Las Rutas de la Salud llevarán medicamentos a todo el país a partir de agosto, mediante un nuevo sistema de distribución impulsado por el IMSS Bienestar.
A partir de agosto, el Gobierno de México pondrá en marcha las Rutas de la Salud, un nuevo sistema logístico diseñado para distribuir medicamentos e insumos médicos en todo el país. Este modelo operará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar a fin de garantizar el abasto oportuno en hospitales, clínicas y centros de salud, incluidos los de difícil acceso.
¿Cómo funcionará el programa?
De acuerdo con las autoridades, la iniciativa consistirá en una red de transporte terrestre y fluvial compuesta por camiones, camionetas y lanchas, con las que se llevará material médico directamente a las unidades del sistema de salud pública. Esta estrategia permitirá una entrega más eficiente y rastreable, especialmente en comunidades rurales o apartadas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el programa surgió en Veracruz, impulsado por la Gobernadora del estado, Rocío Nahle García, y el cual ahora, a nivel federal, distribuirá medicamentos a cada rincón del país con apoyo de las entidades que operan dentro del IMSS Bienestar.
"Estamos tomando un programa que inició la Gobernadora de Veracruz, en Veracruz. Ella le llama ‘Camionetitas de la salud’, nosotros le llamamos 'Rutas de la salud', que es un sistema de distribución. Nos están ayudando las entidades de la República que están en el IMSS Bienestar; y en agosto le damos el banderazo de salida a todos los camiones, camionetas, camionetitas, todo lo necesario, lanchas, para llevar a todas las islas todos los medicamentos necesarios”, puntualizó en la conferencia matutina “las mañaneras del pueblo”.
Durante la conferencia "La Mañanera del Pueblo", el subsecretario Eduardo Clark informó los avances en el abasto de medicamentos para el sistema público de salud. pic.twitter.com/gJaclT0sLr
El sistema de distribución estará compuesto por 96 camiones de 3.5 toneladas, 38 de 1.5 toneladas, 35 cajas sanitarias y 27 cajas refrigeradas. Su despliegue permitirá transportar medicamentos de forma controlada, incluyendo aquellos que requieren cadena de frío.
Además, se han adquirido aproximadamente el 96 por ciento de los medicamentos e insumos necesarios para el 2025 y 2026, mediante una inversión de 284 mil millones de pesos. La ciudadanía podrá consultar el listado de compras en el portal monitoreocompra.salud.gob.mx y dar seguimiento a las entregas en entregamedicamentos.salud.gob.mx.
El fortalecimiento del IMSS Bienestar incluye también la mejora de infraestructura médica con una inversión adicional de cuatro mil millones de pesos. Estos recursos permitirán el funcionamiento adecuado de hospitales, quirófanos y unidades de medicina familiar, tanto nuevas como ya existentes.
También se presentó una nueva herramienta digital: https://t.co/bZ2eorPquF, donde cualquier persona puede consultar si ya se entregaron los medicamentos solicitados por cada estado, institución o unidad médica. La plataforma se actualiza los días lunes. pic.twitter.com/hArRazcqCO
A la fecha, se han inaugurado 13 hospitales y ocho clínicas, mientras que para finales de 2025 se prevé abrir 19 hospitales más y seis unidades médicas adicionales. Estas acciones forman parte del proceso de expansión del sistema nacional de salud.
El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, explicó que la inversión también contempla la sustitución de hospitales en Pánuco (Veracruz) y Guamúchil (Sonora), además de la rehabilitación de quirófanos en Colima y la ampliación de servicios en Tijuana, como salas de hemodiálisis.
Finalmente, autoridades del sector salud informaron que, además de las Rutas de la Salud, se mantienen otras acciones clave, como la distribución de vacunas contra el sarampión y la intervención de 80 quirófanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que beneficiará a cerca de dos millones de personas.
Los trabajadores llegaron al campo agrícola donde recolectarían chile y pepino, pero de acuerdo con autoridades arribaron a Coahuila con algunos síntomas.
La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó un brote de sarampión en el rancho agrícola “La Maroma” del municipio de Nava, donde llegaron más de un centenar de trabajadores procedentes de Chihuahua a la pizca del chile y pepino.
De acuerdo con el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Uno en Piedras Negras, Roberto Belloc Sandoval el viernes se atendió a una mujer en el Hospital General de esta ciudad fronteriza y se comprobó que los síntomas están relacionados al sarampión.
“En ese campo se hicieron 21 muestras de las cuales 19 salieron positivas, además de la paciente que está el Hospital General, lo que nos da 20 casos nuevos de sarampión. Son pacientes provenientes de Chihuahua”, señaló.
Los trabajadores llegaron hace unos días al campo agrícola donde recolectarían chile y pepino, pero de acuerdo con el epidemiólogo llegaron a Coahuila con algunos síntomas.
Las personas fueron separadas del resto de los trabajadores que no contaban con síntomas y se llevó a cabo la vacunación de quienes no contaban con esquema completo.
El epidemiólogo insistió que se trata de un caso que está bajo observación porque es un grupo números de trabajadores agrícolas que llegaron de lugares donde hay más presencia de la enfermedad.
“Son pacientes provenientes de Chihuahua y se da por hecho de que son casos de importación. Se les está dando seguimiento médico, no hay razón para alarmar, pero se le pide a la población que si no tienen esquemas completos acudan a un Centro de salud para que se les proporcionen las vacunas”, agregó.
Mencionó que su estado de salud es estable y se monitorea al resto de los casi cien trabajadores que llegaron al rancho y quienes no tienen prestaciones médicas, por lo que también hay otras instancias investigando la forma que fueron contratados.
En 2024 se decretó la gratuidad en todos los servicios de salud y la eliminación de cuotas, sin dar más presupuesto al sector. El Hospital General es uno de los más afectados por la decisión: sin personal, insumos ni medicamentos, en sus alrededores deambulan decenas de pacientes que no pueden ser atendidos.
“Mi esposo está en urgencias desde hace cuatro días porque no hay cama adentro”, dice Librada Flores, de 52 años. Sigue esperando noticias desde la banqueta del Hospital General de México Eduardo Liceaga, en la Ciudad de México, donde llegan pacientes de todo el país que requieren tratamiento especializado y no tienen seguridad social.
Librada cuenta que su esposo, Raúl Morales, de 57 años, es diabético, pero desde hace un mes tiene complicaciones en los pulmones. Esto los ha hecho ir y venir del hospital de Ecatepec al Hospital General. En uno no tienen los aditamentos para tratarlo, luego de drenar sus pulmones, y el otro está saturado.
La mujer relata que días antes, empujando a su marido en silla de ruedas por el hospital, lloró y suplicó como pocas veces en su vida para que lo recibieran. El doctor le mostró el área de urgencias. “Mire, vea, no le estamos engañando, no hay cupo”. Ella, con todo el llanto, le suplicó: “Atiéndamelo aquí, en su silla”.
Librada rememora el momento con tono de alivio: “Le toqué el corazón al doctor. Al final sí me lo recibió”.
Además del gasto que Librada y su familia han hecho para pagar el tratamiento de diálisis y medicamentos que sumaban 3 mil pesos al mes, porque los hospitales públicos no los proveen, ahora que está en este hospital debe comprar hasta la comida para su esposo. “Nos dicen que les traigamos desayuno, comida y cena, porque en urgencias no dan comida”.
Efectivamente, el área de urgencias se enfoca en estabilizar a pacientes ante una emergencia y, dependiendo del estado de salud, se da de alta o se interna. En teoría, no deberían pasar más de 24 horas ahí. Pero la realidad es otra.
En este caso, Raúl necesita atención especializada por el líquido acumulado en sus pulmones y la dificultad para respirar que lo mantienen utilizando tanque de oxígeno. Debía ser internado, pero no hay camas disponibles. Los doctores debían decidir: mantenerlo en urgencias o decirle a la familia que buscaran otro sitio. Optaron por lo primero.
Decir que no hay espacio de atención habla de un problema real porque el tamaño del hospital lo coloca como uno de los más importantes del país. Tiene mil 192 camas instaladas. 808 están en el área de hospitalización y 384 en atención transitoria o provisional.
Pero para hacerlas efectivas también se necesitan médicos, enfermeras, insumos y medicamentos. Pero en este momento todo está rebasado. Por eso, personas como Raúl están en una cama de urgencias y otros más ni siquiera eso: ocupan una silla o fueron enviados a buscar otro hospital.
La gratuidad trajo saturación en el Hospital General de México
En su último año de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decretó la gratuidad de los servicios de salud. “La salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo; ya está establecido en la Constitución. (…) Tenemos el compromiso de dejar funcionando el sistema de salud pública y queremos que sea el mejor sistema de salud pública del mundo”, dijo en mayo de 2024.
Esto se traduciría en que nadie pagaría por servicios de salud ni medicamentos porque sería absolutamente gratuito. A diferencia de las cuotas de recuperación que cobraban los hospitales públicos de acuerdo al nivel socioeconómico de los usuarios.
Si bien esos cobros eran mínimos en comparación con cualquier otro sistema privado, había personas de ingresos tan limitados que cualquier cantidad significaba una fortuna. Pero por otra parte, las cuotas significaban ingresos para la operación de los hospitales ante un presupuesto gubernamental siempre insuficiente.
El primer paso de la gratuidad fue la cancelación de las cuotas y la prohibición al personal médico de todos los hospitales públicos de solicitar insumos o medicinas a los pacientes. Además de una campaña de difusión desde la conferencia presidencial y sus redes sociales para informar a la gente que no debía pagar por nada.
Sin embargo, el decreto de gratuidad no vino acompañado de aumento de recursos, sino de recortes.
En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Hospital tendrá 4 mil 791 millones de pesos de presupuesto. En 2024 tuvo 5 mil 241 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Eso significa que uno de los principales hospitales del país tendrá 449 millones de pesos menos. Aún así, tendría que cumplir la encomienda de recibir a toda persona que solicite el servicio y sin cobrar un solo peso extra.
“La capacidad del hospital está totalmente rebasada”
Aunado a la falta de ingresos propios por las cuotas de recuperación, el resultado es que las carencias cada vez son más graves. Uno de los efectos es la saturación: la demanda se ha incrementado, pero no así los recursos humanos y materiales, explican trabajadores del hospital.
Por eso, en la entrada de emergencias del hospital, donde la desesperación de los enfermos y sus familias es más desgarrador, el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) colocó una manta con el siguiente mensaje:
“Informamos a todos los usuarios que la capacidad de atención de la institución está totalmente rebasada, lo que ocasiona condiciones no óptimas para brindar una adecuada atención. Las condiciones bajo las cuales se está trabajando son: capacidad de atención rebasada, falta de insumos básicos, falta de personal y proyectos de reorganización de los distintos servicios aumentando la capacidad de atención con las mismas plantillas de personal y sin la infraestructura adecuada”.
Lo hicieron para buscar comprensión entre los pacientes y sus familias. Para informar que la falta de atención no depende sólo del médico de turno, sino de las herramientas para poder trabajar. Algunas veces lo logran, otras más, cuando la desesperación por la gravedad de los pacientes apremia, los únicos en recibir los reclamos son los médicos.
Y no es la única presión que enfrentan. Poco después de colgar esa manta, una televisora transmitió imágenes de la saturación del área de urgencias. Lo que vino después no fue la solución al problema, sino la amenaza al personal para investigar quién había filtrado los videos y la advertencia de no hablar con medios de comunicación o su trabajo estaría en riesgo.
Ni siquiera el personal sindicalizado se atrevió a desafiar la instrucción después. Quienes estuvieron dispuestos a dar su testimonio para este reportaje lo hicieron bajo condición de anonimato.
Una de las personas trabajadoras del hospital muestra documentación oficial con los requerimientos de insumos de noviembre de 2024 a enero de 2025. En enero, por ejemplo, enlistaron 600 pares de guantes de látex para examinación y 3 mil gasas, pero no entregaron ni una sola.
“¡Gasas! ¡guantes! Es lo más básico entre lo básico. Jamás habían faltado cosas así”, relata la persona trabajadora. Esa semana tampoco les surtieron las 60 piezas de antiséptico solución solicitadas; las 2 cánulas faríngeas, 2 tubos endotraqueales, 10 catéteres, 10 conectores de una vía, los 60 conectores libres de uso de agujas, ni los 600 cubrebocas.
Cada semana siguen acumulándose los pedidos sin surtir, como las 600 jeringas, 10 sondas gastrointestinales, o 10 rastrillos. Mientras que entre las cosas que sí entregaron están 8 paquetes de ropa quirúrgica, y 20 vendas elásticas.
Por eso es que a veces el personal coopera para comprar las cosas más básicas, pero no siempre puede. Ahora, además, se suma otro miedo: si prescriben medicamentos o insumos para comprar por fuera, los usuarios podrían reportarlos porque ahora tienen claro que todos los servicios son gratuitos. Lo que no saben es que la gratuidad no vino con presupuesto.
Y es que en este hospital todo es faraónico, menos los recursos. Atiende especialidades de medicina crítica, obstetricia, oncología, geriatría, neumología, neurología y neurocirugía, salud mental, nefrología, cirugía bariátrica, citopatología, cirugía de columna, y medicina paliativa.
Cada año se realizan 5 mil atenciones en urgencias y 621 mil consultas. En sus 50 quirófanos se realizan 30 mil cirugías, y recibe a 540 estudiantes de medicina y 850 residentes mexicanos y 166 extranjeros estudian posgrado.
Tiene más de 100 años de operación y actualmente, dicen los trabajadores, la vocación y voluntad lo siguen manteniendo. Animal Político pudo entrar al hospital y, efectivamente, el área de urgencias está llena.
Lo mismo hay personas en camas, que en sillas, doblados del dolor, llorando o ensimismados esperando a que médicos o enfermeras los revisen. El personal no para, va de un lado a otro, revisa a uno, al siguiente de la cama, suministran medicamentos; avanzan así cada fila de enfermos. Sus horas de turno están topadas, y las enfermeras tienen que trabajar hasta 10 días sin descanso por falta de personal.
La infraestructura, insiste una de las entrevistadas, cada vez está más deteriorada. Y es que si no hay recursos para medicinas, menos para las reparaciones. Aunque el hospital tiene una torre “nueva” de menos de una década, sin el mantenimiento adecuado también se deteriora. Como muestra, señala los estragos de los temblores, pequeñas grietas que no han sido revisadas, sanitarios clausurados, plafones caídos, pisos levantados.
Mientras que los edificios más antiguos tienen condiciones deplorables. En una área de internamiento, los enfermos que están a unos metros del baño deben soportar el olor pestilente por la falta de registro en la coladera y el mal estado de los retretes. La falta de fumigación, mantenimiento en las tuberías y hasta artículos de aseo ha provocado que las ratas se metan hasta los dormitorios.
Los elevadores no funcionan, otras áreas de internamiento tienen sanitarios clausurados, pasillos sin luz, fugas de agua. Y la farmacia, con faltantes todos los días. Los médicos tienen que usar lo que hay, no lo que requieren para tratar a sus pacientes.
Aún así, esta es la única esperanza para miles de personas que no podrían encontrar atención médica en otro espacio, como Leticia, quien pasa las noches afuera del hospital mientras su sobrino Jorge, con leucemia, es atendido dentro.
“Aquí te atienden muy bien los especialistas, con mucho respeto. Hacen su trabajo con mucha excelencia, enfermeras y enfermeras. De eso no hay ningún problema. La cosa es que falta material para ellos, para que nos atiendan. ¿Qué está pasando, por qué están recortando? O quieren que nos muramos todos aquí, pues?”, reclama Leticia.
Inaugurado hace 15 años por el gobierno de la CDMX, el hospital de especialidades de Tláhuac carece de insumos, equipo y personal médico para atender a la población, que aún así acude a él para tratarse.
“Antes decían que este hospital era de especialidades, pero ahora ya no. Dicen que hacen falta muchos médicos, medicamentos y aparatos”. Silvia Rodríguez, una mujer de 57 años, describe así al Hospital General de Tláhuac, su única posibilidad de atención médica porque no tiene seguridad social.
Silvia tiene el cabello entrecano, largo, trenzado; en su dentadura hay varios huecos, y las líneas marcadas de su rostro moreno le hacen ver mayor. Está en la sala de espera del área de urgencias. Trajo a su esposo porque tiene un dolor en el estómago insoportable. “Él nunca llora y ahorita hasta gritaba del dolor, por eso se convenció de venir”, dice, mientras sujeta con fuerza la bolsa de tela sobre sus piernas. Se le nota la angustia en los ojos.
Durante la conversación cuenta con toda naturalidad que ella misma necesita una cirugía para extirpar las piedras en la vesícula que le diagnosticaron en 2023, pero está resignada a vivir sin ella.
– ¿Por qué no la operaron?
– Aquí dicen que ya no son especialidades porque no tienen los aparatos, que se han descompuesto, y que ellos no pueden hacer nada porque no les mandan el gobierno. Luego me mandaron al Hospital General, y ahí tampoco me atendieron porque no había cirujano. Y no he tenido la economía para operarme en un particular.
– ¿Ya ha preguntado cuánto cuesta?
– Sí, sale como 8 mil o 10 mil pesos, pero no tenemos la posibilidad de tener esa cantidad para operarme. Y no tenemos seguro ni nada de eso, por eso recurrimos aquí a los hospitales.
– ¿Y ahorita cómo se siente, no le da molestias la vesícula?
– De repente me dolía bastante, pero ya después he tomado medicamentos, así que me controle nada más el dolor.
Silvia trabaja como ayudante haciendo quesadillas en un puesto ambulante. Antes de eso trabajó por décadas limpiando bodegas en la Central de Abasto, pero durante la pandemia la mandaron a descansar, por ser de la tercera edad.
En la plática, también confiesa que siente bolitas en diferentes partes del cuerpo. “Yo creo que es cáncer”, dice, mientras arrecia el llanto y su voz apenas se escucha. “Mire, tóqueme aquí”, pide, mientras guía la mano de la reportera a su brazo y cuello. “Hay unas que me duelen y otras que no, pero me dicen que no es nada, que sólo son de grasita”.
No le ha dicho a nadie de su padecimiento para no preocupar a sus hijos. Además no tiene mucho caso, insiste, porque jamás podría pagar un tratamiento de cáncer. Su única esperanza es su fe. “Le pido mucho a Dios que me ayude. Cuando me siento mal sólo le pido a Él. Nunca nos puede fallar”.
Mientras se limpia la cara con su blusa, regresa al caso de su esposo. Dice que no es la primera vez que padece del estómago. Antes de la pandemia lo operaron en este hospital por un absceso en la pared del estómago, pero ahora, los mismos médicos dicen que ya no tienen los aparatos para atenderlo.
Quince minutos después, su esposo, de 62 años, salió del consultorio con una receta de la joven médica que está de turno. “¿Qué te dijeron?”–pregunta ella. “Que algo me cayó mal” –responde él. Le estira la mano para enseñarle el pedazo de papel, aunque la mujer no sabe leer. Entonces, le pide a la reportera que la lea para ver qué le recetaron. Es un Omeprazol, tratamiento para el reflujo. “Pero dicen que no hay en la farmacia, que lo tenemos que comprar afuera”, explica el hombre, pálido.
Ambos se dirigen hacia la salida. Él camina con cierta dificultad, a paso lento, sin separar la mano de su abdomen. Ella camina a un lado, resignada, como en cada visita a este hospital.
De hospital de especialidad, a elefante blanco
El Hospital General de Tláhuac fue inaugurado en 2010 por el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía. Se trataba de un hospital que atendería a 240 mil personas y que inició operaciones con las especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General, Traumatología, Geriatría, Oftalmología, Neurología y Terapia Intensiva, con 19 consultorios y 200 camas.
Según el entonces secretario de Salud, Armando Ahued, el hospital requería 200 millones de pesos de presupuesto anual para cumplir la expectativa de atención, que consistía en 34 mil consultas de especialidad, 28 mil servicios de urgencia, mil 400 cirugías programadas, mil 320 ambulatorias, y 200 mil estudios de laboratorio.
Los pasillos que estaban relucientes hace 15 años, hoy tienen los pisos desechos, techos caídos, y por dentro, lo que no está visible para los visitantes, es prácticamente un cascarón. Los estantes de medicamentos están vacíos, la falta de insumos hacen imposible utilizar algunos medicamentos inyectables, y el personal, cada vez más disminuido, hace malabares para intentar salvar vidas.
Así lo pudo constatar Animal Político al recorrer el hospital Hospital de Tláhuac y hablar con personal de diferentes áreas, días después de que decidieron bloquear la vialidad para denunciar las carencias y tras el cierre del área de terapia intensiva por la renuncia del último médico que la atendía, en enero pasado. En casi todos los casos pidieron anonimato, para evitar represalias.
Explican que poco a poco el hospital dejó de ser de especialidades. El geriatra y el neurólogo se fueron. En ese momento tampoco había ginecólogos los fines de semana, por lo que no podían atender ni partos, y hace más de un año dejaron de hacer cirugías de ortopedia. Aunque sí hay especialistas, no se cuenta con todo el material para atender fracturas.
“Vea las gavetas, están vacías”, dice una doctora mientras las señala. Sólo son un par de muebles en el área de Pediatría y efectivamente no hay ni siquiera Vida suero oral, quizá el insumo más básico para tratar la deshidratación, de esos que hasta antes se regalaban a manos llenas en los centros de salud.
“Tenemos un niño con diarrea y hay que pedirle a los papás que traigan su propio suero comprado. Aquí los que se están beneficiando más pues son las cadenas de farmacia”, dice el personal.
Otra de las pacientes es una niña con diabetes, a quien deben revisarle la glucosa cada hora. Solo de un día necesitarían 24 tiras reactivas, pero únicamente hay 3. “¡Tres tiras para más de 24 horas! De plano hay que estar peleando y matándose por una tira reactiva con otras áreas. ¿Qué hace enfermería? Comprarlas de su bolsa”, agrega una doctora.
También faltan suspensiones y jarabes, pero el personal médico resuelve como puede. “Disolvemos tabletas con agua y calculamos lo que corresponde por peso a los niños. O a veces traemos muestras médicas que nos regalan en los congresos y lo vamos dosificando como se necesite; damos dosis en jeringa y así sacamos para varios, pero a veces ni un simple paracetamol tenemos. Ahorita estamos consiguiendo norepinefrina para otra niña grave que tenemos acá, porque tampoco hay”.
Las carencias, dice, “han sido más evidentes en los últimos 3, 4 años, pero así súper mal estos últimos año y medio, o sea, nos hemos quedado sin medicamentos básicos de lo básico.
No se enfermen, puede no haber atención
Este era un Hospital financiado con recursos locales y federales a través del Seguro Popular, desaparecido por instrucción del expresidente Andrés Manuel López Obrador acusando corrupción, aunque no hay un solo imputado al respecto. En su lugar, creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero fue extinto dos años después.
En ese proceso, no se sabe dónde quedó el dinero que financiaba el Seguro Popular. De 2010 y hasta 2018 el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular había acumulado 119 mil millones de pesos, pero en 2023, sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en 4 años AMLO disminuyó 62% del dinero ahorrado durante 13 años, y sin explicar en qué lo gastó.
Ahora el hospital depende del IMSS-Bienestar, a cargo del gobierno Federal, pero se trata del tercer proceso de transición, con las complicaciones administrativas y de distribución de recursos que conlleva.
Con este panorama, cuando se le pregunta a un médico qué le diría a los ciudadanos, éste pide su comprensión y hace una recomendación: “Si no estás enfermo, cuídate. Pero si tienes una enfermedad y tienen que ir a un hospital como éste, sepan que puede haber atención médica o no. No sabemos qué va a pasar porque todos están igual”.
Por eso, pensándose él mismo como paciente, remata: “Ahorita no me quiero enfermar. No hay que enfermarnos ahorita, salvo que tengas dinero”.
Entre los insumos faltantes en este hospital está, por ejemplo, la jeringa para suministrar la anestesia epidural, indispensable para atender los partos. A falta de esto, y ante una urgencia, tienen que aplicar anestesia general, lo que incluso podría traer afectaciones al bebé, reconoce una de las médicas.
Pone otro ejemplo: semanas antes recibieron nuevos concentradores de oxígeno para las cirugías, no tienen consumibles y no los pueden usar. “Nos tocó situaciones en las cuales tuvimos que terminar cirugías con ventilación manual”, relata.
Noemí Guerrero, representante del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de Salud (FINTRAS), denuncia que no tienen ni jabón para la higiene del personal. “No tenemos equipos de bombas de infusión, tiras reactivas, medicamentos que son muy esenciales para los pacientes como es gluconato de calcio, enoxaparina”.
Cansados de esto, en enero pasado se atrevieron a encabezar una manifestación y cerraron la vialidad afuera del hospital para hacer presión a las autoridades, quienes ya sabían de las necesidades, pues en 2024 acudieron a hacer un diagnóstico. Pero casi un año después la situación sólo empeora. “Es muy importante que la autoridad resuelva porque no es a favor de nosotros, es a favor de la población”, insiste Noemí Guerrero.
Después de esa protesta consiguieron que contrataran más personal y reabrieron el área de Terapia intensiva, pero hasta junio seguían con faltantes de medicamentos, igual que a inicio de año.
Mientras tanto, los pacientes se desesperan. Marisela ha batallado desde agosto de 2024 para que operen a su esposo diabético. Finalmente lo intervinieron, pero ahora necesita sesiones de diálisis, pero no hay insumos.
“Las sesiones de hemodiálisis en particular me salen entre 2 mil y 1,800 la sesión, y serían tres veces a la semana. No tengo los recursos. No sé qué hacer”, dice Marisela. Por eso hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Haga más programas para diálisis, tengan más especialistas. Que nos den un mejor servicio y una mejor calidad”.
“La gente está engañada”
Los médicos explican que nunca han tenido todos los tratamientos o insumos, pero cuando faltaban, podían pedir a los familiares que los compraran. Aún cuando ese gasto significaba un sacrificio, las familias lo hacían porque sabían que eso podría salvar la vida de sus enfermos.
Sin embargo, a partir de la declaración de gratuidad durante el sexenio de López Obrador se eliminaron las cuotas de recuperación en los hospitales. Por tanto, los médicos tienen prohibido solicitar algo a los familiares, aún cuando tampoco haya lo necesario en el hospital. “Estamos completamente atados de manos y atados jurídicamente”, dice impotente uno de los médicos.
Aún así, hay quienes, ante la urgencia, desafían esa orden. “Una vez sí expedí una receta para que compraran unos antibióticos y gracias a Dios ese paciente salió vivo. Puse en riesgo mi trabajo, pero también era la diferencia entre la vida y la muerte”.
Su colega agrega durante la conversación: “La gente está engañada. Obviamente ellos vienen y exigen porque en la televisión ven que hay una megafarmacia y que no debe haber rechazo, pero realmente aquí no se ejecuta, la operación es muy diferente. ¿Cómo voy a atender si no tengo insumos, si no tengo medicamentos?”.
Por eso, hacen un último llamado a los pacientes: “Ayúdenos también a protestar. A nosotros no nos hacen caso. Al contrario, nos amenazan y nos corren”.
Las políticas fallidas del sexenio anterior y el actual recorte presupuestal en el sector salud no están entre las preocupaciones del secretario de Salud a nivel federal; a nueve meses de asumir el cargo, David Kershenonich asegura que su prioridad es corregir y que se ejerza mejor el gasto.
El secretario de Salud del gobierno federal, David Kershenobich, pide no ver al pasado; evade los cuestionamientos sobre las múltiples fallas en el sector, agravadas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y prefiere enfocarse en lo que está tratando de corregirse en el actual sexenio.
Con nueve meses en el cargo, desde que inició el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el actual funcionario dice, incluso, que no le inquietan los recortes al sector salud, aplicados en el primer presupuesto de la nueva administración.
“No me preocupa la reducción del gasto. Lo que me preocupa es cómo hacerlo más eficiente”, dice, mientras explica que la estrategia en materia de salud de la actual administración consiste en fortalecer la política pública de prevención y hacer más eficientes los procesos dentro de los hospitales.
El sistema de salud nunca ha tenido lo suficiente, pero actualmente arrastra los efectos de los recortes ordenados por el expresidente López Obrador como parte de su política de austeridad. Además del desabasto que provocaron los seis intentos fallidos de implementar un modelo de compras de medicamentos, y el impacto de la pandemia de Covid-19.
En noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbuam envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Presupuesto de Egresos con un recorte de 12 % en el sector salud, en comparación con 2024; es decir, 122 mil millones de pesos menos. Esto significa el presupuesto más bajo en salud pública desde 2022.
En tanto, el abasto de medicamentos aún no se ha cumplido, y la presidenta hizo un segundo aplazamiento en lo que va del año para prometer que, ahora sí, en julio habría todos los medicamentos en los hospitales.
En medio de ese complejo panorama, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirma en entrevista con Animal Político que todas las partes involucradas deben concentrarse en crear estrategias que apunten a mejorar, y no en señalar las fallas del pasado.
Lo dice un conocedor de la salud pública, luego de 10 años de dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Un médico reconocido en México y a nivel internacional que, sin embargo, ocupa por primera vez un cargo político administrativo del alcance de una Secretaría de Estado.
“A mí me duele tanto como a tí”
La mayor experiencia y reconocimiento nacional e internacional de Kershenobich están en sus aportaciones como uno de los pioneros en la investigación clínica de la Hepatitis C en México y de la fisiopatología de la cirrosis hepática. Ha publicado 249 artículos originales, 8 libros y 14 capítulos de libros al respecto, lo que le valió ser investigador emérito nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Aunque su poder en la Secretaría de Salud es limitado. Como cabeza de sector, desde su despacho se dicta la política en la materia, pero el mayor presupuesto -de donde salen los recursos para las compras multimillonarias de medicinas- está en el IMSS, a cargo de Zoé Robledo, un político chiapaneco que repite en el cargo desde la administración de AMLO, y en el IMSS-Bienestar, dirigido por Alejandro Svarch Pérez.
A diferencia de su antecesor, Jorge Alcocer, quien evadió las entrevistas durante todo el sexenio y no habló con familiares de enfermos, Kershenobich recibe a este medio en sus oficinas en Marina Nacional, en la Ciudad de México –próxima a abandonar para dejar de pagar esa renta y ahorrar ese gasto–, y se define como un convencido de que el diálogo es la vía para resolver.
Por eso pone como ejemplo el caso de los niños con cáncer que no han tenido sus tratamientos a tiempo y cuyas familias están agrupadas en la organización Nariz Roja. Este colectivo había advertido que haría una marcha nacional porque, a mitad del año, los medicamentos seguían faltando en los hospitales, pese a la promesa de abastecimiento desde marzo.
En la reunión que sostuvo con el dirigente de la organización, Alejandro Barbosa, el secretario explicó que ya se habían hecho los pedidos de los fármacos y le propuso la creación de una plataforma para registrar los faltantes y hacer la distribución directa a quien lo demande.
“A mí me duele tanto como a ti cuando me entero que un niño no tiene medicina (le dijo el secretario a Barbosa), pero lo que yo necesito hacer es qué podemos proponer para mejorar. No estar pensando en qué se hizo bien o qué se hizo mal, sino en qué cosas podemos corregir”, comparte Kershenobich.
“Una parte muy importante es dialogar, escuchar, o sea, por eso vamos a abrir la plataforma, o sea, pero es muy importante que todos contribuyamos y que no nos quedemos nada más en que no se hizo o que sí, sino en lo que se tiene que corregir”, afirma.
– Pero para eso importa el presupuesto. Y lo que vimos en este primer presupuesto de la presidenta fueron recortes de salud -se le cuestiona.
– Sí, pero no todo es dinero, es la forma en que ejerces el dinero. (…) Nosotros compramos más de 2 mil claves de medicinas, la Unión Europea compra menos de mil. O sea, necesitamos ver de qué manera podemos hacer que el gasto sea más eficiente. A mí no me preocupa la reducción del gasto. Lo que me preocupa es cómo hacer más eficiente el gasto. Porque si el gasto no es más eficiente, usted le pone más y más y más y seguimos perdiendo en eficiencia -responde.
Para reforzar su tesis, Kershenobich pone como ejemplo las nuevas acciones que emprendió y que según él “no cuestan”, como la estrategia “la muestra viaja”, puesta en marcha en el Estado de México.
Se trata de la toma de muestra de sangre tomada desde los centros de salud, en 606 centros de tomas de muestra, y enviada a uno de los 11 laboratorios del estado a través de mensajeros en motocicleta del Servicio Postal Mexicano.
Otra estrategia es administrar de mejor manera el 25 % de las cirugías ambulatorias de los hospitales, “abriendo espacios de cirugía de corta estancia”. Es decir, programar, por ejemplo, jornadas de cirugías de cataratas; programar de manera más eficaz la toma de biopsia o cirugías de hernias inguinales. “Que tengamos a cirujanos y personas para operar, se concentran todos y se operan en un mismo día y salen y no ocupan las camas hospitalarias”.
Esto, dice, abonará a “desaturar” los hospitales. “Si logramos desaturar exámenes de laboratorio, que no tengan que ir a los centros hospitalarios, si quitamos las cirugías que se pueden atender en forma ambulatoria y que no ocupen turnos, ¿qué va a suceder? Estamos desaturando los servicios. No, no se trata de tener más hospitales, se trata de que funcione más efectivamente”, enfatiza.
Sin embargo, su administración debe encarar no sólo los problemas de administración de recursos humanos y materiales, sino la falta de presupuesto que ha derivado en la disminución de atención, como lo demuestran las cifras oficiales. Además del desabasto de medicinas que, tras un sexenio de seis fracasos en el modelo de compras, aún no logra regularizar la entrega.
De ahí que la iniciativa privada haya aprovechado la demanda. El crecimiento de atención de salud privada en el país ocurrida en el sexenio de López Obrador a través de consultorios adyacentes a farmacias, donde realizan 10 millones de consultas mensuales, el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta abordar el fenómeno, pero únicamente apelando a la voluntad de las empresas, porque no prevén ninguna reforma ni norma para su regulación próximamente.
Darán protocolos de atención para los consultorios de farmacia
El funcionario narra que desde la transición comenzaron los diálogos con el sector empresarial que derivaron en la entrega de datos a la Secretaría de Salud sobre los padecimientos que atienden en los consultorios de farmacia y los tratamientos que prescriben, información que servirá para diseñar políticas de salud pública.
Además, la Secretaría está creando protocolos de atención para cada enfermedad que serán obligatorios para todos los médicos del país y con esto asegurar que personal del sector público y privado aborden la atención bajo los mismos criterios; porque no están contra la privatización, siempre y cuando sea un buen servicio.
Como Animal Político publicó en la investigación “No Fuimos Dinamarca: La Corrupción Detrás del Desabasto”, en 2023 hubo más de 9 mil nuevos consultorios, prácticamente el doble que en 2018, al inicio del gobierno de López Obrador.
Actualmente, 6 de cada 10 mexicanos se atienden en establecimientos privados de salud, la mayoría, en consultorios adyacentes a farmacia. Esto ha significado un aumento de 54% en el gasto en salud que realizan las personas. La estrategia de salud no apuesta por convencerlos de realizar una buena práctica médica dentro de sus negocios y “hacerles la competencia”.
– ¿Esto es una privatización del servicio de salud, secretario? -se le pregunta.
– No. A ver, es que no estamos en contra de la privatización, pero que sea bien. O sea, que sea bien y tratar de fortalecer el sector público. Yo les puedo hacer competencia, en alguna forma. No sé cómo, pero lo vamos a lograr -afirma.
Hasta el momento, en los consultorios de bajo costo se realizan 10 millones de consultas al mes en Farmacias Similares, San Pablo, Guadalajara, YZA, Benavides, y Del Ahorro, y recientemente se sumó al negocio Grupo Salinas y Aurrerá.
La gente acude, sobre todo, porque está cerca de su casa y el servicio es rápido, en contraste con lo que significa acudir a una institución pública y hacer fila desde la primera hora de la mañana y perder casi todo el día.
Además, en el sector público, las consultas generales bajaron 21 % entre 2018 y 2024, al pasar de 200 millones, a 157 millones; esto es 42 millones de consultas menos en el sexenio.
– ¿Cuál es el diagnóstico de que el mayor crecimiento de consultorios de farmacia ocurrió en el sexenio pasado?
– Al hacerse obligatoria la receta (en 2010, para acceder a antibióticos), yo quiero pensar que lo vieron como una oportunidad de servicio este para ofrecerlo. Creo que son muchos los factores que pueden haber jugado en la proliferación de los consultorios, pero sin lugar a dudas, uno de los factores más importantes tuvo que ver con la pandemia.
– Sin embargo, ya pasaron 5 años de la pandemia. ¿Hay un reconocimiento justamente de la falta de la capacidad del Estado de recuperación y que en los años siguientes eso no se ha corregido?
Yo más que usar la palabra ‘corregido’, creo que lo que estamos intentando en esta administración, hemos tenido ya varias pláticas con los consultorios adyacentes a farmacia. Es algo muy importante para la epidemiología del país que los consultorios adyacentes a farmacia tengan ciertas regulaciones que queden dentro del sector de salud para conocer incluso la epidemiología de qué es lo que realmente necesitamos. Hemos tenido pláticas con ellos para poder compartir y poder conocer de qué se trata desde el punto de vista de salud pública lo que hacen. Tener acceso a la base de datos nos va a permitir entonces sí saber qué patología ven, qué prescriben.Yo creo que ellos mismos han aceptado la necesidad de que nosotros tengamos un poco más de control en qué se prescribe, que qué se atiende.
– ¿Cuándo se traduciría esto en normas? ¿Tienen un plazo de que esto se va a traducir en normativa?
– Yo no sé mucho de aspectos legislativos o no, pero lo que sí le puedo decir es que ya hay mayor control en lo que están haciendo. Ya el simple hecho de que nosotros que ellos saben que nosotros estamos ya viendo y ellos están compartiendo, es un paso adelante. Ya no es algo no más que esté libremente funcionando.
Actualmente, dijo, están elaborando los protocolos de atención clínica para enfermedades crónicas, primero, para luego abordar las agudas; por ejemplo, el tratamiento para dengue o sarampión. De ahí que los protocolos tienen la intención de que el tratamiento médico corresponda a ellos y no a los productos que la farmacia quiera vender.
“Yo quiero que sea el servicio público el que domine el mercado, pero que aquello que haga cualquiera tenga esa seguridad en lo que está haciendo médicamente, porque igual le puede ir mal en un consultorio adyacente a farmacia que en un sector público, si la gente no sabe”, insiste.
Sin embargo, la Secretaría de Salud apela a la buena voluntad de las empresas, porque no habrá supervisión de ello. Y, en sentido práctico, a que la industria logre la sostenibilidad de su modelo de negocio, porque, según el secretario Kershenobich, la venta de medicinas ya no es el objetivo de esta.
“Para que un negocio sea negocio tiene que ser sostenible. No generar ganancias, por supuesto, pero tiene que ser sostenible en el tiempo. Me refiero a sostenible, no a la parte económica. Yo hablo de la calidad del servicio. Entonces, a ellos mismos les conviene que prescriban bien porque no nomás es la venta, porque si la venta le va producir daños, la gente no regresa”, concluye Kershenobich.
"No tenemos problema en el número de vacunas y estamos reforzando la campaña en medios para que se vacunen las personas. Pero, conforme ha evolucionado el brote, lo que hemos observado es la necesidad de vacunar a los trabajadores migrantes que bajan de la sierra a los campos menonitas, donde se están contagiando", dijo el Secretario de Salud.
México ha registrado un total de dos mil 942 casos confirmados de sarampión al corte del 30 de junio, de los cuales dos mil 752 corresponden al estado de Chihuahua, entidad que concentra más del 95 por ciento del total nacional. El segundo estado con más casos es Sonora, con 79, informó la Secretaría de Salud (SSa).
Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud, detalló que los casos confirmados de sarampión se respaldan con evidencia científica. Además, indicó que existen 255 casos en dictaminación, y que la tasa de incidencia, que llegó a ser de 69.4, actualmente se ubica en 2.22 casos por cada 100 mil personas.
“El mayor número de casos está concentrado en Chihuahua. Prácticamente más del 95 por ciento están ahí, donde hay dos mil 752 casos, de los cuales dos mil 416 han sido comprobados mediante PCR”, explicó.
Kershenobich afirmó que el brote se encuentra contenido en Chihuahua, pero alertó que las poblaciones más vulnerables son las personas migrantes y trabajadores agrícolas.
“No tenemos problema en el número de vacunas y estamos reforzando la campaña en medios para que se vacunen las personas. Pero, conforme ha evolucionado el brote, lo que hemos observado es la necesidad de vacunar a los trabajadores migrantes que bajan de la sierra a los campos menonitas, donde se están contagiando. Por eso extendimos 10 años el rango de edad de vacunación y vamos a incidir en este grupo para seguir conteniendo el brote e idealmente lograr que desaparezca”, declaró.
El funcionario federal indicó que, ante la evolución del brote, se contemplan medidas adicionales y recordó que la vacunación también ha sido ampliada para adultos hasta los 49 años, con el objetivo de cubrir al mayor número de personas posible y mantener el control del brote en Chihuahua.
Por otra parte también anunció que hoy se llevará a cabo una reunión en Chihuahua con representantes de las 32 entidades federativas, en la que se revisará el panorama mundial y regional del sarampión en las Américas.
“Se va a analizar la situación epidemiológica del brote, la vigilancia y los métodos de laboratorio. También se evaluará el funcionamiento de los equipos de respuesta federal y estatal, las coberturas de vacunación y los escenarios epidemiológicos”, explicó.
El Secretario de Salud destacó que actualmente las 32 entidades federativas cuentan con 4.5 millones de dosis de la vacuna triple viral (SRP) y 1.4 millones de la doble viral (SR), dirigidas a la población de entre 1 y 49 años de edad.
A pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, los 32 gobiernos estatales hicieron recortes en 2024 a la función de salud, de acuerdo con una radiografía de la organización Política Colectiva.
En el 2024, gobiernos de los 32 estados del país recortaron más de 8 mil millones de pesos en la función de salud, a pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, mientras que incrementaron su gasto en comunicación oficial a más del doble de lo inicialmente aprobado para ese año. Así lo revela la “Radiografía de la recaudación y el gasto de los estados en 2024”, un análisis del proyecto ‘Ojos al Gasto’ de la organización Política Colectiva.
El informe, basado en datos oficiales del cuarto trimestre de la Cuenta Pública de todas las entidades, muestra que los estados tenían un presupuesto aprobado de 2.8 billones de pesos, sin embargo, gastaron más de 240 mil millones adicionales, aumentando su proyección financiera a 3 billones de pesos.
Pese a que los gobiernos estatales gastaron un 8.6 % más durante el 2024, uno de los principales hallazgos de la radiografía que busca señalar opacidad y prioridades cuestionables, son los recortes en salud con una reducción por más de 8 mil millones de pesos a este sector.
Para dimensionar la magnitud de este recorte, Política Colectiva destaca que se trata de más del doble del gasto total que el Instituto Nacional de Cancerología tuvo en 2024, el cual ascendió a 3 mil millones de pesos.
Por el contrario, los estados tuvieron un aumento en publicidad oficial y comunicación, pues destinaron 9 mil 197 millones de pesos a espacios en medios para promocionar logros o programas de sus gobiernos.
Este monto representa más del doble de lo que se había aprobado inicialmente para este rubro en todas las entidades, de acuerdo con el análisis de Política Colectiva, el cual también subraya que cinco estados aumentaron su gasto en publicidad en más del 1000 %.
El comparador estatal y municipal de Cuentas Públicas, una herramienta que se encuentra en el sitio web de la organización, muestra que los cinco gobiernos estatales que incrementaron su gasto en servicios de comunicación social y publicidad fueron: Guerrero con una diferencia porcentual entre lo aprobado y devengado del 505, 567.62, seguido por el Estado de México con 1,994.09, Puebla en tercer lugar con 1,854.35, Tamaulipas con 1,723.48 y en quinto lugar se ubicó Veracruz con 1,272.35.
Otro hallazgos sobre el gasto de los gobiernos estatales
Política Colectiva revela que la deuda pública se disparó un 282 % en 2024 en cuanto a lo que planearon inicialmente los estados. De esta manera se alcanzaron los 90.8 millones, “una cifra similar al costo total del AIFA“.
El informe también muestra la deuda planeada y aprobada a inicios de 2024 y la deuda recaudada por los estados.
En este caso, señala que Oaxaca (12.05 mil millones de pesos), Tamaulipas (13.69 mil millones de pesos) y Quintana Roo (19.3 mil millones de pesos) fueron los tres estados donde más cambió la deuda recaudada, la cual no fue avalada en su planeación.
Por el contrario, Yucatán y Ciudad de México adquirieron una deuda menor a la que aprobaron al comenzar el año. La primera entidad avaló 3.06 mil millones de pesos y terminó con un endeudamiento de 1.63 mil millones, mientras que la capital del país aprobó inicialmente 2.5 mil millones y recaudó un adeudo de 2.41 mil millones de pesos.
Otro hallazgo es que las entidades invirtieron más en el pago de deuda que en obra pública con un 5.5 %, que representa 168.7 mil millones de pesos, contra un 4.6 %, que equivale a 139.1 mil millones de pesos del presupuesto.
“Esto refleja una baja inversión en infraestructura por parte de los estados, algo que contrasta con la idea de que los gobiernos gastan mucho en obra pública”, subraya Política Colectiva.
El informe también señala cómo y en qué gastan las entidades, contemplando principalmente que más de un 35 % del gasto de las entidades en 2024 se canalizó del gobierno estatal a través de transferencias a otros entes públicos, como son organismos descentralizados, autónomos, poderes legislativo y judicial, así como fideicomisos y otros.
Para la organización, esta tendencia es importante de considerar, porque fragmenta la información presupuestal y complica su seguimiento y revisión.
Por otro lado, el 23.5 % del gasto total de entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco lideran la inversión en el rubro de nómina gubernamental, que se contempla como servicios personales en la cuenta pública.
Este rubro suele ser motivo controversial ante posibles retribuciones desproporcionadas a algunos cargos, apunta Política Colectiva, sin embargo, reconoce que se trata de “un gasto indispensable” debido a que ninguna administración estatal puede operar sin funcionarias y funcionarios.
Con el análisis de estos hallazgos y anomalías, Política Colectiva busca abrir la conversación pública sobre los presupuestos estatales, así como visibilizar áreas de oportunidad y fomentar el involucramiento de la ciudadanía en decisiones que afectan a todas y todos.
Además, la organización enfatiza que “lo más grave no es cuánto se gasta, sino que no lo sepamos, no lo discutamos y no lo exijamos”.
Durante el sexenio de AMLO, el sector público registró recortes presupuestales en salud. El gasto promedio en este rubro de los hogares más pobres aumentó 54% entre 2018 y 2022, al pasar de mil 729 a 2 mil 679 pesos al año.
Daniel ha trabajado en un puesto de tacos durante las últimas dos décadas y nunca ha estado afiliado a ningún servicio de salud público, por eso tuvo que ahorrar para hacer frente a una operación de rodilla que requería desde hace dos años y que pudo hacerse apenas hace unos meses en un hospital privado.
Su rehabilitación fue rápida, lo que le permitió regresar a trabajar, una verdadera necesidad, puesto que es el único sostén en su familia. Apenas comenzaba a recuperarse del bolsillo cuando su hija, estudiante de medicina, tuvo apendicitis. “Corrimos a la primera clínica que encontramos y la operaron inmediatamente”. Esa emergencia le costó otros 70 mil pesos. “Pero gracias a Dios la salvamos”, dice.
Al preguntarle por qué no acudió a alguna clínica pública, sobre todo al tratarse de una atención urgente, hace un gesto con la mano como si empujara algo al aire y ataja con un tono burlón: “¡Nombre, ya parece que me la iban a recibir!”.
Daniel no es el único que ha optado por el servicio médico privado, aún cuando esto represente un sacrificio y signifique que tenga que ahorrar durante meses, trabajar más o renunciar al poco patrimonio a cambio de la salud.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cirugías realizadas en hospitales privados creció en 33 %. En 2012 hubo 919 mil intervenciones quirúrgicas en centros privados en el país, para 2018 aumentó a 1 millón 78 intervenciones, y en 2024 creció a 1 millón 436 mil, de acuerdo con el Sexto Informe de gobierno de AMLO.
Estos datos demuestran que no sólo aumentó la oferta privada de primera atención, a través de Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), donde la gente atiende malestares menores como gripas o infecciones estomacales, sino que también aumentaron las atenciones privadas que requieren hospitalización.
Y paradójicamente, aunque López Obrador mantuvo el lema de “primero los pobres”, la atención médica pública disminuyó durante su gestión. Entre 2018 y 2024, el número de cirugías cayó 6 %, lo que significó 200 intervenciones menos en todo el sistema público. Y si se compara con las realizadas en 2012, la disminución alcanzó 489 mil cirugías, según su último informe de Gobierno.
Esto, dice Luis Javier Cortés, consultor y Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, es la privatización de la salud. “La verdadera privatización es traspasar el costo de la atención médica directamente al paciente, y eso es lo que está sucediendo”.
“Aunque desde la Constitución el ciudadano tiene garantizado el derecho a la salud, ni se la estás garantizando ni protegiendo financieramente, porque el costo lo está absorbiendo plenamente las personas”, explica en entrevista.
Los datos lo confirman: el gasto en salud promedio aumentó 54 % entre los hogares más pobres. Mientras en 2018 gastaron 1,729 pesos, en 2022 el desembolso fue de 2 mil 679 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
De ahí que, ante la demanda, el sector privado ha aprovechado en incrementar la oferta: la infraestructura privada creció en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Sexto Informe Gobierno de AMLO.
Entre 2018 y 20124, las unidades médicas con 15 a 24 camas aumentó 21 %, al pasar de 254 a 307. Mientras que las camas censables en instituciones privadas pasó de 33 mil 630 a 36 mil 514.
En 2024, las personas también tuvieron 13 % más oferta de laboratorios clínicos privados en comparación con 2018. Se pasó de 892 unidades a mil 12. La oferta correspondió a la demanda: entre 2016 y 2020, el número de análisis clínicos se mantuvo en 17 millones al año, pero en 2021 aumentó a 21 millones; el año siguiente 22 millones y en 2023 alcanzó los 23 millones en establecimientos privados, de acuerdo con datos del INEGI.
En contraste, en el sector público dejaron de hacerse 41 millones de estudios clínicos, al comparar 2018 y 2024, según datos de la Secretaría de Salud. En este rubro, además, hubo recortes presupuestales desde el primer año del sexenio de AMLO, con una disminución de 82 % de presupuesto para materiales, accesorios y suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud, esto significó 654 millones de pesos menos en 2019 con respecto a 2018 en términos reales.
Las consultas médicas generales en el sector público también disminuyeron en 21 % entre 2018 y 2024. Esto implicó dejar de realizar 42 millones 256 mil consultas. Y 10 millones 122 mil consultas de especialidad también dejaron de otorgarse, una disminución de 22 %.
De ahí que muchos más mexicanos acudieron a establecimientos privados sobre todo para consultas de especialidad. En 2018 hubo 6 millones de atenciones, y para 2024 aumentó a 7 millones 100 mil consultas, un crecimiento de 17 %.
Esto ocurrió durante las fallidas estrategias en materia de salud del expresidente López Obrador. Primero decidió desaparecer el Seguro Popular, un programa transexenal que atendía a población sin seguridad social desde 2012, acusando la existencia de corrupción, aunque nunca hubo alguna persona denunciada o investigada por ello.
Luego lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero apenas funcionó dos años y luego fue extinguido. En su lugar trasladaron la responsabilidad de coordinar ese sistema de salud que opera en los estados al IMSS-Bienestar.
Sin embargo, en ese proceso se perdió el rastro de miles de millones de pesos que financiaba el tratamiento y cirugías de enfermedades catastróficas como el cáncer, malformaciones genéticas o transplantes, entre otros, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular.
Hasta 2018 el fideicomiso había acumulado 119 mil millones de pesos. En 2019, tras la desaparición del Seguro Popular, los recursos fueron transferidos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), administrado por el Insabi. Para 2023, ese Fondo sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en cuatro años AMLO disminuyó 62 % del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó.
De acuerdo con el artículo “La eliminación del Seguro Popular: impactos en la atención de enfermedades de alto costo en la población no asegurada en México”, de Luis Javier Cortés y Octavio Gómez Dantés, publicado en The Lancet, la consecuencia de la decisión de AMLO de desaparecer este programa fue la reducción en el acceso a servicios de salud de alta especialidad, afectando a quienes menos tienen.
Aumentan seguros médicos
Desde que Claudia Castellanos tiene uso de razón, había tenido seguro de gastos médicos mayores junto con sus seis hermanos y su madre, gracias a que el trabajo de su padre como supervisor en una empresa cervecera incluía ese beneficio desde los años 80.
Sólo por eso pudieron hacer frente al cáncer que padeció su madre en 2011. A cuatro días del diagnóstico comenzó el tratamiento que incluyó 16 quimioterapias, 6 meses de radioterapias y una mastectomía. Un año después estaba libre de cáncer de mama.
“Fue el privilegio de la atención privada”, dice Claudia. “Entre la dignidad de los espacios, la atención de los médicos, la comida, la disposición, mi mamá anímicamente no estaba afectada”.
Sin embargo, 11 años después, en 2022, su madre comenzó a enfermar, esta vez con choques sépticos, sus órganos se congestionaban y le generaban infecciones. Luego supieron que eran síntomas del regreso del cáncer, pero esta vez la póliza del seguro médico ya no le cubría nada relacionado a ello.
El patriarca de la familia decidió continuar con la atención privada, pero la realidad le chocó de frente. Sólo por ocho días internada, estudios y tratamiento, sus ahorros se esfumaron. Era mayo de 2022.
La única posibilidad era acudir al servicio público y, gracias a la recomendación de sus médicos que trabajaban en instituciones públicas a la par de las privadas, pudieron conseguirle un espacio para iniciar un tratamiento. Sin embargo, el cáncer avanzó rápidamente y sus últimos días los pasó solo con cuidados paliativos. Falleció en junio de 2020 a los 53 años.
Claudia y sus cinco hermanas saben que el cáncer que sufrió su madre tiene un componente genético, por eso es que no fallan en sus exámenes de revisión. También tienen como prioridad pagar su seguro médico privado. Aunque ella, consiguió esa prestación en su nuevo trabajo, pues antes de eso, al cumplir 22 años perdió la antigüedad de su primera póliza porque no tenía recursos para pagarla.
Dado el antecedente de su madre, su póliza tiene una cláusula que encarece la contratación. Por eso es que aún cuando Claudia tiene 29 años el costo del seguro supera los 50 mil pesos. “No podía pagar eso, pagando renta, comida”. Pero ahora hará el esfuerzo para conservarlo porque “no queremos morirnos de cáncer”, dice.
Claudia no es la única en querer sentirse segura con un servicio médico privado. En 2024 se registró el número más alto de personas con seguro de gastos médicos de los últimos 12 años, según datos de la Encuesta de Inclusión Financiera del INEGI.
Mientras en 2012 hubo 4.6 millones de mexicanos con seguro de gastos médicos, en 2018 creció a 4.9 millones y el año pasado hubo 6.4 millones, un 7.5 % de la población. Esto representa un aumento de 29 % en el último sexenio.
En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) tiene su propia estadística, pero coincide en el aumento. Entre 2010 y 2014 se mantuvo una tendencia con más de 300 mil personas con seguros de Salud, aquellos que brindan servicios de primera atención.
A partir de 2016 ascendió a 1.2 millones de personas y aunque varió en los siguientes años no superó los 1.7 millones. Sin embargo, en 2022 aumentó a 3 millones, en 2023 a 6 millones y la estimación de la AMIS para 2024 se ubica en 8.3 millones de personas que tienen contratado este tipo de servicios.
José Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la AMIS, explicó en entrevista que este crecimiento obedece, sobre todo, a que se incluyó la atención dental a los Seguros de Salud, que son servicios de primera atención.
Mientras que el crecimiento de 10 millones de asegurados registrados en 2018 y el salto a 13 millones en 2023, se debe al aumento en la contratación de seguros colectivos por parte de las empresas, como parte de la búsqueda de “pólizas con primas bajas”; además, también se trata de un “efecto de la pandemia de Covid”, en el que las personas optaron por contratar servicios privados dada la saturación de los servicios públicos.
El sarampión y la tosferina son enfermedades que se contagian fácilmente, por lo que las autoridades sanitarias llamaron a la población a vacunarse para evitar su propagación.
La Secretaría de Salud contabiliza más de 1 mil 900 casos de sarampión y más de 1 mil de tos ferina en el país en lo que va del año. Ambas enfermedades han alcanzado máximos históricos en 2025, y continúan aumentando.
En el caso de la tos ferina, hasta el 24 de mayo, el reporte oficial es de 53 defunciones de niños menores de un año, a causa de esta enfermedad en 17 estados del país.
Expertos subrayan la necesidad de agilizar la vacunación, diagnósticos y tratamientos en las poblaciones donde hay casos confirmados de estas enfermedades, así como sensibilizar a la población para que accedan a aplicarse las dosis.
“Se debe acelerar la vacunación, sobre todo en los sitios donde hay casos confirmados, y se debería asegurar la adquisición de las dosis extraordinarias de vacuna que se van a necesitar”, explicó en entrevista Mauricio Rodríguez, coordinador académico del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM.
“También, sensibilizar a las poblaciones donde están apareciendo los casos, hacer énfasis en la vacunación del personal de salud que está en mayor riesgo de poder entrar en contacto con un caso de sarampión confirmado; fortalecer la capacidad de diagnóstico para que se identifiquen rápido los casos”, agregó.
María Guadalupe Miranda Novales, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad, destacó que no se puede lograr inmunidad en la población si hay procedimientos incompletos.
Entre el 26 de abril y el 3 de mayo se aplicaron 2 millones 211 mil 584 vacunas, incluidas aquellas que protegen contra el sarampión y la tosferina, en personas de todas las edades.
Chihuahua continúa a la cabeza en contagios de sarampión
Durante la conferencia de prensa matutina del 3 de junio, las autoridades de Salud reportaron 1 mil 926 casos de sarampión en el país.
En tanto, en el último informe completo publicado por Salud se reportaron 1 mil 789 casos y 5 defunciones en el país, hasta el 24 de mayo. Este año se mantiene con la mayor cantidad de casos de sarampión en los últimos 17 años.
El estado con mayor número de casos confirmados hasta la semana 21 del año es Chihuahua, con 1 mil 677, lo que representa el 93.7% de los casos a nivel nacional. Le sigue Sonora con 43 casos, y Coahuila con 10 pacientes de sarampión.
“Los brotes de sarampión siguen avanzando, es un fenómeno que todavía no está completamente controlado. Vemos que en Chihuahua tiene el mayor número de casos a nivel nacional. En el caso de la tos ferina, los menores de un año son los que están siendo afectados porque no tienen ni una dosis de vacuna. Y un niño de 6 meses tiene que tener tres dosis ya de vacuna contra tos ferina”, dijo el coordinador del PUIREE.
Las personas que han sido más afectadas por esta enfermedad son las de 25 a 29 años, con un 14.7% de los casos; y el grupo de 30 a 34 años, con un 14% del total.
“Referente al antecedente vacunal se encontró que 91.6% (1,639) no cuenta con antecedente vacunal, mientras que el 3.9%(69) cuenta con una dosis de SRP y el 4.5% (81) cuenta con 2 o más dosis de SRP documentado en la cartilla nacional de Vacunación”, señaló el boletín epidemiológico de la semana 21.
En dicha conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, mencionó que el sarampión es la infección viral más contagiosa. Esto implica que cada persona infectada puede contagiar a 15 más.
“Cabe señalar que la probabilidad de contagiarse de una persona no vacunada al estar en contacto con otra persona con sarampión es del 95 por ciento o más, que no esté vacunada y más cuando se encuentra en un espacio cerrado”, dijo.
Los especialistas consultados mencionan que la baja en la aplicación de vacunas repercute en el aumento de casos. Pero además de las fallas del sistema de salud para garantizar las dosis, la desinformación provoca que algunas comunidades de estados como Chihuahua no acepten las vacunas, quedando así más vulnerables.
La ENSANUT 2023 dio a conocer que la prevalencia de la vacunación contra el sarampión en adolescentes es del 21% y en adultos (20-59 años) fue del 30%. De acuerdo con la encuesta, en 2012 se tuvo una cobertura 75% en la aplicación de la primera dosis SRP en niños menores de un año, y entre 2021-2023 fue de 71%.
Novales expuso que cuando ocurren interrupciones en la vacunación, como sucedió durante la pandemia, hay virus altamente contagiosos que provocan enfermedades como sarampión y tos ferina. Por ello, recomendó mantener los esquemas completos y los refuerzos para evitar brotes, reducir la morbilidad y la mortalidad, sobre todo en poblaciones de alto riesgo.
Hasta el 24 de mayo, de los 1 mil 789 casos confirmados de sarampión, tres municipios de Chihuahua concentran el 73.55 % de los casos, siendo el municipio de Cuauhtémoc el que tiene más casos con 739; le sigue Chihuahua con 337, y Ahumada 42 casos.
Mauricio Rodríguez apuntó que la alta virulencia del sarampión ha provocado que se disemine en diversos estados, pese a que su mayor concentración es en Chihuahua. Además destacó que los brotes de sarampión se han concentrado en niños y adultos de comunidades que no se vacunaron.
De acuerdo con las autoridades de Salud, entre el 1 de abril y el 30 de mayo se aplicaron 600 mil dosis contra el sarampión, privilegiando a los estados donde existen más contagios. A pesar de ello, el experto de la UNAM indicó que es necesario establecer acciones de vacunación intensas en municipios y estados con mayor número de casos, para frenar la transmisión de la enfermedad, además de continuar con las acciones de vacunación ordinarias en las unidades de salud.
“Tenemos como periodos de dos semanas para ir viendo si empieza a estabilizarse o no, y si ya no hubo más más transmisión. Tal vez entre abril y mayo quizá habríamos llegado a lo máximo. En las próximas semanas podríamos ver una disminución, siempre y cuando el virus no se meta otra vez a comunidades no vacunadas. De cualquier manera pues implica la colaboración de las autoridades federales, de las autoridades estatales, de las autoridades municipales”, comentó.
Tos ferina acumula 53 muertes de bebés
De acuerdo con el último boletín epidemiológico disponible, se han reportado 1 mil 016 casos confirmados de tos ferina y 53 defunciones de niños menores de un año, de las cuales 90.56% fueron en bebés menores de seis meses de edad. Esto continúa representando la mayor cantidad de casos confirmados y fallecimientos en los últimos siete años por esta enfermedad.
“A la misma Semana Epidemiológica del año previo, no se tenían registradas defunciones a través del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Síndrome coqueluchoide y tos ferina; al cierre preliminar del 2024, se registraron 32 defunciones por Tos ferina”, mencionó la Secretaría de Salud.
Hasta el 24 de mayo de 2025, los estados que concentran el mayor número de casos de tos ferina son: Ciudad de México, con 109 pacientes; Aguascalientes, con 98 casos; y Nuevo León con 91 casos confirmados. Sólo Tabasco no ha reportado casos de esta enfermedad hasta el momento.
A nivel municipal, el mayor número de casos se han registrado en Aguascalientes, con 74 casos; Juárez, Chihuahua, con 41; y Juárez, Nuevo León, con 21. Mientras que los decesos se han reportado en 17 entidades.
“No podemos aquí hablar de de una situación en particular porque las 53 defunciones están distribuidas por todo el país. Es una enfermedad prevenible por vacunación y los menores de un año son los que están siendo afectados, porque no tienen ni una dosis de vacuna. Estamos viendo este fenómeno que sí implica una disminución en la vacunación por múltiples razones, y que está en prácticamente en todo el país”, destacó Rodríguez.
De acuerdo con la ENSANUT 2021-2023, la cobertura de vacunación del biológico hexavalente en niñas y niños con menos de un año de vida, fue de 68.9%, mientras que la cobertura en 2012 fue del 78%. Es decir, bajó casi 10 puntos.
La encuesta estimó que, entre 2021 y 2023, 81 mil niñas y niños no recibieron la vacuna DPT en su primer año de vida. No se cumplieron las metas de vacunación.
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a los Estados Miembros a reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica y a mantener un monitoreo continuo, detallado y desagregado de las coberturas de vacunación en la población infantil, con especial atención a los menores de 1 año y menores de 5 años”, mencionó la organización panamericana en su última alerta epidemiológica.
“Es prioritario identificar de manera oportuna a los grupos poblacionales que no reciben las vacunas de tos ferina con las dosis recomendadas, en particular a los lactantes no vacunados o con esquemas incompletos, a fin de implementar acciones correctivas que permitan cerrar brechas de inmunización y prevenir brote”.
En ese sentido, Rodríguez sostuvo que es necesario un buen diagnóstico, la administración correcta de antibióticos y la vigilancia profesional de las personas enfermas de tos ferina, especialmente de los menores de 1 año. Por ello, destacó que los familiares deben acudir a consulta médica cuando empiecen los síntomas y aplicar las vacunas necesarias.
Al igual que la OPS, Rodríguez y Novales recomendaron la vacunación en menores de un año, personal de salud y madres para evitar la propagación de esta enfermedad.
