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Hallan cadáveres de dos mujeres en una fosa séptica de Chiapas

El hallazgo aumenta la cifra de feminicidios en esa entidad a 15, en lo que va de este año.

El cuerpo de dos mujeres desconocidas en avanzando estado de descomposición fueron hallados ayer en una fosa séptica de una casa abandonada, cerca de la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad de Comitán, informó la colectiva feminista 50 más 1 que contabiliza 15 los casos de feminicidios en Chiapas en lo que va del año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que inició las investigaciones con protocolo de feminicidio y señaló que no ha podido establecer la identidad de las víctimas por lo que los servicios periciales realizan los procedimientos correspondientes.

El hallazgo ocurrió cuando la Secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández Mora, realizaba una gira por la entidad, para poner en marcha, junto con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el primer Centro Libre de 52 que comenzarán a operar este año en distintos municipios del estado. En el municipio de Huixtán, así como a la Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, en Chilón.

Al exigir que el crimen sea investigado con la máxima diligencia y que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables, 50 más 1, condenó enérgicamente el acto de barbarie. “No hay justificación posible para la violencia que priva de la vida a las mujeres en las circunstancias más crueles”.

La colectiva feminista demandó una investigación exhaustiva, transparente y con perspectiva de género que permita esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales e intelectuales de este crimen y asegurar que enfrenten la justicia sin dilaciones. “Que se active de inmediato el Protocolo de Investigación de Feminicidios y se garantice una cadena de custodia adecuada de todas las pruebas”.

Así cómo también pidieron la implementación urgente de medidas de protección efectivas para las mujeres, que incluyan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, así como la asignación de recursos suficientes para combatir la violencia de género.

Programas integrales de prevención de la violencia machista que promuevan la educación en igualdad y el respeto, desmantelando los patrones culturales que perpetúan la agresión contra las mujeres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Emboscan y asesinan a cinco policías en municipio de Frontera Comalapa, Chiapas

Cinco elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Chiapas circulaban por una carretera en el municipio de Frontera Comalapa cuando fueron agredidos con armas de alto poder, provocando que ardiera el vehículo.

Un grupo armado emboscó y asesinó a cinco elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Chiapas cuando circulaban por una carretera en el municipio de Frontera Comalapa, confirmaron la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (Seguridad Pública) en dicha entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se dio a la altura del ejido Sabinalito en Frontera Comalapa, provocando la muerte de cuatro hombres y una mujer, todos ellos agentes.

Por el momento, las autoridades chiapanecas no han informado que armamento se utilizó en el ataque, pero mostraron una patrulla tipo Pick Up totalmente calcinada, destacando que los agentes de la policía preventiva no alcanzaron a huir.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, condenó los hechos y advirtió que “habrá una respuesta clara y contundente con la aplicación irrestricta de la ley” en contra de los agresores. Incluso, destacó que su gobierno no actuará con miedo para enfrentar a los agresores.

A su vez, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que inició una carpeta de investigación ante la “agresión que sufrieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en el ejido Sabinalito de Frontera Comalapa”.

Además, el propio fiscal dijo que “ordenó un despliegue de personal especializado en la zona para esclarecer los hechos” y se comprometió a que no habrá impunidad.


En tanto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo anunció el envío de mil elementos de la Policía Estatal Preventiva a la zona de la agresión en respuesta a la emboscada que sufrieron sus elementos, con el fin de “atender la situación y garantizar la seguridad en la zona”.

Por el momento, se desconoce el móvil de la agresión y la autoría del grupo responsable de estos hechos. Los nombres de pila de los policías fallecidos son: Guillermo, Jesús, Joel, Pedro y Brenda.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Destituyen a comandante de FRIP en Chiapas por presuntos nexos con el crimen organizado

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia en contra de José Carlos Lemus.

José Carlos Lemus Vidal fue destituido como comandante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) asignado al municipio de La Concordia, Chiapas, informó este sábado el gobernador Eduardo Ramírez.

Mediante un video difundido en su cuenta personal de la red social X, Ramírez dio a conocer que José Carlos Lemus fue denunciado por cometer presuntamente el delito de corrupción y complicidad con el crimen organizado.

“Por lo tanto, de inmediato se tomaron acciones y le pedí al fiscal General del Estado que garantice los derechos del denunciante. Además, instruí al secretario de Seguridad del Pueblo que separe de su responsabilidad al comandante de esta región para que pueda enfrentar una investigación legal y honesta”, apuntó el gobernador chiapaneco.

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia pública en redes sociales en el que señalaba a José Carlos Lemus lucía en estado de ebriedad durante sus labores.

Asimismo, acusó a José Carlos Lemus de aceptar sobornos para proteger a delincuentes, así como solapar abusos sexuales dentro de la institución policiaca y, fabricar delitos.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que su administración tomó con “mucha seriedad” esta denuncia pública y solicitó al fiscal garantizar los derechos del denunciante Francisco Ramírez Galindo.
“Seguiremos enfrentando a la delincuencia. Sé que hemos afectado intereses económicos y quisieran que fracasáramos en nuestra estrategia de seguridad. Ningún grupo delictivo verá sus ojos fracasar esa estrategia. En un gobierno que tiene autoridad moral, que no hace actos de complicidad con ningún grupo y de ninguna naturaleza la ley siempre será aplicada con transparencia y eso dará como resultado un paz en la que vivimos y en la que trabajamos todos los días”, subrayó.

“Chiapas ya sufrió mucha violencia y sangre, y me comprometo a que ese capítulo no se vuelva a repetir. En Chiapas garantizaremos la paz, porque la ley siempre se aplicará con transparencia”, concluyó el gobernador.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Normalistas eran perseguidos por policías, uno cayó y murió; FGE recoge evidencias tres días después

Un grupo de normalistas eran perseguidos por policías que les impidieron apoderarse de un autobús de pasajeros, uno de los estudiantes cayó del vehículo y murió. Ante protestas y desconfianza, entre los jóvenes y las autoridades, la FGE tardó días en recoger las evidencias.

Tres días después de la muerte del normalista Jesús Alaín Vázquez Pérez, de 22 años, quien cayó de la góndola de una camioneta en la que se transportaba con otros estudiantes cuando eran perseguidos por dos patrullas con policías, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), recogieron las evidencias. 

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó del levantamiento de las evidencias, como cartuchos percutidos, en el lugar de los hechos.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, dijo que el personal de la dependencia no acudió el mismo día al sitio, para evitar confrontaciones, ya que los normalistas se encontraban encapuchados. 

Llaven Abarca explicó que, a través del diálogo con la Secretaría de Educación, el 19 de mayo se tomaría declaración a estudiantes que aseguran tienen compañeros heridos. 

Velázquez Florencio señaló que son diez los normalistas de la Escuela Rural Normal Mactumactzá, que iban en la camioneta con Jesús Alaín, los que van a declarar para que se realicen las investigaciones. 

El sacerdote Fili como se le conoce, dijo que el personal de la FGE acudió el domingo alrededor del mediodía a recoger las evidencias, luego de que él y otros integrantes del Centro Minerva Bello, que asesoran jurídicamente a los estudiantes, sostuvieron una reunión con funcionario de la dependencia. 

“Ayer tuvimos un acercamiento con la FGE para saber quién será el fiscal del caso y llevar a los compañeros que fueron testigos unos y otros como víctimas, porque hay uno de ellos con un impacto no de bala propiamente, pero como de bala de goma o algo así. Ya ayer fue la FGE fue por los cartuchos percutidos. En esa reunión pedimos que lo hicieran y ya fueron los peritos”. 

Vázquez Florencio comentó que los peritos de la FGE no habían acudido, “estaban a la expectativa. Tuvimos que hacer muchas llamadas para que fueran. Pensaban que los estudiantes les podían hacer algo (los hechos ocurrieron cerca de la normal)”. 

Señaló que hay temor de las dos partes, pero se están generando las condiciones para que ni los jóvenes tengan miedo de que los van a detener, ni que la FGE que les van a hacer algo si van a investigar. 

El sacerdote refirió que Jesús Alaín, quien cursaba el octavo semestre y era originario del municipio de La Grandeza, localizado en la región de la Sierra, murió la noche del jueves 15 al caer de la góndola de una camioneta de la escuela conducida por sus propios compañeros, cuando eran perseguidos a alta velocidad por dos patrullas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). 

Los normalistas llevaban en la camioneta a dos policías que habían secuestrado en las inmediaciones de la Mactumactzá, porque los uniformados les impidieron apoderarse de un autobús de pasajeros que pretendían utilizar para movilizarse con motivo de las actividades de protesta programadas para el domingo 18 de mayo, al cumplirse cuatro años de la “represión” en la que 91 normalistas y cuatro campesinos fueron detenidos por exigir que el examen de oposición se realizara de manera presencial. 

“Algo que ayer escuchamos de los jóvenes, fue que, al tomar el autobús, eran al menos 14 patrullas las que los rodearon, ellos nunca reaccionaron para defenderse, pero los policías los retaban y cortaban cartucho para que hubiera un pretexto. Así lo consideran los normalistas que entrevistamos ayer y dicen que los estaban les cortaban cartucho, les apuntaban y provocaban, pero no pasó a mayores”. 

El presidente del centro Minerva Bello afirmó que la responsabilidad es contra la Secretaría de Seguridad del Pueblo, “cuyos agentes son los que siguen con prácticas totalmente fuera de sus funciones”. 

Agregó que hasta ahora “los únicos avances en la investigación, son que se recogieron ya los indicios y que se estableció un canal de comunicación para recibir las declaraciones de los testigos y víctimas. Es difícil convencer a los muchachos sobre todo a uno de ellos que lo detuvieron y amenazaron. No es sencillo”. 

Velázquez Florencio manifestó que “nuestra demanda principal es que la SSP cambie ese tipo de actitudes de criminalización y persecución contra los estudiantes, porque si siguen así un día van a provocar más tragedias y esa tensión puede seguir creciendo. 

“Exigimos también que la FGE haga una investigación independiente e imparcial para que se encuentre la responsabilidad de los policías porque pareciera que la culpa fue de los estudiantes, cuando los uniformados se excedieron en la fuerza durante la persecución, Independientemente de que el normalista se cayó o fue por el impacto de algún tipo de artefacto que los policías utilizaron”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

A un año de la masacre en Chicomuselo, pobladores acusan: “Seguimos siendo víctimas”

Los asistentes recordaron que fueron obligados a actuar como escudos humanos en los enfrentamientos entre grupos armados, fueron desplazados de sus hogares y violentados incluso por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos.

A un año de la masacre en Chicomuselo, donde 11 víctimas fueron asesinadas en el ejido Nuevo Morelia, en un ataque perpetrado por grupos del crimen organizado que se disputan el control de la región Sierra, miles de católicos peregrinaron y señalaron que aún viven tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que han sufrido y siguen siendo víctimas. 

Durante la jornada conmemorativa que estuvo encabezada por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y el obispo auxiliar Luis Manuel López, los asistentes recordaron que fueron obligados a actuar como escudos humanos en los enfrentamientos entre grupos armados, fueron desplazados de sus hogares y violentados incluso por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos.

“Nuestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado sino por el temor de perder nuestro patrimonio ante el saqueo y robo”. 

En la ceremonia donde se expresó la indignación, la memoria y la denuncia de la violencia estructural que sufren las comunidades, los manifestantes aseguraron: “Vivimos tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que hemos sufrido y seguimos siendo víctimas”. 

Luego de una caminata, se colocó un altar maya con frutas y granos para rendir homenaje a las víctimas: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel. Al final del acto religioso realizado en el panteón donde se construyó una capilla para honrar a las víctimas, se leyó un pronunciamiento. 

“Nuestro corazón se duele por las víctimas inocentes masacradas en medio de la violencia”, manifestó el Pueblo Creyente al demandar una paz real, “no sinónimo de militarización”, sino basada en la justicia y la libertad. 

Fuimos silenciados por las armas

Los fieles manifestaron: “Mucho se ha dicho que la paz ha llegado a nuestros pueblos, pero desde nuestra fe y nuestra esperanza sabemos que la paz no es una simple palabra, sino que brota de la justicia. Como pueblos de Chiapas necesitamos una verdadera paz, que no es sinónimo de militarización, una paz donde los pueblos podamos ser libres de violencia, amenazas e intimidaciones, donde se restablece el estado de derecho para todos y cada uno”. 

Expresaron que el hecho de que “los pueblos ya no denuncien, no quieren decir que hay paz, las voces de nuestros pueblos han sido silenciadas, nuestros silencios son un grito al cielo, clamamos justicia, queremos paz verdadera como ha sido proclamada por el Papa León XIV”. 

Origen del conflicto, la minería: pobladores

El control y disputa de la minería es señalada por los habitantes, como una causa estructural de la violencia en la región. En el documento aseguran que “la minería ha sido causa concreta de los intereses de empresas y grupos delictivos para controlar el territorio”. 

Los manifestantes refirieron que a principios del pasado mes de abril, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y diversos cuerpos de seguridad anunciaron de manera informal la clausura de la explotación minera, por lo que pidieron a las autoridades competentes que “hagan el pronunciamiento y publicación oficial de la clausura de la minería en Chicomuselo, ya que esto es algo en lo que hemos insistido como comunidades y pueblos desde hace muchos años, lo que ha ocasionado que mujeres y hombres fueran asesinados por quienes tienen sus intereses en la explotación minera”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Madres buscadoras de Chiapas exigen creación de Consejo Ciudadano

En Chiapas, 1546 familias no celebraron el día de la madre porque les falta algún ser querido. Así lo señaló el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, conformado por buscadoras y organizaciones acompañantes, durante el acto que se celebró en San Cristóbal de Las Casas este 10 de mayo. En su comunicado, el grupo de trabajo también criticó la ulterior militarización de la vida pública que ha sido impulsada por el nuevo gobierno estatal: “Los operativos policiacos no cambiarán el rumbo de la región si no se atiende a las Madres Buscadoras y no se revisan las causas históricas de la desaparición”, indica.

Durante el mitin en el parque central de la ciudad chiapaneca, las buscadoras pusieron un altar construido con picos y palas en memoria de las madres que murieron antes de encontrar a sus hijos, y de las once buscadoras que han sido asesinadas en México.

“Es importante recordarlas y alzar la voz, pues matar a alguien que busca a su hijo es algo que no podemos entender”, dijo Reina Guadalupe Morales Cruz, de Junax Ko’tantik – Comité de familiares de migrantes chiapanecos desaparecidos, que busca a su hermano Abraham Morales Cruz, desaparecido en Sonora el 19 de agosto del 2015.

Una las demandas principales de Junax Ko’tantik es la conformación del Consejo Ciudadano, uno de los órganos que de acuerdo con la ley tendría que conformar el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. “En el Consejo Ciudadano participan familiares de desaparecidos y organizaciones acompañantes para que nuestra voz sea escuchada y tenga más peso. Es muy necesario para presionar al Estado”, añadió Patricia del Carmen Ton Méndez, de Junax Ko’tantik, que busca a su hijo Hugo Francisco Ton Méndez, su nuera Karina del Carmen Ruiz Guillén y el hermano de ella, Carlos Alfredo Ruiz Guillén, que desaparecieron el 16 de abril del 2019 en un Wal-Mart de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por su parte, Griselda Pineda Herrera, de Voces Mesoamericanas, organización que acompaña a Junax Ko’tantik, explicó que el Consejo Ciudadano, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017, tuvo que ser nombrado por los Congresos de los Estados a los 90 días de la entrada en vigor de las leyes estatales que regulan la materia. En el caso de Chiapas esta ley entró en vigor en octubre de 2019, sin embargo el Consejo Ciudadano todavía no ha sido instalado.

Las buscadoras chiapanecas y las organizaciones que las acompañan dudan que el nuevo gobierno signifique un cambio real en las políticas públicas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas, y temen que la creación del Consejo Ciudadano aún sea una promesa sin cumplir. “Este órgano tiene que ver con la participación de las víctimas y creo que lo que menos desea el Estado es que participen. Lo que quiere, al contrario, es que se desgasten y dejen de buscar”, concluyó Griselda.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Colectivos firman convenio para la búsqueda de desaparecidos en Chiapas

Este 10 de Mayo, madres de cientos de desaparecidos realizarán una caminata desde el municipio de Chiapa de Corzo a la capital Tuxtla Gutiérrez.

Para atender la crisis de las desapariciones en Chiapas, provocada por los grupos criminales y la desidia del sexenio pasado de no investigar los casos y no brindar la ayuda necesaria a las familias, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y el Estado de Chiapas firmaron un convenio que contribuirá a las “acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o no Localizadas”

Este 10 de Mayo, madres de cientos de desaparecidos realizarán una caminata desde el municipio de Chiapa de Corzo a la capital Tuxtla Gutiérrez; harán una parada en la Fiscalía General del Estado y en la plaza principal de las oficinas del titular del Ejecutivo se reunirán con familias víctimas de feminicidio.

El convenio implica la transferencia de recursos por el orden de los 16 millones 338 mil 215 pesos que la Federación envía al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas; esto porque el gobierno del estado, tendría que aportar 1.6 millones de pesos por concepto de coparticipación. Dicho monto equivale al diez por ciento del monto federal autorizado.

Esto de acuerdo con el convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de mayo de este año.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas recibirá los recursos federales y estatales en dos administraciones. La primera de 70 por ciento y la segunda de 30 por ciento.

El convenio corresponde al ejercicio fiscal 2025. El Ramo 04 Gobernación del Presupuesto de Egresos de la Federación que dispondrá de 854.6 millones de pesos para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a fin de que “realicen y ejecuten acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda forense con fines de identificación humana”.

De esa cantidad, 621.1 millones de pesos es el monto distribuible entre los estados de la República Mexicana, cuyos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación comienzan a aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

La crisis de las desapariciones en Chiapas

En marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó el informe: “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”.

En su introducción, el informe del organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García indica: “La gran complejidad de la violencia en la que vive Chiapas”. Observa también que “seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable”.

El Frayba destaca que entre 2019 y 2023, la desaparición forzada aumentó en un 358 por ciento en el estado de Chiapas. El colectivo lo atribuye a la “disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”.

El gobierno actual de Chiapas, en un informe al mes de enero del presente año, reportó a través de la Alerta de Género 287 mujeres no localizadas desde 2011 al 31 de enero de 2025.

Para el Frayba, con las desapariciones “la intención sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio”. Además de que esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera.

Sobre la “violencia machista”, en el informe se plasma que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Desafueran a síndico de Chiapas; lo investigan por desaparición forzada y otros delitos

En videos que circulan en redes sociales, a Martín Martínez, se le señala también de haber participado en 2016 –junto con un grupo de hombres armados– en el desarme y humillación que sufrieron soldados de la Compañía de Infantería No Encuadrada de Maravilla Tenejapa.

El pleno del Congreso de Chiapas, determinó retirar el cargo y el fuero de sindico del ayuntamiento de Ocosingo a Martín Martínez Díaz, para que sea investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la República (FGR), por los delitos de desaparición forzada de personas, extorsiones en la región de la Selva Lacandona y portación de armas. 

A puerta cerrada, la mayoría legislativa, con la asistencia de 37 diputados, votó el juicio de procedencia contra el exservidor público, por lo que será llamado su suplente para asumir el cargo.

De acuerdo con las investigaciones, Martínez Diaz, indígena tseltal, formó parte de un grupo de personas que, el año pasado, privaron de la libertad a un hombre de la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de Ocosingo, y que a la fecha aún no aparece. 

Otro de los delitos por los que se le investiga, son la extorsiones que venían padeciendo habitantes de comunidades de la Selva Lacandona, donde, de acuerdo con testimonios, el exsíndico operaba junto con Cabrero Segundo López, indígena lacandón y jefe de una célula criminal –ahora preso– que controlaba caminos de la región selvática, lo que paralizó la actividad turística en las zonas arqueológicas. 

En videos que circulan en redes sociales, a Martín Martínez, se le señala también de haber participado en 2016 –junto con un grupo de hombres armados– en el desarme y humillación que sufrieron soldados de la Compañía de Infantería No Encuadrada de Maravilla Tenejapa, quienes habían acudido a la Selva Lacandona ante la denuncia de la llegada de avionetas cargadas con droga. 

El pasado 3 de mayo, Martínez Díaz, indígena tseltal, originario de la comunidad Nueva Palestina, habitada en su mayoría por miembros de la iglesia Adventista, que perdió su tranquilidad porque a todas horas circulaban camionetas con hombres armados, fue detenido por policías federales, estatales y el Ejército en la carretera Benemérito de las Américas-Palenque. 

El funcionario vestía con camisas de mangas largas y pantalón de mezclilla, botas y sombrero y portaba armas de fuego, cartuchos y cargadores. 

Su detención cimbró al ayuntamiento del municipio de Ocosingo, el más grande del país, ya que Martín Martínez controlaba gran parte de las comunidades, donde organizaba cabalgatas y reuniones con un séquito de hombres leales que lo acompañaban a todas partes 

En las elecciones municipales del pasado 2 de junio de 2024, el exsíndico –militante del Partido Verde Ecologista de México– al ganar la planilla que encabezaba junto con Angélica Méndez Cruz, actual alcaldesa, dijo:  

“Llego puntual a la cita con mi destino. Me llena de profundo orgullo y satisfacción ser parte de la construcción de un Chiapas que se inspira en el humanismo”. 

Dos días después de su detención, la alcaldesa reaccionó en un video subido a sus redes sociales, donde se deslindó de su excompañero de fórmula.  

“Quiero aclarar que los hechos por los que lo investigan, son ajenos al gobierno municipal”. Acompañada de regidores declaró su compromiso con la legalidad y expresó su respeto a la investigación de la FGR. 

Ya agregó que el ayuntamiento seguirá al tanto del proceso que se le sigue a Martín Martínez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.