El señor Jorge, de más de 60 años de edad, trabajaba en un hospital del ISSSTE habilitado para atender pacientes COVID. Las condiciones en las que laboraba eran precarias, la empresa que lo contrató no le daba mascarilla, bata ni guantes. Cuando denunció lo despidieron. El caso ya fue arropado por Amnistía Internacional.
Pasados algunos meses de la pandemia, el señor Jorge, de más de 60 años de edad, se atrevió a denunciar sus condiciones de trabajo a través de medios de comunicación; días después, la empresa lo despidió.
De acuerdo con su testimonio, las condiciones de trabajo para el personal de limpieza en los hospitales públicos son precarias y a diario están expuestos a contagiarse a pesar de que son en mayoría gente de la tercera edad y otros más con capacidades diferentes.
Ganaba 3 mil 800 pesos mensuales por una jornada de 8 horas al día limpiando el hospital y lo siguió haciendo sin mascarilla, bata y guantes.
Iniciaba a las 6 de la mañana y en teoría terminaba a las 14 horas, pero la empresa los obligaba a formarse una vez más para recibir más tareas. Esta fila la hacían en el área de ambulancias, donde incluso quedanan expuestos a los cuerpos de los fallecidos.
Cuando solicitó que se le cambiara de área por ser una persona mayor, la empresa le pidió 150 pesos por semana para no enviarlo a zona COVID.
El caso fue arropado por Amnistía Internacional. De acuerdo con su Directora para México, Tania Reneaum Panszi, el caso del señor Jorge muestra la injusticia y la invisibilidad de las personas que se encargan del mantenimiento de las estructuras que se usamos día a día, ya que gracias al personal de limpieza, el resto del hospital puede funcionar. Por esta razón, dijo, todo el grupo de trabajadores de la salud sean considerados prioritarios en la vacunación.
Aunque la empresa de outsourcing es privada, hay una clara responsabilidad por parte del Estado. Reneaum Panszi explicó que las autoridades deben adoptar medidas para brindar condiciones laborales dignas, ya que al subcontratar estos servicios con estas empresas, “se convierte en reproductor de desigualdades sociales […] Cuando los estados terciarizan servicios deben garantizar condiciones adecuadas para quien prevé los servicios porque se convierte en un obligado solidario de esas obligaciones”.
De acuerdo con una investigación de Amnistía, en el ISSSTE hay mil 717 personas por outsourcing en nueve hospitales; en el 20 de noviembre hay 343 personas subcontratadas.
“El personal del hospital me decía que buscara aunque sea un trapo para ponerme en la boca. Recogíamos papel sin guantes, lavando tazas de baño. Lo que quiero es justicia para mí y todos mis compañeros; tienen mucho miedo de que los corran, hay muchas personas adultas, con discapacidad […] Hay muchas cosas en el hospital. Yo no quiero que nos traten como basura”, comentó el señor Jorge.
De acuerdo con el abogado del caso, Norman González, se inició ya un juicio laboral en Conciliación y Arbitraje.
“En junio, una vez tomados los datos de Jorge, coincidimos en que había sido víctima de un despido injustificado, ya que no le dieron aviso en el que se señalaran las causas que motivaron a la empresa a despedir. El señor da una entrevista a un medio en el que denuncia que no tenía protección para trabajar en un hospital habilitado para tratar pacientes COVID y el despido viene después”, señaló.
Sin embargo, hasta el momento no hay avances significativos en el caso en el que se solicitará el pago de una indemnización y de salarios caídos.
“Hay un estado de vulnerabilidad. Tiene máximo riesgo por la pandemia. Él no cuenta con atención médica si lo requiere ni tampoco trabajo estable”, agregó el abogado.
Por el estatus procesal del expediente, y como aún no es llamada formalmente a juicio, no se hizo público el nombre de la empresa de outsourcing, esto para no interferir con el proceso legal.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario