En relación con el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 23 de octubre quienes suscribimos deseamos hacer las siguientes declaraciones:

El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores admite que “el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada.” (énfasis añadido). Es decir, reconoce que, aunque las desapariciones forzadas sean en su mayoría perpetradas directamente por agentes delincuenciales, no dejan de ser desapariciones forzadas propiamente dichas, como el comunicado expresamente lo reconoce.

Es decir, cuando la privación de la libertad es cometida por agentes no estatales, se convierte en desaparición forzada cuando se ha dado autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Recibimos con beneplácito esta admisión expresa por parte del gobierno de México, al referirse a desaparición forzada y no solamente la desaparición, pues esta posición es distinta a actitudes anteriores en donde se negaba que las desapariciones contemporáneas de nuestro país tengan vínculos con el Estado.

Esta afirmación del comunicado, la recibimos con esperanza, pues confirma la adecuada aplicación e interpretación del artículo 34 de la convención en la materia que le ha dado el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que en efecto, se refiere a “desapariciones forzadas”. Pero, más allá de tal aspecto positivo contenido en el comunicado, y que confiamos que el CED recibirá con agrado, dicho comunicado contiene aspectos que rechazamos. El comunicado indica lo siguiente:

“La desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción.”

Consideramos que la palabra “combate” no es apropiada para referirse a las actividades propias de la prevención, investigación y sanción de ningún delito, incluyendo la desaparición forzada. La palabra “combate” es propia de las “armas” como componente de las instituciones militares, de los ejércitos, cuya misión principal es precisamente la del “combate”. (Artículo 55 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos).

Este lenguaje militarista es precisamente lo que conduce a una distorsionada visión de la seguridad pública y de la prevención, investigación, persecución y sanción de actividades ilícitas.

En todo caso, dicho supuesto “combate”, desde luego, ha resultado un fracaso, pues la prevención de las desapariciones no se refleja en la realidad contemporánea de México. Las desapariciones siguen en aumento, como lo ha afirmado y demostrado el CED con datos y criterios objetivos.

Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha incrementado la tendencia a la comisión del delito de desapariciones, a tal grado, que se perpetran en el país más de 40 desapariciones de personas por día. El Estado mexicano no ha seguido las recomendaciones del CED en relación con la instrumentación de una política de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares en México, que incluye, entre otras cosas, el abandono del modelo militar de la seguridad pública.

El Estado mexicano no solamente no ha adoptado ninguna medida para abandonar el modelo militar de la seguridad pública, sino que lo ha agudizado y fortalecido, mediante las reformas constitucionales conforme a las cuales la Guardia Nacional fue trasladada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, mediante una reforma constitucional ha militarizado institucionalmente a la Guardia Nacional.

En cuanto al supuesto “combate” mediante la investigación y sanción de las desapariciones en México, nuevamente la evidencia empírica muestra lo contrario a lo afirmado por el gobierno  de México. Tan es así, que el CED considera que la impunidad en México respecto de las desapariciones, no es que sea “generalizada”, sino que la ha calificado como “casi absoluta”.

Como lo hemos destacado anteriormente, en nuestro comunicado de fecha 18 de septiembre de 2025, sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025, por lo que las cifras de sentencias condenatorias en esta materia es ínfima, en comparación con el descomunal número de más de 133,000 personas desaparecidas oficialmente reconocidas.

Continúa diciendo el comunicado: “las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles.”

Las afirmaciones del CED al decidir activar el artículo 34 de la Convención de la materia, se refieren a indicios de la existencia de desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país, y a la existencia de una impunidad prácticamente absoluta al respecto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no aclara qué aspectos considera para declarar que dichas afirmaciones carecen de sustento y no son admisibles. Consideramos que más de 133,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, el incremento constante en las cifras de personas desaparecidas, al grado de qué se cometen más de 40 desapariciones por día en la actualidad y una impunidad casi absoluta al respecto, no pueden calificarse como carentes de sustento, ni inadmisibles. La evidencia empírica va precisamente en contra de la negación del gobierno de México de este gravísimo problema. Nos preocupa que la negación de un problema conduce necesariamente a la imposibilidad de darle solución.

Por lo que se refiere al resto del contenido del comunicado, simplemente queremos evidenciar y reiterar que la realidad y los hechos la evidencia parecen contradecir lo expresado por el gobierno. Sin embargo, esperamos que lo dicho allí, verdaderamente rinda los resultados que el gobierno afirma tendrá su llamada “Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad”, pues, por lo que toca las desapariciones forzadas, no parece estar rindiendo los resultados que el gobierno pregona, sino precisamente los contrarios.

Finalmente, reiteramos e insistimos lo que ya hemos dicho anteriormente, en el sentido de qué el gobierno federal de México no debería enfrentarse con descalificaciones y críticas al CED, sino, por el contrario, debería reconocer que el CED ha actuado con base en criterios objetivos y bien fundamentados, y ofrecer su colaboración constructiva, tanto con el CED, como con otras instancias internacionales, para establecer mecanismos que verdaderamente conduzcan a la verdad y a la justicia que merecen las personas desaparecidas y sus familiares en México.

Familiares de personas desaparecidas

En la Ciudad de México, familiares de Amelí García Gámez, joven desaparecida en el Ajusco en julio de 2025, y del estudiante de la UNAM Hernando Vargas, secuestrado y desaparecido desde 2014, se manifestaron en la Glorieta de las y los Desparecidos durante el paso del desfile militar, y colgaron lonas con los datos de sus seres queridos.

Finalmente, en Acapulco, Guerrero, madres buscadoras del colectivo Memoria, Verdad y Justicia protestaron con consignas y fotografías al final del desfile militar de este martes frente al templete en el que se encontraban la presidenta municipal Abelina López Rodríguez y mandos de las fuerzas armadas.

«De acuerdo a lo establecido por la Ley General, el Banco debía operar desde enero de 2019, al cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley General. Al día de hoy, sin embargo, dicho Banco aún no existe», señalaron las familias y organizaciones.