No obstante, aún es necesario continuar promoviendo reformas en los Códigos Penales estatales de todo el país, ya que casos como el de Monse no son hechos aislados. Basta recordar el feminicidio de Jessica González Villaseñor, en Morelia, donde los amigos del agresor, pese a saber que el cuerpo de la joven de 21 años estaba en la cajuela del vehículo del feminicida, no alertaron a las autoridades e incluso difundieron burlas en redes sociales, sin ser procesados como cómplices.

Caso Monserrat Bendimes

Estas modificaciones fueron impulsadas a raíz del feminicidio de Montserrat Bendimes, perpetrado en abril de 2021 en Veracruz. La joven de 20 años fue golpeada por Marlon Botas, su entonces pareja. Los padres del presunto feminicida trasladaron a Montserrat a un hospital y posteriormente ayudaron a su hijo a huir; mientras ella se debatía entre la vida y la muerte, Marlon desapareció.

Días después y tras el daño físico causado por Botas Fuentes, Montserrat Bendimes murió, lo que desató una ola de indignación en México. Las exigencias de justicia no cesaron y el rostro del presunto feminicida comenzó a circular en calles, redes sociales y medios de comunicación; siete meses después, sus padres fueron detenidos en la Ciudad de México.

No se tenía ningún rastro de Marlon Botas, pero fue el 16 de mayo cuando el presunto feminicida filtró un video a medios de comunicación donde, sin ninguna señal de temor, condicionó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para entregarse a cambio de la liberación de sus padres. Finalmente el 3 de junio Marlon fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de un cateo realizado a la casa de su abuela.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en el lugar a Samuel “N”, quien presentaba lesiones en el cuello, aparentemente autoinfligidas, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. 

Una vez que fue dado de alta, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra el 2 de noviembre.  

En la audiencia inicial, el juez determinó su vinculación a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La dependencia informó en un comunicado, el viernes 31 de octubre, que el presunto feminicida, un hombre de 42 años, fue detenido por uniformados tras intentar herirse con un cuchillo cuando ingresaron al inmueble. 

También relató que los operadores del C2 Poniente recibieron una llamada de auxilio por un posible caso de violencia familiar en el cruce de las calles Chilenos y Mexicanos. Una vecina reportó haber escuchado gritos, por lo que policías y bomberos ingresaron al domicilio.  

En una de las habitaciones hallaron el cuerpo de la víctima sin vida, con heridas de arma blanca en el cuello y las manos. En el sitio fueron asegurados un cuchillo de 30 centímetros y un machete de 40. 

Tercer feminicidio en 10 días

El caso se da apenas cuatro días después del feminicidio de Amanda Castro Rossab, de 22 años, asesinada en plena vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.  

El 27 de octubre, la joven fue atacada por un hombre que vestía una túnica negra, en la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, colonia Vista Alegre, después de haber sido reportada como desaparecida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, el 23 de octubre. 

El 20 de octubre, otra mujer fue asesinada a tiros en la colonia Tlalpan Centro, frente al número 146 de la calle Diligencias, casi en la esquina con 5 de Mayo. Testigos reportaron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego. 

En menos de dos semanas, tres mujeres fueron asesinadas en distintos puntos de la Ciudad de México: Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Los crímenes ocurrieron en espacios públicos y domésticos, con armas blancas y de fuego. 

Lo anterior contrasta con la presentación del informe mensual de seguridad de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien el pasado 16 de octubre afirmó que los feminicidios en la capital habían disminuido 35%, y destacó que la Ciudad de México “se consolida como una de las urbes más seguras para las mujeres”.

Temixco mantiene activa desde 2015 la Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres registrados en la zona. 

A un año de gestión, el alcalde Israel Piña no ha informado cómo se están cumpliendo las medidas establecidas por dicha alerta para disminuir la violencia contra las mujeres. 

Durante la madrugada del lunes 27 de octubre, vecinos de la colonia Los Presidentes reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos. 

Al ingresar al inmueble, autoridades hallaron el cuerpo calcinado de una mujer identificada como Laura “N”, de 45 años, con visibles signos de violencia y una extremidad desprendida. 

De acuerdo con testimonios preliminares, un hombre habría agredido a la víctima antes de incendiar la vivienda y darse a la fuga. Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. 

Horas más tarde, en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, fue localizada otra mujer sin vida. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:10 horas, sobre el bulevar Emiliano Zapata, tras un reporte al número de emergencias 911. 

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron el deceso y acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos legales. 

Ciudad Ayala, gobernada por Nayeli Mares Mérida, de Morena, se encuentra a 61 kilómetros de la capital morelense. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha pronunciado al respecto.

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo, y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada. Reponer un juicio en caso de feminicidio, va en contra de la Ley General de Víctimas”, señaló Jackelyn Campbell Dávila, quien acompaña a la familia. 

Para la activista y defensora de derechos humanos, la defensa de Josafat está entorpeciendo el proceso derivado de la causa penal 2304/2018, debido a los constantes cambios que ha tenido en estos más de dos años de iniciado y a ocho años del feminicidio de Evangelina. 

“La audiencia ha quedado abierta; durante las audiencias que se han llevado a cabo en estos dos años y medio se han revocado varios abogados, entre ellos defensores públicos; incluso el anterior abogado particular, le renunció al cargo el lunes pasado por no haberse cubierto los honorarios pactados”, señaló. 

La familia y la representación legal y quien brinda el acompañamiento reconocen los derechos del acusado durante el juicio, pero lo que observan es que Josafat está dilatando el acceso a la justicia de la hoy occisa y de sus seres queridos, como víctimas indirectas en su feminicidio. 

En los registros del caso, se observa que desde mayo del 2024 la audiencia intermedia se ha suspendido al menos en seis ocasiones. En esa fecha trascendió que el responsable aceptaría su responsabilidad en un juicio abreviado a fin de reducir la condena, pero desde entonces ha cambiado de abogados y con ello solicitado se posponga la continuación del proceso. 

Campbell Dávila señaló que cada día que se cita a la audiencia, los testigos de los hechos y familia se trasladan desde sus trabajos o desde el mismo ejido Puebla al juzgado, donde al llegar les notifican que no habrá actividad. 

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada”, señaló. 

La activista agregó que reponer un juicio en el caso de feminicidio va en contra de la Ley General de Víctimas y una medida así implica que no se proteja a las víctimas, ni se garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia; tampoco se promueve la protección y reparación del daño en detrimento de la familia Alcalá. 

Este jueves se programó una nueva audiencia, pero la misma no estaba registrada en la agenda pública que el Poder Judicial emite casi a diario. En el Centro de Justicia de la ciudad de Saltillo no se dio a conocer el motivo por el que se omitió el caso sólo que no fue “por no querer ponerla”, aunque dicha actuación ha sido recurrente y el lunes 20 de octubre, que fue la anterior cita, tampoco aparecía en la lista de audiencias.

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Sutcobao) llamó en una publicación en redes sociales a los tres órdenes de gobierno a esclarecer el “artero asesinato” de la docente.

“Nos solidarizamos con familiares, amigos y compañeros de trabajo de la Lic. Fabiola Ortiz Medina, quien en vida ejerció la actividad docente en el Pl 06 Putla de Guerrero”.

“Nos sumamos a las voces que piden a los tres órdenes de gobierno, la exigencia de esclarecimiento para que su artero asesinato no quede impune”, publicó el sindicato.

Despiden alumnos a docente

El pasado viernes, la docente fue despedida en un homenaje de cuerpo presente por alumnos y autoridades del plantel del Colegio de Bachilleres en Putla Villa de Guerrero, antes de ser sepultada.

Los estudiantes destacaron la trayectoria de la maestra Fabiola Ortiz Medina y expresaron su agradecimiento y condolencias a sus familiares.

“Me uno a las voces de exigencia de justicia: faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo una madre le hará falta a sus hijos“, publicó Verónica Hernández, directora general de Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

El 18 de julio, la maestra Irma Hernández Cruz fue privada de la libertad por un grupo de sujetos armados que la interceptó frente al Mercado Municipal en Álamo Temapache en Veracruz.

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista, murió por tortura luego de ser privada de la libertad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Ante la falta de respuesta y de acciones concretas por parte de las autoridades, su familia se manifestó el 8 de octubre en Palacio Municipal, denunciando que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes aseguró que se había ido por su voluntad con un hombre mayor que ella, retrasando con esto la activación del Protocolo Alba, y evidenciando el nulo compromiso del alto funcionariado de nuestra entidad para la capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para todas las y los operadores de las instituciones. (...) No basta con ninguna disculpa pública de ningún funcionario; su misoginia, inoperancia y omisiones normalizan y sostienen la cultura pedófila y feminicida en nuestro estado”, señalaron integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompañan casos de violencia contra las mujeres y desaparición de personas. 

De acuerdo con información dada a conocer por las autoridades ministeriales, “se identificó y localizó al presunto responsable que, mediante engaños en redes sociales, enamoró y convenció a Ángela Gabriela de irse con él al estado de Querétaro”. El viaje ocurrió en un vehículo con placas de Guanajuato que, aunque las autoridades tenían detectado, no lograron evitar que saliera de la entidad con la adolescente a bordo. 

“A partir de la descripción del vehículo y las placas, se activaron labores de rastreo mediante tecnología del C5i y la colaboración de autoridades de entidades vecinas. La madre de la menor proporcionó un número telefónico hallado entre las pertenencias de Ángela, lo que permitió localizar al sujeto en Querétaro”, señala un comunicado de la fiscalía.  

Según información interna de la dependencia, el responsable tiene carpetas de investigación por el delito de trata abiertas en Aguascalientes. Y de acuerdo con el fiscal local, Manuel Alonso García, se promocionaba en redes sociales como maestro particular de arte; y aunque tenía su domicilio en Querétaro, viajaba entre diferentes estados de la región, como Aguascalientes. 

El cuerpo de la adolescente fue localizado en un domicilio de la localidad de Fuentezuelas, al interior de un tambo que fue incendiado. El presunto responsable estaba en compañía de su esposa y al verse sorprendido por las autoridades decidió darse un balazo en la cabeza. 

“Deseamos señalar que el acceso a la justicia y a la verdad para Ángela y su familia también involucra que se realice la confronta genética de manera adecuada y se garantice el levantamiento de todos los indicios que ayuden a la integración de la carpeta de investigación por feminicidio, así como el cuidado de la información, lo que incluye fotografías y detalles de la localización sin vida de Ángela, cuidando la no revictimización de ella y su familia”, agregaron las integrantes del OVSGA.

Según la versión oficial, la causa de la muerte ocurrió durante una práctica de tiro, pero sus padres desmienten esta afirmación y denuncian un posible encubrimiento. La familia clama justicia y que el caso no quede impune.

Stephany relató a una amiga, en conversaciones por Messenger, el hostigamiento que vivía dentro de la Guardia Nacional. Poco después, fue presuntamente asesinada con dos disparos en la cabeza dentro del cuartel.

El presunto homicida es Yair Manuel “N”, segundo sargento de la misma corporación, quien hasta ahora se encuentra prófugo.

En una conversación compartida entre elementos de la Guardia Nacional señala: