La protesta ocurrió en el corazón del dominio de la Familia Michoacana (FM) en el estado y terminó después de una reunión de la gobernadora con los funcionarios, en la que se tomaron acuerdos que se mantienen ocultos, pero que sirvieron para bajar la tensión que estos municipios viven por la pugna entre la organización michoacana y el grupo delictivo de Los Tlacos.
En términos oficiales, estas autoridades (siete de los nueve alcaldes de la región) estaban hartos “de abusos” de la Fiscalía General del Estado (FGE) e incómodos por los operativos de esta instancia en la zona, particularmente por el que resultó en el aseguramiento de vehículos de lujo señalados como propiedad de la FM.
“La presencia de la Familia Michoacana es innegable en la Tierra Caliente. Sus raíces son profundas, que resultan casi imposibles de erradicarlas. Son tantas”, dice un hombre originario de la región que, por cuestiones profesionales, se mueve entre Chilpancingo, capital del estado, y Tierra Caliente. Le tocó pasar el bloqueo en su región, desde la tarde del viernes 28 de abril hasta la tarde del lunes 1 de mayo, porque la protesta le impidió salir.
La presencia de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente está documentada en los informes del gobierno federal. Cuando era subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja señaló a ese grupo criminal como responsable de la masacre del 5 de octubre de 2022, en San Miguel Totolapan, donde asesinaron a 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda.
El 27 de abril, un día antes de estos eventos, las autoridades municipales se reunieron con Evelyn Salgado en la sede del 34 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, donde –según información obtenida por Proceso– le pidieron ayuda a la gobernadora ante las presiones que les hicieron Los Tlacos, rivales de la FM que operan en las zonas mineras de la región Centro.
Una persona que estuvo en esa reunión –de la que oficialmente se omitieron los detalles– dijo que la gobernadora les reclamó a los alcaldes la presencia de otro grupo criminal en la región, que les imponía hasta los precios de los productos básicos, actividades que se asume son controladas por la Familia Michoacana.
La información oficial en la mayoría de los temas es escasa, sobre todo los que tienen que ver con violencia e inseguridad. Del caso de Tierra Caliente sólo hubo dos comunicados con generalidades que hablan de la disposición de diálogo de ambas partes, pero nada del fondo que los llevo a reunirse: el acoso de grupos criminales.
Una versión de lo que ahí se habló la dio el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario, en su protesta desde el puente Riva Palacio, en el camino que conecta Guerrero con Michoacán, donde encabezaba uno de los bloqueos:
“Solamente recibimos por parte de la fiscalía atropellos, señalamientos hacia los diferentes presidentes, hacia toda la gente que estuvimos pidiendo el apoyo de la gobernadora”, dijo al hablar de esa primera reunión.
El otro episodio fue el decomiso de autos de lujo –entre ellos un Lamborghini– que hizo la FGE el 28 de abril en una bodega de la colonia Tierra Blanca, Ciudad Altamirano, cuya propiedad se atribuyó a miembros de la FM. Los autos fueron trasladados a Chilpancingo el martes 2, al día siguiente de que se levantaron los bloqueos, en una caravana de la fiscalía fuertemente resguardada.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2427 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARGENA DE LA O.
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