“El recurso que tendríamos disponible sería solicitar a la Suprema Corte de los Estados Unidos que revisara la decisión de la Corte de Apelaciones”, dijo el funcionario en entrevista con Animal Político.
La conversación ocurrió luego de que este lunes 24 de julio el gobierno mexicano expuso sus argumentos orales en la segunda instancia de su demanda ―ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston―, misma que presentó en contra de siete empresas y una comercializadora de armas estadounidenses desde agosto de 2021.
Sin embargo, Celorio reconoce que esta es una alternativa que resulta “un poco más compleja”, porque la Corte Suprema de Estados Unidos no está obligada a tomar el caso por default, simplemente se le solicita y es el Máximo Tribunal estadounidense el que decide si toma el estudio del caso o no.
“Por eso, de ser favorable la decisión de la Corte de Apelaciones (para México), el litigio continuaría ya en la etapa de producción de evidencia, esto es como en las películas: un juez, los jurados, la evidencia que se presenta, las pruebas, los testigos. De eso se trataría ya en primera instancia. O sea, el litigio ya podría continuar al estudio del fondo”, explica.
Esta opción, a su vez, podría tener viabilidad dado que durante la audiencia oral de apelación, si bien no se permitió a las partes presentar nuevos argumentos, a los jueces les interesó profundizar en las excepciones de la llamada ‘ley de inmunidad’, que hasta el día de hoy ha protegido a las fabricantes de armas, señalando que entre estas excepciones podría estar una probable violación de estas empresas a la prohibición de comerciar con ametralladoras.
“Ahí los jueces hicieron muchas preguntas de cómo la industria de las armas podría estar facilitando la exportación de estas ametralladoras y cómo de alguna manera sí hay un nexo causal entre lo que hacen las empresas demandadas y lo que sucede en México”, explica Celorio.
México contra fabricante de armas Smith & Wesson
Desde agosto de 2021, México presentó una demanda contra siete empresas manufactureras de armas, entre ellas Smith & Wesson, y una comercializadora “por sus prácticas comerciales negligentes y descuidadas que han derivado en daños a la población mexicana”.
De esa forma, se abrió un juicio en Estados Unidos en el que México argumentó que esta inmunidad no aplica, porque la demanda versa sobre la distribución de armas realizada de forma no lícita y con una supuesta ‘potencial complicidad’ con los narcotraficantes.
No obstante, el juicio culminó el 30 de septiembre de 2022, cuando la Corte de Distrito de Massachusetts desechó la demanda, incluso luego de reconocer que México argumentó ‘de manera exitosa’ que las prácticas de las empresas demandadas son una ‘causa indirecta de la violencia armada que se vive en el país’.
De acuerdo con la SRE, el juez federal determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a las empresas demandadas, incluso si el daño causado ocurre en territorio mexicano. De ahí que se le conozca como ‘ley de inmunidad’.
“Aún cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley”, dijo el juez.
Ante esta resolución, en marzo de 2023, el Gobierno de México presentó el escrito de apelación en el que argumentó que la Corte de primera instancia cometió un error al dar una lectura amplia y absoluta por la PLCAA y así otorgar inmunidad a las empresas de armas.
El lunes pasado, ante un panel de dos jueces y una jueza, las partes presentaron sus argumentos orales para intentar reabrir o impedir que se abra otra vez el juicio.
La audiencia, que estaba programada para 20 minutos, se prolongó hasta por casi una hora, tiempo que se extendió debido a que los jueces hicieron varias preguntas a las partes.
México pide que no se aplique la ‘ley de inmunidad’ a las empresas de armas demandadas de daños causados a personas mexicanas en territorio mexicano.
“Nosotros iniciamos hablando de la no extraterritorialidad de esta ley de inmunidad. Nuestro argumento principal es que esta ‘ley de inmunidad’ no protege a las empresas demandadas de daños causados a personas mexicanas en territorio mexicano, únicamente es una ley diseñada para proteger a las empresas de lo que pase en los Estados Unidos. Ese argumento no se profundizó más, los jueces se concentraron más en hacer preguntas sobre las excepciones de esta Ley”, explica Celorio.
De acuerdo con el funcionario, la excepción en la que se concentró mayor tiempo la discusión de la Corte de Apelaciones fue sobre la violación a la prohibición de comerciar con ametralladoras, armas de repetición automática o armas semiautomáticas que son fácilmente modificables, según la definición que está en el sistema legal en los Estados Unidos.
Sobre esta extraterritorialidad, explica León Castellanos-Jankiewicz, experto en derecho internacional y litigios transnacionales, cuando un juez tiene un problema transnacional y hay dos sistemas jurídicos que están interactuando como en este caso, hay un conflicto de leyes. La pregunta es ¿cuál es el ‘mejor’ derecho aplicable a este caso?
“El derecho internacional privado resuelve este problema. Hay un principio que dice que los tribunales tienen que aplicar el derecho del lugar donde ocurre el daño y en este caso ese derecho es el mexicano ¿por qué? Porque el lugar donde ocurre el daño es el lugar en donde suceden los hechos, donde están los que cometen el ilícito, donde están las víctimas, donde tienen presunto domicilio todas estas personas, entonces va a haber muchas conexiones con el sistema jurídico mexicano”, dice.
Añade que no hay nada en el estatuto de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA ) que indique que se aplica de forma extraterritorial, pues sólo se aplica en territorio estadounidense.
“Alternativamente, aun en caso de que se insista en que la PLCAA es aplicable, las acciones y omisiones cometidas por las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley, por lo que el caso de México debe seguir su curso”, señaló la SRE.
Gobierno acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En paralelo al juicio, el gobierno mexicano tiene un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que si bien no se está llevando a las empresas de la industria de las armas a juicio ni al Gobierno de los Estados Unidos, sí se está solicitando una “opinión consultiva” para que la Corte Interamericana fije su postura.
“Lo que estamos haciendo es que le estamos pidiendo a la Corte Interamericana que, con base en las opiniones de otros países de la región, de sociedad civil, de la academia, determine con qué grado la negligencia de este comercio de armas tiene un impacto en los derechos humanos de las personas, particularmente el derecho a la vida, y hablando de términos generales de la ley de inmunidades si este tipo de leyes que otorgan inmunidades a la industria de las armas representa o no una violación al derecho de acceso a la justicia”, señala Celorio.
En esta opinión consultiva no se habla de Estados Unidos, de ninguna ley en específico ni de empresas estadounidenses. Se habla en términos generales, pero el potencial que tiene esta opinión consultiva es resaltar la importancia del comercio para que no impacten los derechos humanos.
“No es una cuestión no vinculante, no vamos a lograr una indemnización en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí podemos insistir en este tema tan importante de señalar que si el comercio se sigue llevando a cabo de manera negligente, irresponsable, de manera ilícita, pues hay un impacto en los derechos humanos de las personas”, señala Celorio.
Sobre este asunto, el 26 de julio pasado se dio a conocer que la Corte Interamericana extendió el plazo hasta el lunes 21 de agosto para entregar las observaciones escritas respecto de la solicitud de opinión consultiva presentada por México.
La demanda, por su parte, ha recibido apoyo de fiscales estadounidenses, víctimas, activistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y diversos estados.
“Desafortunadamente este litigio no puede regresar a la vida a las personas fallecidas, ni sanar a las personas que han sido heridas por la violencia armada, pero lo que sí puede hacer, y ya lo está logrando, es que se llame más la atención y se logre que las empresas modifiquen sus prácticas comerciales. O sea, cuando tengamos un resultado favorable en los juzgados estadounidenses, las empresas estarán obligadas a ser más cuidadosas de a quién le venden, cuántas armas venden, cómo diseñan sus armas”, dice Celorio.
“Repito, la violencia armada no va cambiar, no se va detener de manera inmediata, pero atender las causas de raíz como es el tráfico ilícito de armas facilitado en los Estados Unidos, eso puede ayudar a aminorar la situación de violencia que viven las personas mexicanas”, agrega.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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