Al menos tres integrantes del gobierno de la morenista Mara Lezama ocuparán las magistraturas de los tribunales Superior de Justicia y de Disciplina del Poder Judicial de Quintana Roo. Se trata de funcionarios como José de la Peña Ruiz de Chávez, jefe de la Oficina de la Gobernadora; Marco Antonio Torre Constantino, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Nelsy Lucely Trejo Puc, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Lezama no sólo logró colocar como candidaturas para la elección judicial a personas afines a su gobierno o partido, también consiguió que todas sus propuestas para las nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y las tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) resultaran ganadoras.

“Se aprobó la asignación de las candidaturas electas en favor del listado de candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo, en las elecciones de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces integrantes del Poder Judicial en el contexto del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025”, se lee en un boletín del Instituto Electoral local.

Esto ocurrió porque, como te contamos en este texto, la ciudadanía de Quintana Roo no votó por candidaturas en lo individual, sino por planillas. Las boletas mostraron la lista de aspirantes postulados por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en tres bloques y, para votar, sólo se pudo tachar en conjunto.

Aunque el espíritu de la reforma judicial era no politizar las elecciones, Mara Lezama, por medio de una solicitud que interpuso Carlos Felipe Fuentes del Río, su consejero Jurídico, logró cambiar el diseño original de las boletas electorales, según documentó Proceso.

Esto permitió garantizar que ciertos perfiles, avalados por distintos comités de evaluación, tuvieran un lugar seguro en el Poder Judicial estatal. Por ejemplo, siete de las 12 candidaturas al TSJ tenían garantizado su lugar, pues se repetían en las listas de los comités de los tres poderes; mientras que para el TDJ, Marco Antonio Torre Constantino apareció en los tres listados.

Dos funcionarios del gobierno de Lezama al Tribunal de Disciplina

Mientras el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el gobierno capitalino afirman que no hay dinero para comprar insumos para la institución ni incrementar el salario de los trabajadores, el tribunal destina más de 340 millones de pesos en pagar rentas de edificios, computadoras e impresoras sin que pueda enfrentar la falta de insumos ante el creciente número de casos que llegan a los tribunales de la capital.

En mayo último los trabajadores del PJCDMX iniciaron un paro de labores que duró 41 días en el que, entre otras cosas, demandaron insumos para poder trabajar, la apertura de más plazas, un incremento salarial y el pago de prestaciones que les deben desde el año 2020.

Ambos pagos serán entregados en diciembre próximo y también se comprometieron a realizar un análisis presupuestal para determinar qué partidas pueden ser recortadas del presupuesto del propio PJCDMX para poder incrementarles el salario en el año 2026.

Pese a los alegatos de la falta de dinero, el PJCDMX destina parte de su presupuesto, entre otras cosas, al pago de rentas de edificios y bienes muebles como computadoras e impresoras que, por lo menos hasta el año 2023, significaron un gasto de 347 millones 664 mil 600 pesos.

De acuerdo con la última auditoría realizada al PJCDMX en el año 2024, con relación al ejercicio 2023, la institución renta los edificios de Fray Servando y Patriotismo, que albergan tribunales laborales y juzgados civiles respectivamente.

Por la renta del edificio de Fray Servando, destinó 23 millones 305 mil 300 pesos ese año (1 millón 942 mil 108 pesos mensuales), pese a que el inmueble fue uno de los más dañados del PJCDMX durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tanto, que causó que en octubre de ese año los 20 juzgados de proceso oral en materia civil, los 10 de proceso oral en materia familiar y la Unidad de Gestión Administrativa en materia familiar, que se encontraban ahí el día del sismo, tuvieron que ser reubicados en los edificios de la Ciudad Judicial de la Avenida Niños Héroes en la colonia Doctores.

Mientras que la Dirección de Consignaciones Civiles, que también se encontraba en Fray Servando, fue trasladada al edificio de Río de la Plata 48.

Dichas acciones fueron adoptadas casi un mes después del sismo, pues todavía el 24 de septiembre de 2017 el PJCDMX había informado que ninguno de sus inmuebles presentaba daño estructural y los trabajadores fueron obligados a reanudar labores al día siguiente.

El inmueble permaneció cerrado al público y los trabajadores, excepto para personal de seguridad, hasta el año 2022, cuando se implementó la reforma laboral con la que se crearon nueve tribunales laborales y el primer tribunal de asuntos colectivos en la CDMX.

Estas oficinas fueron ubicadas en Fray Servando 32 donde también fueron colocadas 11 salas de audiencia y la Oficialía de Partes Común en la materia.

Durante el paro de labores del PJCDMX los trabajadores de ese edificio dieron a conocer que los nueve tribunales laborales y el de asuntos colectivos cuentan con nueve personas cada uno para atender más de 30 mil expedientes, no cuentan con peritos asignados y en redes sociales han dado a conocer que sólo hay dos actuarios para los 10 tribunales que recorren toda la CDMX para realizar diversas diligencias.

“No nos pagaban horas extra hasta que tuvimos que cerrar, nuestros juzgados son muy pequeños, nuestros archivos somos de cuatro por cuatro o menos”, dieron a conocer el 27 de junio último durante una marcha realizada por los trabajadores desde la Ciudad Judicial hasta el Zócalo capitalino.

En tanto, el PJCDMX renta la Torre Vertia, ubicada en Avenida Patriotismo, cuyo dueño es Grupo Constructor Rouz.

En el año 2023, la institución gastó 198 millones 969 mil 300 pesos (16 millones 580 mil 775 pesos mensuales) para pagar la renta de dicho lugar, pese a que la empresa dueña, a la que fue adjudicado directamente el contrato de arrendamiento, está implicada en el caso del Cártel Inmobiliario.

La renta de dicho edificio fue aprobada en el año 2019, a unos meses de que inició la administración de Guerra Álvarez, e implicaba la mudanza de las oficinas que se encontraban en La Viga 1174 y Avenida Juárez 104, cuyas rentas costaban en aquel entonces nueve millones de pesos mensuales que se incrementarían en un 60% por la rent.a 

El contrato tenía vigencia hasta el año 2024 e incluía la adecuación de los espacios a las necesidades del PJCDMX, el equipo y mobiliario de oficina, así como el mantenimiento del primer año de arrendamiento.

En su momento, la organización civil México Justo advirtió que la diferencia de montos de las rentas del edificio de Patriotismo y los otros inmuebles que albergaban oficinas del PJCDMX, podía ser utilizada para mejorar otras áreas y capacidades profesionales del organismo.

Asimismo hasta 2023 destinó 75 millones 791 mil 600 pesos en la renta de computadoras y 49 millones 598 mil 400 pesos para el alquiler de equipos de impresión.

Durante el paro los trabajadores se quejaron de que estos equipos son obsoletos e insuficientes para hacer frente a las excesivas cargas de trabajo y abatir el rezago que desde el año 2020 no sólo incrementó, sino que, hasta ahora no lo han podido abatir.

Contrataciones por honorarios

Proceso confirmó que el grupo coral del Tribunal está conformado por trabajadores jubilados de la institución que son convocados por el magistrado presidente, Rafael Guerra para participar en los eventos que organiza su oficina.

Se prevé que el próximo 11 de agosto el grupo coral participe en la inauguración de la Feria Nacional del Libro Jurídico que cada año organiza el PJCDMX.

En cambio, un notificador ejecutor de la Dirección de Administración Financiera contratado bajo el mismo esquema de honorarios recibirá un pago mensual de 13 mil 125 pesos mensuales, es decir, 157 mil 500 pesos al final del año libres de impuestos.

Ello, pese a que para ser notificador ejecutor se requiere licenciatura en Derecho con cédula profesional.

Entre los contratos por honorarios más altos están los de servicios de seguridad de los cuales fueron adjudicados 28 por pagos mensuales de 26 mil 730 pesos libres de impuestos, 320 mil 760 anuales, a capitanes y tenientes cuyas corporaciones de origen no se precisan en ninguno de los instrumentos jurídicos e incluso están contemplados licenciados cuya profesión es desconocida.

“Realizar tareas como coordinador de seguridad, para apoyar y reforzar las actividades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuando en el interior de los inmuebles se presenten situaciones que atenten contra la integridad y seguridad de las personas o bienes; además de coadyuvar con la atención de emergencias que pudieran poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en el interior de las instalaciones”, señalan los contratos como descripción del servicio requerido.

Marissa tiene 32 años y viene de Xalapa, Veracruz. Acude a los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) como foránea para un trámite de pensión alimenticia que inició desde hace tres años. 

Hoy dejó encargado a su hijo con su familia en el estado costero. Ella se queja abruptamente de la falta de consideración por parte de los trabajadores y confiesa estar exhausta de los trayectos incómodos en autobús en los que, según la distancia entre Xalapa-Enríquez y la capital del país, el trayecto es de cuatro horas y media aproximadamente.

“Yo no tengo esa experiencia completa. Nosotros venimos con otra experiencia: ciertamente administrativa, a lo mejor política, social o de simple postulante”, admite Alejandro Tapia González mientras mueve las manos con nerviosismo y se muerde los labios al hablar. Tiene 67 años, fue regidor, asesor legislativo y catedrático universitario. Estudió Sociología, Educación y Derecho, pero nunca ha trabajado en un tribunal ni ha emitido una sentencia.

Aun así, fue electo como juez mixto del distrito de Chalco con más de 25 mil votos en el Proceso Judicial Extraordinario 2025, y ahora se prepara para ejercer el cargo, tras un curso de capacitación de dos meses y medio, que concluirá a finales de agosto.

Desde que recibió su constancia de mayoría, Alejandro Tapia González fue convocado al curso obligatorio en la Escuela Judicial del Estado de México. Las primeras semanas se enfocaron en contenidos comunes para todos los jueces y magistrados electos. Después, fueron divididos por materia. Él se integró al grupo de capacitación en materia civil, familiar y mercantil, las tres áreas que deberá atender como juez mixto en el distrito de Chalco.

“Nos estamos reencontrando con las leyes, básicamente las de orden adjetivo”, dice. Luego de ese repaso al marco legal que deberán aplicar, en los próximos días comenzarán las simulaciones de audiencias, como parte del entrenamiento práctico.

Durante la entrevista, reconoce que no ha tenido tiempo ni de celebrar su triunfo. En lugar de eso, ha estado pensando en cómo enfrentar la carga de trabajo y el peso de las decisiones que tendrá que tomar. Lo hace con honestidad, sin rodeos.

Tapia González admite que aún no tiene una estrategia definida para su trabajo como juez. Dice que la está construyendo con base en lo que recogió durante la campaña y con lo que está aprendiendo en la capacitación. “Cada día lo que me transmiten los magistrados, los que son aquí los mentores, me parece de gran importancia”.

Rodríguez anticipa que ese momento marcará un antes y un después. “Ahí ya no es tanto lo teórico. Yo estoy segura de que van a querer más. Cuando estén frente a una audiencia de control de detención, con minutos para decidir, van a sentir el peso real del cargo”.

La directora reconoce que fue difícil adaptar el curso para perfiles sin experiencia judicial. “Nos tuvimos que preguntar: ¿cómo vinculamos a alguien que no fue formado aquí, que no pasó por un concurso, y que puede tener que tomar decisiones que afectan la libertad de una persona en cuestión de horas?”.

Aunque dice que no todos los jueces electos recibieron con la misma disposición el curso, insiste: “Algunos llegan y dicen: ‘A mí no me eligió el tribunal, yo vengo por el voto’. Pero nuestra tarea es ayudarles a entender el camino”.

También advierte que la capacitación no termina con el curso. “Van a ser evaluados por el Tribunal de Disciplina. Y nosotros, como escuela, estamos obligados a medir nuestros propios estándares y corregir lo que falle”.

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) mantienen el paro de labores en distintas sedes del Tribunal Superior de Justicia, al pedir a las autoridades publicar los acuerdos con la base trabajadora en la Gaceta del Poder Judicial local. 

Las sedes que mantienen el paro son las que están ubicadas en avenida Juárez, Niños Héroes 132, Reclusorio Norte, Reclusorio Sur y diversos juzgados laborales, quienes no firmaron el acuerdo alcanzado.

El viernes de la semana pasada, autoridades y trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México alcanzaron un acuerdo para reanudar labores en todas las sedes del órgano capitalino a partir del lunes 7 de julio, concluyendo de esa manera con el paro que iniciaron hace más de un mes.

En el acuerdo, trabajadores y autoridades acordaron el pago de un bono extraordinario, así como la asignación de recursos que serán distribuidos en partes iguales entre las y los trabajadores del nivel O46 al J20. Ambos se entregarán en diciembre de este año y en el caso del bono, será independiente del que se otorga anualmente en el mismo mes. 

También establece la basificación del personal de los órganos jurisdiccionales y de áreas administrativas, cumpliendo así con una de las principales exigencias de los inconformes. Este proceso, según las autoridades, se realizará por convocatoria periódica y tomará como parámetro la antigüedad laboral.

Hace tres años, Gabriela Moctezuma Ramírez se separó de su esposo tras más de 23 años de matrimonio. Como en tantas otras relaciones, los problemas y la monotonía terminaron con el amor. El divorcio fue relativamente sencillo hasta que él tomó la decisión de no dar pensión alimenticia, ni a ella ni a sus dos hijas, por lo que tuvieron que iniciar una demanda en su contra. 

El procedimiento para demandar la pensión alimenticia de las tres fue el mismo que cientos de personas en la ciudad deben afrontar día con día: buscar un abogado, acudir a un juzgado familiar, reunir ciertos documentos y esperar las fechas de las audiencias con la esperanza de que estas no sean diferidas. En otras palabras, gastar tiempo, dinero y energía en espera de una sentencia favorable. 

Para suerte de Gabriela, empleada doméstica de 49 años de edad, un juez de lo familiar resolvió, en medio de su espera, que era su derecho recibir una pensión alimenticia, aunque de forma provisional. Por ello, inició un procedimiento para transformar esa orden en una definitiva, pero ya no avanzó debido al paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que inició el 29 de mayo de 2025.

A pesar del cansancio y la frustración por no poder continuar con su procedimiento, Gabriela pide a las autoridades resolver las demandas de trabajadores, testigo de las condiciones laborales en las que trabajan. 

“Sí me gustaría que pudieran trabajar bajo las condiciones que ellos demandan o bajo algún régimen que para ellos sea justo, para poder tener sus servicios y que nosotros podamos tener el seguimiento en tiempo y forma de nuestros asuntos”, señala.

Ante esta situación, Eluvia se sumó a la exigencia para que las autoridades resuelvan las demandas de los trabajadores y que ellos a su vez puedan retomar su caso y los de cientos de capitalinos.

Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió, el 2 de julio de 2025, con Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien podría convertirse en el futuro magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Fuentes consultadas, citadas por el diario Reforma, informaron que en el encuentro Aguilar Ortiz y Bátiz García platicaron sobre propuestas que impulsarían para fortalecer la “justicia electoral”, principalmente que impactara en sectores vulnerables, como los indígenas. Además, afirmaron que en sus discursos deberían “visibilizar” que el voto ciudadano les dio “una legitimidad inédita”.

Ambos propusieron que las sesiones de la Sala Superior del TEPJF y de la SCJN fueran itinerantes, llevadas a cabo en diversos estados del país. También prometieron diseñar una agenda en común, principalmente sobre educación cívico-electoral y divulgación de derechos.

Tras más de dos semanas de paro de labores en el Poder Judicial de CDMX, el viernes pasado la base trabajadora entregó a autoridades capitalinas un pliego de exigencias. Entre los puntos principales se encuentra la solicitud de una auditoría interna antes de agosto, con el fin de detectar y suspender gastos considerados injustificados, y destinar los recursos resultantes a un incremento salarial general.

Además, demandaron la aprobación de un bono extraordinario en diciembre, así como la basificación de personal administrativo, proyectistas, secretarios y trabajadores de medidas cautelares con al menos seis meses de antigüedad, conforme a lo planteado en una “Carta convenio” redactada por el colectivo en paro, documento al que tuvo acceso el Observatorio de Justicia de la Universidad Iberoamericana.

Los trabajadores exigieron participar en la planeación presupuestal de 2026, con el objetivo de garantizar mejoras en condiciones laborales, mobiliario, insumos y atención a la falta de personal.

Sin embargo, el viernes, con la presencia del oficial mayor, las autoridades manejaron la entrega del bono sólo como una posibilidad. “Ya no existió esa flexibilidad”, señaló Erika Italia Ojeda, trabajadora administrativa especializada, quien es una de las voceras del movimiento.

Paro en juzgados de CDMX: trabajadores denuncian amenazas

Tras la reunión, los trabajadores en paro denunciaron que han recibido amenazas de nuevas agresiones por parte de grupos de choque, como la que sufrieron el pasado 11 de junio, cuando personas no identificadas atacaron a los trabajadores en el plantón e intentaron liberar los accesos a las instalaciones judiciales.

La movilización de trabajadores en el Poder Judicial de CDMX inició el 5 de junio, con el cierre del edificio de Niños Héroes 132, al que luego se sumaron oficinas como Plaza Juárez, Ciudad Judicial, los archivos judiciales y varias áreas de los reclusorios.

En total, los trabajadores en paro calculan que en el movimiento participan aproximadamente 800 empleados de las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia capitalinos, inconformes con los rezagos acumulados desde la transición al sistema penal acusatorio, la falta de insumos, mobiliario, instalaciones adecuadas y la sobrecarga de trabajo sin compensación salarial.