Durante el mandato de la presidenta, aumentó 16% el número de víctimas en comparación con 2024. Enfrenta, además, el escándalo internacional que supuso el caso Teuchitlán, y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en el país
Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la Presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo, a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos.
Pese a que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional para solicitárselo, la mandataria no se ha reunido con colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro, el 30 de agosto, con integrantes del Comité ¡Eureka! —fundado por Rosario Ibarra de Piedra en 1977 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la “guerra sucia”—, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones.
El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que faculta al CED —un órgano integrado por expertos independientes— a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó Proceso.
El CED aclaró que la activación del artículo 34 no prejuzga la situación del país. Explicó que, de acuerdo con el artículo 2 de la convención, la desaparición forzada “es la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, seguido de la negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de su paradero.
“El Comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados ‘grupos paramilitares’, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal”, sentenció el CED.
La activación del artículo 34 provocó un rechazo generalizado desde las instancias gubernamentales, incluso el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentaría un “recurso legal” contra el presidente del CED, Olivier de Frouville, por su comportamiento “faccioso y atrabiliario”. La propia presidenta negó que en el país se cometan desapariciones forzadas y acusó a los integrantes del comité de un desconocimiento de la situación de México.
Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, cuando declaró la “guerra contra el narcotráfico”, no pueden considerarse hechos aislados.
“Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones [criminales] como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”, concluye el informe.
Los firmantes recomiendan la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas, y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.
Para el director jurídico de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, sí se puede hablar de desapariciones sistemáticas y generalizadas en México, pero solo en algunos estados de la república; menciona como ejemplo Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte, o Nayarit cuando era fiscal Édgar Veytia.
El abogado critica la falta de apertura de la administración de Sheinbaum para abordar el tema. “No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema”, lamenta Gutiérrez.
La “cifra negra” de Sinaloa
Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con 198%; Baja California Sur, con 140%, y Sinaloa, con 132%.
Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Chapitos y los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024.
Las desapariciones en Sinaloa se han concentrado en Culiacán —el epicentro de la disputa— y Mazatlán; el 90.8% son hombres jóvenes, de entre 15 y 39 años de edad.
“Ha sido muy desesperante, muy frustrante para nosotros que se lleven a tantos muchachos, a tantas personas, y que no los encontremos”, relata Alma Rosa Rojo, integrante del colectivo sinaloense Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano Miguel Ángel desde el 2009.
Además, si bien hay un registro oficial que ofrece una idea del impacto que ha tenido el enfrentamiento de los grupos criminales en la desaparición de personas, los colectivos han señalado que la “cifra negra” de desapariciones que no se denuncian ante las autoridades –por miedo u otros motivos– sería mucho mayor.
“Dicen que hay ahorita más de 2,000 desaparecidos, del año que tiene la guerra, y también asesinados”, afirma Rojo. “Sobrepasa, yo creo, los 4,000 o 5,000 desaparecidos. Hay muchísimos que no meten denuncia porque tienen miedo, muchísimos que no quieren ni siquiera acercarse a una autoridad porque tienen mucho miedo”.
En Chiapas, donde se registraron en el primer año del sexenio de Sheinbaum 395 desapariciones —la cifra global supera las 1,700, según el RNPDNO—, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido sobre el alto número de desaparición de mujeres, que supera el 60% del total, cuando el promedio nacional es del 25%.
El impacto de Teuchitlán
El descubrimiento, el 5 de marzo, del rancho Izaguirre en Teuchitlán, y la repercusión que tuvo tanto en México como a nivel internacional, obligó al Gobierno federal a actuar. Cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó a este predio localizó decenas de prendas, zapatos, mochilas, libretas con nombres, además de fragmentos óseos. Quedó demostrado que el lugar era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde asesinaban e incineraban a jóvenes que se negaban a ingresar a sus filas, como aseguraron supervivientes que fueron testigos de los hechos.
La narrativa oficial se centró en negar que se tratara de un centro de exterminio. Al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) tomaba el control de la investigación, se abrió el rancho a la visita de periodistas y de madres y padres buscadores que creían haber reconocido alguna prenda de sus hijos en las imágenes que se difundieron. Mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que en el rancho se matara a jóvenes, el propio secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, terminó por aceptarlo.
Marlety García, que busca desde 2017 a su hijo César Ulises Quintero, es fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Fue una de las madres buscadoras que ingresaron al rancho en marzo, cuando llegaron decenas de familiares de distintos estados del país a intentar obtener pistas de sus seres queridos.
“Nosotros creemos que ya debe de haber resultados, dictámenes, de lo que ellos se llevaron del rancho Izaguirre”, señala. García precisa que no han tenido contacto con la FGR ni con autoridades del Ejecutivo federal para dar seguimiento a los hallazgos y las investigaciones.
Lamenta también la falta de atención a los colectivos por parte de Sheinbaum. “Ha sido muy decepcionante para nosotras, las madres buscadoras, porque no nos ha dado la oportunidad de tener una entrevista con ella, de platicar a fondo con ella”, dice la buscadora. “Tampoco es que el tema de los desaparecidos lo tenga como algo prioritario en su agenda, y es un problema de lesa humanidad a nivel nacional”.
‘Reformar una ley no cuesta nada’
Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, recuerda que el tema de las desapariciones nunca estuvo presente en el plan de gobierno de la presidenta. Incluso, en los 100 compromisos que realizó al inicio de su gestión, no se mencionaba la desaparición de personas, solo el caso Ayotzinapa.
“La coyuntura la llevó a ponerle atención al tema, y sobre todo la coyuntura de Teuchitlán”, plantea el abogado.
El gobierno de Sheinbaum, considera, ha desmontado los principales pilares del sistema de búsqueda instituidos por López Obrador, que habían sido un logro de las familias. En el caso del Centro Nacional de Identificación Humana y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ya llegaron a este nuevo sexenio desmantelados.
“Yo creo que han tratado de evitar contradecir abiertamente ese modelo, pero es claro que no les resulta cómodo: el registro nacional de personas desaparecidas, las comisiones de búsqueda, el fortalecimiento forense, etcétera. Creo que quedó claro en la iniciativa que la presidenta manda al Congreso”, señala Guerrero.
Los cambios legislativos, considerados una respuesta a la crisis detonada por el caso Teuchitlán y la activación del artículo 34, incluyeron reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones y a la Ley General de Población. El Gobierno federal propone que, “sin dilación alguna”, las desapariciones se registren tanto en el RNPDNO como en una Base Nacional de Carpetas de Investigación, iniciadas por las fiscalías de los estados, según las medidas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
El abogado Jorge Verástegui advirtió que, debido a la mala clasificación del Ministerio Público, existe el riesgo de que numerosos delitos de desaparición no sean incluidos en esta base y disminuya la cifra de víctimas, pues de los más de 130,000 casos que tenía el RNPDNO en julio, solo el 8.92% estaban registrados como desaparición forzada o cometida por particulares.
Una de las principales reformas legales es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitirá cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP), que incorpora datos biométricos, con bases de datos, a fin de agilizar los procesos de búsqueda —con la emisión de alertas inmediatas— e identificación de los cuerpos que resguardan los Servicios Médicos Forenses (Semefos).
Para Verástegui, esta plataforma solo servirá para tener el historial de la víctima, no para encontrarla, o para su identificación forense por medio de las huellas dactilares.
La medida fue criticada por organizaciones civiles, por considerar que el registro de datos biométricos conlleva el riesgo de que la información sea utilizada para la vigilancia de la ciudadanía, o un mal uso por terceros en caso de filtración o la venta de los datos.
“De reformas legales fallidas está plagado el camino al infierno. Reformar una ley no cuesta nada, el problema es la implementación, los recursos, todo lo que está pendiente”, subraya Volga de Pina, abogada e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la UNAM.
Antes de la presentación de la iniciativa de reformas al Congreso, la coyuntura que significó la activación del artículo 34 y el caso Teuchitlán llevó a que la Secretaría de Gobernación convocara a mesas de diálogo a los colectivos de personas buscadoras, con el objetivo de incorporar sus propuestas.
“Ahí hubo un esfuerzo, que no fue menor, de reunir a una gran cantidad de colectivos y de familias para escuchar un poco dónde están las necesidades”, considera De Pina, exintegrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“A la par que se estaban reuniendo con colectivos, estaban haciendo un diagnóstico que mostraba que hay muchos problemas, no uno solo […] y que no cambian otros problemas que acompañan la crisis de desaparición, como el tema forense o esta dinámica que hay entre comisiones de búsqueda y fiscalías”.
Las reformas legales pusieron en pausa la propuesta de López Obrador, quien heredó a Sheinbaum una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada centrada en el cruce de bases de datos, y las búsquedas casa por casa y por llamadas telefónicas, que tenía como objetivo generar un “nuevo censo” que demostrara que su sexenio, con más de 50,000 víctimas, no era el que registraba el mayor número de desapariciones.
Las medidas aprobadas reiteraron la responsabilidad de la FGR y de sus homólogos locales en la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que debe contribuir a la identificación de más de 72,000 cuerpos en el país.
“Todos los estados tienen un nivel de desorden: no hay formatos homologados, no todo el mundo registra igual, y todavía no se logran centralizar las bases para el Banco Nacional de Datos Forenses, para el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y no Identificadas”, advierte la investigadora.
Doble renuncia
Este año marcó también la renuncia en agosto de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que había sido una petición constante de familiares de víctimas desde su nombramiento en octubre de 2023, por su inexperiencia y cercanía a Morena.
El 12 de septiembre fue elegida la abogada Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la CNB, en un proceso de selección cuestionado por su opacidad y la falta de participación efectiva de las familias, aunque su designación fue celebrada por diversos colectivos.
La llegada de la abogada, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR coincide con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un nuevo acuerdo para que la CNB junto con la FGR actualicen el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas.
“A partir de enero de 2026, las fiscalías y procuradurías estatales y las comisiones locales de búsqueda deberán aplicar dichos protocolos”, establece el acuerdo publicado el 30 de septiembre, justo al cumplirse un año del gobierno de Sheinbaum.
El 15 de julio, tras una gestión marcada por la polémica que no aportó nuevas líneas de investigación para hallar a los 43 normalistas, renunció Rosendo Gómez Piedra a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). En su lugar fue nombrado Mauricio Pazarán, quien según la presidenta dará un nuevo enfoque a las indagaciones con el análisis de las llamadas telefónicas que se produjeron antes y después de la desaparición de los estudiantes.
Debido a la falta de avances en el caso Ayotzinapa, Sheinbaum ofreció solicitar la ayuda de expertos de la ONU, mientras familiares y representantes de organizaciones civiles temen que las últimas aprehensiones marquen un regreso a la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, una conclusión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró que no era cierta.
Pese al silencio del Estado, y a una gestión de las desapariciones por parte de Sheinbaum que se limita a reaccionar a coyunturas como el caso Teuchitlán, los familiares de las víctimas han urgido a la presidenta que atienda una crisis cuyas cifras no hacen más que aumentar.
“Que no le dé carpetazo al tema de desaparecidos”, expresó la madre buscadora Marlety García, “ya es parte de la historia de México. Va a estar ahí y nuestros niños, nuestros jóvenes, la están viviendo”.
FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: CÉSAR MARTÍNEZ, TAMARA MARES
