Morenista presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial

Sara Leonor Estrella León presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán. Es la candidata que obtuvo el mayor número de votos, es decir, 121 mil 905 y también fue elegida para presidir este órgano.

“La presidencia será designada por dos años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho Tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más”, establece el artículo 70 constitucional. 

Es la jefa del Departamento de Compras dentro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Pero Sara Leonor Estrella León no sólo es funcionaria pública. 

También aparece en el padrón del partido Morena con fecha de afiliación al menos desde marzo de 2023, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Mirka Eli Sahuí Rivero obtuvo 112 mil 758 votos para ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Es hermana de Mauricio Sahuí Rivero, actual delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán, nombrado por el titular Octavio Romero Oropeza desde diciembre de 2024. 

En el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán tres magistraturas serán para mujeres, según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. La tercera de ellas es actuaria en el Poder Judicial estatal, Landy Aimee Pino Barrera, quien obtuvo 115 mil 417 votos.

Mientras que los dos magistrados hombres son el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, con 109 mil 013 votos, y Mauricio José Cantón Dager, quien obtuvo 104 mil 225 sufragios y se ha desempeñado como coordinador y director legal en una empresa de bebidas.

Cinco de nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán provienen del gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena y uno más forma parte de la administración pública federal. Según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el criterio de paridad de género serán cinco mujeres y cuatro hombres. 

Por número de votos, al haber obtenido 119 mil 829, Erika Beatriz Torres López será la magistrada presidenta. 

“La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada dos años de manera rotatoria, asignándose a las magistraturas que obtengan el mayor número de votos en la elección correspondiente”, menciona el artículo 64 constitucional. 

Antes se desempeñaba como directora jurídica del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Se trata de un organismo descentralizado encargado de apoyar la conservación y promoción del patrimonio histórico de Yucatán, así como de sus atractivos turísticos, en el que Erika Beatriz Torres López ha estado desde 2009, según su síntesis curricular.

Al haber obtenido 118 mil 779 votos, Carolina Muñoz Gasca será otra de las magistradas de este tribunal. En el Gobierno de Yucatán se desempeñó como subconsejera de Servicios Legales y Vinculación Institucional en la Consejería Jurídica, la cual forma parte del gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Con 112 mil 251 sufragios, Jenny Mariana García Brito llegará al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tras haber sido parte del Gobierno de ese estado. En marzo de 2025, fue nombrada directora de Casa Otoch, un centro de asistencia social para niñas, niños y adolescentes. 

De noviembre de 2024 a febrero de 2025, García Brito llevó la jefatura jurídica en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, según su currículum. Aunque los nombramientos no fueron hechos por Joaquín Díaz Mena, el desempeño de los cargos sí ocurrió durante su gobierno.

Gerardo Martín Chacón Tuyub también aparece en el directorio de funcionarios del Gobierno de Yucatán, pues es director de Asuntos Jurídicos e Investigación Administrativa en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con 115 mil 780 votos será magistrado. 

Hernán Jesús Vega Burgos obtuvo 115 mil 235 votos para ser magistrado. Según la PNT, en el Gobierno de Yucatán es titular de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, la cual forma parte de la Secretaría General de Gobierno en el gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Además, Defensorxs advirtió que su candidatura era altamente riesgosa porque fue detenido por proteger a una red de trata y explotación sexual y fue denunciado por abusar sexualmente de dos mujeres costarricenses privadas de su libertad. Por estos hechos, sus cuentas bancarias fueron congeladas por autoridades federales y renunció a su puesto como delegado del Instituto Nacional de Migración. Recientemente, las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa por estar relacionado con estos delitos.

Roberto Alfonso Carrillo Granados será magistrado gracias a sus 111 mil 505 votos. Es encargado de la delegación Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Finalmente, con 112 mil 378 votos, Sofía Elena Cámara Gamboa será magistrada tras ser secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Claudia Crisol Antonio Mayor obtuvo 105 mil 924 para llegar a este órgano tras ser jueza de primera instancia; y Alan Jesús Hernández Conde, con 104 mil 693 votos, será magistrado tras desempeñarse como abogado en el despacho Hernández Conde.

“Desde que lo hice público me han llegado denuncias de otras mujeres, generaciones del 89 que han sido víctimas de él, incluso maestras. Vas a su oficina a pedir ayuda por cosas que el control escolar supuestamente no puede hacer, le pides ayuda y eso no le da derecho a tocarte”, reclamó Fernanda. 

La estudiante describió que los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2025, cuando fue a su oficina para pedir el cambio de turno de sus clases. Deseaba trabajar por las mañana y estudiar por las tardes. Aprovechando la interacción, Luis Echeverría la empezó a tocar. La joven logró escapar y salió de la escuela.

En medio de un ataque de pánico, Fernanda se comunicó con una amiga para pedirle apoyo. Narró que no podía tomar el autobús a casa porque no paraba de llorar, así que le enviaron un auto de aplicación. Ese mismo día acudió a la Fiscalía General del Estado a denunciar y se inició la carpeta de investigación FGE/UNATD/ 721/2025

El día que acudió a la FGE para denunciar y luego de que rindió su declaración, en la sala de espera se encontró con otra estudiante de la CTM que fue a denunciar a Luis Echeverría. Las agresiones sexuales tenían dos horas de diferencia.

Fernanda aseguró que no cuenta con medidas de protección y que teme por su seguridad y la de su familia. Desde el día que hizo pública la agresión, no regresó a la escuela, pero necesita la hoja que acredite las materias que cursó para inscribirse en otra universidad.

Durante la protesta, la dirección del Centro de Estudios Superiores de la CTM cerró las puertas para impedir que más estudiantes se unieran a los reclamos de Fernanda. Aun así, algunos estudiantes se sumaron y cerraron la Avenida Fidel Velázquez.

Los postes de esta línea eléctrica, con una altura aproximada al doble de los de baja tensión, no están destinados a atender los problemas de acceso al servicio eléctrico que enfrentan con frecuencia los habitantes de la península de Yucatán, sino para alimentar el Tren Maya.

De la ruta total, 690 kilómetros —el 44 %— operan con electricidad, mientras que el 56 % restante utiliza diésel. Para electrificar el Tren Maya se construyó una red que cruza 40 municipios del sureste mexicano, 43 subestaciones y 10 líneas de transmisión. 

“Este proyecto nos dio la oportunidad de construir subestaciones importantes que no solo van a beneficiar al Tren Maya y las zonas aledañas a su recorrido, sino que ya están mejorando la calidad del servicio eléctrico en una gran área tanto de Yucatán como de Quintana Roo”, afirmó Rafael Antonio Ramírez Ríos, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

Sin embargo, hasta ahora, el sistema eléctrico no ha logrado cubrir la demanda de toda la población. En la región, caracterizada por un crecimiento demográfico y turístico acelerado, los apagones son frecuentes. El 24 de marzo pasado, 1.3 millones de personas, alrededor de la tercera parte de los habitantes de la Península de Yucatán, fueron afectadas por un apagón.

CFE coloca postes sin pedir permiso a la asamblea ejidal

A mediados de octubre de 2023, los pobladores de X-Yatil se dieron cuenta de que la CFE estaba plantando unos postes gigantes en sus terrenos en la orilla de la carretera federal 184. La ley prevé que antes de construir una obra en tierras ejidales, la asamblea tiene que autorizar la ocupación previa, que es el trámite que da inicio al proceso de expropiación y al consiguiente pago de indemnización. Sin embargo, esto no ocurrió.

Al ver a los trabajadores de la CFE realizar las obras, el excomisariado ejidal acudió al sitio con algunos vecinos para detenerlas. “¿A ustedes quién les dio permiso para entrar acá? Nadie nos lo pidió”, dijo a los trabajadores. Ante ello, la comisión les aseguró que pronto se iba a reunir con la comunidad para aclarar la situación, pero la asamblea nunca se realizó y las obras siguieron. 

Los pobladores de X-Yatil tomaron entonces la decisión de cerrar la carretera. Se sumaron también los ejidatarios de las comunidades colindantes: Dzula, X-Pichil, Betania y Chunhuas, también afectadas por el tendido eléctrico que en este tramo corre por unos 53 kilómetros. 

“Es un despojo descarado”

Tras la movilización, los pobladores lograron realizar una asamblea con dependencias gubernamentales, donde se les advirtió que, de continuar con los bloqueos, podrían enfrentar consecuencias legales. Luego, la CFE demandó al excomisariado ejidal por haber impedido las obras y fueron enviados unos convoyes del Ejército a X-Yatil: entraron, dieron unas vueltas y se estacionaron en la esquina del parque central. 

“Fue un acoso, un acto intimidatorio”, dice Fray Colli Colli. “Es una falta de respeto que el gobierno entre como un bandido en nuestras tierras y agarre lo que quiere, como si fuera dueño de todo. Somos un ejido desde 1942, son nuestras tierras y las están invadiendo. Tenían que expropiar legalmente, no entrar así. Eso es un despojo descarado”. 

Sin embargo, en su libro “Vías de luz: historia de la electrificación del Tren Maya”, la CFE afirma tener un “respeto profundo” hacia la población maya local y presume su participación en una Ceremonia Primicia, para pedir a las deidades que cuidan los montes la protección y el permiso de adentrarse a su territorio y construir el proyecto. El ritual, conocido como Wahil Kóol o Hanli Kóol, se llevó a cabo el 14 de enero de 2023 cerca de la subestación eléctrica de Polyuc.

Una acción planeada para ahorrar tiempo

Durante la asamblea, las autoridades no entablaron una negociación con los ejidatarios, sino que resolvieron el asunto de otra forma. “Si no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, demándenos”, dijeron a los pobladores. 

“El gobierno primero ocupó la tierra, taló, construyó y ya luego intenta resolver el tema de los pagos. Que yo sepa ocurrió lo mismo en por lo menos 12 ejidos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, puede haber más”, dice Flavio Ayuso, abogado del ejido X-Yatil. 

“La parte demandada podría contraargumentar y negar las acusaciones, pero no lo hizo y creemos que está aceptando que va a perder el juicio. Pareciera una acción planeada para ahorrar tiempo y adelantarse en las construcciones, en lugar de hacer el proceso de expropiación correspondiente”. 

Desgastar a las comunidades

Fray Colli Colli teme que se pueda suspender la audiencia de este 5 de agosto. “Ya se suspendió cinco veces. El Juzgado de Chetumal está lejos y para nosotros que somos gente de campo es mucha inversión”, dice el comisariado ejidal de X-Yatil.

De acuerdo con el abogado Flavio Ayuso, las comunidades en muchos casos no tienen presupuesto para pagar a un abogado particular y por ello deciden no demandar, perdiendo así el acceso a la indemnización que, según la ley, les corresponde.

“Algunos ejidos acaban buscando a la Procuraduría Agraria, que a veces ha perdido casos a todas luces ganables”, dice Pedro Ayuso.

“Además, el pago de la indemnización se hace tras el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que en algunos casos establece precios que los beneficiarios no consideran justos y tienen que emprender otro proceso extralegal, que puede llevar hasta un par de años de negociación”.

La orden de aprehensión librada por un juez de control, fue ejecutada este sábado 19 de julio por elementos de la SSP y de la Fiscalía General del Estado.

Hasta este momento, las autoridades no han dado más detalles sobre los otros funcionarios y personas que participaron en los hechos en los que el Warnel “N” presuntamente estuvo involucrado.

De acuerdo con medios locales, el exalcalde fue detenido en un primer momento por policías estatales por presunto robo de ganado en Peto, pero el juez declaró ilegal su detención y ordenó su liberación.

Al salir del Centro de Justicia Oral del Tercer Distrito Judicial, el exfuncionario fue capturado nuevamente por su presunta responsabilidad en los delitos de evasión de presos cometido en pandilla, daño en propiedad ajena cometido contra un institución pública y robo con violencia.

Warnel “N” es el segundo priista detenido en una semana en el estado, luego de que el viernes 11 de julio fuera detenido Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, a quien se le acusa del delito de fraude específico.

Los pobladores no son tomados en cuenta

José Chi Aké, habitante de Dzemul, denunció que no se realizaron consultas ciudadanas antes de la decisión de construir el proyecto.

“Nunca nos consultan si queremos o no la construcción, ya nos damos cuenta nada más cuando aparecen los edificios y a la vez comenzamos a quedarnos sin agua”, advirtió.

El poblador del sitio costero dijo que en Yucatán hay oposición entre la población a estos complejos, sin embargo, las autoridades locales y federales ignoran sus peticiones.

“Nosotros no queremos ser un Cancún más, esto lo hemos dicho siempre, y no sólo aquí sino ya en otras playas del estado la gente se opone, pero no nos hacen caso”, denunció Chi.

“Él se niega a decir dónde está mi hija, Lucía. Se apegó al plazo constitucional y será hasta el lunes que se realizará la audiencia de vinculación, la jueza le dictó prisión preventiva porque está obstaculizando la búsqueda de mi hija”, declaró Ericka para Proceso.

Por la búsqueda de Lucía se publicaron Alertas Amber en dos momentos. La primera en agosto de 2024 y se desactivó en marzo de 2025. La segunda en junio de este año.

Pese a los esfuerzos de Ericka Contreras, su hija sigue desaparecida.

En una audiencia que se realizó el domingo 15 de junio, días después de que Mauricio huyó con Lucía para no entregarla; se realizó una audiencia en la que se había solicitado el cambio de medidas cautelares, pero la jueza de control, Silvia Elena Torres Cobá se negó.

Ericka ha hecho diversas acciones de búsqueda. El 11 de diciembre de 2024 acudió a la Cámara de Diputados y ofreció una rueda de prensa para exponer su caso. El 21 de junio durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán acudió al evento para intentar exponerle su situación y pedirle su intervención.

A Ericka, su expareja y padre de Lucía, Mauricio, imputado por el delito de desaparición forzada, la acusó de proteger a un agresor sexual de la menor. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán en abril de 2025, cerró la investigación y determinó el no ejercicio de la acción penal.

La toma de Chichén Itzá forma parte de una serie de movilizaciones que la CNTE realiza a nivel nacional desde el 15 de mayo, donde su principal demanda es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que eliminó el sistema solidario de pensiones y lo reemplazó por uno de cuentas individuales manejadas por las Afores.

La CNTE señala que el esquema disminuye sus pensiones, ya que el monto se calcula con base en el ahorro acumulado de cada trabajador, en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no del salario mínimo, que también consideran perjudicial.

En Mérida, también se registró una protesta simultánea en el edificio de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (SEGEY), y hay suspensión en más de 200 escuelas.

En un primer momento, Mariela fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente, a Casa Otoch, en donde el viernes 16 de mayo fue agredida sexualmente por dos de sus compañeros. 

“Quiero que me la devuelvan y me dijeron que no, que porque tienen protocolos (pero) mi hija está expuesta a que le pase cualquier cosa. Uno de los chicos que la tocó se supone que saldría ya porque tiene 18 años, pero no se ha ido. Ellas reconocieron que él es un muchacho que no respeta”, declaró en entrevista el martes 20, mientras esperaba la resolución del amparo. 

Rocío apoyó la decisión de su hija Mariela de abortar cuando le pidió ayuda. La adolescente tenía 13 años cuando se enteró que estaba embarazada, no quería ser madre, así que acudió con su mamá para ir al médico. 

En noviembre de 2024, Rocío y Mariela acudieron juntas a una consulta con el doctor de una farmacia. Adquirieron misoprostol y siguieron las instrucciones médicas.  

Tres días después la menor tuvo dolor y sangrado intenso. Se asustó. Su madre estaba trabajando, así que le pidió ayuda a su abuela, quien la llevó a urgencias a la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58.

Mariela fue enviada al hospital de la T1 del IMSS en Mérida; fue ahí cuando un doctor, al ver llegar a Rocío, le advirtió que la policía iría a buscarla.

“Mi hija tenía apenas un mes y unos días de embarazo, por eso es que decidimos hacerlo. Yo había leído y sabía que ya no era un delito en el país”, relató, al referirse al fallo de la Corte que declaró inconstitucional penalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, resolución emitida a principios de septiembre de 2023. 

A pesar de ello, a Rocío le abrieron dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) por tentativa de feminicidio, que ya fue cerrada y otra más, la UNATD 709/2023, por aborto y hechos posiblemente delictuosos.

Mariela estuvo ocho días en el hospital y un día antes de su alta médica, citaron a su mamá en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado (Prodennay). Declaró sobre lo que ocurrió con su hija y al día siguiente que fue por ella, le dijeron que no podía llevársela.

La lucha por Mariela

En Yucatán se legalizó el aborto en abril de 2025, las mujeres y personas gestantes pueden interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas.

Rocío y Mariela no están solas. Un equipo de asesores legales, que trabajan para defender a las mujeres y personas gestantes de la criminalización de sus derechos sexuales y reproductivos, las acompañan.

Mariela no sólo fue separada de su mamá en una condición de vulnerabilidad. Los primeros seis meses tenían prohibidas las visitas. Con apoyo de la abogada en derecho Amelia Ojeda Sosa, interpuso cuatro amparos –todos resultaron a favor de ambas– para poder verla.

Fue hasta el cuarto, el 596/2024, que se resolvió en el Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán, que la Prodennay no tuvo más opción que permitir las visitas entre Mariela y su mamá Rocío. 

“Presentaron un recurso de queja en contra la admisión del amparo y todos los recursos los perdieron porque no hay una argumentación válida para eso. La suspensión provisional que se concedió para que la señora pueda ver a su hija la cumplieron porque les iban a imponer multas por no cumplir con la suspensión definitiva que fue dictada por el juez de distrito”, explicó Ojeda. 

A partir de la agresión que vivió Mariela, en la que dos compañeros de Casa Otoch la agredieron sexualmente en los pasillos del Centro de Asistencia Social (CAS), Rocío se reunió con el personal de la Prodennay este lunes, pero se rehúsan a regresarle a su hija.

La asesora legal de Rocío explicó que contra ella no hay delito que perseguir e incluso, la carpeta por tentativa de feminicidio ya fue cerrada y en la de hechos posiblemente delictuosos no hay actos de investigación. 

Aun así, la Prodennay le pidió a Mariela que se desista del amparo.

“Lo que argumentan es que tiene que desistirse porque hay una orden de autoridad judicial que dice que todo debe mantenerse en ese estado y eso es una interpretación errónea de la orden del juez. El amparo puede resolverse de dos formas: con la sentencia dictada sobre el juez o el sobreseimiento para que no haya razón de ser sobre el amparo, ¿y cuál sería la forma de que se resuelva? que restituyan a su hija, de esa manera le informan al juez de distrito que ya no habría material sobre la cual juzgar, se sobreseería”, apuntó Amelia. 

“Si nos querían castigar, ya nos castigaron mucho. Desde hace más de un año está mi hija lejos, solo pido que me la devuelvan porque también ahora tengo miedo por su integridad”, lamentó Mariela. 

Del caso de Mariela y Rocío se solicitó al DIF Yucatán conocer su postura sobre el tema, hasta antes de la publicación no hubo respuesta. 

El 21 de mayo, Amelia Ojeda y un equipo de personas abogadas, ganaron una lucha contra la criminalización por aborto en el estado. Madre e hija ya están juntas en casa.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó al Congreso del Estado de Yucatán derogar las normas que criminalizan el aborto en el Código Penal de esta entidad.

Placas de concreto de un puente que cruza el Tren Maya y conduce al municipio de Maxcanú, en Yucatán, se desprendieron de la estructura.