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Designan a Javier García Tinoco en el TSJ en medio de críticas por nepotismo

Los nombramientos de familiares y personas cercanas a diputadas y diputados en el Órgano de Administración Judicial provocaron críticas por presunto nepotismo y manipulación.

Javier García Tinoco, excomisionado de Mejora Regulatoria del gobierno estatal, fue designado como quinto integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Morelos, en representación del Poder Ejecutivo. Su nombramiento ocurre en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo y manipulación en la integración de dicho órgano, atribuida al Congreso local. 

El pasado 30 de septiembre, la gobernadora Margarita González Saravia Calderón formalizó la designación con base en la Constitución del Estado y el Decreto 165, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 19 de mayo de 2025. Dicho órgano tendrá a su cargo la administración y vigilancia del Poder Judicial, con facultades sobre recursos humanos, financieros y logísticos.

García Tinoco fue representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) durante los comicios de 2024. Previamente colaboró con Margarita González Saravia en la Lotería Nacional, donde se desempeñó como gerente de la Prosecretaría, y hasta el pasado 30 de septiembre fungió como comisionado de Mejora Regulatoria en el gobierno estatal. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), maestrante en Educación por la Universidad Tres Culturas y alumno de la Maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuenta con una trayectoria de 15 años en el servicio público estatal y federal. Ha ocupado cargos en la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Turismo y Cultura. 

De acuerdo con exintegrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y especialistas en la materia, García Tinoco “es el perfil con mayor experiencia entre los designados”. Sin embargo, los otros nombramientos han sido objeto de críticas por presuntos vínculos familiares y políticos. 

Cuestionamientos y defensa de los nombramientos

Las críticas hacia las recientes designaciones se intensificaron luego de que el Congreso de Morelos nombrara a Humberto Paladino Valdovinos —suegro del diputado panista y presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas— y a Miguel Enrique Lucía Espejo, asesor del diputado morenista Rafael Reyes. 

Posteriormente, el Poder Judicial designó a Yadira Crystal Casarreal Olmedo, excolaboradora del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes, y a Catalina Pimentel Mejía, hermana del diputado morenista y presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía. 

Los cuatro nombramientos han generado críticas de actores políticos, juristas y ciudadanía, quienes denuncian presunto nepotismo y una posible concentración de poder por parte del Congreso. 

Proceso buscó a los aludidos para conocer su postura. El único que no respondió a la solicitud de entrevista fue el diputado panista Daniel Martínez Terrazas —el mismo que en las elecciones de 2021 se ostentó como indígena para obtener una diputación federal—. 

Diversos actores políticos, juristas y ciudadanos han expresado su inconformidad, señalando “una evidente injerencia del Congreso en el Poder Judicial”. 

“Hay opiniones a favor”, responde el presidente del TSJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, respondió a las críticas por la designación de las dos mujeres vinculadas al Congreso. 
“Así como hay críticas, también hay opiniones a favor. Creo, en lo personal, que el hecho de que dos mujeres se incorporen —mujeres jóvenes, con conocimiento de lo que sucede al interior del tribunal— para mí es positivo”, dijo en entrevista. 
Ante los señalamientos sobre la falta de experiencia de una de las designadas, aseguró que “ella tendrá la oportunidad de adecuarse, adaptarse y aceptar el reto que le está planteando el tribunal”.

Sobre las versiones de presuntas negociaciones con el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, a cambio del haber de retiro para magistradas y magistrados, Elizalde rechazó cualquier pacto: 
“Eso es lo que se comenta, pero la propuesta emanó de un grupo amplio de magistrados. El haber de retiro es una condición ya establecida en el marco normativo; no tiene nada que ver”. 
El presidente del TSJ minimizó los señalamientos políticos:
“Lamentablemente, uno quisiera que todo fueran alabanzas, pero no; hay que prepararse para las críticas. También son importantes para nosotros”. 
Reyes niega nepotismo

El diputado de Morena, Rafael Reyes, también defendió los nombramientos y rechazó cualquier irregularidad: 
“No es algo que yo haya decidido de manera directa; se resolvió por 19 de los 20 diputados, con la ausencia de uno y la abstención de otro”.
Reconoció que una de las personas designadas había trabajado con él, pero insistió en que el proceso se dio conforme al procedimiento legislativo.
“Efectivamente, una persona que había venido participando conmigo fue una de las propuestas, pero esto se decidió a partir del voto de los integrantes del Congreso”. 
El legislador negó cualquier vínculo familiar con los designados:
“Es mentira que se configure un nepotismo en el caso particular del Poder Legislativo, porque Miguel Lucía Espejo no es familiar mío”. 
Y subrayó:
“Todos saben de mi amistad con muchísima gente, y eso no implica caer en la dinámica del nepotismo”. 
Pimentel defiende la designación de su hermana

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, defendió el nombramiento de su hermana, Catalina Pimentel, como integrante del órgano judicial, negando conflicto de interés.
“La determinación no la tomó el Poder Legislativo, la tomó el Poder Judicial por unanimidad”, aseguró. 
Pimentel reconoció el parentesco, pero afirmó que su hermana “llegó por mérito propio”.
“Es mi hermana y me da mucho gusto que, como dice la gobernadora, en tiempos de mujeres se reconozca la capacidad y el derecho a superarse”. 
Añadió que ella cuenta con seis años de experiencia en el Tribunal:
“Ha sido secretaria de acuerdos, actuaria, proyectista de la Junta. Cumple con el perfil. No es una persona nueva o desconocida”. 
Frente a las versiones de presuntos acuerdos políticos, el diputado concluyó:
“De las especulaciones se puede inventar mucho, pero no son reales. Son cuerpos colegiados con autonomía e independencia de poder.” 
Finalmente, Pimentel sostuvo que los recientes movimientos fortalecerán la coordinación entre los tres poderes del estado. 
“Vamos a seguir caminando de la mano los tres poderes por el bien de Morelos.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Trabajadores del Poder Judicial denuncian hostigamiento y acoso laboral de nuevas juezas y magistradas

Las primeras denuncias se concentran en Veracruz y Sinaloa, donde personas juzgadoras electas supuestamente realizaron “presiones indebidas” para obligar a los trabajadores a renunciar.

Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), de diversos niveles y estados del país, denunciaron ante las autoridades supuestos actos de hostigamiento y acoso laboral presuntamente cometidos por nuevas juezas y magistradas federales, que resultaron ganadoras tras la elección judicial.

Las primeras denuncias se concentran particularmente en los estados de Veracruz y Sinaloa, donde personas juzgadoras electas supuestamente realizaron “presiones indebidas” para obligar a las y los trabajadores a renunciar, violando así la reforma judicial que decretó en su artículo décimo transitorio que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.

Estas “presiones” ocurren a pesar del llamado del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pidió a las y los nuevos jueces y magistrados federales del país no “desechar” o “despedir” a los trabajadores que ya estaban en el Poder Judicial, quienes aseguró cuentan con formación y experiencia que “hay que aprovechar”.

Por este motivo, las y los trabajadores solicitan la “intervención inmediata” de las autoridades para que cesen las violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF, en diversos escritos dirigidos a autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro presidente Hugo Aguilar e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Animal Político buscó tanto al nuevo TDJ como el OAJ para conocer si ya existen procedimientos para investigar los hechos y conocer la postura de las personas juzgadoras señaladas, pero al cierre de edición solo se había recibido respuesta por parte del Tribunal que aseguró están preparando un posicionamiento al respecto y que ya pidió informes para “respetar los derechos de los trabajadores”.

“Los trabajos constituyen el sustento de sus respectivas familias”: colectivo

El colectivo denominado “32 Circuitos Unidos” —que fue uno de los más activos durante las protestas contra la reforma judicial— fue uno de los primeros en denunciar la violación de derechos humanos del personal de base —que trabajan en órganos jurisdiccionales de Boca del Río, Veracruz, y Culiacán, Sinaloa— por parte de nuevas personas juzgadoras electas por voto popular.

“Hoy 17 de septiembre de 2025, en el Poder Judicial de la Federación asumieron el cargo en sus respectivas adscripciones las personas juzgadoras electas y comenzó, indiscriminadamente, la violación al (artículo) Décimo Transitorio de la Constitución, en materia de reforma judicial, que establece el respeto irrestricto de los derechos laborales de los trabajadores sin distinción de cargos y naturaleza del trabajo (base o confianza)”.

De forma particular, señalaron a la magistrada electa Antonia Ahleli Feria Hernández, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (Veracruz), y la jueza electa Delia Icela Quiroa Flores, del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (Sinaloa), por pedir de “manera injustificada” a las y los trabajadores de dichos órganos sus renuncias, despojándolos de sus trabajos que “constituyen el sustento de sus respectivas familias”.

En su escrito dirigido a autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro Hugo Aguilar e integrantes del TDJ y el OAJ —con quien incluso buscarán una audiencia con carácter de urgente—, el colectivo solicitó su “intervención inmediata” para que cesen las violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF.

Además, piden conminar a las personas juzgadoras electas que respeten de forma irrestricta los derechos laborales de las personas juzgadoras, así como que inicien una investigación contra dichas personas juzgadoras y se les sancione por su desacato al artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

“Por otra parte, exigimos a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como a Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, intervengan de manera inmediata para garantizar a sus agremiados el respeto irrestricto a nuestros derechos adquiridos”.

Las denuncias contra la magistrada Feria y la jueza Quiroa

En el caso de las denuncias presentadas contra la magistrada Feria Hernández, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C. publicó un escrito en el que rechazó la actitud mostrada por la jueza electa, quien supuestamente “solicitó la renuncia del personal de confianza y de las cinco personas secretarías de base”.

“Tal solicitud fue sustentada bajo el argumento de que se trata de una ‘nueva administración’ y por ende no existe relación laboral con ella, por lo que les retiró los expedientes y los concentró en su privado […] Si permitimos que conductas como estas subsistan y queden impunes, corremos el riesgo de que los derechos de todos los trabajadores se vean avasallados”.

Por este motivo, hicieron un llamado al PJF, sobre todo a los representantes sindicales, para que “elevemos la voz ante esa clase de atropellos”, mientras que exigieron al OAJ que haga respetar los derechos adquiridos de todos los trabajadores.

La colectiva Sororidad Judicial Federal también emitió un pronunciamiento a nombre de las mujeres trabajadoras del PJF para rechazar “enérgicamente” cualquier acto que vulnere los derechos laborales y de igual forma pedir al OAJ que garantice “condiciones justas, libres de violencia y discriminación”.

“La reciente solicitud de renuncia a personal de confianza y a compañeras secretarias de base del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito constituye un atropello que no podemos normalizar. Recordamos que estas decisiones afectan de manera diferenciada a las mujeres, quienes enfrentamos desigualdades estructurales adicionales”.

Sobre las denuncias presentadas contra la jueza electa Delia Quiroa, la juzgadora Marlen Ángeles, que fue destituida tras la aprobación de la reforma judicial, denunció a través de sus redes sociales que su reemplazo solicitó la renuncia a tres personas, sin motivo justificado, entre las que se encuentran una “madre soltera viuda con tres niños, víctimas de la violencia de Culiacán, Sinaloa”.

“Una persona requiere tratamiento médico por leucemia, una joven de la comunidad LGBTQ+ aporta diversidad, una madre viuda es el sostén de tres niños, otra madre tiene horas de trabajo virtual para las terapias de su hija en situación de vulnerabilidad, una joven brillante atraviesa un duelo por negligencia médica”, había escrito previamente en una publicación en la que le había solicitado no despedir a nadie.

Trabajadores solicitan que se publiquen los contactos y procedimientos para denunciar actos de hostigamiento y acoso laboral

La Unión de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación también denunció que la ejecución de “presiones indebidas” por parte de personas juzgadoras para obligar a las y los trabajadores a renunciar han sucedido en “todo el territorio nacional”, a través de un escrito dirigido al TDJ.

“En los últimos días, hemos recibido reportes alarmantes de casos en todo el territorio nacional en los que personas juzgadoras han incurrido en presiones indebidas para obligar al personal a renunciar a sus puestos”, se puede leer en el escrito.

De acuerdo con las y los trabajadores, estas prácticas además contravienen el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal que consagra la estabilidad del empleo como un derecho fundamental de los servidores públicos, así como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que protege contra despidos injustificados y actos de coerción en el ámbito laboral.

“La estabilidad del empleo no solo es un derecho laboral inalienable, sino también un pilar esencial para garantizar la independencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, ya que permite a los trabajadores desempeñar sus funciones sin temor a represalias o presiones que comprometa su integridad o calidad en su trabajo. Las conductas reportadas no solo atentan contra la dignidad de los servidores públicos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones judiciales y afectan la impartición de justicia”, señalaron.

Por lo anterior, solicitaron al TDJ la publicación de los medios de contacto y procedimientos para denunciar actos de hostigamiento y acoso laboral y que hagan un apercibimiento a las personas juzgadoras, instándolas a abstenerse de solicitar o presionar por renuncias injustificadas al personal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.

Sheinbaum pide al Congreso reducir el presupuesto del Poder Judicial en 2026

La discusión quedará en manos del Congreso, que deberá dictaminar el presupuesto de egresos antes del 15 de noviembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este jueves al Congreso disminuir el gasto proyectado para el Poder Judicial en 2026 y reasignar alrededor de 15 mil millones de pesos hacia sectores como salud, educación, cultura e infraestructura.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el incremento fue solicitado hace dos meses por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que los nuevos ministros, elegidos por voto popular, no tuvieron tiempo de modificarlo antes de enviarlo al Congreso.

“Los nuevos ministros no corrigieron ese (presupuesto), no necesariamente porque estén de acuerdo, sino a lo mejor no les dio tiempo”.

La mandataria subrayó que la propuesta de su Gobierno al Legislativo es reducir el presupuesto judicial, ya que los sueldos en la Corte dejarán de ser tan elevados y se aplicará una política de austeridad.

“Como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos 15 mil millones de pesos que se reorienten ahí donde hay mayor necesidad”.

Sheinbaum sugirió destinar parte de esos recursos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a universidades públicas que reportaron recortes en el proyecto de egresos y a programas vinculados con los derechos sociales.

“Estos 15 mil que bajan del Poder Judicial se pueden poner en el INAH, en algunas universidades (…) en más inversión para proyectos de infraestructura o salud o educación o los principales derechos del pueblo de México”.

La presidenta enfatizó que su Administración no elaboró un presupuesto más alto para la Corte, sino que se limitó a enviar la propuesta que remitió el propio Poder Judicial.

“Parece que nosotros enviamos un presupuesto más alto del Poder Judicial y no fue así. Enviamos justo lo que mandó la anterior Corte, y desde nuestro punto de vista no requiere tanto presupuesto”.

El planteamiento se da en un contexto de cambios estructurales tras las elecciones judiciales de junio pasado, que buscó reducir el número de ministros de once a nueve y replantear la integración de jueces y magistrados federales.

De acuerdo con el paquete económico presentado el lunes por la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial tendría asignados 85.960 millones de pesos (unos 4.298 millones de dólares), y la Suprema Corte recibiría 5.869 millones de pesos (293 millones de dólares).

La discusión quedará en manos del Congreso, que deberá dictaminar el presupuesto de egresos antes del 15 de noviembre.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jefe de la oficina de Mara Lezama, a Tribunal Superior de Quintana Roo; funcionarios de secretarías irán a Tribunal de Disciplina

José de la Peña Ruiz de Chávez, jefe de la Oficina de la Gobernadora, y funcionarios de secretarías del Trabajo y de Finanzas serán magistrados del Poder Judicial estatal

Al menos tres integrantes del gobierno de la morenista Mara Lezama ocuparán las magistraturas de los tribunales Superior de Justicia y de Disciplina del Poder Judicial de Quintana Roo. Se trata de funcionarios como José de la Peña Ruiz de Chávez, jefe de la Oficina de la Gobernadora; Marco Antonio Torre Constantino, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Nelsy Lucely Trejo Puc, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Lezama no sólo logró colocar como candidaturas para la elección judicial a personas afines a su gobierno o partido, también consiguió que todas sus propuestas para las nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y las tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) resultaran ganadoras.

“Se aprobó la asignación de las candidaturas electas en favor del listado de candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo, en las elecciones de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces integrantes del Poder Judicial en el contexto del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025”, se lee en un boletín del Instituto Electoral local.

Esto ocurrió porque, como te contamos en este texto, la ciudadanía de Quintana Roo no votó por candidaturas en lo individual, sino por planillas. Las boletas mostraron la lista de aspirantes postulados por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en tres bloques y, para votar, sólo se pudo tachar en conjunto.

Aunque el espíritu de la reforma judicial era no politizar las elecciones, Mara Lezama, por medio de una solicitud que interpuso Carlos Felipe Fuentes del Río, su consejero Jurídico, logró cambiar el diseño original de las boletas electorales, según documentó Proceso.

Esto permitió garantizar que ciertos perfiles, avalados por distintos comités de evaluación, tuvieran un lugar seguro en el Poder Judicial estatal. Por ejemplo, siete de las 12 candidaturas al TSJ tenían garantizado su lugar, pues se repetían en las listas de los comités de los tres poderes; mientras que para el TDJ, Marco Antonio Torre Constantino apareció en los tres listados.

Jefe de la oficina de la gobernadora será magistrado del Tribunal Superior de Justicia

Con 102 mil 666 votos según los cómputos finales, José de la Peña Ruiz de Chávez será una de las nueve magistraturas, cinco de mujeres y cuatro de hombres, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. En octubre de 2024 había sido nombrado jefe de la Oficina de la Gobernadora Mara Lezama. 

Al inicio del gobierno de la morenista, fue coordinador del Gabinete de Seguridad hasta 2024, que inició su cargo más reciente. La Oficina de la Gobernadora se encarga de evaluar el desempeño de las distintas dependencias, revisar el avance en las metas de gobierno, dar seguimiento a las quejas y comentarios sobre la administración e incluso representar a Mara Lezama.

En 2021, un comunicado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —que integró la coalición Juntos Hacemos Historia con Morena y el Partido del Trabajo— dio cuenta de que José de la Peña Ruiz de Chávez había sido separado de la dirigencia estatal en Quintana Roo. Al entonces diputado local la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas por presuntos vínculos con la mafia rumana y lavado de dinero, según reportaron medios como Reforma.

En declaraciones a medios, José de la Peña Ruiz de Chávez negó que busque la presidencia del TSJ. El Artículo 99 constitucional establece que el TSJ será presidido por una persona titular de la magistratura elegida por el Pleno en el mes de agosto de cada cuatro años, con posibilidad de reelección.

Cercana a exgobernador y hasta futbolista profesional llegan al TSJ

Landy Beatriz Blanco Lizama también será una de las cinco mujeres magistradas del TSJ. En agosto de 2022 fue nombrada titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) por el Congreso local, al ser propuesta en la terna del exgobernador Carlos Manuel Joaquín González.

La CEAVEQROO es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal encargado de fungir como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

El exgobernador de Quintana Roo que propuso a Blanco Lizama ahora también es afín a Morena. El 5 de enero de 2023 fue nombrado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como actual embajador de México en Canadá.

Personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo ahora serán magistradas del TSJ. Por ejemplo, la jueza de ejecución penal Wendy Fabiola Barrera Ucán, la jueza familiar Elena Esmeralda González Flores, la magistrada unitaria para adolescentes Teresa de Jesús Villa Velasco, el juez civil Fabián Azael Gamboa Song y el juez de ejecución en funciones de juez de primera instancia Omar Yael Landeros Rosado.

Otra de las cinco mujeres magistradas del TSJ será Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, directora del Instituto de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial de Quintana Roo desde 2024.

En el caso de los hombres, uno de los cuatro integrantes del TSJ será José Raúl Galán Muedano, director general de la notaría 12 de Cancún y exjugador profesional del equipo de futbol Atlante de la Liga de Expansión.


Dos funcionarios del gobierno de Lezama al Tribunal de Disciplina

Marco Antonio Torre Constantino, subsecretario del Trabajo de la zona sur, dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Mara Lezama, será magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Fue el único candidato masculino para ocupar una de las tres plazas disponibles, por lo que prácticamente tenía asegurado su puesto. 

Además, Marco Antonio Torre Constantino apareció en los tres listados de candidaturas porque en Quintana Roo la ciudadanía sólo podía votar en bloque según el poder que postuló: Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y no por aspirantes a juezas o jueces, magistradas y magistrados en lo individual.

Así, Torre Constantino fue el aspirante más votado, con 169 mil 474 sufragios a su favor, la mayoría provenientes de su postulación por el Poder Ejecutivo (102 mil 222), según los cómputos finales concluidos el 12 de junio de 2025.

En el bloque del Poder Ejecutivo, propuesto por Mara Lezama, también estaba Nelsy Lucely Trejo Puc, quien se ha desempeñado como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gabinete de la gobernadora morenista.

Y, finalmente, Elizabeth Moreno Rejón, nombrada por el Congreso local en junio de 2024 titular del Órgano para la Igualdad de Género, Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres será magistrada de este nuevo tribunal creado con la reforma judicial. 

“La presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial se renovará cada cuatro años y será designada por el Pleno con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo de igual duración”, establece el artículo 106 constitucional.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO)
AUTOR: LUZ RANGEL

Pese a falta de dinero para insumos y salarios, el PJCDMX gasta 340 mdp en rentas y equipo obsoleto

Auditorías exhiben una contradicción en el Poder Judicial de la CDMX: mientras su presidente, Rafael Guerra Álvarez, asegura escasez de recursos para mejorar salarios y contratar más personal, se destinan millones de pesos en renta de inmuebles y hasta para pagar el sueldo de un profesor coral.

Mientras el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el gobierno capitalino afirman que no hay dinero para comprar insumos para la institución ni incrementar el salario de los trabajadores, el tribunal destina más de 340 millones de pesos en pagar rentas de edificios, computadoras e impresoras sin que pueda enfrentar la falta de insumos ante el creciente número de casos que llegan a los tribunales de la capital.

En mayo último los trabajadores del PJCDMX iniciaron un paro de labores que duró 41 días en el que, entre otras cosas, demandaron insumos para poder trabajar, la apertura de más plazas, un incremento salarial y el pago de prestaciones que les deben desde el año 2020.

Pese a la parálisis de miles de casos en materia familiar, civil, penal y laboral, la presidencia del PJCDMX y el gobierno capitalino insistieron en que no hay recursos suficientes para responder a estas demandas.

Para poner fin al paro, las autoridades se comprometieron a destinar por única ocasión 29 millones 47 mil 748.23 pesos a distribuirse en partes iguales entre los trabajadores del nivel 046 al J20 y a entregar un bono extraordinario cuya cantidad no fue definida.

Ambos pagos serán entregados en diciembre próximo y también se comprometieron a realizar un análisis presupuestal para determinar qué partidas pueden ser recortadas del presupuesto del propio PJCDMX para poder incrementarles el salario en el año 2026.

Pese a los alegatos de la falta de dinero, el PJCDMX destina parte de su presupuesto, entre otras cosas, al pago de rentas de edificios y bienes muebles como computadoras e impresoras que, por lo menos hasta el año 2023, significaron un gasto de 347 millones 664 mil 600 pesos.

De acuerdo con la última auditoría realizada al PJCDMX en el año 2024, con relación al ejercicio 2023, la institución renta los edificios de Fray Servando y Patriotismo, que albergan tribunales laborales y juzgados civiles respectivamente.

Por la renta del edificio de Fray Servando, destinó 23 millones 305 mil 300 pesos ese año (1 millón 942 mil 108 pesos mensuales), pese a que el inmueble fue uno de los más dañados del PJCDMX durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tanto, que causó que en octubre de ese año los 20 juzgados de proceso oral en materia civil, los 10 de proceso oral en materia familiar y la Unidad de Gestión Administrativa en materia familiar, que se encontraban ahí el día del sismo, tuvieron que ser reubicados en los edificios de la Ciudad Judicial de la Avenida Niños Héroes en la colonia Doctores.

Mientras que la Dirección de Consignaciones Civiles, que también se encontraba en Fray Servando, fue trasladada al edificio de Río de la Plata 48.

Dichas acciones fueron adoptadas casi un mes después del sismo, pues todavía el 24 de septiembre de 2017 el PJCDMX había informado que ninguno de sus inmuebles presentaba daño estructural y los trabajadores fueron obligados a reanudar labores al día siguiente.

El inmueble permaneció cerrado al público y los trabajadores, excepto para personal de seguridad, hasta el año 2022, cuando se implementó la reforma laboral con la que se crearon nueve tribunales laborales y el primer tribunal de asuntos colectivos en la CDMX.

Estas oficinas fueron ubicadas en Fray Servando 32 donde también fueron colocadas 11 salas de audiencia y la Oficialía de Partes Común en la materia.

Durante el paro de labores del PJCDMX los trabajadores de ese edificio dieron a conocer que los nueve tribunales laborales y el de asuntos colectivos cuentan con nueve personas cada uno para atender más de 30 mil expedientes, no cuentan con peritos asignados y en redes sociales han dado a conocer que sólo hay dos actuarios para los 10 tribunales que recorren toda la CDMX para realizar diversas diligencias.

“No nos pagaban horas extra hasta que tuvimos que cerrar, nuestros juzgados son muy pequeños, nuestros archivos somos de cuatro por cuatro o menos”, dieron a conocer el 27 de junio último durante una marcha realizada por los trabajadores desde la Ciudad Judicial hasta el Zócalo capitalino.

En tanto, el PJCDMX renta la Torre Vertia, ubicada en Avenida Patriotismo, cuyo dueño es Grupo Constructor Rouz.

En el año 2023, la institución gastó 198 millones 969 mil 300 pesos (16 millones 580 mil 775 pesos mensuales) para pagar la renta de dicho lugar, pese a que la empresa dueña, a la que fue adjudicado directamente el contrato de arrendamiento, está implicada en el caso del Cártel Inmobiliario.

La renta de dicho edificio fue aprobada en el año 2019, a unos meses de que inició la administración de Guerra Álvarez, e implicaba la mudanza de las oficinas que se encontraban en La Viga 1174 y Avenida Juárez 104, cuyas rentas costaban en aquel entonces nueve millones de pesos mensuales que se incrementarían en un 60% por la rent.a 

El contrato tenía vigencia hasta el año 2024 e incluía la adecuación de los espacios a las necesidades del PJCDMX, el equipo y mobiliario de oficina, así como el mantenimiento del primer año de arrendamiento.

En su momento, la organización civil México Justo advirtió que la diferencia de montos de las rentas del edificio de Patriotismo y los otros inmuebles que albergaban oficinas del PJCDMX, podía ser utilizada para mejorar otras áreas y capacidades profesionales del organismo.

Asimismo hasta 2023 destinó 75 millones 791 mil 600 pesos en la renta de computadoras y 49 millones 598 mil 400 pesos para el alquiler de equipos de impresión.

Durante el paro los trabajadores se quejaron de que estos equipos son obsoletos e insuficientes para hacer frente a las excesivas cargas de trabajo y abatir el rezago que desde el año 2020 no sólo incrementó, sino que, hasta ahora no lo han podido abatir.

Contrataciones por honorarios

Aunque entre las demandas de los trabajadores está la contratación de más personal para hacer frente a la carga de trabajo, el PJCDMX tiene previsto para este año destinar miles de pesos en la contratación por honorarios de diferentes profesionales, aunque no todos estarán adscritos a juzgados, salas u otras oficinas jurisdiccionales.

De acuerdo con los documentos públicos del PJCDMX, este año la administración de Guerra Álvarez contrató a Enrique Rodríguez Gutiérrez como profesor del grupo coral del Tribunal quien mensualmente recibe un pago de 18 mil 820 pesos libres de impuestos, por lo que al final de 2025 habrá recibido 225 mil 840 pesos de los capitalinos.

Mientras que un trabajador administrativo especializado en el PJCDMX gana apenas 12 mil pesos mensuales libres de impuestos y en los últimos 10 años no ha sido incrementado su salario más de un 5% a inicios de este año, lo que implicó que su sueldo creciera, apenas, 200 pesos más.

Proceso confirmó que el grupo coral del Tribunal está conformado por trabajadores jubilados de la institución que son convocados por el magistrado presidente, Rafael Guerra para participar en los eventos que organiza su oficina.

Se prevé que el próximo 11 de agosto el grupo coral participe en la inauguración de la Feria Nacional del Libro Jurídico que cada año organiza el PJCDMX.

En cambio, un notificador ejecutor de la Dirección de Administración Financiera contratado bajo el mismo esquema de honorarios recibirá un pago mensual de 13 mil 125 pesos mensuales, es decir, 157 mil 500 pesos al final del año libres de impuestos.

Ello, pese a que para ser notificador ejecutor se requiere licenciatura en Derecho con cédula profesional.

Entre los contratos por honorarios más altos están los de servicios de seguridad de los cuales fueron adjudicados 28 por pagos mensuales de 26 mil 730 pesos libres de impuestos, 320 mil 760 anuales, a capitanes y tenientes cuyas corporaciones de origen no se precisan en ninguno de los instrumentos jurídicos e incluso están contemplados licenciados cuya profesión es desconocida.

“Realizar tareas como coordinador de seguridad, para apoyar y reforzar las actividades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuando en el interior de los inmuebles se presenten situaciones que atenten contra la integridad y seguridad de las personas o bienes; además de coadyuvar con la atención de emergencias que pudieran poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en el interior de las instalaciones”, señalan los contratos como descripción del servicio requerido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Expedientes pendientes y parálisis en los juzgados de la CDMX

El pasado 26 de junio el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez reconoció que falta presupuesto para implementar el plan de justicia digital, las exigencias del Nuevo Código Nacional y el rezago histórico que la institución arrastra.

Marissa tiene 32 años y viene de Xalapa, Veracruz. Acude a los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) como foránea para un trámite de pensión alimenticia que inició desde hace tres años. 

Hoy dejó encargado a su hijo con su familia en el estado costero. Ella se queja abruptamente de la falta de consideración por parte de los trabajadores y confiesa estar exhausta de los trayectos incómodos en autobús en los que, según la distancia entre Xalapa-Enríquez y la capital del país, el trayecto es de cuatro horas y media aproximadamente.

Con sus gafas y una carpeta color rosa bajo el brazo espera en la fila como otras madres que llegaron a los juzgados familiares este martes, último día de labores antes de que el PJCDMX salga de vacaciones durante dos semanas luego de un paro que mantuvo congelados todos los trámites judiciales durante 41 días.

En la fila hay otras mujeres con carriolas o cangureras que calman, como pueden, a los pequeños mientras esperan la revisión de seguridad de los guardias. Aquí los hombres son una minoría porque regularmente no portan bolsas o bultos que deban ser revisados por el personal de vigilancia del PJCDMX.
“Me arrepiento (de haber iniciado el trámite) y creo que hubiera sido más rápido fuera de la ley… por algo estoy aquí… no tengo dinero”, dice Marissa con voz derrotada.
La mujer cuenta que debe hacer malabares entre el dinero de las copias, los pasajes desde Veracruz y calcular también las vacaciones de los trabajadores en ambas oficinas: Veracruz y CDMX.

El periodo vacacional de los trabajadores iniciará este 16 de julio y se espera que reinicien labores hasta el 4 de agosto próximo.
En la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, al interior del edificio de Niños Héroes 150 es posible observar una pila de expedientes acumulados, amarrados torpemente con cuerdas desgastadas.

El pasado 26 de junio el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez reconoció que falta presupuesto para implementar el plan de justicia digital, las exigencias del Nuevo Código Nacional y el rezago histórico que la institución arrastra.

De acuerdo al Informe Estadístico del Poder Judicial local del presente año, entre 2024 y hasta el 30 de abril pasado los juzgados familiares recibieron 5 mil 940 expedientes nuevos por pensión alimenticia, 93 de ellos corresponden a los que llegaron en los primeros meses de este año.

Ángel Lozano tiene 26 años y es litigante independiente, acudió a la Ciudad Judicial a presentar escritos iniciales de demanda y espera con paciencia su turno afuera de los juzgados. 

En entrevista enfatizó en que el paro ha afectado los casos que lleva pues aunque había trámites como los exhortos que él estimaba que tardarían 6 meses en desahogarse, hoy está por cumplir el año en ello.

Sin embargo, muestra su simpatía por sus compañeros de profesión y trabajadores del Poder Judicial.
“El gobierno debe poner a consideración la falta de personal, el ingreso de los trabajadores y la carga en los juzgados”, sentenció.
Los abogados cruzan con rapidez los juzgados, algunos se muestran empáticos con los trabajadores del PJCDMX, otros se quejan por la falta de consideración en sus ingresos por honorarios y tachan de “impertinentes” a los paristas.

La afluencia de personas en la Ciudad Judicial dista mucho de lo que ocurre en el edificio de Avenida Juárez, que alberga los juzgados familiares, donde las filas duran en promedio 20 minutos, tan sólo para ingresar al inmueble.

En el interior también hay colas que cruzan esquinas y columnas para los módulos de atención, abordar los elevadores y las revisiones de los oficiales. 

Los pequeños juegan entre ellos, esquivando el mar de gente, mientras los mayores vigilan a la distancia prudente y regañan cuando es el caso. 

Los bebés reposan en carriolas o son cargados con pequeñas cangureras. Hombres y mujeres cargan bonches de papeles, esquivando a los pequeños entre la multitud. Este es el último día de labores, antes de dos semanas de vacaciones por ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ETHAN BALANZAR.

Con curso exprés de dos meses, Edomex forma a sus nuevos impartidores de justicia

Nuevos jueces sin experiencia previa en tribunales reciben una capacitación exprés de manera obligatoria en la Escuela Judicial del Estado de México, antes de asumir funciones el próximo 5 de septiembre.

“Yo no tengo esa experiencia completa. Nosotros venimos con otra experiencia: ciertamente administrativa, a lo mejor política, social o de simple postulante”, admite Alejandro Tapia González mientras mueve las manos con nerviosismo y se muerde los labios al hablar. Tiene 67 años, fue regidor, asesor legislativo y catedrático universitario. Estudió Sociología, Educación y Derecho, pero nunca ha trabajado en un tribunal ni ha emitido una sentencia.

Aun así, fue electo como juez mixto del distrito de Chalco con más de 25 mil votos en el Proceso Judicial Extraordinario 2025, y ahora se prepara para ejercer el cargo, tras un curso de capacitación de dos meses y medio, que concluirá a finales de agosto.

Desde que recibió su constancia de mayoría, Alejandro Tapia González fue convocado al curso obligatorio en la Escuela Judicial del Estado de México. Las primeras semanas se enfocaron en contenidos comunes para todos los jueces y magistrados electos. Después, fueron divididos por materia. Él se integró al grupo de capacitación en materia civil, familiar y mercantil, las tres áreas que deberá atender como juez mixto en el distrito de Chalco.

“Nos estamos reencontrando con las leyes, básicamente las de orden adjetivo”, dice. Luego de ese repaso al marco legal que deberán aplicar, en los próximos días comenzarán las simulaciones de audiencias, como parte del entrenamiento práctico.

A pesar del entusiasmo con el que habla del curso, reconoce que la falta de experiencia es un reto. “Cuando otros presumen su currícula, pues me siento chiquito, la verdad. Digo, algunos tienen 15, 20 años, o más de 20 años de experiencia y, pues, voy corriendo atrás de ellos”, afirma.

También admite que la capacitación no es suficiente: “Esto no termina jamás. Es continuo. Porque nuestras leyes presentan muchas contradicciones entre lo que dice el legislador, lo que dice la norma y lo que dice la realidad”.

Aunque insiste en que es un ciudadano común, su trayectoria incluye varios cargos públicos. Ha sido regidor en Valle de Chalco, asesor legislativo en el Senado y en el Congreso local, y director municipal de vinculación y reglamentación. En 2024 buscó una diputación local por el PRI, y en la etapa final del proceso electoral fue visto en eventos de Morena.

Tapia González sabe que estará bajo escrutinio. “Vamos a estar ahora sí que en el ojo del huracán”, dice con firmeza. Asegura que ha sentido la presión desde que fue electo y que la expectativa sobre su desempeño es alta, especialmente entre quienes dudan de la reforma judicial y del perfil de los jueces ciudadanos.

—¿Cuál cree que será su mayor desafío cuando asuma el cargo? —se le pregunta.

—Híjole… pues la falta de experiencia, sin duda. Pero tengo algo que me legitima y que me fortalece: el apoyo de la ciudadanía.

Durante la entrevista, reconoce que no ha tenido tiempo ni de celebrar su triunfo. En lugar de eso, ha estado pensando en cómo enfrentar la carga de trabajo y el peso de las decisiones que tendrá que tomar. Lo hace con honestidad, sin rodeos.

—¿Qué le representa saber que, sin carrera judicial, va a tener en sus manos decisiones que pueden afectar la libertad o el patrimonio de una persona?

—Estoy aprendiendo que esto nos va a comprometer más, y sobre todo en esta etapa de adaptación. Por eso es tan importante estar aquí, preparándonos todos los días.

Asegura que la escuela judicial está haciendo un esfuerzo por brindarles las herramientas necesarias. Él, por su parte, se mantiene en contacto con sus electores a través de redes sociales. “Es una de mis fortalezas”, dice, y muestra con orgullo un video que grabó saludando “desde Toluca” para informar que está en formación. Repite que fue el voto popular el que lo colocó en esta posición y que no va a desaprovechar esa legitimidad.

El nuevo modelo de elección judicial no solo ha generado dudas entre la ciudadanía, también ha provocado fricciones dentro del propio sistema de justicia. Tapia González habla abiertamente del debate que percibe entre quienes fueron electos por voto popular y los jueces formados dentro del Poder Judicial.

“Desde que se abrieron las convocatorias, descubrí el debate entre lo que es la carrera judicial y esta apertura para que el pueblo decida”, explica. “Esto todavía es una de las partes complicadas”, reconoce.

Dice que hay diferencias de visión, pero también resistencias. Asegura que algunos de sus compañeros electos comparten la sensación de no ser reconocidos por quienes hicieron carrera tradicional. “Es un reto porque, insisto, choca un poco”, afirma.


Sin embargo, ve este momento como una oportunidad para acercar la justicia a la gente. “Estamos viviendo un proceso de reforma inédito, y es importante que la sociedad lo entienda igual que nosotros. No sólo como un cambio de nombres, sino como un nuevo modelo”.

Tapia González admite que aún no tiene una estrategia definida para su trabajo como juez. Dice que la está construyendo con base en lo que recogió durante la campaña y con lo que está aprendiendo en la capacitación. “Cada día lo que me transmiten los magistrados, los que son aquí los mentores, me parece de gran importancia”.

Un juez no se forma en dos meses

María del Refugio Elizabeth Rodríguez, directora de la Escuela Judicial del Estado de México, lo dice sin rodeos: un juez no se forma en dos meses. Explica que, en condiciones normales, la formación completa de un juzgador toma cerca de un año: seis meses de preparación académica y tres más para el concurso de oposición. “No puede ser menos de seis meses, más otros tres del proceso de oposición. El proceso completo toma más o menos un año”, detalla.

Pero ante la llegada de jueces electos por voto popular sin carrera judicial, ese proceso se compactó en un curso intensivo de poco más de dos meses. “Fíjate que el diseño inicial tenía horarios de nueve de la mañana a nueve de la noche, con dos horas para alimentos. Pero como muchos trabajan, hubo que ajustar sobre la marcha. Ahorita es de lunes a viernes. Incluso la escuela tendría que entrar en periodo vacacional en dos semanas, y no lo vamos a tener”.

“Un juez no se forma en dos meses. Las competencias para impartir justicia no las da solo la universidad: eso lo enseña una escuela judicial, con práctica, acompañamiento y experiencia real”.

El curso fue diseñado entre enero y abril de 2025, con un tronco común para todos los electos, seguido de módulos especializados por materia. La etapa más exigente será la capacitación en sitio: ahí los nuevos jueces acudirán a juzgados reales, observarán audiencias y practicarán con supervisión directa. “Tendrán un mentor a su lado, pero estarán viendo casos reales, estructuras internas, resoluciones, acuerdos… todo en tiempo real”.

Rodríguez anticipa que ese momento marcará un antes y un después. “Ahí ya no es tanto lo teórico. Yo estoy segura de que van a querer más. Cuando estén frente a una audiencia de control de detención, con minutos para decidir, van a sentir el peso real del cargo”.

La directora reconoce que fue difícil adaptar el curso para perfiles sin experiencia judicial. “Nos tuvimos que preguntar: ¿cómo vinculamos a alguien que no fue formado aquí, que no pasó por un concurso, y que puede tener que tomar decisiones que afectan la libertad de una persona en cuestión de horas?”.

Aunque dice que no todos los jueces electos recibieron con la misma disposición el curso, insiste: “Algunos llegan y dicen: ‘A mí no me eligió el tribunal, yo vengo por el voto’. Pero nuestra tarea es ayudarles a entender el camino”.

También advierte que la capacitación no termina con el curso. “Van a ser evaluados por el Tribunal de Disciplina. Y nosotros, como escuela, estamos obligados a medir nuestros propios estándares y corregir lo que falle”.

Para ella, este primer proceso con jueces electos todavía está a prueba. “Es muy temprano para dar una postura firme. Es el primer ejercicio. Pero de lo que sí estoy segura es de que queremos los mejores jueces”.

“Hay que darles seguimiento, analizar sus resoluciones, y ver qué tan actualizados están. Yo no quiero que se queden solo con lo que aprendieron en la licenciatura. Para ser juez, eso no alcanza”.

A pesar de los ajustes, la escuela sostiene que no basta con ganar una elección para impartir justicia. Rodríguez insiste en que el modelo debe corregirse desde el origen:

“Yo creo que los siguientes candidatos deberían haber pasado previamente por la Escuela Judicial. Ya estamos trabajando en un estándar de competencia que se pueda exigir desde antes de la elección”.

“La preparación —agrega— debe ser condición, no consecuencia. Queremos los mejores jueces, y para eso no basta con ir a votar”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR:                           /EDGAR LEDESMA.

Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX mantienen paro en diversas sedes; piden a autoridades publicar acuerdos en la Gaceta

Este lunes 7 de julio estaba previsto que los trabajadores del Poder Judicial de CDMX levantaran su paro y reanudaran labores.

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) mantienen el paro de labores en distintas sedes del Tribunal Superior de Justicia, al pedir a las autoridades publicar los acuerdos con la base trabajadora en la Gaceta del Poder Judicial local. 

Las sedes que mantienen el paro son las que están ubicadas en avenida Juárez, Niños Héroes 132, Reclusorio Norte, Reclusorio Sur y diversos juzgados laborales, quienes no firmaron el acuerdo alcanzado.

El viernes de la semana pasada, autoridades y trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México alcanzaron un acuerdo para reanudar labores en todas las sedes del órgano capitalino a partir del lunes 7 de julio, concluyendo de esa manera con el paro que iniciaron hace más de un mes.

La decisión de regresar a labores ocurrió luego de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México amagara a las y los trabajadores judiciales con imponerles sanciones administrativas, descuentos y no pagarles la nómina en caso de continuar con las protestas. 

¿A qué acuerdo llegaron trabajadores y autoridades?

En el acuerdo, trabajadores y autoridades acordaron el pago de un bono extraordinario, así como la asignación de recursos que serán distribuidos en partes iguales entre las y los trabajadores del nivel O46 al J20. Ambos se entregarán en diciembre de este año y en el caso del bono, será independiente del que se otorga anualmente en el mismo mes. 

También establece la basificación del personal de los órganos jurisdiccionales y de áreas administrativas, cumpliendo así con una de las principales exigencias de los inconformes. Este proceso, según las autoridades, se realizará por convocatoria periódica y tomará como parámetro la antigüedad laboral.

Asimismo, garantiza que no habrá represalias económicas o administrativas para las y los trabajadores que hayan participado en el paro, las protestas o reuniones organizativas, por lo que no se aplicarán descuentos, sanciones ni medidas disciplinarias. 

El acuerdo fue firmado por el oficial mayor del Poder Judicial de la CDMX, Sergio Fontes Granados; con la representación del presidente Tribunal Superior de Justicia capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, y los representantes de las sedes del órgano judicial durante la mesa de negociación que sostuvieron esta mañana con el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Fadlala Akabani.

El paro de labores en el Poder Judicial de la CDMX

Desde el 29 de mayo de 2025, las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México iniciaron un paro de labores demandando un aumento salarial, la renovación de su sindicato y mejores condiciones de trabajo que incluyeran la basificación de todos los integrantes de la institución. 

El paro laboral paralizó la justicia capitalina, afectando sobre todo diversos casos en materia familiar. Desde que iniciaron las protestas, los asuntos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, demandas de alimentos, guardia y custodia, y hasta de violencia intrafamiliar, se mantienen en suspenso.

La situación ha provocado cansancio y frustración en la ciudadanía al no poder continuar con sus procedimientos. 

El 26 de junio de 2025, Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, hizo un llamado a reanudar las actividades a partir del lunes 30 de junio para evitar más afectaciones, sin embargo, las y los trabajadores del Poder Judicial rechazaron la solicitud y aseguraron que el sistema de justicia ya se encontraba colapsado desde antes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.