La última edición del Semanario reveló en una investigación periodística que incluyó fuentes de la FGE, de otras corporaciones e incluso audios que revelan relaciones mafiosas entre por lo menos un mando superior y familiares y amigos de criminales, lo comprometidos que están los titulares de área.
Desafortunadamente este binomio autoridad-criminales ya no es una novedad. Lo que sí resalta es la ceguera con la cual se aborda el tema desde el ámbito cupular en la fiscalía, y estatal en el Gobierno de Baja California. La corrupción ha sido exhibida no sólo por elementos de la misma institución que prefieren guardar el anonimato, sino por propios criminales que han dejado colgados mensajes para señalar a quienes de la FGE favorecen con su actuar oficial a los cárteles que delinquen en la entidad.
Sin embargo, estas denuncias no han sido debidamente investigadas por la presuntamente autónoma fiscalía. Su titular, María Elena Andrade, no ha ordenado indagar el ilícito actuar que le han señalado a sus principales colaboradores, y a su vez, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pone oídos sordos a cualquier presunción de corrupción en la FGE.
De hecho, esta semana, para que quedara claro el apoyo que tiene hacia Andrade, la mandataria le dio un espaldarazo -literal y público- al acompañarla en un acto oficial, dedicarle palabras de apoyo y tomarse fotografías juntas.
La realidad es que en la fama de la FGE va la del Gobierno del Estado que encabeza Ávila. En Baja California, como en otras entidades federativas, la autonomía de la fiscalía es sólo de papel. Luego de tomar posesión como gobernadora, Marina no nombró directamente porque ese no es el procedimiento, pero sí dictó línea a sus diputados en el Congreso del Estado -de mayoría morenista y aliados- para que Ricardo Iván Carpio Sánchez fuese designado fiscal general del Estado.
Cuando por alguna razón que se desconoce públicamente, Ávila llegó a un desacuerdo con Carpio, este presentó su renuncia en agosto de 2023. A los pocos días, una vez más la mandataria envió sus propuestas al Congreso del Estado para suplir a su primer fiscal y, para su aprobación, destacó a María Elena Andrade, quien formaba parte de su equipo como comisionada estatal del Sistema Penitenciario y había sido -cuando Marina era alcaldesa de Mexicali- directora de Seguridad Pública municipal. La liga es evidente, y el apoyo que le dio para designarla, aún más.
En esas condiciones, políticamente Ávila Olmeda responde por el actuar de Andrade, y el trabajo de la fiscal refleja el accionar y compromiso del gobierno morenista actual. Por tanto, lo que sucede al interior de la FGE, como ello afecta al debido combate a la corrupción y la impunidad de los distintos cárteles que convergen en el Estado, el de Sinaloa, el de Jalisco y el de los Arellano Félix, es una responsabilidad compartida entre quien encabeza la institución, Andrade, y quien la puso en esa posición y cargo, Ávila.
Pero, de acuerdo a autoridades integrantes de la Mesa de Seguridad de Baja California que se reúnen de manera regular para supuestamente delinear las estrategias integrales de combate a la criminalidad en BC, la gobernadora ha ignorado desde antes que la designara a través del Congreso del Estado fiscal, los señalamientos contra Andrade. Cuando aún encabezaba, también por beneficio de Ávila Olmeda, la Comisión Estatal Penitenciaria, María Elena fue señalada por los tratos preferenciales y privilegiados que se le daba en las cárceles del Estado a ciertos criminales de alta peligrosidad, miembros del narcotráfico detenidos por homicidios, como el caso de David Jiménez López alias Cabo 20, señalado de ser el autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez.
En aquel entonces, como ahora, la mandataria estatal desoye y prefiere no ver los señalamientos de corrupción que rodean a Andrade a partir de los mandos que la acompañan, debido a que ella los nombró en el cargo: Carlos Buenrostro Molina, antiguo y actual colaborador de la fiscal, y Jorge Alberto Melo Santander.
Como se consignó en la última edición, los señalamientos contra estos dos funcionarios, en lo particular, provienen de servidores de la propia FGE y fueron fundamentados con testimonios de miembros de la Mesa de Seguridad, y en uno de los casos, con audios proporcionados a ZETA en los que se hacen evidentes las relaciones con criminales. Además, como se ha observado, han sido delatados por criminales en mantas colgadas, por proteger a un cártel en lo particular.
A pesar de los señalamientos y la evidencia, ni la gobernadora ha ordenado una investigación, ni la fiscal ha solicitado se indague a sus colaboradores, o en el mejor de los casos, los ha separado de los cargos en lo que se conduce una indagatoria oficial. En contraparte, lo que le preocupa es cuál será la siguiente publicación de ZETA.
En una reunión con su equipo de colaboradores posterior a la publicación del Semanario, la fiscal informó que uno de sus contactos, a saber pagados u oficiales, le había informado de las investigaciones que realiza el periódico y están próximas a publicarse. Desafortunadamente para ella, le vendieron información falsa.
Lo preocupante es que, ante la ceguera institucional, se prefiere invertir tiempo y aparentemente recurso en indagar la línea editorial de un medio de comunicación para prever las investigaciones periodísticas que se publicarán, en lugar de ordenar una investigación interna para comprobar o desechar los señalamientos de corrupción, sobornos y complicidad de funcionarios de la FGE con miembros del narcotráfico en Baja California.
En la misma dirección de ese actuar, la fiscal acusa de las publicaciones de corrupción dentro de su equipo, al ex fiscal Carpio, quien ella asume, proporciona información sobre las relaciones ilícitas que tendrían los mandos por ella nombrados.
No escuchar las denuncias de corrupción o voltear hacia otro lado para favorecer con ceguera institucional a los señalados, es el origen del fenómeno delincuencial que en BC tiene a la Fiscalía General del Estado, infiltrada por el crimen organizado.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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