La noche del martes 8 de julio, a los activistas Eric Miller y Paola Cuevas les llegó un rumor: las autoridades planeaban clausurar las casas hogar de Ayudante al Niño IAP, una institución que han denunciado desde 2022 por presuntos abusos cometidos por cuidadores en contra de menores de edad. Fueron escépticos. Ya habían escuchado lo mismo antes y no pasaba nada.

Esta vez fue diferente. El rumor se volvió cierto y, al siguiente día, autoridades del Estado de México llegaron a las instalaciones de cinco casas hogar de Ayudante al Niño en los municipios de Texcoco y Chicoloapan. Funcionarios de la fiscalía local colocaron sellos de aseguramiento en las puertas. Estos centros habían operado desde 1967 con la financiación de iglesias cristianas de Estados Unidos. Ese día, sus puertas cerraron.

La madre acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Colima para denunciar al Presidente electo del municipio de Coquimatlán; posteriormente, un Juez giró una orden de aprehensión, por la que más tarde fue detenido.

En Playa del Carmen, Quintana Roo, 20 menores de edad originarios de Chiapas fueron rescatados de una cuartería en donde estaban cautivos en una cuartería.

Los niños, niñas y adolescentes, de entre uno y 17 años, fueron localizados por elementos de la Fiscalía estatal al momento de cumplimentar una orden de cateo.

El 99% de los casos de abuso sexual cometido contra niños y niñas, principalmente de entre 3 y 6 años de edad, dentro de las escuelas públicas y privadas del país se cometen con ayuda del personal de dichas instituciones que encubre tales delitos.

Así concluyó la Oficina de Derechos de la Infancia que documentó 25 casos de abuso sexual cometidos entre mayo de 2021 y abril de 2023 en preescolares de todo el país en el informe “#YaNoEsUnSecreto. Ahora se grita en las calles. Abuso sexual organizado en las escuelas en México”.

Ante la fuga de tres niños del Centro Capullos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) presentó una denuncia penal y administrativa contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado (DIF).

Luego de realizar una visita de supervisión para evaluar el estado físico y psicológico de los tres infantes, la CEDHNL determinó como urgente presentar una denuncia penal, así como la intervención del Órgano Interno de Control con la finalidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes y apliquen las sanciones contra las personas servidoras públicas involucradas.

Norma Areli Gómez Hernández y Arturo Sánchez Cansino fueron sentenciados a 18 años de prisión por el delito de trata de personas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara que la pareja obligaba a las hijas de la sentenciada a vender drogas.

Las niñas de 6 y 10 años eran forzadas por la pareja a comercializar paquetes con estupefacientes en diferentes puntos de la colonia Olivos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, informó la FGJEM.

Un juez de Control de la Ciudad de México (CDMX) en el Reclusorio Norte dictó vinculación a proceso en contra de Yuri “N” luego de ser acusado por su excuñada y su hijastra de presunta corrupción de menores, imponiéndole así prisión preventiva oficiosa.

En un comunicado, el bufete Regino Abogados detalló que el proceso contra el exproductor lleva poco más de dos años e inició por la denuncia de la entonces menor de 12 años, quien dijo que Breña le facilitaba drogas.

Padres de familia denunciaron que su hija, una alumna de 13 años, fue abusada sexualmente dentro del plantel escolar, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

Los familiares de la adolescente se manifestaron ayer por la mañana afuera de la Escuela Secundaria número 67, John F. Kennedy, ubicada en la colonia Petrolera, para hacer visible los hechos y la omisión de las autoridades escolares.

Un policía municipal de Irapuato fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva, al ser acusado de la desaparición forzada agraviada de su hijastro de 11 años, al que además violentó con maltrato físico, verbal y emocional durante un largo tiempo. La madre del niño acusó públicamente al preventivo de haberlo asesinado y haberse llevado su cuerpo a inhumar en un sitio desconocido.

La violencia que sufrió Juan David fue reportada por vecinos de la colonia Urbi Villas del Rey en Irapuato, quienes llamaron numerosas veces al 911 de la Policía Municipal y también al DIF municipal. Personal de ambas instancias acudió al domicilio, pero no intervino.

Primera parte. Autoridades federales y estatales encubrieron irregularidades en los refugios de la organización Comisión Unidos vs Trata, propiedad de la panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco, revela la Recomendación 72/2022, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las negligencias de los servidores públicos encargados de investigar las violaciones sexuales que sufrieron tres menores de edad –de 6, 9 y 11 años de edad, respectivamente– en esos albergues han permitido que tres integrantes de esa asociación civil –de los que no se dan nombres pero se les denomina probables responsables– sigan impunes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar equiparada, derivada de la información difundida en medios sobre el maltrato hacia menores en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), del gobierno capitalino.

A través de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, la fiscalía se puso en contacto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la ciudad, para investigar de manera coordinada los hechos.

En los últimos 30 días, jueces han emitido tres sentencias en las que se condena al Estado por su responsabilidad en la comisión de delitos de abuso sexual organizado en preescolares públicos.

Las sentencias emitidas por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, establecen que la Secretaría de Educación Pública deberá hacer un reconocimiento de su actuar irregular y ofrecer una disculpa pública.

“Tú eres mi preferida”.

La niña de 9 años, de iniciales A.M.A.R., le contó a su madre que eso era lo que le decía Roberto ‘N’, el director del Colegio Liceo de León, en Guanajuato, cuando éste se le acercaba para saludarla.

A diario, Roberto tenía por costumbre recibir a los alumnos en la puerta del colegio cuando ingresaban por las mañanas. Ahí, todos en fila, los menores iban ingresando al inmueble y recibiendo el saludo del director, que pedía a los jóvenes alumnos que le dieran un beso.

En las últimas dos décadas, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados acumularon al menos 5,110 casos con denuncias de abuso sexual en planteles de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del país, de acuerdo con información recabada a partir de solicitudes de información, recomendaciones de la CNDH, registros hemerográficos y consulta con especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre los casos denunciados se encuentran acusaciones de pederastia y pornografía, y en la mayoría los presuntos victimarios son maestros, personal auxiliar y conserjes.

Sin embargo, ni las autoridades educativas ni institución alguna del país tiene un registro de las agresiones que ocurren al interior de las escuelas hacia los menores de edad, mucho menos de los agresores y los procedimientos legales que se siguieron en su contra, en el caso de que se hayan iniciado.

Existe una red de abuso sexual y explotación infantil en escuelas de al menos siete estados de México, reveló un informe publicado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) el pasado 31 de mayo.

El informe titulado “Es un secreto. La explotación sexual en escuelas”, identificó “patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva” en planteles privados y públicos de 18 escuelas en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca.

El diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado de presuntamente intentar abusar de un menor de 15 años, sin embargo, horas después fue liberado por contar con fuero constitucional.

Incluso, el legislador logró votar en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados.

Durante su habitual conferencia de prensa, el primer mandatario respondió a Contralínea que este viernes asistirá Rodríguez Velázquez a Palacio Nacional para brindar la información requerida.

El pasado 18 de febrero, el periodista Miguel Badillo documentó que “en un refugio de la Comisión Unidos Vs Trata, dos niños de 9 y 11 años fueron violados sexualmente en 2020. El caso revela otros malos tratos, como el hecho de que los cuidadores sólo trabajaban de lunes a viernes y durante el día, por lo cual los menores abusados y víctimas de trata quedaban a su suerte en las noches y fines de semana. Sobre la violencia sexual, la presidenta de la asociación civil y exdiputada panista, Rosi Orozco, dice que las violaciones de menores pasan en todos lados”.

Luego de cuatro días de búsqueda, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y su familia localizaron a la joven Ingrid Rocío Díaz Cundapí, quien el pasado 1 de abril en las redes sociales denunció públicamente a su agresor –su padrastro- que por 10 años abusó sexualmente de ella.

La Fiscalía General del Estado dijo el domingo que logró localizar a la joven de 17 años que contaba con reporte de desaparición, por lo que fue trasladada a las instalaciones de esta Fiscalía para brindarle atención integral.

Ale es solo una adolescente, pero usa con naturalidad términos como “revictimizar”, “carpeta de investigación bien integrada” o “plazo legal para presentar pruebas”. La razón es que, apenas a sus 15 años, ya lleva tres en un proceso legal contra su padre adoptivo, al que acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete.

Un proceso lleno de obstáculos, donde la audiencia inicial del juicio se pospuso varias veces en el último año y el juez la anuló porque consideró que el acusado no estaba teniendo una defensa adecuada.

Dos niños, de 9 y 11 años de edad, fueron víctimas de abuso sexual el año pasado dentro del refugio constituido por la asociación civil Comisión Unidos Vs Trata, que preside la exdiputada federal por el PAN Rosa María de la Garza Ramírez (mejor conocida como Rosi Orozco), quien acumula una serie de acusaciones y señalamientos por supuestamente lucrar con menores víctimas de explotación sexual.

Los supuestos agresores, otros dos menores de edad (15 y 16 años), quienes también vivían en el refugio y estaban bajo la protección y cuidado de Orozco y su equipo de trabajo, fueron detenidos e ingresados al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, ubicado en Zinacantepec, Estado de México.