Habitantes de pueblos originarios de la capital del país pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente local modificar el “Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones” porque, dicen, su único fin es convencerlos para que aprueben megaproyectos en su territorio, como la torre Mítikah o la ampliación del Estadio Azteca, sin considerar el impacto al acceso al agua y la movilidad.
Luego de entregar un pliego petitorio dirigido a la Secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles García, los habitantes afectados marcharon el viernes hacia el Zócalo para pedir una reunión con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quien en ese momento se encontraba en un evento del Museo Universum.
La Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema dijo a SinEmbargo que revisará los planteamientos del escrito que hicieron llegar los participantes en la manifestación y “que está siempre dispuesta al diálogo con apertura y respeto”.
La carta dirigida a la Secretaria Robles pide modificar el Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones, el cual la dependencia a su cargo supervisa previo al otorgamiento de la autorización de impacto ambiental, pero que, dijeron los vecinos, su único fin es “convencerlos” para que aprueben la obra, como muestra el diagrama.
“Deja en manos de las inmobiliarias la planeación de la ciudad por medio de medidas de mitigación a su favor”, acusa la misiva, por lo que los citadinos exigen consultas vinculantes autónomas de las empresas que no “legitimen” las obras con sólo siembra de árboles o instalación de pozos de agua que usarán los proyectos.
“[El Proceso] ha llevado a que la Secretaría sea sólo un intermediario entre los intereses privados y de lucro de los empresarios. No permite discutir la viabilidad ambiental, hídrica y social de los proyectos, en tanto que parte del supuesto de que los mismos siempre se deben llevar a cabo”, plantea el documento entregado.
Pero Sedema agregó en la respuesta a este medio que es un mecanismo que permite la “deliberación sobre los impactos generados, positivos y negativos, así como las medidas para atenderlos”.
Antes de que este Proceso de Consulta Vecinal existiera, desde 2009 las autoridades locales dieron luz verde a la empresa Fibra Uno para instalar a unos pasos del pueblo Xoco, al sur de la Ciudad de México, el megaproyecto Mítikah “Ciudad viva” con torres de hasta 65 niveles.
En 2019 talaron más de 50 árboles sobre la calle Real Mayorazgo para abrirle paso a un estacionamiento. Al año siguiente Sedema y la comunidad determinaron las medidas de mitigación.
Aunque en noviembre del año pasado los habitantes ganaron un amparo que pide el “cese, de manera inmediata, de cualquier obra” dentro del pueblo, la construcción de las torres con centros comerciales y oficinas sigue. Incluso hay preventa de departamentos hasta en 13 millones de pesos.
“Ganamos un amparo, pero no es una suspensión definitiva. Nunca pararon las obras, ahí hay testigos y cámaras que lo demuestran”, dijo Álvaro Rosales, el presidente de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco. “Está el amparo, pero tienen a Sedema de su lado, lógicamente todo pueden hacer”, comentó sobre los departamentos en preventa.
En representación de Santa Úrsula Coapa, un pueblo originario en contra de la ampliación del Estadio Azteca, un proyecto de Grupo Televisa con miras al Mundial de 2026 con centros comerciales y un hotel, Rubén Ramírez advirtió que “no es factible” porque los acuíferos de la zona volcánica de los pedregales ya están sobreexplotados.
Natalia Lara, de la Asamblea Tlalpan-Coyoacán, documentó que en junio de 2019 el Organismo de Cuenca del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó a Televisa una concesión (811078) de 450 millones de litros anuales, muestra el Registro Público de Derechos del Agua.
“Dentro de su territorio, el Estadio Azteca puede hacer lo que quiera, pero dando un paso a la calle nosotros somos los propietarios y no vamos a permitir que cualquier persona con dinero venga a hacer lo que se le antoje”, aseveró Rubén. “Incluso hasta el nombre nos han robado, porque lo llaman ‘El Coloso de Santa Úrsula’, pero ni una flor han mandado a nuestra patrona”.
Ramírez cuestionó que el proceso de consulta vecinal realizado en octubre pasado consistió en colocar carpas aledañas al Estadio, donde participaron ciudadanos ajenos al pueblo y en el que se careció de información sobre el impacto urbano y ambiental, sobre todo su derecho humano al agua y a la movilidad.
PIDEN RENUNCIA DE DIRECTORA
Alejandro Velázquez, del colectivo de pueblos contra el puente vehicular en Xochimilco sobre un humedal con importancia internacional, señaló con megáfono en mano que Lilian Guigue Pérez, directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, es “aliada del desarrollo inmobiliario salvaje” que “desplaza, gentrifica y se apropia de los recursos naturales” en vez de salvaguardar al medio ambiente, por lo que como pueblos originarios no permitirán que la Sedema se vuelva “una agencia” al servicio de este sector.
“¡Que renuncie Guigue, que renuncie Guigue!”, gritaron durante la manifestación.
Derivado del Proceso de Consulta Vecinal, agregó Alejandro en entrevista, la funcionaria pide a los inmobiliarios realizar estudios de impacto social y consultas ciudadanas para que se apruebe.
“La licenciada Lilian ha ido de la mano con los desarrolladores inmobiliarios y con las empresas privadas que hacen las consultas para convencer a los vecinos de que aprueben los proyectos, o sea se pone de su lado”, acusó el activista. “En general la respuesta de Sedema es dar largas, no dar una respuesta puntual a las peticiones, dice que no pueden atender o señala que es mejor que aceptemos los proyectos”.
Frente a la Sedema, está la Secretaría de Pueblos Originarios, Barrios y Comunidades Indígenas (SEPI), la encargada de realizar las consultas indígenas a los pueblos originarios como Xoco, Santa Úrsula o Santa Isabel Tola.
“Ha sido peor. En un juicio de amparo aseguró que Xoco no es pueblo y que Real Mayorazgo –avenida donde en 2019 se talaron más de 50 árboles– no es parte de su territorio. Su criterio está totalmente fuera de la normativa nacional e internacional”, comentó Alejandro. “A Santa Isabel Tola –que pide cambio de ruta del Mexicable para que no pase por el cerro Zacatenco– también les ha dicho que no son pueblo originario”.
Álvaro, de Xoco, agregó: “La Sepi también trabaja a favor de las constructoras, nos está restrigiendo nuestro territorio aunque existimos desde el año 1300”.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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