El agravio contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que detonó un paro de 72 horas, un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y caos vial en la capital del país la semana última tuvo como origen una iniciativa de ley con “pobreza jurídica”, con medidas inconstitucionales y que no satisfacía las promesas incumplidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador para los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Así lo advierte Gustavo Leal Fernández, especialista en política pública de Salud y Seguridad Social e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
En entrevista, asegura: “El origen, el fondo del asunto, es que no es concebible que un gobierno que asume la continuidad, como lo asumió la presidenta (Claudia Sheinbaum), haya pasado por alto el gran problema de la oferta no cumplida de López Obrador en el apartado B” del artículo 123 constitucional.
Doctor en Economía por la UNAM, recuerda el ajuste que el tabasqueño hizo al apartado A de dicha ley en beneficio de los trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la modificación al “mal llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un complemento escaso, muy corto, para los trabajadores que están en cuentas individuales en el ISSSTE. Son dos parches que él metió”.
Uno de ellos es referente a la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, promovida por el entonces presidente Felipe Calderón. Se trata de la misma que la CNTE exige echar atrás y que los llevó a manifestarse tres días seguidos en la capital del país y a ocupar la plancha del Zócalo.
Gustavo Leal continúa:
Los trabajadores, sobre todo el magisterio, durante todo el sexenio de López Obrador 2018-2024 le estuvieron planteando que había un efecto terrible por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en términos del cálculo de la cuenta de la pensión.
Sin embargo, explica, pese a esos pendientes del obradorato, el nuevo director del ISSSTE, Martí Batres, presentó el 14 de enero último, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, 25 puntos para la “transformación del ISSSTE, que no son tales, sino una agenda mínima de lo que tiene que hacer el instituto. De transformación no tiene absolutamente nada”.
No obstante, detalla, en el punto 25 expuso la manera de financiar ese plan: “presentó una barbaridad, una idea estrambótica, absolutamente inoportuna”. Se refiere a la aplicación de un impuesto extra de 2.7% sobre el salario integrado, es decir, sobre la suma de sus prestaciones, contra tres millones de trabajadores pertenecientes al Apartado B.
De esos tres millones, detalla, 9.7% están “arriba” de las 10 UMAS; es decir, que ganan más de 34 mil pesos mensuales. En la exposición, Batres dijo que esa decisión daría al ISSSTE tres mil 700 millones de pesos que se usarían para fortalecer su servicio de salud.
“Lo inquietante fue que la presidenta repitió dos o tres veces más la iniciativa en conferencias matutinas”, afirma. Y no fue todo, advierte: “La presidenta, con una extraordinaria velocidad, presentó el 7 de febrero, muy pocos días después, la iniciativa. Y eso prendió evidentemente al principio en el magisterio democrático”; es decir, en la CNTE. Por eso empezaron sus movilizaciones en el norte y se extendieron a todo el país.
“Pobreza jurídica”
Analista y conocedor de iniciativas de reforma de los gobiernos del PRI y del PAN, Gustavo Leal Fernández asegura que en la iniciativa presentada por Sheinbaum (que retiró el miércoles 19 de marzo) hay “una falla total de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y su titular, Ernestina Godoy”.
Al leer la iniciativa, dice, “es increíble la pobreza jurídica que tiene. No hay una sola justificación en la exposición de motivos sobre por qué le vas a aplicar una doble tributación a los trabajadores arriba de las 10 UMAS; no sólo a los maestros, sino todos los trabajadores al servicio del Estado; del Poder Legislativo, del Judicial, del Ejecutivo”; incluidos los universitarios y los trabajadores de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar. Éstos últimos, aclara, “no somos trabajadores de confianza”.
Lo único que contenía el documento, aclara, es la explicación de que “el seguro de Salud está desfinanciado y entonces necesitamos recursos. Si aplicamos esa doble tributación, les vamos a recuperar de los trabajadores tres mil 700 millones de pesos y nosotros vamos a poner como Poder Ejecutivo otros siete mil millones. En total salen 11 mil 500 millones”.
Con estancias posdoctorales en universidades de Austria y España y profesor en Estados Unidos, Leal Fernández también cuestiona la parte de la iniciativa referente al FOVISSSTE (Fondo de Vivienda del ISSSTE).
Es de una pobreza asombrosa porque no tiene datos duros, no explica nada. Igual que la parte de salud, en la exposición de motivos no se exponen los motivos por los cuáles el FOVISSSTE debe recuperar la capacidad de volver a construir.
Peor aún, añade, “lo que realmente se le está pidiendo a los trabajadores es que acepten un cheque en blanco a cargo de su patrimonio de vivienda. Eso es responsabilidad total de la Consejería Jurídica. ¡Cómo le pudieron pedir a la presidenta Sheinbaum que firmara eso!”.
Inconstitucionalidad y soledad
Por si fuera poco, añade Leal Fernández, la doble tributación que implicaba la iniciativa era inconstitucional. “De acuerdo con el artículo 34 constitucional fracción IV es insostenible, tú no puedes grabar dos veces a ningún ciudadano mexicano más que si tienes un motivo especial de orden público” dice.
Todas esos señalamientos, expone, generaron “una enorme movilización del magisterio democrático. ¿Por qué? Porque hay un agravio, porque lo que se esperaba es que si la presidenta iba a atender el asunto del Apartado B, de los trabajadores al servicio del Estado, pues considerara lo que se le pidió al presidente AMLO y él no atendió”.
Luego de que el miércoles 19 de marzo, tras reunirse con representantes de la CNTE, se anunció que la presidenta retiraba la iniciativa de Batres –a quien le dejó la Jefatrura de Gobierno de la CDMX para irse a la campaña presidencial–, el especialista insiste:
Es muy inquietante que esto haya llegado a la Presidencia de la República y que ésta no haya notado el extraordinario problema conflictivo que iba a generar.
Conocedor también de los procesos del Ejecutivo y Legislativo, considera que, por la manera en que dicha iniciativa fue presentada, “pareciera más bien que hay un asunto de lo que se llama ‘La soledad del Palacio’, donde ya nadie te ayuda a pisar piso”. Y cierra: “La presidenta se tardó seis semanas en entenderlo”.
Aún así, reconoce como “muy inteligente” la medida de Sheinbaum Pardo de retirar la iniciativa y, con ello, abrir una ruta de debate con los cinco puntos que planteó. Sin embargo, recomienda consultar las siguientes decisiones con los trabajadores y, en particular, con los maestros, antes de lanzar los decretos que planea para no generar un nuevo conflicto.
Y cierra con una frase: “Como decía Napoleón: ‘Si vamos tan rápido, vámonos despacio’ y examinando con cuidado lo que vamos a firmar”.
