Este 28S, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, activistas y organizaciones salieron a las calles con distintas expresiones que pidieron legislación, acceso igualitario, reconocimiento a la diversidad y la exigencia común de modificar el Código Penal federal.
Aunque cada vez más mujeres en México pueden acceder al aborto sin ser criminalizadas, gracias a la despenalización en 24 estados, la tarea está aún lejos de terminar, según señalaron diversas manifestantes y agrupaciones en un pronunciamiento al que siguió un sonidero matutino este domingo en el monumento a Cuauhtémoc, frente al Senado, en el centro de la capital.
Además de ocho estados que faltan por despenalizar, insistieron en que el Código Penal federal sigue siendo inconstitucional al tipificar el aborto como delito, pues el 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión reformarlo. Además, sostuvieron que penalizar el aborto obliga a todas las mujeres a ser madres, mientras que despenalizarlo no obliga a ninguna a no serlo.
“Esta omisión demuestra una profunda desconexión entre las instituciones y las realidades de quienes enfrentan diariamente las barreras de acceso”, se escuchó en el cruce de Insurgentes y Reforma, como parte del pronunciamiento conjunto.
A los costados, dos mantas verdes sobre las laterales de Paseo de la Reforma mostraban las frases “Fuera aborto del Código Penal” y “Aborto legal ya. Vivas y libres en México”. Al pronunciamiento, siguió el sonidero disidente y una expresión hecha de bailes y consignas que permaneció varias horas en el punto.
Poco más tarde, pasada la 1 de la tarde, activistas y colectivas de personas disidentes, trans y en defensa de Palestina se reunieron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para marchar rumbo al Hemiciclo a Juárez, que se ha convertido en un punto de encuentro para las expresiones en contra del genocidio en Gaza. Otros puntos y horarios convocados al final se disiparon.
Activistas y organizaciones exigen al Congreso que legisle con urgencia la eliminación del delito de aborto en el Código Penal federal para garantizar el derecho sin restricciones ni criminalización, pues mantenerlo perpetúa el estigma y genera miedo.
— Animal Político (@Pajaropolitico) September 28, 2025
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“Aborto legal y seguro en todo México ya”
En el contexto de este 28S, las organizaciones AbortistasMX y Data Cívica hicieron énfasis, además, en que actualmente, los datos sobre acceso al servicio de aborto no permiten el reconocimiento de la diversidad, ya que no se recaban considerando la identidad de género de las personas.
“Los datos presentados catalogan a las personas que abortan como mujeres, pero sabemos que los hombres trans, las personas no binarias, las personas transmasculinas y otras son personas con posibilidad de gestar y también abortan”, puntualizaron.
Datos del Subsistema de Información de Salud, procesados por esas dos organizaciones, muestran que entre 2020 y 2025 hubo un aumento en la tendencia de la tasa de servicio de abortos inducidos a nivel nacional, entre los voluntarios, por violación y por causales —excepciones contempladas en los códigos penales—. Aun así, siguen siendo insuficientes y la realidad de acceso al servicio se mantiene complicada.
Esta estadística revela que no en todos los estados donde ha ocurrido la despenalización se ha registrado un mayor acceso, pues en algunas entidades en las que ya hubo una reforma para permitir el aborto hasta las 12 semanas, los servicios otorgados tienen, por el contrario, tendencias a la baja, como en Quintana Roo, Hidalgo y Colima.
El panorama en los estados, que genera desigualdad —uno de los señalamientos que estuvo muy presente en la protesta en las calles—, es sumamente diverso. Por ejemplo, en Puebla, Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Guerrero y Michoacán, la despenalización parcial ha conducido a un aumento en la tendencia, sin que eso signifique, necesariamente, servicios dignos y de calidad.
En tanto, en Tamaulipas y Querétaro, que mantienen una penalización al delito de aborto, esta sigue siendo un obstáculo definitivo. En Guanajuato, Tlaxcala y Sonora, con la misma situación, se registra un poco más de acceso, pero los datos no muestran la complejidad para obtener el servicio.
Por otro lado, los registros casi nulos de aborto en Aguascalientes reflejan el impacto de haber limitado el servicio de aborto voluntario a la semana seis, debido a las posturas antiderechos de las autoridades estatales, que derivaron en que antes de que se cumpliera un año de haber despenalizado el servicio de salud hasta las 12 semanas, se haya reformado una reducción de ese periodo a la mitad.
En Chihuahua se ganaron cuatro amparos en 2024, que hoy obligan a los servicios de salud a brindar el acceso, y se despenalizó finalmente en 2025, sin embargo, AbortistasMX y Data Cívica indicaron que el acceso sigue siendo limitado y obstaculizado debido a un gobierno antiderechos.
Según los datos preliminares de la Secretaría de Salud, en 2024 accedieron al servicio de aborto 283 personas menores de 15 años, mil 733 en el rango de 15 a 19 y 12 mil 91 mayores de 20.
Además, destacaron que el método más utilizado a nivel nacional son los medicamentos, con un 67%; sin embargo, la práctica del legrado uterino instrumental prevalece, a pesar de que en 2022 la Organización Mundial de la Salud lo declaró un método obsoleto por el alto costo, el riesgo de complicaciones y el sufrimiento que implica para las personas.
Por ello, parte de la exigencia de esas dos organizaciones, que coincide con aquellas que se expresaron el domingo en las calles, es fortalecer las fuentes de datos sobre abortos, recabar información para reconocer a todas las identidades, garantizar el servicio de alta calidad que cumpla con estándares de derechos humanos y reformar los 32 códigos penales estatales y el federal para derogar el delito de forma total.
“La salud y la vida de las personas no pueden seguir dependiendo de su código postal. Hoy, enfrente del Senado, decimos fuerte y claro: el aborto es libertad, es justicia social, es un derecho humano y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo de manera gratuita, segura, accesible, intercultural y libre de estigmas. Ninguna persona puede ser criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo”, recordaron otras activistas y agrupaciones desde las calles.
“El estigma inicia desde nosotros”: personal de salud
“El estigma inicia desde nosotros como personal de salud; el estigma de darle esta moralidad, o como maldad, viene desde nosotros, entonces creo que cuando tienes médicas y médicos preparados en temas de derechos humanos y de salud reproductiva, en temas de derechos de mujeres, en temas de derechos de disidencias, las cosas cambian”, dijo María José Díaz, médica feminista cofundadora de Médicas Verde Violeta.
Para el servicio de aborto, el trato, como en cualquier proceso de salud, debería ser empático, digno y seguro, subrayó la médica. Esta misma semana, colegas suyas se reunieron para lanzar una campaña y exigir, desde la red Salvemos miles de vidas, que el aborto salga del Código Penal.
En lo que va del año, se han registrado más de 500 carpetas de investigación por el delito de aborto, muchos de ellas iniciadas por el propio personal de salud. El tema de acceso, incluso en los estados que ya han despenalizado, y tomando en cuenta que el periodo permitido sólo contempla las primeras 12 semanas en la mayoría de los casos, sigue siendo un obstáculo en muchos puntos del país. Así lo explicó Cristina Pozos, oficial de comunicación e incidencia del Fondo María.
“Sigue siendo un pendiente importante; algo que hemos visto es que en los centros de salud no hay insumos, capacitación, no hay sensibilización o incluso estos centros están muy lejos de las personas que lo necesitan. Si bien la despenalización es un gran paso en los estados, se siguen necesitando recursos, y sobre todo voluntad política para garantizar un acceso real”, señaló.
Que las autoridades garanticen los servicios médicos para la interrupción del embarazo incluye la capacitación del personal de salud, la creación de protocolos estandarizados, la asignación presupuestaria y la eliminación de cualquier práctica estigmatizante o criminalizante, recordó AbortistasMx este 28S, junto con otras 36 colectivas y organizaciones.
Denunciaron, además, que, por ejemplo, en el caso del ISSSTE, este año se emitió un acuerdo que permite brindar acceso al servicio en los estados con despenalización parcial; sin embargo, esto ha generado una situación de desigualdad entre sus derechohabientes, al garantizarles su derecho o no dependiendo del lugar donde se encuentran. Además, las agrupaciones han tenido conocimiento de que no en todos los lugares señalados se proveen los servicios de aborto voluntario.
Agregaron que esta problemática no es menor en estados que ya han despenalizado hasta cierto número de semanas, pues muchas veces los servicios están limitados a las capitales. Por ejemplo, en Oaxaca, para 570 municipios, hay habilitadas sólo 12 unidades de atención, nueve de ellas en la capital de la entidad.
Cristina Pozos, oficial de comunicación e incidencia del Fondo María, explica que una de las principales exigencias este 28S es sacar de una vez por todas el aborto de los códigos penales, pues la OMS ha dicho que debe ser regulado por leyes de salud.
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En Michoacán, el servicio igualmente está centralizado en hospitales de la capital y de grandes ciudades, lo que además se ha agravado por el contexto de inseguridad, violencia y militarización en ese estado. Además, se han documentado otras discriminaciones e injusticias, como la falta de perspectiva antirracista e intercultural, y la baja implementación de políticas de salud integral.
Mientras tanto, en Baja California, pese a haberse habilitado módulos de atención, el avance resulta insuficiente porque persisten barreras para acceder a los servicios, no existe difusión de estos y la cobertura es limitada.
“A esto se suma escasez de insumos en algunos módulos, horarios restringidos, ausencia de un protocolo homologado y estigma social, especialmente en casos de más de 12.6 semanas en adolescentes, personas no binarias, hombres trans y personas en movilidad”.
“IMSS e ISSSTE suelen negar el servicio incluso ante violencia sexual, lo que vulnera los derechos sexuales y reproductivos”, indicaron en un pronunciamiento. En tanto, en San Luis Potosí y Sinaloa se han registrado casos de negligencia e inacción derivadas de la ausencia de protocolos.
Aunque las protestas en las calles decrecieron este 2025 en comparación con años pasados, y se atomizaron en distintos puntos y horarios, las exigencias del 28S se mantuvieron múltiples: presupuestos suficientes para otorgar el servicio, altos estándares de calidad y derechos humanos, regulación de la objeción de conciencia para priorizar el bienestar de las personas.
Además de difusión oportuna de los servicios de aborto así como de las vías de acceso con información científica, laica, oportuna y actualizada; supervisión de los servicios públicos y privados para garantizar que cumplan, así como el clamor común de reformar los 33 códigos penales —32 estatales y uno federal— para derogar el delito de aborto voluntario de forma definitiva.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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