viernes, 23 de septiembre de 2022

Una política de salud mental atrasada, y estigmatizada

La atención a la salud mental no ha sido una prioridad en la agenda política desde hace varias décadas. La pandemia sólo estancó la atención e incrementó los padecimientos: 24.8 millones de personas al año presentan algún trastorno mental y enfrentan no sólo tratamientos inadecuados, sino también el estigma social… un estigma que alcanza también a los profesionales de la psiquiatría.

El sistema de atención a la salud mental en México enfrenta un rezago histórico, desvinculación institucional y una insuficiencia de psiquiatras, además de que prevalece el estigma alrededor de la profesión y los pacientes.

“Hasta la fecha persiste el estigma en los médicos de los hospitales. Dicen: ‘Aquí no quiero un paciente que no sé cómo tratar, que no sé cómo controlar’. Eso es el estigma”, asegura Juan Manuel Quijada Gay-tán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud.

–¿Cuándo debió suceder la transición al modelo comunitario?

–La transición tenía que haber sucedido hace 20 años a través del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), responsable de dictar la política pública y que estuvo a cargo de Virginia González Torres. No había vinculación ni articulación con el Consame.

Por más de dos décadas González Torres, exsecretaria técnica del Consame –hermana de Víctor González Torres, el Doctor Simi, y de Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México–, promovió el modelo Miguel Hidalgo, que consistió en construir “villas de transición” (Proceso 2388).

“Se proyectó un modelo de villas, donde en el mejor de los casos se favorece la autonomía de los pacientes. No es una mala idea; sin embargo, el modelo se quedó incompleto en la transición hacia el modelo comunitario. Todo se quedó en villas que funcionan bajo un modelo asilar, donde las personas no salen porque no existe el eslabón que las inserte en la comunidad”, explica Quijada Gaytán.

–¿Qué influencia tiene Virginia González Torres en la política de salud mental?

–Hoy en día es parte de la historia.

A decir de Quijada, el Consame se desvinculó de los SAP, que actualmente operan seis unidades, entre ellas tres hospitales psiquiátricos: Dr. Juan N. Navarro, Dr. Samuel Ramírez Moreno y Fray Bernardino Álvarez, además de tres Centros Comunitarios de Salud Mental (Cecosam) en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco.

También desarticulada y aislada nació la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), que abordó el problema desde una visión que criminalizaba a los usuarios, según Quijada.
La dependencia a sustancias psicoactivas es un padecimiento mental, algo que compete a la psiquiatría y a las neurociencias.
Ocho de cada 10 consumidores tienen otro tipo de padecimiento mental, como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de déficit de atención, en diferentes gravedades”, alerta Quijada.

La reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo pasado, prevé transitar hacia un modelo comunitario y disponer servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud.

“La propuesta del secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue ensamblar para que una sola instancia diseñe la política pública tomando en cuenta la integralidad de la salud mental, además de incorporarla al sistema de salud; es decir, la salud mental ya no quedará por fuera como quedó durante muchas décadas”, afirma el titular de SAP, pues a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones se fusionarán la Conadic, los SAP y el Consame.

Quijada es enfático sobre los rumores del cierre de los hospitales psiquiátricos:
No se va a cerrar de un día para otro ningún hospital; lo que desaparece es el modelo asilar para transformarse en un modelo comunitario”.
–¿Qué sucederá con los pacientes en situación de abandono?

–Seguirán estando bajo la tutela del Estado, porque son pacientes abandonados desde tiempos de La Castañeda. El estimado nacional es de mil 900 personas en situación de abandono. En los hospitales federales hay 97 pacientes de la tercera edad –90 en el hospital Samuel Ramírez y siete en el hospital Juan N. Navarro– que tienen padecimientos graves de tipo neurológico, como retraso mental profundo, o lesiones graves en el sistema nervioso central que no les permiten tener autonomía. Muchos de ellos no saben escribir ni leer, y no porque no se les haya enseñado, sino porque sus capacidades no están para ello.

–¿Cómo transitar al modelo comunitario, con tantos pacientes abandonados?

–Creando dos niveles de atención a la salud mental en los hospitales generales, capacitando al personal médico, porque hoy en día casi no hay psiquiatras. Reconvirtiendo los Centros de Atención Primaria en Adicciones –con 340 unidades en el país– en centros comunitarios de salud mental (Cecosam), donde se haga prevención, porque si no lo hacemos, no habrá hospital ni servicio que nos alcance.

–¿Cuál es la situación nacional?

–Tenemos 35 hospitales psiquiátricos en el país. Hay estados que han podido avanzar un poco; otros no avanzaron nada. Por ejemplo, Guerrero no tiene una sola institución de salud mental en todo el estado –ni villas ni hospitales psiquiátricos–, no pasó nada ahí, aunque desde el año pasado se le tomo protesta al Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones del Estado de Guerrero.

–¿Qué hace la gente con padecimientos mentales en Guerrero?

–Es trasladada al Fray Bernardino en la Ciudad de México.

El segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones, publicado este año por la Secretaría de Salud, estima “una gran brecha de atención y ligado con esto la demora en recibir una atención adecuada”.

Según el diagnóstico, una quinta parte de la población mexicana padece trastornos mentales y adicciones en distinta intensidad y más de 80% no recibe la atención adecuada. Los trastornos más frecuentes son ansiedad, fobia social, depresión, abuso de alcohol, trastorno obsesivo compulsivo y, en menor medida, ataques de pánico. Cada año cerca de 5% de la población mexicana “presentará un trastorno severo que requerirá de una atención oportuna, disponible, accesible y de calidad”.

En el documento se explica: “Es insuficiente la disponibilidad de los recursos para salud mental y adicciones, y están mal distribuidos entre los diversos estados del país. La Secretaría de Salud federal y las estatales cuentan con una baja disposición de recursos y bajo acceso a los servicios, que es más notorio cuando se tiene que atender un problema que afecta a una quinta parte de la población”.

A pesar del panorama de la salud en México, Quijada se mantiene optimista: “Buscamos reducir la brecha de atención, que es muy grande. La estrategia comunitaria busca reducir esa brecha. Esto es gradual y la reforma a la Ley General de Salud nos dice que la salud mental y las adicciones pasan a tener prioridad en la política”.

Médicos al límite

Al preguntarle si el sistema de salud va a crear psiquiatras “al vapor”, el especialista responde:

–Lo último que intentaríamos sería hacer psiquiatras así, “al vapor”. Lo que queremos es formar personal en el primer nivel de atención, enfermeras, psicólogas, trabajadores sociales y médicos generales que tengan los conocimientos básicos para tomar las mejores decisiones.

–¿Qué sucede con los médicos saturados, ansiosos, deprimidos y que no tienen instrumentos ni medicamentos?

–No nada más es una situación en cuestión de la salud mental, esto es general. Implementamos un tamizaje con todos los médicos internos de primer grado y los médicos pasantes de servicio social, con el que vemos si tienen riesgo de tener un padecimiento mental o incluso si ya lo traen. Y se les ofrece apoyo.

Los médicos pasantes de servicio social y los internos de pregrado padecen más estas condiciones de estrés, desgaste, desvelos, y además con pocos insumos, porque a veces en el servicio social te toca estar en un lugar donde no hay condiciones y todo es muy precario. Eso aumenta el estrés y se ha visto que los coloca, no directamente a la puerta del suicidio, pero sí en una depresión, en un trastorno de ansiedad o por consumo de sustancias psicoactivas, ya sea de uso problemático o por dependencia.

–¿Existe un problema de consumo entre los médicos?

–Los médicos en general no tenemos acceso a medicamentos anestésicos, como el fentanilo. Entre los anestesiólogos se ha visto un consumo, pero no se puede generalizar. Sin embargo, es donde hay más uso y tiene que ver con la disponibilidad. La mayoría del consumo de sustancias tiene una lógica de automedicación: buscan quitarse la depresión, la ansiedad; a la hora de consumir sustancias, de momento disminuyen los síntomas, pero a muy corto plazo el problema se agrava y ahora tienen una depresión más un problema por dependencia a una sustancia psicoactiva.

–¿Cómo previenen los suicidios?

–Hemos capacitado a más de 10 mil personas en el tema del suicidio porque representa un gran problema de salud pública, y ahora con la pandemia más. En el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio se activa el Código 100, que es como el código infarto. Si el médico general ve que el paciente se puede suicidar, activa el Código 100 y se escala al hospital general o de alta especialidad o psiquiátrico para detener el suicidio.

En 2021 se registraron 8 mil 447 defunciones, el doble de personas que cometieron suicidio durante 2006. Yucatán, Aguascalientes y Campeche son las entidades que más suicidios registran, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“El suicidio debe dejar de ser un tema tabú. Se ha visto que si alguien recibe apoyo dentro de las primeras 24 horas, se desac-tiva la conducta suicida. Si nos quedamos en el mismo sistema, tardaría mucho tiempo en llegar al hospital psiquiátrico”, concluye Quijada.

Este texto es un reportaje publicado en el número 2394 de la edición impresa de Proceso

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO SALDÍVAR.

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