Liliana, cuyos hijos Emanuel y Marvin desaparecieron durante un operativo militar, es espejo de esta crisis en Chiapas donde se han documentado más de mil 500 casos en las dos últimas gubernaturas. Además, se ha reportado el hallazgo de 23 fosas con al menos 50 cuerpos.
“Eran las cuatro de la mañana cuando escuché que pateaban la puerta”, relata doña Liliana. “Entraron personas con uniformes del Ejército y chalecos de la Fiscalía. Nos tiraron al suelo, esposaron a mi esposo y se llevaron a mis dos hijos”.
El mayor de ellos, Emanuel, tenía 19 años cuando se lo llevaron; en ese momento era policía militar activo del Ejército mexicano, destacado en la Ciudad de México. El menor, Marvin, tenía 15 años y estudiaba en el Cobach 20 de Noviembre.
Liliana formó parte del grupo de madres de desaparecidos que mantuvo un plantón durante un mes frente a la Fiscalía General en Chiapas, un estado donde apenas después de asomar el impacto de la confrontación de grupos del narcotráfico con la desaparición de personas, se desvela también la existencia de fosas clandestinas masivas y un número de personas que, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, es muy superior al dato oficial correspondiente al sexenio de Rutilio Escandón, primer gobernador de Morena, y del actual, Eduardo Ramírez, quien está por cumplir un año en el cargo.
La Fiscalía estatal reconoció, mediante el folio de transparencia 070136725000062, el hallazgo de 23 fosas clandestinas entre 2021 y 2024, periodo en el que se localizaron más de 50 cuerpos y restos óseos, la mayoría sin identificar.
El documento detalla un incremento constante: tres fosas en 2021, cuatro en 2022 y 13 en 2024, siendo este último el año más violento. El hallazgo más grande ocurrió en el municipio de La Concordia, donde se exhumaron 12 cuerpos sin identificar.
Pese a ello, no existen registros públicos que vinculen estos hallazgos con investigaciones activas de desapariciones en curso.
Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentó cifras alarmantes sobre desaparición en Chiapas, el 6 de noviembre último, ante la visita de una comisión internacional conformada por eurodiputados y organizaciones europeas, en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el obispo Raúl Vera, realizada en las puertas de la sede del Poder Ejecutivo estatal.
Faro detalló el número de personas no localizadas en la entidad durante las dos administraciones recientes, de acuerdo con el informe del Frayba la cifra de desaparecidos en el gobierno anterior, encabezado por Rutilio Escandón, fue de mil 204 personas.
En la actual gubernatura, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, el Frayba reporta 334 casos, de los cuales 230 son hombres.
Las principales ciudades donde se reporta ese delito son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga.
La presentación de esas cifras se da justo al concluir un viaje de cooperación e intercambio en México de una delegación internacional, que incluyó a Europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, Agencia Catalana de Cooperación y el Fons Català de Cooperació, Consejo de la Abogacía de Cataluña, Federación Interamericana de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia), entre otras.
La visita de la delegación ocurrió del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Entre esperanza y decepción
Cuenta que tras la desaparición de sus hijos recibió una llamada de extorsión en la que le exigieron un millón de pesos a cambio de entregarlos. Logró reunir y transferir 600 mil pesos, pero después perdió comunicación con los supuestos captores. “Me hicieron una videollamada, pero cuando se me apagó el teléfono ya no volví a saber nada”.
Intentó denunciar los hechos ante la Fiscalía estatal, pero denuncia que fue intimidada por funcionarios, quienes le advirtieron que podría haber represalias. “Me dijeron que mejor no levantara la denuncia, que estaba en riesgo la vida de mis hijos”.
Posteriormente viajó junto con su esposo a la Ciudad de México para buscar apoyo en instalaciones del Campo Militar 1, donde le respondieron que si algún elemento no se presentaba a los tres días, estaba considerado como desertor, o bien que su hijo “se había ido con la maña”. Desde entonces, tampoco ha sabido nada de la investigación de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Entonces, de ahí me retiro llorando y le digo a mi esposo: Vámonos, aquí no vamos a resolver nada.”
Como ella, decenas de madres en Chiapas viven entre la esperanza y la desesperación; mientras, las cifras de desapariciones crecen y la búsqueda de justicia se diluye entre la impunidad y el silencio oficial.
Luego de un mes de mantener bloqueado el Libramiento Norte, una de las vías más importantes de la capital chiapaneca, la colectiva Madres en Resistencia, conformada por víctimas de feminicidios y desapariciones, levantó el plantón que sostenían frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El bloqueo se inició el 6 de octubre y durante ese tiempo las madres denunciaron al menos siete intentos de desalojo, presuntamente por parte de policías municipales, transportistas, “grupos de choque” y colonos inconformes.
Días antes de concluir la protesta, un grupo de madres decidió separarse para formar una nueva organización: la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, con el propósito de continuar de manera independiente la búsqueda de sus familiares.
En el plantón participaron madres provenientes de Cintalapa, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, quienes compartieron testimonios de desapariciones recientes. Entre sus casos están las de dos jovencitas, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, y Yuritzi Pérez, desaparecida en Arriaga el 19 de agosto de 2024.
“Hasta la fecha no hemos tenido ningún avance. Las fichas de búsqueda de mis hijos desaparecidos no se habían difundido. Cuando entró el gobernador Eduardo Ramírez, por su discurso sobre justicia y humanismo, me dio confianza y le dije a mi esposo: “¿Sabes qué? Hay que hacer la denuncia, este gobernador me da confianza”, narra Liliana.
El 3 de enero último presentó la denuncia y ese mismo día se emitió la ficha de búsqueda.
“Desde entonces sólo se ha realizado una búsqueda, pero fue incompleta, una “semibúsqueda”, como le dicen. También difundieron las fichas, pero no más”. Cuando se llevaron a mis hijos, mi esposo logró soltarse y me gritó: “Lili, pide ayuda, yo voy por los muchachos.”
“Él tiene un camión de tres toneladas y se fue detrás de las camionetas que se los llevaron. Alcanzó a llegar hasta un rancho cerca del aeropuerto, pero ahí ya no lo dejaron pasar; el lugar estaba cerrado y custodiado. Ahí fue donde pedí que se hiciera la búsqueda. Me la autorizaron, pero sólo parcialmente: no me dieron acceso completo al rancho; la Fiscalía me negó acceso a las casas donde había fotos de militares. Después recibí amenazas para que dejara de buscar ahí”.
La mujer de 40 años denuncia que la fiscalía no le ha informado de ningún hallazgo. “Desde el inicio proporcionamos muestras para el análisis genético, tanto mi esposo como yo”.
Indicios de reclutamiento
El 3 de enero último, con la ficha de búsqueda ya emitida, Liliana se integró a la Colectiva Madres en Resistencia y, desde entonces, participa en las actividades. “Hasta el momento no hemos sabido absolutamente nada. No han vuelto a aparecer hombres armados en mi casa, aunque en la zona hay muchos. En las últimas semanas han desaparecido aproximadamente 18 personas”, refiere.
Sobre las desapariciones, Liliana dice que hay varios grupos armados que reclutan jóvenes a la fuerza, “aunque no tengo información precisa. Sólo se escuchan rumores”.
Narra que cuando se llevaron a sus hijos, “ese mismo día huyeron 12 familias de la colonia 20 de Noviembre, siete de ellas con jóvenes que eran compañeros de mis hijos –amigos, compañeros de futbol y de andar en bicicleta. Pedí a la Fiscalía que investigara a esas familias, pero no se hizo nada. Ninguna de ellas ha sido llamada a declarar, ni se han acercado a mí”.
El 12 de septiembre último Liliana tuvo una reunión con el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, según su versión, mostró indiferencia ante las madres.
“Nos dijo que, si queríamos chingar, viniéramos a chingar a la Fiscalía, y que, si queríamos quemarla, él nos apoyaba con la gasolina –relata Liliana”.
Para ella, fue una reunión decepcionante con el mandatario. “Pensamos que por ser un gobierno que se dice humanista nos iba a dar esperanza. Pero salimos llorando. No hay búsqueda real, ni apoyo psicológico, ni avances”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
