lo referente a la apertura— cambiarán drásticamente según las declaraciones públicas que se han hecho: todas las actividades de contratación relacionadas con la construcción del NAICM serán mediante licitaciones públicas abiertas”, agregó el reporte.

Un análisis de SinEmbargo.mx sobre 273 contratos celebrados hasta septiembre pasado muestra que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), efectivamente, aumentó el monto de los procesos sujetos a licitación pública, que ahora es un 61 por ciento de los 34 mil 721 millones de pesos ya asignados a contratos.

Las compañías ganadoras más recientes fueron seleccionados apenas el pasado 2 de septiembre, cuando se difundieron los nombres de las constructoras de las pistas 2 y 3 y que, juntas, recibieron el 44 por ciento del costo total hasta el momento.

Uno de los ganadores fue el consorcio en el que participan la sexagenaria compañía mexicana Constructora Nacional (Coconal), que compitió con 61 empresas para obtener el acuerdo de construir la Pista 2, por un monto de 7 mil 926.2 millones de pesos.

El otro contrato anunciado ese día, para construir la Pista 3, fue obtenido por el consorcio formado –entre otras empresas– por Operadora Cicsa (Carso Infraestructura y Construcción), propiedad de Carlos Slim, y Edificadora Gia+A, dirigida por el cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivera, con un monto de 7 mil 359.2 millones de pesos.

“Con estos fallos se están licitando las obras más importantes del Nuevo Aeropuerto”, dijo Federico Patiño, director general de GACM, de acuerdo con el boletín emitido ese día.

Hasta antes de estos dos mega-contratos, sin embargo, el monto de los proyectos licitados (4 mil 80.5 millones de pesos, de acuerdo con el análisis de SinEmbargo) era menor al asignado de manera directa (9 mil 347.1 millones).

Entre ellos, se observa en un listado de los 273 contratos, se celebró el pasado 21 de agosto un contrato por 2 mil 709.09 millones de pesos asignados de manera directa a la compañía Ferrovalle (o Ferrocarril y Terminal del Valle de México), en la que participa como propietario el Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota Velasco.

También el de 2 mil 136.4 millones asignado en diciembre de 2014 al consorcio Romero-Foster and Partners, representado por José Fernando Romero Havaux, yerno de Slim Helú; empresario éste último que con el contrato para la Pista 3 se vinculó a 9 mil 495.6 millones de pesos, o un 27 por ciento del capital ya contratado para el NAICM.

Otro contrato asignado de manera directa fue para la Gerencia del Proyecto, otorgado en octubre de 2014 a la compañía norteamericana Parsons Corporation, que ganó dos mil 361.9 millones de pesos.

Como el consorcio representado por Romero Havaux, o despacho “arquitecto maestro”, Parsons se encuentra a la cima de la estructura orgánica que supervisa el resto de los contratos.


“La estructura orgánica depende también del trabajo de otros tres actores, que operan de la mano con el GACM: el gerente de proyecto (empresa Parsons International Limited), el arquitecto maestro (empresa Romero-Foster & Partners), y el ingeniero maestro (grupo de empresas integrado por Netherlands Airports Consultants, TADCO y SACMAG)”, dice el documento de la OCDE.

“Ante estos actores, el GACM es el propietario del proyecto NAICM e integra todos sus aspectos, con el apoyo del Gerente del Proyecto. Éste se ocupa de elaborar el plan para poner en marcha el programa de implementación, el cual se emplea como documento guía para la ejecución. Supervisa, orienta y dirige al arquitecto maestro, al ingeniero maestro y a otros consultores clave, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y los plazos de las etapas. El GP es también responsable del presupuesto, el calendario y los controles generales”, agrega.

BARDA PERIMETRAL, A CARGO DE LA SEDENA

Previsto para ocupar cuatro mil 430 hectáreas ubicadas al nororiente del aeropuerto actual, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México enfrentó desde 2001 la oposición de los habitantes de los poblados afectados, sobre todo en el municipio de Atenco, que se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y, en 2002, lograron detener el decreto expropiatorio.

Después de 12 años, sin embargo, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto retomó el proyecto y anunció el inicio de la construcción del NAICM en 12 mil 500 hectáreas de “propiedad del Gobierno federal”.

Las implicaciones del mega-proyecto, sin embargo, ha renovado la introducción de Juicios de Amparo por parte de los habitantes de la zona, que lo consideran “proyecto de muerte” y en los últimos meses han interpuesto unos ocho recursos judiciales buscando aplazar lo que temen será un despojo de sus tierras y, también, la alteración total de su modo de vida.


“Quieren engañar diciendo que estamos nosotros violentando los derechos de sus trabajos de ellos, cuando que sabemos que nuestra comunidad, nunca ni vamos a aceptar el cambio de uso de suelo al dominio pleno”, dijo en mayo pasado Jorge Espinoza, de 69 años y ejidatario de San Miguel Tocuila.

Como él, otros campesinos integrantes del FPDT instalaron en abril pasado un plantón en un bordo aledaño a los trabajos de la nueva obra y, con piedras pintadas con cal, formaron el mensaje “no al aeropuerto”.

De acuerdo con un posicionamiento público del FPDT, “a la par del uso de golpeadores para alejar a los campesinos de las tierras donde están las obras del aeropuerto, las empresas concesionarias siguen con las obras a pesar de los amparos federales”.

En ese contexto, en el listado de 273 contratos asignados por el GACM destaca una asignación no licitada sino entregada bajo un “convenio de colaboración” a la Secretaría de la Defensa Nacional, por mil 547.4 millones de pesos, para construir barda y camino perimetrales y “aseguren” la obra entre los municipios mexiquenses de Ecatepec, Atenco y Texcoco.

“Objetivo: contratar los trabajos para la construcción de la barda perimetral, camino perimetral, alumbrado que lo acompaña, servicios inducidos subterráneos y casetas de acceso, que permita el aseguramiento de las instalaciones durante y después de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”, dice el Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sedena.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/29-10-2016/3108534

12 claves sobre la investigación de la ONU a empresas y los derechos laborales en México

El pasado 4 de septiembre, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla recibió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos para exponerles la situación que han vivido por más de ocho años, en los que han denunciado que les quieren imponer una autopista que partirá la comunidad en dos, a base de violaciones a sus derechos humanos y el quebrantamiento de órdenes judiciales que han ordenado la suspensión de la obra.

Pero no fue la única comunidad a la que escucharon. La visita de la agrupación a la comunidad indígena formó parte una agenda que duró del 29 de agosto al 7 de septiembre, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresas, para discutir las repercusiones que tiene la labor empresarial en materia de derechos humanos.
1. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas?

Esta agrupación fue establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011 y está conformado por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo. La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Y lo hacen a partir de tres principios rectores, que tienen que ver con lo siguiente:

1. El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos.
2. Las empresas, que deben cumplir las leyes hechas por el Estado y respetar los derechos humanos.
3.Los afectados, quienes deben tener acceso a mecanismos de reparación.


A México llegaron dos integrantes: Pavel Sulyandziga, un defensor de derechos humanos de origen ruso, quien actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo, y el chileno Dante Pesce, quien tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en su país y a nivel internacional.

2. ¿A qué vinieron a México?

De acuerdo con el informe de resultados preliminares, presentado el 7 de septiembre en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo vino a México por invitación del gobierno mexicano a “identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones unidas sobre empresas y derechos humanos en México”.

3. ¿Con quiénes se reunieron en México?

De manera oficial, ésta fue la primera visita del Grupo de Trabajo a México. En ella, visitaron los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE.

4. ¿Con quiénes no se reunieron?

En la conferencia de prensa del 7 de septiembre, donde se dieron a conocer los resultados preliminares de la visita del Grupo de Trabajo a México, los representantes de dicha organización dieron a conocer que, de todas las empresas que aparecen mencionadas en el informe, la única con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, pues no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico.

Dante Pesce, representante de la agrupación también señaló que también con respecto al caso Xochicuautla, no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, aunque no especificó las razones. Sin embargo, sí entregaron un cuestionario, cuyas respuestas esperan agregar al reporte final de su visita a México, que presentarán en junio de 2017.

5. ¿Qué contiene su informe? El panorama en México

El informe que presentaron los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos contiene un resumen breve del panorama en México sobre la materia y reflexiona acerca del contexto adverso en materia de derechos humanos al que se enfrenta el país. Pavel Sulyandziga señaló que, en su opinión, en el país existe una crisis en la materia.

“Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”.

En opinión de la agrupación, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala.

“Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente protecto en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, se lee en el documento.

El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago (ubicado en el estado de Jalisco) y el despido de Carmen Aristegui por dar a conocer una investigación periodística.

Todos los casos han sufrido el impacto del sector empresarial. “Hay prácticas que realizan empresas, como la industrialización, que hace años eran bien vistas y ahora no lo son. No todos los proyectos que revisamos van a ser viables. Hay casos que el riesgo supera los beneficios”, comentó Dante Pesce del Grupo de Trabajo.

Además, el documento comparte información sobre la situación de los derechos laborales en México, para personas con discapacidad, población infantil, sindicatos, jornaleros y la discriminación de género en el lugar de trabajo. “La situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente no es suficiente para permitir a trabajadores mantenerse a ellos mismos y sus familias”, señala el informe.

Por último, el reporte hace un breve resumen sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, el trabajo de la CNDH y las comisiones de derechos humanos estatales y los procesos legales a los que en ocasiones tienen que recurrir las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto.

6. Caso Xochicuautla

Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la edificación de la Autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de una carretera que se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica. Los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denuncian que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana.

7. Caso parque eólico de Oaxaca

El Grupo de Trabajo se reunió con las partes involucradas en la ampliación del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, al que se oponen las comunidades indígenas de la zona. Ellos denuncian que, aunque se llevó una consulta para determinar el destino de la obra, ésta fue amañada pues se hizo en un momento en el que ya estaban los molinos de viento en la región sobre la cual se pretendió consultar. En contraste, el informe menciona que, al reunirse con representantes de las autoridades de Oaxaca, les expresaron su frustración por la “cuestión indígena” había hecho que el proyecto se retrasara este proyecto energético.

8. Caso Río Sonora

En Sonora, el Grupo de Trabajo revisó la situación en el Río Sonora, donde ocurrió el vertido tóxico a causa de una minera de cobre, propiedad de Grupo México. Ahí se reunieron con representantes del gobierno, la empresa y las personas afectadas para escuchar las tres versiones de la historia. El informe menciona la preocupaciones que existen en la comunidad, emanadas de las indemnizaciones que habrían de recibir por el daño, pues consideran que son arbitrarias.

También señala que existe un descontento pues, de las 28 plantas de tratamiento de agua que la compañía se había comprometido a construir, solamente hay una terminada y no funciona debidamente.

Por último, el documento narra que, aunque las personas afectadas consideran que no han sido debidamente informadas, representantes de Grupo México señalaron que era papel del Gobierno de la República proporcionar dicha información debidamente.

9. Caso Río Santiago, Jalisco

El Grupo de Trabajo también revisó el caso del Río Santiago, ubicado en Jalisco, del que dijeron es considerado el más contaminado en México, pues recibe descargas de más de 300 industrias, que se localizan en uno de los corredores más importantes del país. El informe de la agrupación menciona que un representante de una de las empresas dijo reconocer los altos niveles de contaminación, aunque señaló que la organización a la que pertenece cumplió con las regulaciones que existían.

“Las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal y que se llevaron a cabo repetidos esfuerzos para establecer un grupo de trabajo con las autoridades federales que permitiera discutir un plan para la rehabilitación del Río Santiago. También subrayaron que es competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales”, se deja leer en el informe.

10. Caso Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos

Por último, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas dio a conocer el 7 de septiembre que, durante su visita a México, también se reunieron con la periodista Carmen Aristegui, quien en 2015 fue despedida de la empresa en la que trabajaba por una investigación periodística, según argumenta la propia comunicadora.

“Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga.

11. Conclusiones del informe preliminar

El informe del Grupo de Trabajo de la ONU contiene una serie de conclusiones con respecto a su visita a México, aunque advierten que hay mucho por hacer para mejorar esta crisis de derechos humanos. “Estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicana para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para comentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos”, concluye el reporte.

12. Recomendaciones al gobierno de México y cuándo las conoceremos

El informe presentado este 7 de septiembre es apenas un trabajo con resultados preliminares. Los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar el reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU.

Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional. Sin embargo, recordaron que éstas no tienen obligatoriedad. Es decir, que los gobiernos que invitan a la agrupación no están obligadas a acoger dichos consejos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCESC MESSEGUER
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/informe-onu-empresas-derechos-humanos-mexico/