Entre los asesinatos que rompieron el récord histórico el mes pasado está el de la noche del 20 julio en la colonia Iturbe, en Tula, cuando un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Procuraduría dejó un agente de investigación muerto y dos más lesionados. Los agentes llevaban a cabo indagatorias relacionadas con un secuestro. 

Cuatro días después, el Gabinete de Seguridad estatal informó sobre la detención de cinco personas que, afirmó, eran presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo de Los H. El secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, dijo en conferencia de prensa que además de pelear por el control total de la organización, eran posibles responsables del asesinato del agente la noche del 20 de julio. Asimismo, atribuyó la violencia reciente a la pugna por el control criminal entre ésta y otras facciones criminales. 

Para situar el segundo mes más violento por asesinatos con dolo en los que se usaron armas de fuego en Hidalgo, hay que remontarse a julio de 2020, donde hubo 22 carpetas. 

Aquel 2020 fue el cuarto año de gobierno de Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega. Fue en el sexenio del entonces priista que Hidalgo se ubicó en el primer lugar nacional en robo de hidrocarburo a través de perforaciones a ductos (2018). Asimismo, 2020 también representó una pelea territorial entre cárteles por las válvulas, igualmente con formas de violencia y saña contra los cuerpos que las organizaciones criminales han mantenido. 

El tercer registro más alto data de junio de 2019, con 21 asesinatos violentos en los que los agresores usaron armas de fuego. Fue el año de la exposición de una “ordeña” a un ducto de Pemex en los límites entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, que dejó un saldo de 137 muertes: personas que recolectaban combustible regado en una canaleta tras días de sequía en las gasolineras estatales, después de que el gobierno federal determinara cerrar parcialmente ductos y cambiar rutas de traslado con la intensión de disminuir el huachicol. 

A partir de ese suceso se registró una serie de homicidios de presuntos líderes de organizaciones criminales. Las entonces autoridades locales lo denominaron un “ajuste de cuentas” entre huachicoleros. Comenzó con el asesinato de El Parka?–Julio César Zúñiga Cruz para inteligencia del estado y/o Héctor Baltazar Osorio Delgado para la Policía Federal–, el 20 de enero, dos días después del estallido en la parcela del ejido de San Primitivo, a la que se conoció como la exposición de Tlahuelilpan. 

Entre personas ultimadas dejadas en parajes, calles, con el tiro de gracia, impactos en más partes del cuerpo e incluso con algún tipo de desmembramiento, le siguió el ataque contra el?Talachas,?acaecido el 18 de mayo de 2019 en Santa Ana Ahuehuepan, Tula. Con base en los reportes de la policía, entraron a su casa en la calle Cuitláhuac y lo tirotearon cuando llegaba del rosario de su hijo, el?Puerco, que fue asesinado seis días antes. Ellos eran identificados como los jefes de la banda de Los Poblanos o Los Talachas. 

Aunque no fueron las únicas, esas dos muertes reconfiguraron los liderazgos del huachicol en Hidalgo, que cerró 2019 con 4 mil 71 tomas clandestinas mediante las cuales los grupos criminales robaron hidrocarburos, una cifra que representaba un crecimiento de 92 por ciento respecto a 2018, cuando hubo 2 mil 121 y fue el año a partir del cual la entidad, en ese momento bajo el mando de Omar Fayad, se convirtió en la más “ordeñada” del país. 

Este julio de 2021 enmarca otra disputa criminal, mientras la?Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sitúa a tres cárteles en la geografía hidalguense (Jalisco Nueva Generación (CJNG) –con mayor dominio territorial–, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el del Noreste (CDN)), e informes de la propia DEA, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras instancias estadunidenses, detectaron una operación en la que el combustible que es extraído en Hidalgo a través de tomas clandestinas, y robado de cargamentos que salen de la refinería de Tula, es traficado a Texas mediante intermediarios corruptos en ambos lados de la frontera, así como una red de empresas fachada. 

Las autoridades hidalguenses afirman que tras la detención el 15 de marzo pasado de Hugo Alberto M. M., “El H”, y el asesinato de su hermano José David tres días después, el grupo que lleva su mote se dividió en células que luchan por el control total, lo cual ha generado disputas armadas, asesinatos y violencia en la región de Tula, una de las más vulnerables al huachicol en el país. 

Aunque para el gobierno de la entidad la pelea es entre grupos locales, a nivel federal ven no sólo la presencia de cárteles, sino su alianza, precisamente, con agrupaciones más pequeñas que controlan giros delictivos específicos en sus territorios. 

Los H son una organización criminal que se dedica al robo de combustibles, al sicariato y al narcomenudeo. El gobierno federal sugiere, con la detención de dos personas en el Estado de México justo en julio pasado, el vínculo entre este grupo delictivo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); ambas agrupaciones se dedican al robo de gasolinas en el Valle de México. 

Durante agosto, los asesinatos violentos con armas han continuado: el 18, la policía municipal de Tula encontró dos cuerpos masculinos con impactos en la calle Felipe Ángeles de la localidad de Nantzha. Constató que ambos presentaban signos de tortura y que fueron asesinados con armas de uso exclusivo militar calibre .223.? 

Además, en otros incidentes de impacto social, el 11 de agosto, en las aguas negras del canal Requena en Tezontepec de Aldama fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. El mismo día, en Tlahuelilpan, otro cadáver masculino fue hallado en el canal de aguas negras del paraje Las Cadenas.

“El Proyecto Portero y este nuevo programa de capacitación muestran cómo vamos a luchar: planificando y operando codo a codo con nuestros socios mexicanos, y aplicando toda la fuerza del gobierno de los Estados Unidos.”

Sin embargo, la presidenta aclaró que sí se realizó un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras una reunión en Washington en febrero de este año.

La organización estadounidense publicó el pasado 18 de agosto, un comunicado en el que se indicaba que tomarían acciones para confrontar cárteles: “El Proyecto Portero y este nuevo programa de capacitación muestran cómo vamos a luchar: planificando y operando codo a codo con nuestros socios mexicanos, y aplicando toda la fuerza del gobierno de los Estados Unidos.”

A pesar de esta postura, Sheinbaum aclaró que sí existe un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras una reunión celebrada en Washington en febrero de este año. Este acuerdo, explicó, se centra en la coordinación administrativa y el intercambio de información, sin implicar operativos conjuntos en territorio mexicano.

“Hay colaboración en el sentido que den información, ellos tienen agentes en México que tienen que cumplir con la ley de seguridad nacional y ahora con la visión que hicimos al artículo 40 a la Constitución” expresó.

Dicha iniciativa de modificación a la Constitución Mexicana emitida a principios de año tiene como objetivo rechazar intervención política extranjera.

En entrevista con Proceso, el maestro Víctor Alejandro Butrón Barrera explica que ese enfoque es el eje de su tesis “Estrategias para reducir el reclutamiento del crimen organizado: un análisis con teoría de juegos”. 

El trabajo no sólo se queda en lo teórico, busca la praxis, demostrar que, desde lo exacto, es posible analizar uno de los mayores problemas que enfrenta el país. 

Su investigación fue reconocida por su aportación, ganó el primer lugar en el Premio de Investigación Económica “Maestro Jesús Silva Herzog 2024”. La UNAM otorgó este galardón a la tesis desarrollada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) resaltando su potencial para incidir en la política pública.

La “tasa de descuento”, un concepto matemático usado en economía y que en esta tesis tiene como objetivo medir cuánto se valora el presente frente al futuro, es clave para entender por qué un joven decide unirse a una célula criminal.

“Para ponerlo supersencillo, es cómo valoras tú el futuro. Es decir, si la tasa de descuento es alta, tú eres impaciente y valoras el presente. Entonces, quieres como las cosas inmediatas. Tienes recompensas inmediatas”, explica.

El ejemplo es el siguiente, si a un joven se le ofrecen 100 pesos ahora, o esperar un día para recibir 110, muchos elegirán la primera opción. Y esa elección no siempre es fruto de la necesidad inmediata, hay jóvenes que deliberadamente buscan ser reclutados porque ven en ello una vía rápida para obtener dinero, estatus o independencia económica.

Butrón sustenta su análisis con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tasas de homicidio, estadísticas de defunciones, presencia de fuerzas de seguridad y, sobre todo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

“La ENOE te revela lo que en realidad está ingresando la gente. Es decir, cuál es su ingreso real. Y, por ejemplo, hay algunos estados durante este periodo que estoy analizando de 2010 a 2022, donde están ganando menos de tres mil pesos mensuales. Entonces, este tipo de variables son reveladoras… están diciendo que la gente no tiene tanto ingreso a partir de su empleo”, comenta.

En esas condiciones salariales, expone, la educación deja de verse como un camino para aspirar a una mejor vida.

“Si ven que la educación no los lleva a nada, es decir, a ganar un salario mayor, a poder proveer para su familia, entonces van a empezar a valorar más el presente. Y lo que yo propongo ahí es que, como empiezan a valorar más el presente, quieren recompensas inmediatas y si alguien del narco les dice: ‘Te voy a dar siete mil pesos nada más por halconear, que es como una actividad supersencilla, nada más avisar si viene alguien de un grupo rival, la policía o el Ejército, entonces aceptan estas recompensas inmediatas y su esperanza de vida va bajando más”, detalla.

El hogar como variable

En su investigación, Butrón también identifica un aspecto poco discutido, la familia como actor central en el juego del reclutamiento. 

El hallazgo es paradójico, la familia puede ser tanto una vía de entrada como un dique de contención.

Un hogar que transmite valores, disciplina y pertenencia puede, sin querer, proveer al crimen de jóvenes con vínculos sólidos y lealtades profundas, lo que facilita que ellos mismos recluten a otros de su círculo cercano.

Pero esa misma estructura familiar puede ser la clave para frenar el reclutamiento, si el Estado la convierte en parte de la solución.  Aquí entra la tesis, que es modificar esa tasa de descuento con estrategias.

Butrón plantea que el gobierno debe involucrarse para generar acciones coordinadas que fortalezcan a las familias como primer escudo. 

“Como consecuencia de estas estrategias coordinadas se involucra a la familia para reducir el reclutamiento y, al mismo tiempo, reducir el tamaño del crimen organizado”, sostiene.

En su análisis, Butrón se concentró en ocho estados con las mayores tasas de homicidio: Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Con esas variables elaboró un modelo basado en teoría de juegos para medir y proponer políticas que reduzcan el reclutamiento criminal.

La propuesta

La tesis de Víctor se conecta con estudios como el del doctor Rafael Prieto Curiel, quien, junto a Alejandro Hope, publicó el artículo “Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de reducir la violencia en México”. 

“Él empieza a modelar cuántos recursos humanos tiene el crimen organizado… y con modelos matemáticos explica que, en efecto, hay que reducir el reclutamiento de los cárteles. Él dice que alrededor de entre 350 y 370 personas deben ser reclutadas para que el crimen organizado continúe operando sin mayor problema”, comenta.

Entonces, retoma esa cifra, si se logra cortar ese flujo constante de jóvenes, la violencia perdería uno de sus motores principales. 

“Entonces, vinculando estas dos cosas, ¿cómo puedo hacer algo yo para reducir ese reclutamiento? Ese es el punto”, concluye.

En tanto, la escena de la madre frente a la cámara sigue vigente, multiplicándose en cientos de hogares. Jóvenes que eligieron poner precio a su futuro inmediato.

El crimen fue relacionado con posibles vínculos a los operativos contra el crimen organizado que este funcionario había encabezado, como el decomiso de 1.8 millones de litros de combustible robado a fines de julio de ese mismo año.

Este hecho ha puesto en perspectiva el peligro que enfrentan los funcionarios de la Fiscalía General de la República. Por ello, EMEEQUIS revisó los números de defunciones dentro de esta corporación, que alcanzaron niveles récord durante los últimos seis años en comparación con los datos de principios del nuevo milenio.

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012), cuando inició la Guerra contra el Narcotráfico, el número de muertes de funcionarios de la PGR aumentó a 377. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), la cifra disminuyó a 251 funcionarios fallecidos por diversas causas.

Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024), los números se dispararon significativamente, alcanzando 388 muertes, la cifra más alta en los últimos tres sexenios. Durante este periodo, destacaron dos años particularmente mortíferos: en 2020, fallecieron 137 funcionarios de la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, siendo el año más letal en los últimos 24 años; en 2021, se registraron 122 muertes de funcionarios.

No obstante, podría argumentarse que varias de estas muertes ocurrieron durante la pandemia de COVID-19. La FGR, a través de sus respuestas de transparencia, indicó que no cuenta con datos detallados sobre todas las causas de muerte de sus funcionarios, salvo algunos casos que murieron en servicio.

Los registros de la FGR muestran el número de elementos agredidos o heridos durante sus funciones, pero no especifican cuántos fueron asesinados fuera de su horario laboral o si se encontraban en zonas de alto riesgo para su integridad cuando fueron ultimados. 

De 2019 a 2024, se registraron dos homicidios de funcionarios en 2019 por arma de fuego en Villahermosa y la Ciudad de México. En 2020, se reportaron cinco homicidios más, que incluyeron desde disparos de arma de fuego hasta una laceración cardíaca, cuya causa no fue detallada. 

En 2021, murieron seis elementos de la FGR en funciones durante su horario laboral por causas como apuñalamiento, estrangulamiento y disparos de arma de fuego; cuatro de ellos en Guanajuato (tres el 19 de marzo de 2021) y dos en Jalisco. En 2023, sólo se registraron tres muertes por homicidio de personal en funciones, todas por arma de fuego en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

No hay cifras disponibles sobre elementos asesinados en 2024 ni en 2025, años particularmente marcados por la guerra entre “La Mayiza” y “Los Chapitos” en Culiacán, que ha dejado cientos de muertos en todo el estado.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Marina), incineraron una tonelada 347 kilos 16 gramos 500 miligramos de clorhidrato de cocaína el 12 de agosto pasado.

Las autoridades estatales señalaron además que se mantiene la búsqueda de personas lesionadas, ya que los primeros reportes apuntan a que habrían sido trasladadas por civiles después de lo ocurrido.

“La Fiscalía trabaja de forma coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los lesionados y posibles responsables”, indicó la dependencia.

Finalmente, el organismo aseguró que cualquier avance en la investigación será dado a conocer “con oportunidad, en estricto apego a la ley y al respeto de los derechos de las víctimas”.

Sobre el suceso, reportes preliminares refieren que un niño de 13 años murió; además, su hermano, también menor de edad, y su padre resultaron lesionados tras una persecución registrada en la comunidad de San Antonio de Morales, en Juventino Rosas.

Según estos primeros reportes, elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a la camioneta en la que circulaba la familia por el acceso principal de la comunidad, pero el conductor no detuvo la marcha y aceleró, lo que aparentemente provocó la persecución.

Testigos refirieron que los federales abrieron fuego hacia la camioneta donde viajaban y que tras el suceso falleció el niño, mientras que las otras dos personas fueron movilizadas del lugar sin que sepa de su paradero.

Medios locales refieren que al lugar acudió el alcalde de Juventino Rosas, Fidel Ruíz Ramírez, alertado por vecinos y refirió que no es la primera vez que se involucra a la Guardia Nacional En este tipo de asuntos contra la población.

“No es la primera vez que me reportan estos hechos y precisamente ya hablé con la Fiscalía General del Estado y me decían que el conductor de la unidad y padre de los menores se encontraba retenido y vengo a ver con la Fiscalía el porqué, o por qué fue la agresión que cobró la vida de un menor y que ya tiene harto tanto a mí como autoridad y a las autoridades”.

En cuanto a la dinámica del ataque, precisó: “Se estima que al menos tres sujetos huyeron en un vehículo. El arma utilizada fue corta, no larga”. Subrayó además la importancia de esperar el curso de las investigaciones: “Reiteramos la importancia de esperar los tiempos de la investigación, ya que este tipo de hechos no son comunes en el estado de Morelos”.

Como parte de las diligencias, autoridades estatales y federales realizaron un cateo en la vivienda de la colonia Lomas de Cuernavaca, en Temixco, donde fue perpetrado el crimen. Durante el operativo, agentes de la Fiscalía aseguraron objetos personales de Ochoa Delgado, un arma de fuego y una camioneta Denali azul, que fue retirada con apoyo de una grúa. El inmueble quedó bajo resguardo oficial.