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Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Los habitantes del pueblo originario Santa Úrsula Xitla han visto desplazados sus usos y costumbres por los desarrollos inmobiliarios alrededor del parque nacional. Entre ellos, el proyecto Fuentes Brotantes 134 por el que se despojó a una monja de más de 90 años y es custodiado por un sindicato relacionado con la red de despojos en el Edomex.

La autoridad tradicional del pueblo originario Santa Úrsula Xitla, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, solicitó por escrito a la Jefatura de Gobierno de la capital del país la clausura de la obra de 52 casas en Fuentes Brotantes 134 que la empresa inmobiliaria Graus García Rivas Architecture & Urbanism Studio está construyendo sobre un predio que fue despojado a María Carmen Ramírez Rivera, una monja de más de 90 años.

La segunda marcha contra la gentrificación, en este caso el desplazamiento de los usos y costumbres de este pueblo originario, partió el domingo 20 de julio de la obra en Fuentes Brotantes —"Tochihuitl" en época prehispánica— rumbo a la estación de Metrobús "El Caminero", al sur de la capital del país.

A la par de la lucha jurídica encabezada por la Subdelegación de Santa Úrsula Xitla por la irregularidad en la propiedad del predio, la obra habitacional en construcción muestra lonas con permisos de uso de suelo otorgados por la Alcaldía Tlalpan y por la Secretaría de Medio Ambiente local e incluso anuncios de inmobiliarias como Casa Express, que ya venden las casas desde 9 millones de pesos.
Asimismo, otra lona colgada dice: "Esta obra está controlada en su totalidad por USON y el Sindicato 25 de marzo", a pesar de que hace unos meses este sindicato anunció su salida de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la cual ha sido identificada por la Fiscalía del Estado de México como parte de la red de despojo en esa entidad.
Durante la cobertura de SinEmbargo afuera de la obra, una mujer en moto se acercó a intimidar, una actitud que vecinos han registrado previamente.

Desde el 21 de febrero las autoridades tradicionales advirtieron por escrito a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina,y a la Alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, que la construcción taló cientos de árboles frutales pese a estar frente al Parque Nacional Santa Úrsula Xitla. Esta área natural protegida es un bosque formado por cedros, eucaliptos, robles, pinos y manantiales que fluyen desde las laderas de la Sierra del Ajusco-Chichinauhtzin.

En ese mismo escrito, con el sello de recibido, los vecinos señalaron irregularidades en las escrituras supuestamente hechas en Taxco, Guerrero, y manifestaron que, pese a ser un pueblo originario reconocido, no se realizó una consulta indígena libre, previa e informada sobre el impacto previsto por el desarrollo como más tandeo de agua y más tráfico en las estrechas calles del poblado.
"No hay escrituras como tal, todo fue a través de juicios civiles. Las escrituras y algunos documentos fueron firmados por notarios de Taxco, y hemos pedido en las mesas (con las autoridades) que se nos aclare el tema de la propiedad y no se ha logrado esclarecer ni ellos demostrar la propiedad donde pretenden construir las casas", afirmó en entrevista Paulina Garibay, subdelegada del pueblo originario Santa Úrsula Xitla.
Despojo a una monja

Hace décadas, un ejidatario donó ese predio de Fuentes Brotantes 134 a la madre María Carmen Ramírez, quien aprovechó los árboles frutales para vender fruta y miel. Ahí gestionaba un convento religioso, pero con el paso del tiempo se quedó sin novicias y, para subsistir, dentro del predio de 11 mil metros cuadrados rentó el resto del terreno como estacionamiento.

Pero, dadas las irregularidades en las escrituras, fue despojada mediante una supuesta compra-venta, embargo y juicio mercantil con notarios públicos de por medio, de acuerdo con documentos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la CdMx.
"Yo recuerdo ese predio donde ahora quieren hacer las 52 casas y es una tristeza porque recuerdo que la monja que vivía ahí se dedicaba a la venta de fruta y la apicultura. Entrar ahí era maravilloso porque había muchísimos árboles frutales. Ella tenía ahí sus abejitas y tristemente ahora se ve el terreno cómo fueron talando tantos árboles frutales. Antes de que empezara la tala, yo llegué a entrar con la monjita, estuve platicando con ella y yo vi que ya estaban numerados los árboles", afirmó María Elena Rivero, autoridad tradicional de Xitla, quien conoció a la madre María Carmen Ramírez durante el catecismo que daba en la Capilla de El Calvario, a unos metros de Insurgentes Sur.
María Elena Rivero compartió que en 2019, la última vez que la visitó dentro del predio, notó que había dos mujeres jóvenes en una mesa aplicando una supuesta consulta para iniciar una construcción en ese predio pese a las irregularidades en las escrituras.

—Madre, de qué se trata, cómo está esto de que ya hay una consulta—, le preguntó a la madre Carmen luego de saludarla.

—Sí, creo que quieren construir—, le respondió la monja de más de 90 años. Están talando los árboles, añadió.

—No, madre, pero estos árboles todavía están vivos, son manzanos—, recuerda que le comentó en la última plática que tuvo con ella.

—Sí, todavía dan manzana...

Para entonces, observó María Elena, la religiosa ya sólo vivía en un pequeño dormitorio con cocina y un camastro. Todo lo demás, el convento y los árboles frutales, habían sido derribados. Después se enteró que un familiar se la llevó a Pátzcuaro, Michoacán.

Tradiciones desplazadas por inmobiliarias

Santa Úrsula Xitla, un pueblo que se conformó antes de la Conquista española, tiene desde 1936 el Parque Nacional "Fuentes Brotantes", un área protegida donde han hallado entierros prehispánicos. Pero durante el proceso de gentrificación sus habitantes originales han visto desplazados tanto sus usos y costumbres como sus áreas ejidales por la construcción de desarrollos inmobiliarios como Fuentes Brotantes 134.
"Estamos viendo gran cantidad de personas que se han venido a nuestras áreas. No tenemos nada en contra de ellos, pero sí de alguna manera nos van desplazando cada día más en todos nuestros usos y costumbres. Al principio fue una lucha muy fuerte porque nosotros estábamos acostumbrados a tener nuestra fiesta patronal que es en octubre, la teníamos casi una semana. A raíz de que llegaron todos estos desarrollos mobiliarios ellos empezaron a mermar nuestros usos y costumbres. Ahora la fiesta solo se hace tres días a la semana y rapidísimo porque se tiene que quitar todo, precisamente por la vialidad tan compleja que se ha hecho por los desarrollos que ya nos rodean a todo el pueblo", afirmó María Elena Rivero, parte de las autoridades tradicionales de Xitla.
Ella ha visto cómo las grandes hectáreas de ejidos de Tlalpan donde corría de niña, cómo los manantiales donde lavaba la ropa, se han ido desplazando junto con la fauna por los desarrollos inmobiliarios.

"Claro que los años han ido pasando, pero se ha visto mermado toda esta parte de tranquilidad por tantos desarrollos inmobiliarios. Hoy tenemos en día la problemática del agua, antes llegaban a la casa grandes cantidades de agua, venían de las fuentes brotantes, ahora la entubaron y muchos estamos en tandeo", dijo.

Margarita Guevara, también autoridad tradicional de Santa Úrsula Xitla, afirmó que los nuevos vecinos han cuestionado la celebración de las diversas fiestas patronales como la del 19 de marzo o la del 21 de octubre de la Virgen de Santa Úrsula, que implica un novenario para un Cristo realizado con maíz, que se vela en la noche y se traslada entre iglesias durante un recorrido por calles que deben cerrarse "y la gente que no pertenece al pueblo no lo entiende, no soporta los cohetes".

"Eso da identidad, lo que hace de este pueblo un pueblo orgullosamente originario", dijo Margarita.

Amparos contra casas Fuentes Brotantes

Paulina Garibay, subdelegada de Santa Úrsula Xitla, expuso que interpusieron una lucha jurídica contra la construcción de las 52 casas en Fuentes Brotantes 134 por falta de consulta indígena. A partir de ello y las diversas manifestaciones, agregó la habitante Mariana Palazuelos, han recibido hostigamiento.
"Desafortunadamente han tenido una mala actitud con la gente del pueblo, han amedrentado y sobornado vecinos. Son bastante agresivos, no les gusta que nos acerquemos al predio, pasar por enfrente, porque saben que la gente no está contenta con la construcción porque quieren construir 52 casas y 149 estacionamientos. Una parte importante de lo que la gente no quiere es que se congestionen las vialidades, esta zona no tiene agua. Las casas van de 9 millones para arriba y no corresponde con la zona en la que las quieren construir, entonces van a desplazar gente, van a empezar a subir los predios, entonces la gente no está contenta con eso", expuso Mariana.
La subdelegada del pueblo originario Santa Úrsula Xitla, Paulina Garibay, enfatizó que la obra comenzó antes de llevarse a cabo la obligatoria consulta indígena y la tala masiva de árboles se realizó antes de la presentación de estudios de factibilidad.

"No tienen la totalidad de los permisos por eso no están todavía construyendo de una manera más continúa. Quitaron unos árboles que la Sedema [Secretaría del Medio Ambiente] detectó como árboles que ya tenían muchos años o plaga, pero no tenían plaga, eran árboles frutales sanos, por lo que había muchos animales que se perdieron", dijo Garibay.

Y agregó: "Vamos a seguir en la lucha, a todas luces este proyecto no es viable. Empezamos muy pocos cerrando calles 10, 15 personas y hoy no solamente gente del pueblo, sino colectivos se han sumado y gente de otros pueblos de Tlalpan".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Presentan nueva estrategia contra despojos en CDMX: hasta 22 años de prisión

Además, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este martes la nueva estrategia para combatir los despojos de inmuebles en la capital.

De acuerdo con un comunicado del gobierno capitalino, la nueva estrategia contra despojos incluye el fortalecimiento institucional e iniciativas de reformas legales para sancionar, con hasta 22 años de prisión, a quienes incurran en este delito.

Además, también se considera establecer un blindaje contra la corrupción y el uso de documentos apócrifos, todo con la finalidad de proteger a las personas, su patrimonio y sus derechos, señala el documento.

“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. Como sabemos, el delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad”, indicó la titular del Ejecutivo local.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que la estrategia incluye las acciones del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, el cual revisa los casos de la ciudadanía y está integrado por diversas dependencias capitalinas, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial local.

Además, anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, que dependerá de la Secretaría de Gobierno, y refirió que en los próximos días se enviarán al Congreso de la Ciudad de México un conjunto de iniciativas de reformas, que incluyen aumentar las penas por despojo y sus agravantes, sanciones que alcanzarán entre 11 y 22 años de prisión.

Añadió que se implementarán penas a quienes operen este delito en zonas de conservación ecológica o con valor histórico o patrimonial, y se crearán mecanismos de protección cautelar. La estrategia, dijo, combina esfuerzos para el fortalecimiento institucional y mecanismos para que la población pueda ser asesorada y apoyada.

La mandataria capitalina sostuvo que “cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad y la seguridad de las familias, y defender el patrimonio de las familias es defender el bienestar de las personas en esta ciudad”.

En tanto, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se reformará el artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar el despojo con penas de seis a 11 años de prisión en su tipo base, y de 12 a 22 años de prisión cuando existan agravantes.

Entre las nuevas agravantes están las siguientes:

Cuando participen personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral. También se consideran agravantes cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida, o sea, un inmueble propiedad del gobierno capitalino, entre otras.

Bertha Alcalde señaló que se propone agregar un artículo 238 Bis para equiparar ciertas conductas con el delito de despojo.
“La idea es que cuando haya inmuebles que están ocupados por personas que no tienen derecho como tal, a ocuparlo, más allá del tema del proceso legal correspondiente al proceso civil que atienda de quién es, quién es el dueño de este inmueble, si hay como tal una solicitud de la autoridad, de que este inmueble debe ser desalojado como tal, estas solicitudes se van a analizar en el gabinete, para estar seguros de que sean solicitudes legítimas y legales, y si las personas deciden no desocupar el inmueble, esta conducta se va a equiparar, como tal, al despojo”, explicó.

La otra conducta que será considerada despojo es cuando valiéndose de un cargo público, de su calidad de notario, de cualquier agrupación de carácter sindical o social, participe en el despojo u obtenga cualquier beneficio. Estas reformas también servirán para castigar a grupos delincuenciales dedicados a la ocupación ilegal de inmuebles.

Asimismo la fiscal informó que este año se han asegurado 265 inmuebles por delitos de despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Despojo de viviendas en Edomex: aplicarán penas de hasta 25 años de prisión por invasión

El Gobierno del Estado de México implementó reformas al Código Penal que imponen penas de hasta 25 años de prisión por el delito de despojo de inmuebles. La nueva ley, vigente desde julio de 2025, lo clasifica como delito grave.

En el Estado de México, el delito de despojo de inmuebles ahora se castiga con penas que pueden alcanzar hasta 25 años y seis meses de prisión. Las reformas al Código Penal estatal, que entraron en vigor el 16 de julio de 2025, establecen un marco legal más estricto para quienes ocupen ilegalmente una propiedad, así como para los autores intelectuales y funcionarios públicos que participen en estos actos. La nueva legislación clasifica el despojo como un delito grave, lo que impide que los acusados puedan seguir su proceso en libertad bajo fianza, obligándolos a permanecer en prisión preventiva.

La sanción base para quien cometa el delito de despojo se fijó en un rango de cinco a diez años de cárcel y multas de 700 a mil días. Sin embargo, la pena se incrementa de manera considerable cuando existen circunstancias agravantes. La participación de servidores públicos, notarios, o la autoría intelectual del delito son algunas de las condiciones que elevan la sentencia a un periodo de 10 a 17 años de prisión.

Protección a Grupos Vulnerables y Sanciones a Funcionarios

Las modificaciones a la ley ponen un énfasis particular en la protección de personas en situación de vulnerabilidad. La pena por despojo puede aumentar hasta en una mitad adicional si la víctima es una persona mayor de 60 años, menor de 18, mujer embarazada, persona con discapacidad o miembro de alguna comunidad indígena. Esta misma agravante se aplica si el delito se comete con violencia, mediante el engaño, el abuso de confianza o aprovechando la ausencia del propietario.

La reforma también contempla sanciones para los servidores públicos o notarios que faciliten o participen en el despojo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado sobre la investigación de tres notarios públicos y cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) por su presunta implicación en estos delitos.

Castigo por Despojo de Agua y Áreas Protegidas

La nueva legislación no se limita a viviendas y terrenos, sino que también sanciona el despojo de recursos hídricos. Quienes desvíen o hagan uso de aguas sin tener derecho a ello enfrentarán penas de cinco a diez años de prisión. Además, si la invasión ocurre en un predio decretado como área natural protegida o zona de conservación ambiental, el castigo será de siete a doce años de cárcel.

Estas medidas responden al incremento de casos de despojo en la entidad. Según datos de la FGJEM, a través de la "Operación Restitución" se han logrado asegurar 546 inmuebles vinculados a este delito, de los cuales 140 ya fueron devueltos a sus legítimos dueños. La publicación de las reformas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, firmada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, oficializó el endurecimiento de estas sanciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de la CDMX acusa a familia por delitos que no cometió y después la despoja de su casa

Acusados falsamente de robo de autopartes, Guadalupe y su hijo enfrentan antecedentes penales mientras el inmueble, heredado por generaciones, ya tiene un nuevo dueño y una construcción en su lugar.

La familia Lozada cumple un año de haber sido expulsada arbitrariamente de su hogar, en la alcaldía Venustiano Carranza, a causa de un operativo policial que usó contra ellos una orden de cateo por un supuesto robo de vehículos. Así se apropiaron del edificio. Mientras la madre y el hijo menor de la familia enfrentaban el proceso penal amañado, el lugar fue entregado a una tercera persona y demolido con las pertenencias de la familia dentro. 

El recuerdo es removedor pese al tiempo transcurrido porque el impacto ha sido fuerte: “Perdimos la casa y todas nuestras pertenencias, perdí mi trabajo y como nos sentenciaron por ese delito falso, ahora tengo antecedentes penales y todo es más complicado”, cuenta en entrevista Guadalupe Ramírez Valdés, la madre de la familia, quien fue presentada ante los medios de comunicación como responsable de un delito que no cometió.

“Mi hijo siempre ha sido callado, pero desde ese día prácticamente le cortaron sus alas. Él había juntado con mucho esfuerzo para su pasaje para viajar fuera del país y tampoco pudo hacerlo. No quiere recordar el tema y lo entiendo, porque a mí también me duele todavía”, explica. 

La criminalización que vivió esta mujer y su hijo de 23 años sólo cobran sentido frente al año y medio previos de hostigamientos, amenazas, intentos de desalojo e invasión que la familia padeció desde mayo de 2023 para que abandonara la vivienda familiar (que compró su bisabuela y habían habitado por generaciones) argumentando que había “un nuevo dueño”. Pese a que acudieron a denunciar todos estos hechos a la fiscalía territorial de Venustiano Carranza, no le dieron andamiento a ninguna de sus denuncias, reclamándoles las escrituras de la casa para atenderlas. La familia resistió hasta que llegó el operativo policial el 9 de julio de 2024. 

Fabricación de delitos

Guadalupe y su hijo estaban solos ese mediodía del operativo porque Daniel, el padre, había salido a comprar refacciones para las bicicletas que repara, cuando llegó una vecina a traerle su compra de leche Conasupo. Entonces vio que llegaban las patrullas. 

“Como anteriormente nos habían ido a hostigar, cerré la puerta y le grité a mi hijo que se querían volver a meter”, recuerda. Según los documentos a los que Proceso pudo acceder sobre el caso, para el operativo se dispusieron 11 agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 11 peritos en criminalística, 11 peritos de fotografía, seis peritos en mecánica forense y 14 policías de la Ciudad de México. Es decir: un megaoperativo. 

En total, utilizaron 20 vehículos para su traslado, y una vez desplegados frente a la casa, comenzaron a golpear la puerta de chapa de una sola hoja, que vibraba su decoración con pintura de colores, acusando el golpe del ariete. “Primero me dijeron que venían por un tal Julio y yo les gritaba que ahí no vivía ningún Julio. Les exigí la orden, y me dijeron que tenían que entrar porque traían una orden de cateo”, relata la madre.

Cuando finalmente rompieron la chapa y entraron por la fuerza, le ordenaron que se sentara y al ver que el hijo grababa, los policías se fueron contra él y le quitaron su teléfono. Los separaron. “Yo les decía que nos dejaran salir, en mi nerviosismo, mi estupidez, pensaba ahora ¿qué va a pasar?, y ellos nomás se me quedaban viendo y se empezaban a reír. Fue cuando una policía me dijo: ´Ya no les alegue nada, haga lo que le digan´. Entonces, escuché que mi hijo gritaba y me les eché a correr. Fue cuando me di cuenta que lo estaban golpeando, y él gritaba ¿cuáles armas? ¡nosotros no tenemos armas!”

Mientras la madre gritaba a su vez para detener la golpiza, fue empujada contra el clóset del cuarto, y los policías le señalaron una bolsa que dentro tenía una pistola. También colocaron entre las pertenencias de su hijo “un fierro largo, como en cruz dónde él tenía su ropa. Ahí teníamos una Biblia y la tiraron al piso. Yo les dije que eso no estaba en mi casa, que lo habían puesto. Y se empezaron a reír. ¿Cómo cree señora? Esto es muy caro tenerlo. Precisamente, les dije, ¿no ves cómo vivo? ¡Voy al día! ¡Mi esposo arregla bicicletas! ¿Por qué me están haciendo esto? O sea, ¡esto tú me lo fincaste, tú lo pusiste!”, relata la mujer. 

Los policías tomaron control de la casa, entraron y salieron a gusto de las habitaciones mientras la familia permaneció retenida en el patio, privada de su libertad en su propio espacio durante una hora. “Vi a la perito que traía unas bolsas de color rosa con varias placas, así sueltas, ni emplayadas ni nada. Y le reclamé que no estaban en mi casa. Ellos insistían en que les dijera dónde estaba la moto, que venían por una moto Yamaha, que nunca estuvo allí”

La mujer fue amenazada con una golpiza si no se callaba, hasta que una de las uniformadas se acercó y por lo bajo, reconoció: “yo sé que usted no lo hizo, pero es mi trabajo” 

A la una de la tarde, los sacaron de la casa a ambos, madre e hijo, en patrullas, y los presentaron ante la Agencia 50 de la Fiscalía, en el Búnker de la Doctores. Antes de irse los agentes ministeriales pusieron sellos en las puertas de la casa, y grafitearon la fachada exterior: “Inmueble asegurado FGJCDMX”

Cambio de manos

Seis días después, el 15 de julio de 2024, un grupo de agentes ministeriales volvió al predio a pegar en la puerta un “citatorio al propietario” del inmueble, incitándolo a que se presentara ante la Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de robo de vehículos y transporte, ubicada en la sede central de la Fiscalía, en el búnker de la colonia Doctores. El oficio fue firmado por el agente del MP Herminio Reyes Pérez, quien llevó el mando del cateo antes descrito. Él fue el único de los ministeriales que tenía su rostro descubierto, ya que el resto de los policías de investigación usaba pasamontañas negros. 

En ese oficio se confirma que la carpeta fue abierta en junio de 2024 por lo que el operativo se gestó y cumplió en tiempo récord, ya que la orden judicial está fechada un día antes de ejecutarse, el 8 de julio. 

Según consta en los documentos, la denuncia fue recibida de manera “anónima” por una persona no identificada, quien tampoco atestiguó ante la justicia, pero el policía de investigación dice que ese anónimo le dijo que en la casa en cuestión se ocultaban autopartes robadas. Eso, en los papeles, fue suficiente para la apertura por una investigación por el delito de “encubrimiento por receptación”

Con el cateo y la siembra de las placas para inculparlos –que la familia denuncia públicamente en este texto por primera vez desde los hechos–, fue suficiente para que los procesaran y que, en diciembre de 2024, condenaran a la madre y al hijo a tres años y ocho meses de pena en libertad condicional por un delito que no cometieron. El arma que los policías metieron en su casa no fue presentada. Una vez detenidos, fueron recibidos en el Búnker por el Ministerio Público, Óscar Fuentes Chávez, quien se encargó de su entrevista, limitándose a pedirles sus datos personales, sus “generales”, sin referirse nunca a lo sucedido en la casa, ni a la acusación que estaban tejiendo en su contra. Cuando acudieron luego a reclamar por su legitimidad para recuperar la casa familiar, la respuesta fue igualmente indignante: “Mi familia fue a la Fiscalía y les dijeron, ¿qué pelean? Si ya tus familiares están afuera, ya están libres, ya para qué peleas. Fue feo”, recordó Guadalupe. 

Ella, entonces, había comenzado el laberinto que la tiene presa hasta hoy, que incluyó estar siete horas desaparecida, desde las nueve de la mañana en la que fue ingresada al Penal de Santa Martha, en el oriente de la ciudad y las cuatro de la tarde, cuando se dio aviso a sus familiares de dónde estaba. Su hijo igualmente fue injustamente procesado y encarcelado. “Pasamos una noche en el Búnker, otra en Santa Martha y a las cuatro de la mañana del tercer día me forman en el patio y me llevan a los Juzgados. Bueno, me dejaron en un túnel todo feo hasta las nueve de la mañana que me tocó mi audiencia”, recordó.

Su defensa estuvo a cargo de un abogado de oficio, que le presentaron en el Búnker, poco después de haber sido exhibidos como detenidos ante la prensa, que replicó la versión oficial sin miramientos, ni protección de su identidad. Asombrado al notar el operativo que había motivado la detención de su defendida, Guadalupe recuerda que el hombre exclamó: “¡No manches¡, ¡qué poca madre, ¡te trataron como si fueras narcotraficante! Obviamente salimos en todos los medios de comunicación”, recordó. El defensor de oficio hizo una tarea pobre, insistiendo a la madre que no se preocupara porque él estaba a cargo de todo, pero abandonó el caso a una condena segura. “En las últimas audiencias ya ni llegó”, recordó Guadalupe. 

Mientras la familia intentaba defenderse de la prisión y recuperar sin éxito la casa, la Fiscalía entregó el lugar a una tercera persona que, el 14 de agosto 2024, comenzó a demolerlo. Las vecinas registraron cómo una retroexcavadora se lleva en sus uñas la pared, y un sofá verde es tratado como basura. 

Al cumplirse un año de su expulsión arbitraria, el lugar tiene un edificio nuevo de tres pisos, en las etapas finales de construcción, que acumula sus bolsas de cascajo sobre el único árbol que no tumbaron del frente de la casa durante la demolición. 

Aunque el operativo haya estado en manos de una fiscalía distinta, la de robo a vehículos y no la Ambiental, cuyo accionar se ha publicado en este medio su mecanismo es semejante: por medio de la criminalización de gente inocente, a quien se acusa de delitos inventados, “aseguran” viejos edificios, ocultando su desalojo tras el eufemismo. 

Esta medida de fuerza y violencia institucional sucede en etapas iniciales de la investigación penal y, por supuesto, el efecto también es el mismo: las víctimas son desplazadas sin miramientos, privadas de sus cosas, de su casa y de la posibilidad de defenderse antes de ser atropelladas por esta maquinaria veloz que, en este caso, en apenas un mes hizo cambiar el suelo de manos, algo imprescindible para poder construir un edificio nuevo, en un lugar que ya estaba habitado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIANA GILET.

Invasión de viviendas: Migrantes regresan de Estados Unidos y encuentran su casa ocupada

Familia regresó tras más de 10 años en EE.UU. y encontró su casa ocupada; iniciaron proceso de desalojo.

Una madre y su hija, originarias de Tampico, Tamaulipas, regresaron a México luego de más de una década en Estados Unidos y hallaron su casa ocupada por personas desconocidas.

Irma Guadalupe y su hija Daniela volvieron a México con la intención de recuperar su vivienda familiar, que dejaron bajo custodia de un pariente hace unos 20 años. Llegaron en junio de 2025, según video compartido por @highdaniela en TikTok, y en cuestión de minutos constataron que extraños residían en la propiedad.

En el video, Irma menciona que es la dueña del inmueble y exige el desalojo. En lugar de atender el reclamo legal, las ocupantes respondieron con cuestionamientos personales, burlas y dijeron: “¿Tiene usted esposo?”, frase que circuló en redes sociales.

Según Daniela, las ocupantes pagaron hasta dos o tres meses de renta inicialmente y luego dejaron de hacerlo. A partir de entonces, cortaron toda comunicación. Desde Estados Unidos, la familia intentó procedimientos legales sin éxito.
@highdaniela ATTENCION: Que impotencia encontrar mi casa invadida por estás personas que no tienen vergüenza ni dignidad, les platicó somos originarias de Tampico Tamaulipas, nos fuimos a EEUU a trabajar como muchos mexicanos, hace aprox 10 años dejamos la casa a cargo de un familiar, dejo meter a estás personas que salen en el vídeo que desde hace ese tiempo no se salen, me presento con ellas con mis papeles para comprobar que es mi propiedad y es así como responden!! No tienen vergüenza, todavia que llevan 10 anos sin pagar renta. Les pido hacer viral este video para que las personas tomen conciencia y se salgan de mi casa!!! #mexico #tampico #claudiasheimbaum #injusticia ♬ original sound - Daniela
Grupo de invasores de casas ha sido señalado en otros estados

El caso de Irma Guadalupe recuerda a los grupos organizados que ocupan ilegalmente viviendas deshabitadas. Uno de los más conocidos es el denominado “Los 200”, al que se ha vinculado con invasiones de casas en Ciudad de México, Puebla, Estado de México y otras entidades.

Este grupo, cuyo nombre se refiere a un número estimado de integrantes, se caracteriza por ocupar inmuebles de forma escalonada. Sus miembros presuntamente se turnan en la posesión de casas, simulando residencia continua para intentar obtener la propiedad por medio de la figura legal de la usucapión.

El mismo patrón fue observado en el caso de Tampico: presencia prolongada sin contrato, interrupción de pagos simbólicos y negativa a desalojar aun cuando se les presentaron documentos legales.

La Procuraduría Social de la Ciudad de México ha reconocido que existen redes que operan bajo la figura de “posesión por necesidad”, pero no ha confirmado vínculos criminales en todos los casos. Aun así, las similitudes entre lo ocurrido en Tampico y otros incidentes reportados por vecinos en la capital han generado inquietud entre colectivos de defensa patrimonial.

Inicia proceso de desalojo tras denuncia en redes

La familia ya solicitó orden de desalojo, de acuerdo con infromación de Milenio, respaldada por escritura y pagos en regla. Las autoridades fueron notificadas y abogados presentan la documentación ante un juzgado civil.

Daniela declaró que el objetivo de publicar los videos fue presionar para que la autoridad interviniera: “Fui yo quien subió el video… no sabíamos qué hacer”.

Este caso se ha comparado con otros episodios recientes, como el de Carlota “N”, quien enfrentó a ocupantes armada en abril de 2025, con resultado letal. Inclusive en los comentarios del video en TikTok los usuarios comentan que "le llame a Carlota  para que la asesore"..

Tamaulipas enfrenta retos para migrantes de retorno

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) ofrece asesoría a migrantes de retorno, aunque no cuenta con protocolos específicos para la protección patrimonial ante invasiones. Según un diagnóstico de la Secretaría de Gobernación publicado en 2021, Tamaulipas es uno de los estados con mayor flujo de migración hacia Estados Unidos y retorno posterior, lo que incrementa los riesgos sobre inmuebles desocupados o administrados a distancia.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN.

Cincuenta familias afectadas por Fidampu mantienen bloqueo en la Merced, tras 17 meses sin respuesta

Se mantienen en la calle 50 familias que fueron despojadas de su vivienda en la zona Centro de la Ciudad de México por la Fiscalía Ambiental local; 20 niños viven en la intemperie 20 niños, entre ellos hay un bebé de un mes y una recién nacida.

Una situación angustiante viven 50 familias que fueron desalojadas extrajudicialmente de la Merced por la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México (Fidampu) cuando aseguró el edificio ubicado en General Anaya 27, el 9 de enero de 2024, y las expulsó a la calle, sin aviso previo y sin permitirles defenderse. 

En protesta por el atropello sufrido, las familias mantienen cortada la vialidad de esa calle, que es una arteria que conecta el Centro con la salida hacia el Estado de México, por el Eje 3 Oriente. También, porque todas sus pertencias quedaron dentro de sus casas tras el aseguramiento, que dejó 20 niños sin hogar; entre ellos, hay un menor de edad de un mes de nacido durmiendo entre cartones a cielo abierto. A fines de mayo de este año, el día 31, nació otra bebé de una de las familias del campamento, quienes, manteniendo la protesta y sufriendo enormes dificultades por vivir en la intemperie, no han logrado que se atienda su situación ni que se repare el daño sufrido.

De acuerdo con lo que pudo confirmar este medio, la carpeta por despojo fue abierta denunciando una supuesta invasión ocurrida en diciembre de 2023, cuando los vecinos más veteranos tienen comprobantes de renta de sus departamentos desde los años setenta. 

El pleito fue iniciado ante la Fidampu por Pedro Arellano, a quien identifican como un antiguo inquilino del edificio que, aprovechando la ausencia de los hermanos españoles que oficiaban de dueña y cobrador –Carmen Ramón Pérez, a quien nunca conocieron, y su hermano Emilio– ha intentado tomar control del lugar. 

Ya habían sufrido y resistido un primer intento de desalojo con hombres armados en 2017, pero cuando en 2024 Arellano acudió a la Fiscalía Ambiental, sí logró expulsarlos masivamente del edificio con apoyo estatal, sin mayor explicación, como cuentan las vecinas en el video.


“Enséñame que traes una orden”, exigió una de ellas a los agentes del Ministerio Público, que acudieron al mando de Rosalba Lara Ramírez. “Me dijeron que uno qué iba a saber si uno es ignorante”, le dijeron los funcionarios cuando exigió por sus derechos. “Esta no era la forma en que tenían que hacer las cosas”, reclamó. 

Cinco días después del operativo de aseguramiento, y ante el cierre de la calle en protesta, siete funcionarios de Fidampu acudieron a llevar “citatorios” para que los vecinos se presentaran en el Búnker, “a ver en calidad de qué estaban ocupando y si es posible entregarles algún tipo de menaje”, según les dijo una de las agentes en el reportaje de video.

Los funcionarios ministeriales llegaron liderados por el MP Luis Ángel Pérez López, quien estuvo a cargo de vaciar arbitrariamente otros cuatro departamentos el 24 de febrero de 2022, en la colonia San Rafael, caso que se reporta en la edición impresa de junio 2025, de la revista Proceso.  

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

La primera entrega de esta investigación, donde se explica el mecanismo del despojo de la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México, se publicó en la edición 2420 de Proceso (marzo 2023)


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIANA GILET.

Edomex: Caen 23 miembros sindicales, funcionarios y notarios por red de despojo

El operativo tiene como objetivo combatir el despojo en territorio mexiquense, por lo que se han implementado diversas acciones de seguridad para recuperar domicilios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ EDOMEX) anunció la noche del viernes que, en el marco de la denominada ‘Operación Restitución’, se ejerció una acción penal en contra de “tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales“, así como la aprehensión de “objetivos prioritarios integrantes de organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos“.

Según destaca la publicación en su cuenta oficial de X, donde se compartió el operativo y posterior comunicado, destacaron que los “sindicatos” serían “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “22 de octubre” y del grupo delictivo “Los Gastones” que formaban parte de las redes criminales de despojos en 14 municipios, principalmente en el Valle de México y la zona Oriente del Edomex”.

En el operativo participó también la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Edomex y autoridades de la Ciudad de México y Veracruz.
“Las indagatorias permiten establecer que los investigadores llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.

Destaca en este modus operandi la participación de grupos violentos de choque al amparo de “sindicatos” avalados por autoridades municipales en complicidad con servidores públicos estatales para finalmente regularizar las propiedades ante notarios públicos quienes conocían plenamente su origen irregular”.

El operativo tiene como objetivo combatir el despojo en territorio mexiquense, por lo que se han implementado diversas acciones de seguridad para recuperar domicilios.

COMUNICADO DEL CASO:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los despojos en Edomex han aumentado en 5 años: hoy, cada día, se reportan 13 casos

El caso de Doña Carlota ha echado luz sobre el delito de despojo en la entidad mexiquense: desde 2015, y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, estos crímenes han aumentado sin freno.

El caso de Doña Carlota, una mujer adulta mayor que asesinó a balazos a un joven y a un hombre adulto, e hirió a otras dos personas, en una disputa por la propiedad de un inmueble en Chalco, Estado de México, echa luz sobre un problema que sufren miles de familias al año en la entidad: el despojo de propiedades, y cómo es un delito que, aunque ha crecido en los últimos años, poco o nada se ha hecho para perseguirlo y castigarlo.
En todo el 2024, se registraron 4 mil 936 casos de despojo en el Edomex, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta en un lustro y un promedio de 13.5 despojos diarios.
Pero esos números son apenas las que se denuncian, y el delito es uno que, por sus características, no siempre se denuncia. El mismo año pasado, por ejemplo, en otros delitos contra el patrimonio, el Secretariado recaba 16 mil 348 casos en 12 meses.

México, en general, reportó 28 mil 364 casos de despojo en 2024, es decir, 77.7 casos diarios. El delito disminuyó ligeramente con respecto a 2023, pero en el caso del Edomex, sólo ha aumentado.

Es el caso, hace ya casi una década, de Jesús, una víctima de despojo en el Edomex que prefiere no dar a conocer su nombre. "Fue en el fraccionamiento Fiesta de los Bosques, en el kilómetro 42.5 de la carretera Toluca-Temazcaltepec, la carretera vieja hacia Valle. Mi cabaña está metida como 7 kilómetros hacia adentro. Pero aquel día, me avisó la persona que me ayudaba a cuidarla que había llegado La Familia Michoacana, que ni me fuera a parar por allá", cuenta a SinEmbargo.

Desde entonces, no ha vuelto a su terreno ubicado en el Estado de México. "Uno se asusta y no denuncia ni mucho menos", ahonda. "En ese tiempo busqué hablar a las fiscalías, pero nadie me dio razón. Uno con el estado de ánimo que le dejan no sabes qué hacer".

Con respecto al año anterior (2023), los casos como el de Jesús crecieron en la entidad mexiquense, pues en aquel año se registraron oficialmente 4 mil 886 casos, prácticamente más de 400 casos al mes en los últimos 24 meses.

La tendencia ha venido creciendo en el Edomex. En 2022 fueron 4 mil 752 casos. En 2021, se elevó hasta los 4 mil 921 despojos en el año.

Incluso en 2020, el año de los confinamientos masivos por la pandemia de COVID-19, las cifras estuvieron elevadas: fueron en total 4 mil 559 casos en 12 meses.
Por ahora, 2025 pinta en la misma tendencia creciente, pues en los primeros dos meses del año, los delitos por despojo han crecido un 7 por ciento con respecto a los primeros dos meses del 2024: fueron 861 contra 804.
El municipio de Ecatepec, que colinda con la capital mexicana, encabeza la mayoría de los reportes por despojo, con 580; luego, siguen Tecámac (367); Nezahualcóyotl (255); Chimalhuacán (240); Toluca (231); Ixtapaluca (164), Cuautitlán Izcalli (149); y Naucalpan (147).

En septiembre de 2020, ante el aumento de los casos de despojo, la Fiscalía mexiquense creó la Unidad Especial para la Investigación de Delitos contra el Desarrollo Urbano y Despojo, pero específicamente para el municipio de Ecatepec, la cual duró de forma transitoria hasta finales de 2021 sin dar buenos resultados.
Lo cierto es que el caso de Chalco llegó a Palacio Nacional. "Vamos a esperar a ver exactamente cuál es la condición de este delito o de esta situación que se presentó", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada". Vamos a esperar toda la información por parte de la Fiscalía y luego ya daremos nuestra opinión para tener toda la información", añadió en su conferencia de prensa.
Luego, dijo que es un tema que se atiende en las fiscalías estatales. "Cuando fui Jefa de Gobierno [en la CdMx] había una fiscalía especializada sobre despojos, atendió una parte importante incluso desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía en el suelo de conservación en zonas de Topilejo y otros pueblos en donde se presentaba esta situación", recordó.

También llegó al escritorio de la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez. "Estamos fortaleciendo la cuestión de seguridad. Efectivamente, algo que debemos de tomar en cuenta es la parte de que llegan algunos grupos, algunas personas a invadir espacios y eso ya lo estamos trabajando", expresó también la semana pasada.


La Gobernadora también dijo que el tema ya se venía revisando en semanas anteriores pero "lamentablemente ahorita nos ganó este suceso”, y advirtió que una de las causas es que "hay una falta de reordenamiento" territorial que permite casos como el de la señora Carlota.

Jesús, la persona que fue despojada de su terreno y su cabaña en el Edomex, cuenta cómo incluso las inmobiliarias saben que el control de los lugares despojados es de grupos criminales, o de personas coludidas con este tipo de organizaciones. "Básicamente me comentaron que lo que tienen ellos es, aparte, un monopolio de la construcción, ellos llegan porque ya tienen amañadas las casas de materiales, y todo lo venden a sobreprecio", explica al medio. Incluso denuncia que los presidentes de las sociedades de vecinos están coludidos o sometidos, porque son quienes avisan a los grupos que despojan dónde se ubican las propiedades que deben el predial, o el agua, o adeudos parecidos, para apoderarse más fácilmente de estos sitios.

El aumento de los despojos no es nuevo

En el periodo 2015 a 2019, las entidades federativas con mayor número de delitos de despojo denunciados fueron: Ciudad de México (17 mil 653); Estado de México (14 mil 553); Jalisco (9 mil 417); Veracruz (6 mil 316); y Baja California (5 mil 724), de acuerdo con el análisis "El delito de despojo: situación actual y labor legislativa en el tema", publicado en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en septiembre de 2020.
"Una de las modalidades más difundidas del delito de despojo es el relativo a la invasión de predios, el cual puede incluir la modalidad de violencia, ya sea física o por amenazas", explica Juan Pablo Aguirre Quezada, el autor.
Ya en el lustro 2015-2020, el despojo había ido incrementando progresivamente en el Edomex "con una alarmante subida" en 2017 (3 mil 514) respecto al año inmediato anterior (mil 923).

¿Cómo denunciar el delito de despojo?


De acuerdo con el artículo 308 del Código Penal del Estado de México comete el delito de despojo:

I. El que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, y

II. El que de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos que la ley no le permita, por hallarse en poder de otras personas, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.

En el Edomex, existe la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal cuando existe denuncia por invasión de metros cuadrados de terreno del vecino con una construcción, por ejemplo.

Y para que no se tenga que demoler parte de la vivienda, se puede acudir a la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa y/o la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México más cercana al domicilio para poder llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes.

Ahora, si se está cometiendo despojo, se pueden denunciar los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México más cercano al domicilio, que a través de las Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa reciben las denuncias de delitos considerados no graves y que pueden solucionarse mediante voluntad de las partes para llegar a un acuerdo de reparación de daño.

También se puede llamar al Centro de Atención Telefónica en el 800 7028 770, de igual manera mediante el Sistema de Denuncia Vía Internet (SIDEVIT) en el sitio web pre denuncia en línea en la página de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: https://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea o bien se podrá acudir al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México a efecto de llegar a una mediación o conciliación benéfica para las partes, para más información se puede ingresar a la página: http://centromediacion.pjedomex.gob.mx/conciliacion/vista/index.php?#

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ.