La familia Lozada cumple un año de haber sido expulsada arbitrariamente de su hogar, en la alcaldía Venustiano Carranza, a causa de un operativo policial que usó contra ellos una orden de cateo por un supuesto robo de vehículos. Así se apropiaron del edificio. Mientras la madre y el hijo menor de la familia enfrentaban el proceso penal amañado, el lugar fue entregado a una tercera persona y demolido con las pertenencias de la familia dentro.
El recuerdo es removedor pese al tiempo transcurrido porque el impacto ha sido fuerte: “Perdimos la casa y todas nuestras pertenencias, perdí mi trabajo y como nos sentenciaron por ese delito falso, ahora tengo antecedentes penales y todo es más complicado”, cuenta en entrevista Guadalupe Ramírez Valdés, la madre de la familia, quien fue presentada ante los medios de comunicación como responsable de un delito que no cometió.
“Mi hijo siempre ha sido callado, pero desde ese día prácticamente le cortaron sus alas. Él había juntado con mucho esfuerzo para su pasaje para viajar fuera del país y tampoco pudo hacerlo. No quiere recordar el tema y lo entiendo, porque a mí también me duele todavía”, explica.
La criminalización que vivió esta mujer y su hijo de 23 años sólo cobran sentido frente al año y medio previos de hostigamientos, amenazas, intentos de desalojo e invasión que la familia padeció desde mayo de 2023 para que abandonara la vivienda familiar (que compró su bisabuela y habían habitado por generaciones) argumentando que había “un nuevo dueño”. Pese a que acudieron a denunciar todos estos hechos a la fiscalía territorial de Venustiano Carranza, no le dieron andamiento a ninguna de sus denuncias, reclamándoles las escrituras de la casa para atenderlas. La familia resistió hasta que llegó el operativo policial el 9 de julio de 2024.
Fabricación de delitos
Guadalupe y su hijo estaban solos ese mediodía del operativo porque Daniel, el padre, había salido a comprar refacciones para las bicicletas que repara, cuando llegó una vecina a traerle su compra de leche Conasupo. Entonces vio que llegaban las patrullas.
“Como anteriormente nos habían ido a hostigar, cerré la puerta y le grité a mi hijo que se querían volver a meter”, recuerda. Según los documentos a los que Proceso pudo acceder sobre el caso, para el operativo se dispusieron 11 agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 11 peritos en criminalística, 11 peritos de fotografía, seis peritos en mecánica forense y 14 policías de la Ciudad de México. Es decir: un megaoperativo.
En total, utilizaron 20 vehículos para su traslado, y una vez desplegados frente a la casa, comenzaron a golpear la puerta de chapa de una sola hoja, que vibraba su decoración con pintura de colores, acusando el golpe del ariete. “Primero me dijeron que venían por un tal Julio y yo les gritaba que ahí no vivía ningún Julio. Les exigí la orden, y me dijeron que tenían que entrar porque traían una orden de cateo”, relata la madre.
Cuando finalmente rompieron la chapa y entraron por la fuerza, le ordenaron que se sentara y al ver que el hijo grababa, los policías se fueron contra él y le quitaron su teléfono. Los separaron. “Yo les decía que nos dejaran salir, en mi nerviosismo, mi estupidez, pensaba ahora ¿qué va a pasar?, y ellos nomás se me quedaban viendo y se empezaban a reír. Fue cuando una policía me dijo: ´Ya no les alegue nada, haga lo que le digan´. Entonces, escuché que mi hijo gritaba y me les eché a correr. Fue cuando me di cuenta que lo estaban golpeando, y él gritaba ¿cuáles armas? ¡nosotros no tenemos armas!”
Mientras la madre gritaba a su vez para detener la golpiza, fue empujada contra el clóset del cuarto, y los policías le señalaron una bolsa que dentro tenía una pistola. También colocaron entre las pertenencias de su hijo “un fierro largo, como en cruz dónde él tenía su ropa. Ahí teníamos una Biblia y la tiraron al piso. Yo les dije que eso no estaba en mi casa, que lo habían puesto. Y se empezaron a reír. ¿Cómo cree señora? Esto es muy caro tenerlo. Precisamente, les dije, ¿no ves cómo vivo? ¡Voy al día! ¡Mi esposo arregla bicicletas! ¿Por qué me están haciendo esto? O sea, ¡esto tú me lo fincaste, tú lo pusiste!”, relata la mujer.
Los policías tomaron control de la casa, entraron y salieron a gusto de las habitaciones mientras la familia permaneció retenida en el patio, privada de su libertad en su propio espacio durante una hora. “Vi a la perito que traía unas bolsas de color rosa con varias placas, así sueltas, ni emplayadas ni nada. Y le reclamé que no estaban en mi casa. Ellos insistían en que les dijera dónde estaba la moto, que venían por una moto Yamaha, que nunca estuvo allí”
La mujer fue amenazada con una golpiza si no se callaba, hasta que una de las uniformadas se acercó y por lo bajo, reconoció: “yo sé que usted no lo hizo, pero es mi trabajo”
A la una de la tarde, los sacaron de la casa a ambos, madre e hijo, en patrullas, y los presentaron ante la Agencia 50 de la Fiscalía, en el Búnker de la Doctores. Antes de irse los agentes ministeriales pusieron sellos en las puertas de la casa, y grafitearon la fachada exterior: “Inmueble asegurado FGJCDMX”
Cambio de manos
Seis días después, el 15 de julio de 2024, un grupo de agentes ministeriales volvió al predio a pegar en la puerta un “citatorio al propietario” del inmueble, incitándolo a que se presentara ante la Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de robo de vehículos y transporte, ubicada en la sede central de la Fiscalía, en el búnker de la colonia Doctores. El oficio fue firmado por el agente del MP Herminio Reyes Pérez, quien llevó el mando del cateo antes descrito. Él fue el único de los ministeriales que tenía su rostro descubierto, ya que el resto de los policías de investigación usaba pasamontañas negros.
En ese oficio se confirma que la carpeta fue abierta en junio de 2024 por lo que el operativo se gestó y cumplió en tiempo récord, ya que la orden judicial está fechada un día antes de ejecutarse, el 8 de julio.
Según consta en los documentos, la denuncia fue recibida de manera “anónima” por una persona no identificada, quien tampoco atestiguó ante la justicia, pero el policía de investigación dice que ese anónimo le dijo que en la casa en cuestión se ocultaban autopartes robadas. Eso, en los papeles, fue suficiente para la apertura por una investigación por el delito de “encubrimiento por receptación”
Con el cateo y la siembra de las placas para inculparlos –que la familia denuncia públicamente en este texto por primera vez desde los hechos–, fue suficiente para que los procesaran y que, en diciembre de 2024, condenaran a la madre y al hijo a tres años y ocho meses de pena en libertad condicional por un delito que no cometieron. El arma que los policías metieron en su casa no fue presentada. Una vez detenidos, fueron recibidos en el Búnker por el Ministerio Público, Óscar Fuentes Chávez, quien se encargó de su entrevista, limitándose a pedirles sus datos personales, sus “generales”, sin referirse nunca a lo sucedido en la casa, ni a la acusación que estaban tejiendo en su contra. Cuando acudieron luego a reclamar por su legitimidad para recuperar la casa familiar, la respuesta fue igualmente indignante: “Mi familia fue a la Fiscalía y les dijeron, ¿qué pelean? Si ya tus familiares están afuera, ya están libres, ya para qué peleas. Fue feo”, recordó Guadalupe.
Ella, entonces, había comenzado el laberinto que la tiene presa hasta hoy, que incluyó estar siete horas desaparecida, desde las nueve de la mañana en la que fue ingresada al Penal de Santa Martha, en el oriente de la ciudad y las cuatro de la tarde, cuando se dio aviso a sus familiares de dónde estaba. Su hijo igualmente fue injustamente procesado y encarcelado. “Pasamos una noche en el Búnker, otra en Santa Martha y a las cuatro de la mañana del tercer día me forman en el patio y me llevan a los Juzgados. Bueno, me dejaron en un túnel todo feo hasta las nueve de la mañana que me tocó mi audiencia”, recordó.
Su defensa estuvo a cargo de un abogado de oficio, que le presentaron en el Búnker, poco después de haber sido exhibidos como detenidos ante la prensa, que replicó la versión oficial sin miramientos, ni protección de su identidad. Asombrado al notar el operativo que había motivado la detención de su defendida, Guadalupe recuerda que el hombre exclamó: “¡No manches¡, ¡qué poca madre, ¡te trataron como si fueras narcotraficante! Obviamente salimos en todos los medios de comunicación”, recordó. El defensor de oficio hizo una tarea pobre, insistiendo a la madre que no se preocupara porque él estaba a cargo de todo, pero abandonó el caso a una condena segura. “En las últimas audiencias ya ni llegó”, recordó Guadalupe.
Mientras la familia intentaba defenderse de la prisión y recuperar sin éxito la casa, la Fiscalía entregó el lugar a una tercera persona que, el 14 de agosto 2024, comenzó a demolerlo. Las vecinas registraron cómo una retroexcavadora se lleva en sus uñas la pared, y un sofá verde es tratado como basura.
Al cumplirse un año de su expulsión arbitraria, el lugar tiene un edificio nuevo de tres pisos, en las etapas finales de construcción, que acumula sus bolsas de cascajo sobre el único árbol que no tumbaron del frente de la casa durante la demolición.
Aunque el operativo haya estado en manos de una fiscalía distinta, la de robo a vehículos y no la Ambiental, cuyo accionar se ha publicado en este medio su mecanismo es semejante: por medio de la criminalización de gente inocente, a quien se acusa de delitos inventados, “aseguran” viejos edificios, ocultando su desalojo tras el eufemismo.
Esta medida de fuerza y violencia institucional sucede en etapas iniciales de la investigación penal y, por supuesto, el efecto también es el mismo: las víctimas son desplazadas sin miramientos, privadas de sus cosas, de su casa y de la posibilidad de defenderse antes de ser atropelladas por esta maquinaria veloz que, en este caso, en apenas un mes hizo cambiar el suelo de manos, algo imprescindible para poder construir un edificio nuevo, en un lugar que ya estaba habitado.
