En un pronunciamiento, las organizaciones que integran el Espacio OSC señalaron que tan sólo entre enero de 2024 y mediados de 2025 se documentaron 156 agresiones contra defensores en Chiapas, de las cuales cuatro fueron asesinatos, entre ellos el del padre Marcelo Pérez, y 131 ataques directos, y que estos fueron perpetrados por grupos del crimen organizado o fuerzas de seguridad estatales. Además, entre 2021 y 2024 se registraron los asesinatos de los periodistas Víctor Alfonso Culebro Morelos y Fredy López Arévalo, así como 21 agresiones contra mujeres periodistas perpetradas entre 2024 y 2025.
El contexto de violencia, explicó el grupo de organizaciones, «se entrelaza con los señalamientos públicos realizados por comunidades zapatistas, que han denunciado despojos de tierras y hostigamientos contra comunidades indígenas, ejecutados en complicidad con fuerzas armadas federales, policías estatales y agentes particulares».
«Estas acciones no sólo amenazan la integridad de los pueblos originarios, sino que también revelan la connivencia entre actores estatales y estructuras de poder local que buscan imponer proyectos económicos y de control territorial a costa de la vida y los derechos de las comunidades», precisó.
Las organizaciones criticaron que mientras el gobierno de Chiapas sostiene un discurso oficial de reconciliación y diálogo, las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten. «Así, la llamada “pacificación” contrasta de forma flagrante con el persistente clima de violencia, desplazamiento y criminalización. Lejos de construir condiciones de paz, las políticas actuales han normalizado la presencia militar y la represión, mientras se desatienden las causas estructurales de la conflictividad: la pobreza, el despojo, la impunidad y la ausencia de un Estado que garantice justicia», puntualizaron.
Frente a la problemática, el Espacio OSC exigió al gobierno e instituciones de Chiapas a proteger y garantizar la vida de los defensores, periodistas y pobladores de las comunidades en la entidad, así como procurar justicia a los casos de violencia y fortalecer las medidas de protección a los grupos y personas vulnerables.
Las organizaciones que conformamos el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia, hostigamiento y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Chiapas.
Entre enero de 2024 y mediados de 2025, se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras en la entidad, incluyendo cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor. Estas agresiones abarcan intimidaciones, difamaciones, actos de vigilancia y ataques armados, como la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal. Los perpetradores han incluido tanto grupos del crimen organizado como fuerzas de seguridad estatales.
De manera reciente, el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), volvió a evidenciar el hostigamiento sistemático que enfrenta esta organización, referente clave en la defensa de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables. Desde 2024, el CDH Frayba ha sufrido al menos 46 agresiones, entre ellas vigilancia, allanamientos y declaraciones difamatorias por parte de autoridades. Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares desde 2010, reconociendo las amenazas sostenidas contra su personal.
En un patrón paralelo, el 5 de agosto de 2025 fue detenido arbitrariamente Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., poco antes de la salida de una caravana migrante. Pese a la falta de pruebas, fue acusado de delincuencia organizada y tráfico de personas. Un juez determinó la legitimidad de su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes y anuló la orden de detención; sin embargo, autoridades federales lo estigmatizaron públicamente, contribuyendo a un clima de criminalización e intimidación hacia quienes defienden los derechos de las personas migrantes.
La situación de las personas periodistas también es alarmante. Entre 2021 y 2024, se registraron los asesinatos de Víctor Alfonso Culebro Morelos (28 de junio de 2024) y Fredy López Arévalo (28 de octubre de 2021). Además, CIMAC ha documentado 21 agresiones contra mujeres periodistas entre 2024 y 2025, siendo este último año el más violento, con 16 casos reportados, incluyendo dos allanamientos.
A pesar del discurso oficial de “pacificación” impulsado por el gobierno estatal desde su entrada en funciones el 8 de diciembre de 2024, la realidad en Chiapas muestra desafíos alarmantes de las condiciones de seguridad y derechos humanos. Mientras se habla de reconciliación y diálogo, las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten. La estrategia estatal, centrada en la contención y la militarización del territorio, no ha reducido la violencia.
Este contexto se entrelaza con los señalamientos públicos realizados por comunidades zapatistas, que han denunciado despojos de tierras y hostigamientos contra comunidades indígenas, ejecutados en complicidad con fuerzas armadas federales, policías estatales y agentes particulares. Estas acciones no sólo amenazan la integridad de los pueblos originarios, sino que también revelan la connivencia entre actores estatales y estructuras de poder local que buscan imponer proyectos económicos y de control territorial a costa de la vida y los derechos de las comunidades.
Así, la llamada “pacificación” contrasta de forma flagrante con el persistente clima de violencia, desplazamiento y criminalización. Lejos de construir condiciones de paz, las políticas actuales han normalizado la presencia militar y la represión, mientras se desatienden las causas estructurales de la conflictividad: la pobreza, el despojo, la impunidad y la ausencia de un Estado que garantice justicia. En lugar de proteger, las autoridades han cerrado espacios de participación y debilitado la acción de la sociedad civil, tal como es el claro ejemplo de los colectivos de familiares que buscan a las personas desaparecidas, afectando directamente a quienes sostienen la defensa de los derechos y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables.
Chiapas sigue siendo uno de los estados más pobres del país, con profundas desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños. La violencia, el desplazamiento forzado, las desapariciones y la trata de personas agravan estas condiciones, mientras la acción del Estado resulta insuficiente para garantizar protección y justicia.
A ello se suma la preocupación por los recortes financieros a la cooperación internacional destinada a organizaciones de derechos humanos y de atención a personas migrantes, lo cual ha reducido su capacidad de acompañamiento y dejado en mayor vulnerabilidad a las víctimas y comunidades que hoy enfrentan riesgos graves.
Ante este panorama, desde el Espacio OSC hacemos un llamado urgente a:
