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Guanajuato: Investigan presunta participación de GN en asesinato de niño

La presunta agresión de guardias nacionales contra una familia ocurrió tras una persecución al no frenar en un retén.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la comunidad de San Antonio de Morales, en el municipio de Juventino Rosas, donde fue localizado el cuerpo de un masculino, sin especificar su edad.

De acuerdo con la institución, hasta el momento no existen elementos que permitan confirmar la intervención de agentes federales en el caso.

“Con base en las primeras diligencias, así como en el análisis de imágenes y demás indicios recabados hasta el momento, no se puede afirmar la participación de elementos de la Guardia Nacional en estos hechos”, precisó en un comunicado.

Las autoridades estatales señalaron además que se mantiene la búsqueda de personas lesionadas, ya que los primeros reportes apuntan a que habrían sido trasladadas por civiles después de lo ocurrido.

“La Fiscalía trabaja de forma coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los lesionados y posibles responsables”, indicó la dependencia.

Finalmente, el organismo aseguró que cualquier avance en la investigación será dado a conocer “con oportunidad, en estricto apego a la ley y al respeto de los derechos de las víctimas”.

Sobre el suceso, reportes preliminares refieren que un niño de 13 años murió; además, su hermano, también menor de edad, y su padre resultaron lesionados tras una persecución registrada en la comunidad de San Antonio de Morales, en Juventino Rosas.

Según estos primeros reportes, elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a la camioneta en la que circulaba la familia por el acceso principal de la comunidad, pero el conductor no detuvo la marcha y aceleró, lo que aparentemente provocó la persecución.

Testigos refirieron que los federales abrieron fuego hacia la camioneta donde viajaban y que tras el suceso falleció el niño, mientras que las otras dos personas fueron movilizadas del lugar sin que sepa de su paradero.

Medios locales refieren que al lugar acudió el alcalde de Juventino Rosas, Fidel Ruíz Ramírez, alertado por vecinos y refirió que no es la primera vez que se involucra a la Guardia Nacional En este tipo de asuntos contra la población.

“No es la primera vez que me reportan estos hechos y precisamente ya hablé con la Fiscalía General del Estado y me decían que el conductor de la unidad y padre de los menores se encontraba retenido y vengo a ver con la Fiscalía el porqué, o por qué fue la agresión que cobró la vida de un menor y que ya tiene harto tanto a mí como autoridad y a las autoridades”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aumentan 18.3 % enfrentamientos con Guardia Nacional y policías estatales en 2024; Tamaulipas y Veracruz lideran en casos

El Inegi destacó que en particular para la Guardia Nacional la mayor cantidad de agresiones y enfrentamientos se presentó en Michoacán -estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla- con 42 casos.

En 2024 se registraron mil 39 enfrentamientos y agresiones en los que participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de las instituciones de seguridad pública estatales, lo que representó un aumento de 18.3 % respecto al año anterior, cuando hubo 878 casos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Veracruz y Tamaulipas, estados gobernados por los morenistas Rocío Nahle y Américo Villarreal, respectivamente, fueron las entidades con el mayor número de enfrentamientos y agresiones reportadas, con 388. De ese total, en 19 hechos participó la Guardia Nacional, mientras que en 369 estuvieron involucrados elementos estatales en ambos estados.

Los estados que siguieron en la lista con mayores enfrentamientos y agresiones registradas contra elementos de seguridad son Chiapas con 136, Zacatecas con 85, Nuevo León con 57, Michoacán con 55, Guerrero con 54, además de Jalisco y San Luis Potosí con 33 casos, cada uno.

En su informe sobre el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPFE), el organismo destacó que en particular para la Guardia Nacional la mayor cantidad de agresiones se presentó en Michoacán -estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla- con 42 casos.


De acuerdo con el censo, en 2024 se registraron 430 mil 196 puestas a disposición de personas ante autoridades, de estas 9 mil 777 fueron llevadas a cabo por la Guardia Nacional y 420 por las policías estatales. Esta cifra representó una disminución de 8.5 % frente al año previo.

En cuanto a la autoridad ante la cual se realizaron las puestas a disposición, 65.9 % fue ante la autoridad de Justicia Cívica y 34.1 %, ante el Ministerio Público, detalló el Inegi,

Gastan más

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal mostró que en 2024, la Guardia Nacional y las policías estatales ejercieron un presupuesto de 133 mil 168 millones 727 mil pesos, de los cuales el 26 % correspondió a la corporación creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y 74 % a las instituciones estatales.

Respecto a 2023, el presupuesto de la Guardia Nacional se incrementó 35.2 %, en tanto, el gasto de las instituciones de seguridad pública estatales -sin considerar a la Ciudad de México- creció 11.7 %. A nivel estatal, el Estado de México concentró un 17.2 % del presupuesto total con 16 mil 966 millones de pesos.

En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de Guardia Nacional para autorizar que esta institución tenga una estructura similar a la del Ejército, para que sus integrantes puedan competir por cargos públicos, y puedan realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS E. MARTÍNEZ.

Denuncian penalmente a un promedio de dos integrantes de la Guardia Nacional diariamente en 2024

En 2024, 749 integrantes de la principal corporación encargada de la seguridad pública en México fueron denunciados penalmente, de acuerdo con un informe de la propia Guardia Nacional.

Durante 2024, en promedio se presentaron dos denuncias diarias contra elementos de la Guardia Nacional por presuntos delitos relacionados con sus funciones de seguridad pública.

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional presentó 286 denuncias penales en contra de 749 integrantes de esta fuerza de seguridad, por la probable comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.

Las denuncias contra los elementos de la Guardia Nacional están contenidas en el Informe Anual de Actividades de la fuerza de seguridad, entregado al Senado de la República como parte de las obligaciones. La fuerza subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no precisa de qué delitos se trata. Tampoco cuenta con información sobre cuántos de estos agentes han sido sancionados penalmente por delitos realizados durante sus funciones.

Las denuncias penales contrastan con lo que reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en ese año emitió una sola recomendación por violaciones graves a derechos humanos, pero derivada de hechos ocurridos en 2023.

La CNDH determinó que elementos de la GN y del Ejército cometieron violaciones graves a los derechos humanos por tortura y por no garantizar el interés superior de la niñez en contra de dos menores de edad en San Luis Río Colorado, Sonora. 

Respecto a las acciones realizadas en 2024, el organismo de derechos humanos no emitió ninguna recomendación en contra de la Guardia Nacional. No obstante recibió 409 quejas por violación de derechos humanos. La Comisión determinó que la corporación no tuvo responsabilidad en 171 de los casos, mientras que 238 todavía están en proceso de investigación.

Las pocas recomendaciones de la CNDH hacia la Guardia Nacional han sido una de las principales críticas desde la primera gestión de la titular del organismo, reelegida en esta Legislatura por la mayoría del Senado.

Piedra Ibarra defendió en noviembre pasado que desde 2019, de los mil 899 expedientes que involucran a la Guardia Nacional, se han resuelto mil 624, es decir el 85 %. Los derechos más frecuentes vulnerados, añadió la funcionaria, no son por violaciones graves sino a la seguridad jurídica, la legalidad a la integridad y al trato digno.

La Constitución y la nueva ley recientemente aprobada por el Congreso señalan que los elementos de la Guardia Nacional tienen fuero de guerra para delitos y faltas concernientes a la disciplina militar. Sin embargo, si cometen un delito dentro de sus funciones de seguridad pública, como los reportados en las denuncias penales, se les juzgará bajo la justicia civil.

Guardia Nacional remueve a 22 elementos por indisciplina

En el último año, la Guardia Nacional removió a 22 elementos por indisciplina. Sin dar detalles, la corporación señala que 13 de ellos consumieron dentro o fuera de servicio drogas o sustancias ilegales, y dos de ellos consumieron bebidas embriagantes dentro de las instalaciones de seguridad o se presentaron bajo efectos etílicos a sus funciones.

Además, dos elementos no se condujeron con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; dos más realizaron actos relacionados con corrupción; dos fueron removidos por no fomentar la disciplina y profesionalismo en sí mismo o en el personal bajo su mando, y  uno incumplió  órdenes específicas.

La Guardia Nacional reporta también la suspensión temporal de 24 elementos. Tres de ellos incumplieron la ley y no respetaron los derechos humanos; nueve no fomentaron la disciplina y profesionalismo en sí mismos o en el personal bajo su mando; seis por consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones o presentarse a trabajar bajo efectos etílicos; tres consumieron drogas ilegales; uno utilizó fuerza desproporcionada en sus labores; otro por conductas que desacreditan la imagen de la Guardia Nacional y un elemento más fue suspendido por sustraer, ocultar, alterar o dañar información.

Bajas por indisciplina en la Guardia Nacional

La Guardia Nacional reporta que en el último año, respondieron a 262 ataques en los que murieron 126 personas civiles y 26 elementos de la corporación. 

El informe señala que en 2024, la Guardia Nacional detuvo a 10 mil 69 personas, de las cuales 2 mil 704 fueron puestas a disposición del ministerio público federal, 2 mil 746 al ministerio público del fuero común y 4 mil 619 que cometieron faltas administrativas.

Además del aseguramiento de vehículos, hidrocarburos, armas, sustancias ilícitas, divisas y equipo táctico.

Guardia Nacional: derechos humanos y estructura militar

El informe destaca que la Guardia Nacional capacitó y profesionalizó a 78 mil 15 de sus integrantes, con 2 mil 613 actividades académicas de formación inicial, formación continua, educación formal y certificación de competencias profesionales.

De forma complementaria, la Guardia Nacional colaboró con dependencias y organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos a través de 704 cursos para 18 mil 583 elementos, con la finalidad “de fomentar el respeto, la protección, la promoción y difusión de los derechos humanos”.

La Guardia mantiene un nivel de confianza ciudadano de 76.6 % entre la población mayor de 18 años en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, por arriba de las policías estatales y debajo del Ejército, la Fuerza Armada y la Marina.

La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de mando civil para realizar labores de seguridad pública ante la extinción de la Policía Federal. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Congreso incorporó a la propia corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.


El pasado 30 de junio, en el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el Congreso formalizó su estructura militarizada y le otorgó nuevas facultades, entre ellas su participación en labores de inteligencia, operaciones encubiertas y como usuarios simulados, para la investigación preventiva del delito. Una de las principales críticas de activistas y legisladores opositores ante esas medidas es la participación de un cuerpo de la Sedena como principal ejecutor de las tareas de seguridad pública en todo el país.

En este lapso, 26 elementos de la Guardia Nacional murieron mientras realizaban tareas de seguridad pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AQUILAR.

Más homicidios, más desapariciones, menos detenciones... un fracaso llamado Guardia Nacional

Los índices de capturas, decomisos de droga y contención de la violencia de la GN (creada por AMLO en 2019) exhiben una corporación ineficiente; pese a ello, el gobierno de la 4T amplía sus atribuciones y permitirá a sus mandos militares actuar en política.

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, asegura que, “sin lugar a duda”, ha sido “un fracaso” la Guardia Nacional, creada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “para recuperar la seguridad del pueblo mexicano”.

Esa corporación militarizada, explica, no sólo falló en su propósito de recuperar la seguridad de los mexicanos, sino que en sus seis años de funcionamiento México se convirtió en un país más inseguro en el cual la violencia, el portafolio de negocios lícitos e ilícitos de los cárteles y los vínculos entre políticos y el crimen organizado se incrementaron como nunca.

Y eso ocurrió, destaca el académico, porque la Guardia Nacional (GN) es el eje “de un modelo de seguridad pública obsoleto”, que pone énfasis en el uso de la fuerza y cuya premisa es la militarización de la función policiaca.

Pese a ello, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que faculta a esa corporación militarizada a intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas. Además, habilita a los militares de ese cuerpo a postulares a cargos de elección popular y a desempeñar cargos públicos civiles. 

Esta ampliación de facultades parece un premio por buen desempeño, pero los datos duros muestran todo lo contrario. El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, presentado hace unos días por Ernesto López Portillo, concluye que los resultados de la GN han sido “limitados y opacos”.

En promedio, cada uno de sus 130 mil elementos realiza únicamente 0.071 detenciones al año, una cifra 22 veces menor a las 1.6 captura de presuntos delincuentes que, en promedio, registran las policías estatales anualmente, revela la investigación.

Si se compara el raquítico índice de capturas de la GN con el de corporaciones de otros países con estructura, objetivos y funciones similares, como la Policía Nacional de Colombia, también se advierte un contraste abismal: los policías colombianos, que tienen jurisdicción en todo el territorio, detienen cada año en promedio a 1.2 presuntos delincuentes, 16 veces más que los guardias nacionales mexicanos.

Una explicación a estos datos tan contrastantes es que, en Colombia, pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro desarrolla diálogos de paz con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos criminales, como el Clan del Golfo y La Oficina, no hay política de “abrazos, no balazos”. Y en México sí la hubo durante el sexenio de López Obrador.

En ese contexto, dice López Portillo, la Guardia Nacional se convirtió en una imagen y un “espejismo de seguridad” y en parte de la narrativa triunfalista del exmandatario, pero nunca ha sido una solución operativa al problema de inseguridad.

En enero de 2024 el entonces presidente López Obrador llegó a decir que México era “un país pacífico”, aunque se trató de un año en el que se padeció el proceso electoral más violento desde que se tiene registro, con 189 candidatos, políticos y funcionarios públicos asesinados. 

En contraste, el Índice de Conflictos 2024 de la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) ubicó a México como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.

De acuerdo con López Portillo, la GN es incapaz de responder al desafío de abatir los altos niveles de violencia en México porque tiene “una falla estructural enorme”: sus integrantes no han desarrollado competencias adecuadas en dos grandes niveles: la prevención, que es sobre todo trabajar con las comunidades, con el barrio; y el control, que es la parte de investigación de los delitos.

Más evidencias del descalabro

Otro dato sobre el desempeño de la GN es el de los homicidios, el principal indicador de violencia en un país. El 30 de junio de 2019, hace justamente seis años, al dar el banderazo de salida a esa institución policiaca militarizada, López Obrador dijo: “Vamos a entregar pronto buenas cuentas al pueblo de México”. Pero eso no ocurrió. Los asesinatos aumentaron 23% ese sexenio respecto del anterior, el de Enrique Peña.

Durante el gobierno de López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron 193 mil 377 homicidios en México, 36 mil 219 más que en el sexenio de Peña (2012-2018) y un 59% más que en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), quien comenzó el proceso de militarización de los organismos de seguridad pública.

Hasta 2006 la tasa de homicidios mostraba una tendencia a la baja. Ese año cerró con 9.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023, el último año completo del gobierno de López Obrador, la tasa fue de 23.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

De acuerdo con el estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia”, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, esa cifra no refleja plenamente la dimensión de la violencia que vive México, ya que excluye un número indeterminado de desaparecidos, cuyos restos han sido hallados en fosas clandestinas. 

Con López Obrador y su modelo de seguridad hipermilitarizado, y basado en la Guardia Nacional, se registraron 51 mil 387 desapariciones en México, 57% más que en el sexenio de Peña Nieto y tres veces más que en el gobierno de Calderón, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Para López Portillo, los mismos datos oficiales demuestran que la apuesta de la Guardia Nacional –integrada por efectivos del Ejército en 77% de los casos y de la Marina en 10%– no logó reducir, como prometió López Obrador, los niveles de violencia en México.

Resultados magros; aprobación alta

El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” señala que, pese a sus deficiencias, la GN mantiene altos niveles de aprobación ciudadana (77.2%), lo que puede relacionarse con la confianza en las Fuerzas Armadas (86.7% en la Marina y 84.3% en el Ejército), aunque ese respaldo contrasta con su historial en materia de derechos humanos. 

De acuerdo con el trabajo, entre diciembre de 2018 y julio de 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias. 

Eso indica que la militarización en el país “ha estado marcada por la violación de los derechos humanos, la falta de controles civiles y el debilitamiento de las capacidades civiles de seguridad”, indica el estudio del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.

Y sostiene que “la militarización, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema”.

Otro dato que ilustra la baja efectividad de la Guardia Nacional es su limitada participación en los decomisos de drogas. En 2023, por ejemplo, incautó dos toneladas de cocaína y 1.6 toneladas de metanfetaminas, mientras que la Armada aseguró 48 toneladas de cocaína y 367 toneladas de metanfetaminas. 

Ese mismo año la GN decomisó 211 kilogramos de fentanilo y el Ejército incautó mil 499 kilogramos de ese opioide sintético.

Cultura de la opacidad

Ernesto López Portillo advierte que un problema recurrente de la Guardia Nacional es que, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la cual está adscrita desde septiembre del año pasado, no rinde cuentas a nadie.

El Congreso, expone, debería ser un contrapeso y fiscalizar sus actuaciones, pero la mayoría de Morena y sus aliados en el Legislativo impide que eso ocurra. 
Nadie –alerta– se atreve a cuestionar nada a los generales y a los almirantes que dirigen la Guardia Nacional.  
Y considera que esa opacidad se acentuará con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que en el pasado permitió que se transparentara información que los militares nunca habían querido revelar, como la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas.

Sin fiscalización del Congreso y sin el INAI “nos vamos a quedar sin respuestas a muchas preguntas, ustedes como periodistas y nosotros como academia y sociedad civil”, agrega.

Tan relevante es el tema de la opacidad militar, indica el abogado, que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero considera “indispensable” incluir la figura de supervisión externa en la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se procesa en el Legislativo.

La supervisión externa a los organismos de seguridad es “clave y estratégica porque necesitamos control y fiscalización” sobre lo que hacen estas corporaciones militarizadas que se caracterizan por su falta de transparencia, plantea López Portillo.

Una pregunta que se ha hecho en estos días el experto en seguridad es por qué el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere dar más facultades a la Guardia Nacional, pese a sus pobres resultados operativos, y al mismo tiempo busca ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el Reglamento Interior de la SSPC que expidió la presidenta el 24 de junio último, la secretaría a cargo de Omar García Harfuch coordinará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá funciones operativas en áreas en las que las que la Guardia Nacional se ha caracterizado por su ineficacia.

El nuevo reglamento, por ejemplo, prevé la creación de tres subsecretarías en la SSPC: la de Inteligencia e Investigación Policial, Política Criminal, Vinculación y Protección Civil y la de Prevención de las Violencias, además de 14 unidades especializadas y 53 direcciones generales enfocadas en delincuencia organizada, extorsión y secuestro, delitos transnacionales e investigaciones cibernéticas.

Una capacidad de esa envergadura haría de la SSPC, en los hechos, una policía nacional, aunque de carácter civil, no militar, como la Guardia Nacional, y parece ser la fórmula de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad pública sin tocar a la ineficaz corporación militarizada que le heredó López Obrador.

Las preguntas, entonces, son: qué va a hacer la Guardia Nacional, qué va a hacer la SSPC del civil García Harfuch (el hombre de confianza de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad), quién coordinará en el terreno las operaciones contra el crimen organizado, y qué tan profundas serán las fricciones entre civiles y militares a la hora de tomar decisiones.

López Portillo señala que “las preguntas que no podemos responder son muchas, pero lo que sí podemos saber es que no hay ningún medio institucional de contrapeso para la rendición de cuentas de la Guardia Nacional y eso es precisamente lo que no nos permite verificar y tener respuestas a esas preguntas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Organizaciones rechazan paquete legislativo que legaliza vigilancia del Estado

Diversas organizaciones rechazaron el paquete legislativo aprobado el 24 y 25 de junio por la Cámara de Diputados, que amplía las facultades de vigilancia del Estado mexicano sin controles ni transparencia.

Las reformas permiten a las Fuerzas Armadas y al Centro Nacional de Inteligencia acceder a datos personales, geolocalización y bases de datos públicas y privadas sin autorización judicial ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Las organizaciones advierten que estas medidas consolidan un sistema de monitoreo estatal que vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.

En su posicionamiento, las organizaciones hicieron un llamado urgente al Senado de la República y al Congreso en su conjunto a frenar el avance de estas reformas, que calificaron como una amenaza directa al Estado democrático de derecho.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senadores “4t” avalan la militarización de la Guardia Nacional y la seguridad pública

El Pleno del Senado aprobó, en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 75 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Los 34 sufragios en contra fueron emitidos por los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

Después, con 75 votos a favor y 32 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que crearon la Ley de la Guardia Nacional y reforma diversas leyes, en materia de seguridad.

El 27 de junio de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México, alertó que ls facultades de inteligencia que serían otorgadas a la Guardia Nacional para procesar información, ponían en riesgo la privacidad de los ciudadanos.

“Preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad”, publicó la ONU-DH México, en su cuenta de la red social X.

“Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la #GuardiaNacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso”, agregó la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México.

La ONU-DH expuso que la seguridad pública debía ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública, además de realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

Tras una discusión de cuatro horas con 35 minutos, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 349 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y del PT-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional, y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la DEFENSA.

Los 132 sufragios en contra fueron emitidos por los diputados federales de los partidos PAN, PRI y MC. Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

La propuesta fue enviada, el 9 de junio de 2025, por la titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a San Lázaro, dos días después. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja la dictaminó el día 18 del mismo mes y año.

En su fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Julio César Moreno Rivera, aseguró que con la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente”.

“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley”, destacó el diputado federal de Morena.

La iniciativa planteó, por ejemplo, que la Guardia Nacional estaría integrada por personal militar con formación policial, mientras que su titular, quien ostentaría la jerarquía de General de División, sería nombrado por el presidente de la República en turno, a propuesta del titular de la DEFENSA y los grados de sus integrantes serían homólogos a los del Ejército.

El proyecto agregó que el personal de dicha institución se sujetaría a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, además de que actuaría en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.

La reforma también autorizó que, bajo la conducción del Ministerio Público, la Guardia Nacional realizara operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, así como verificaciones para la prevención de infracciones.

Además, la iniciativa facultó a la Guardia Nacional, solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas privadas, previa autorización de un juez.

“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, planteó el dictamen.

Asimismo, según el artículo 44 de la nueva Ley, se permitiría que los integrantes de la Guardia Nacional pudieran solicitar una “licencia especial”, para contender por cargos de elección popular.

“La licencia especial es la que concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional para desempeñar cargos de elección popular”, indicó la iniciativa presidencial.

Además, dicho artículo permitiría a los integrantes de la GN desempeñar actividades o empleos civiles en instituciones del Poder Ejecutivo Federal, en los gobiernos de los estados, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal.

Con la nueva Ley, a la Guardia Nacional también se le dotó de facultades para que revisara los documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.

“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, señaló el proyecto.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum destaca que Guardia Nacional contribuyó a caída del 25% en homicidio doloso

Mientras la GN cumple seis años con presencia en los 32 estados y 130 mil elementos, el Gobierno federal presumió una reducción en homicidios dolosos como prueba del avance en seguridad.

Al conmemorar el sexto aniversario de la Guardia Nacional (GN), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este lunes que el fortalecimiento de esta institución contribuyó a la reducción del 25 por ciento en homicidios dolosos, como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En su discurso, la titular del Ejecutivo subrayó que la GN nació con la misión de proteger al pueblo de México con humanidad, legalidad, honestidad, integridad y valentía.
“La Guardia Nacional no sólo nació para enfrentar el crimen o intervenir en emergencias; nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, actúa con legalidad y sirve con integridad”, declaró la mandataria federal.

La Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que esta nueva etapa de la corporación mantiene como eje central la protección del pueblo, y aclaró que, aunque forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional posee comandancia propia, oficiales propios y formación distinta al Ejército mexicano.
“Algunos piensan que la Guardia Nacional es parte del Ejército mexicano y no. Es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es diferente. Tiene su propia Comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio, separado del Ejército”, puntualizó.
La mandataria federal recordó los cuatro pilares fundamentales en los que se basa la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre instituciones.


Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 130 mil elementos, distribuidos en ocho regiones del país y 32 coordinaciones estatales, y es, afirmó la Presidenta, "una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se pronuncia ONU-DH contra reformas a ley de la Guardia Nacional

La Oficina de la ONU en México para los derechos humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación ante las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para una nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que “pondrían en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos humanos”.

“Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos”, criticó la ONU-DH este viernes sobre las iniciativas que aborda el Congreso.
Añadió que “también preocupan” las facultades que se otorgarían al ejército para procesar información de inteligencia, “así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad (previsto por el art. 17 del PIDCP) y otros derechos humanos”.

A pesar del rechazo de organizaciones de derechos humanos, defensoras de la libertad de expresión y de la seguridad digital, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 24 de junio la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia, que contemplan, entre otros puntos, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército y la posibilidad de que militares se postulen para cargos de elección popular.

Las reformas eliminan por completo el control civil de la corporación y otorga el manejo total de sus funciones administrativas y operativas al ejército. Además, la Guardia Nacional ahora estará facultada para realizar operaciones encubiertas, utilizar “usuarios simulados”, acceder a datos georreferenciados e intervenir comunicaciones.

“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, criticaron organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

El dictamen fue aprobado en lo general el martes con 349 votos a favor emitidos por legisladores de Morena, PVEM y PT, durante el segundo día del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.