sábado, 29 de agosto de 2020

Familiares alertan sobre la continuidad de las desapariciones y exigen atender el problema

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, designado por la ONU el 30 de agosto, familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron atender el flagelo.

Con más de 75 mil desaparecidos considerados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México se coloca como uno de los países con más altos niveles de incidencia en esta grave violación de derechos humanos.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por 72 colectivos del país, así como de Guatemala, Honduras y El Salvador, reconoció que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay algunos avances para atender la problemática, pero hay pendientes para abatir el problema.


Tras dar a conocer la campaña #LesQueremosDeVuelta, integrantes del MNDM alertaron sobre la continuidad de la desaparición, evidenciada en el incremento de registros de personas desaparecidas en las últimas semanas.

Al recordar que hace poco más de un mes la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, presentó el RNPDNO con poco más de 73 mil desaparecidos, Grace Fernández, del colectivo Buscando Desaparecidos México, destacó que la actual cifra de 75 mil 86 desaparecidos refleja que la desaparición de personas “sigue ocurriendo, que es un problema de Estado y que toda estructura tiene que hacer esfuerzos para atenderlo”.

Grace –hermana de Jamaliel Fernández, desaparecido por militares en 2009– señaló que, pese a la elevada cifra de desapariciones, sólo hay 40 sentencias por ese problema, tres resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU por casos de desaparición pendientes de resolver, así como 300 acciones urgentes en el Comité de Desaparición Forzada (CED) que no han sido tomadas en cuenta.

Ante ello, puntualizó, es indispensable la coordinación de autoridades de procuración de justicia y de las comisiones locales de búsqueda.

Fernández reconoció el esfuerzo del gobierno de López Obrador por aceptar la competencia del CED para admitir casos individuales. Asimismo, destacó que la declaratoria podría ser sometida ante el Congreso en septiembre próximo, pero seguirá pendiente atender la invitación a los integrantes del órgano internacional, como lo prometió el presidente el año pasado.

Virginia Garay, del colectivo “Guerreras en Búsqueda”, de Nayarit; Martín Villalobos, del colectivo “Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos”, de la Ciudad de México; José Ugalde, de Desaparecidos Justicia de Querétaro, y Lenit Enríquez, de Madres en Búsqueda, de Coatzacoalcos, Veracruz, saludaron avances como el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, este último destinado a identificar –hasta el 5 de diciembre– 37 mil cuerpos que se encontraban en los servicios forenses del país.

Consideraron indispensable la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías en los estados para la búsqueda de personas, y que no sólo se limiten a perseguir los delitos relacionados con las desapariciones.

Los familiares de víctimas mostraron su preocupación ante el riesgo de que la FGR y las fiscalías estatales se amparen contra la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda, y advirtieron que esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esclarezca la situación.

En cuanto al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, consideraron que es una oportunidad para identificar restos que están en custodia de los servicios forenses de las entidades federativas desde hace 10 a 15 años, y remarcaron que las identidades podrían establecerse en un plazo de 15 a 30 años.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un reconocimiento a la huelga de hambre que hace 42 años realizaron en la Catedral Metropolitana integrantes del Comité Eureka, encabezada por Rosario Ibarra, madre de la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra.

La huelga “arrancó al gobierno de José López Portillo una Ley de Amnistía que logró la cancelación de mil 500 órdenes de aprehensión, la liberación de 2 mil presos políticos y el regreso de 57 exiliados”, destacó el organismo en un comunicado, en el que recordó que el 9 de enero se conformó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desaparición Forzada por la Violencia Política del Estado durante el pasado reciente.

Por su parte, la Oficina para México y Centroamérica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que “a más de dos años de entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, uno de los grandes retos humanitarios que enfrenta este país es lograr una respuesta nacional y coordinada a la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares”.

Para la organización internacional, lo anterior implica el “fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, la creación del Sistema Único de Información Tecnológica en Informática (SUITI) y la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda, entre otros procedimientos de identificación forense”.

Rafael Barrantes, coordinador de los programas sobre personas desaparecidas de la Delegación Regional del CICR para México y América Central, anunció un homenaje a los familiares de personas desaparecidas en América Latina, a partir de una alianza con Playing for Change.

Dicha alianza permitió producir durante la pandemia un video clip de la canción “Hasta la raíz”, compuesta por Natalia Lafourcade y León García, en el que participan más de 15 músicos de nueve países de América Latina, y se difundirá el próximo domingo 30.

“Lo que queremos hacer es rendir un homenaje a los familiares de las personas desaparecidas, a su coraje, a su solidaridad, a la empatía con que ellos actúan; son agentes de su propio cambio, modifican su realidad para dar respuesta a sus propios casos y de otros familiares de víctimas”, señaló Barrantes.

Al mencionar los precedentes de desapariciones en la región –más de 70 mil desaparecidos en México, 45 mil en Guatemala, y entre 8 mil y 10 mil desaparecidos en El Salvador, cifras derivadas en ambas naciones por conflictos armados internos–, el funcionario de la delegación regional de CICR sostuvo que durante la pandemia los colectivos de familiares se organizaron para apoyar a otras familias de desaparecidos


No sólo eso, los colectivos se movilizaron “para evitar más desapariciones”, alertando a las autoridades que los restos de personas infectadas no deberían cremarse sin el consenso de sus familiares, además de que lograron, en conjunto con la CNB, “fijar lineamientos de búsqueda durante la pandemia”.

Barrantes destacó que el homenaje que la organización internacional rendirá este domingo es un reconocimiento a los familiares de las víctimas, que en el caso de México han sido fundamentales.

“Los familiares han creado los cimientos de todas las ventajas que podemos notar ahora: trabajaron durante años por una Ley en Materia de Desaparición de Personas; por el Sistema Nacional de Búsqueda en el que existe un consejo ciudadano en el que participan; están en constante comunicación con la CNB, porque lograron establecer en la ley que todo tiene que hacerse en coordinación con los familiares.

“Los familiares lo que hacen es transformar el amor que sienten hacia sus seres queridos en acciones de búsqueda, en mesas de trabajo, en normas, procedimientos y protocolos”, reiteró Barrantes.

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el CED y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias alentaron a los Estados a continuar sus esfuerzos por seguir en la búsqueda de las víctimas, a pesar de la pandemia de covid-19.

“La búsqueda y la investigación son obligaciones continuadas y deben ser llevadas a cabo, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se consideren necesarias”, destacaron los integrantes del CED y del Grupo de Trabajo, en un comunicado fechado en Ginebra.

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Tras lamentar que por la pandemia “las víctimas son a menudo olvidadas y las familias están sufriendo al no conocer el destino de sus seres queridos”, los expertos de la ONU consideraron que en el contexto de la cuarentena obligatoria han aumentado los riesgos de desapariciones forzadas en centros de reclusión, que no proporcionan información a los familiares de los internos, impiden las visitas o cualquier otro tipo de contacto.

El CED y el Grupo de Trabajo alertaron sobre los “riesgos adicionales para las personas migrantes” ante el contexto del covid-19, por lo que hicieron un llamado a los Estados para “asegurar que la búsqueda e investigación de la desaparición de migrantes continúe y que ningún Estado retorne forzosamente o extradite a una persona a otro Estado donde estaría en peligro de ser sujeto de desaparición forzada”.


En medio de la pandemia, el CED y el Grupo de Trabajo exhortaron a los Estados a “garantizar que los familiares de las personas que han muerto por covid-19 puedan identificar los restos y que los cuerpos sean manejados en línea con sus tradiciones, religión y cultura”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: https://www.proceso.com.mx/645721/familiares-alertan-sobre-la-continuidad-de-las-desapariciones-y-exigen-atender-el-problema