En conferencia de prensa, los integrantes del FPDS, Libertad Díaz, de Otros Mundos AC/REMA, y Miguel Ángel Mijangos, de Procesos Integrales para la Autonomía de los Pueblos (PIAP)/REMA, así como Sandra Urania, investigadora de la UNICACH y Nataniel Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, denunciaron que el gobierno omite las denuncias que le han hecho y por el contrario, mantiene su apoyo firme a la minería extractiva.
En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio tomó la decisión de suspender las mesas de trabajo establecidas con el gobierno de Chiapas por incumplimiento de acuerdos, y por los hechos que “demostraron su complicidad” con la empresa El Puntal SA de CV para crear división comunitaria en los ejidos y deslegitimar su lucha.
“Hoy, alzamos la voz y llamamos a los medios de comunicación, organizaciones y colectivos para denunciar que las amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera El Puntal SA de CV se elevan con la protección de la policía estatal y que las instancias de Salud y Medio Ambiente del gobierno de Chiapas cierran el trabajo de investigación que les correspondería realizar para atender los casos de afectación a la salud. Niegan todo tipo de contaminación o alteración al medio ambiente, justifican los permisos autorizados a las empresas y desvían responsabilidades entre diferentes instancias para no asumirlas”, denunciaron los inconformes en una carta.
Señalaron que el doctor José Esaú Guzmán Morales, jefe de Jurisdicción Sanitaria número 7 afirmó no encontrar casos sospechosos de salud o indicios de algún problema en el agua por la minera en el ejido Libertad y tampoco acepta aumento en la mortalidad en Acacoyagua.
Sin embargo, las conclusiones que elabora Guzmán Morales son a base de una brigada de visita al ejido Libertad que realizó una campaña de limpieza de manos, en una sola visita de tres horas el 6 de octubre del 2016, sin presentar perfil profesional del personal, protocolo de investigación epidemiológica y estudios del agua que comprueben que la comunidad no se encuentra expuesta a ningún tipo de contaminación.
Amado Ríos Valdez, Delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) detalló que los permisos para la explotación y exploración para la empresa El Puntal SA de CV fueron otorgados porque la ilmenita –la roca de donde se saca el titanio– es extraída en bruto y se llevará a otro lugar para la separación de minerales. Expuso que el titanio no es contaminante e incluso que el dióxido de titanio se utiliza en varios productos.
Sin embargo para los defensores del medio ambiente y el derecho a la salud, el proyecto Casas Viejas es sólo uno de los cinco proyectos establecidos desde el 2012 en Acacoyagua y Escuintla que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo y en un área de una de las fallas tectónicas más importantes de México: la falla de Matagua, de la que ya se han extraído 49 mil toneladas de titanio, según reporte de la empresa Male, SA de CV.
Además, la Semarnat no considera los impactos acumulativos de todos los proyectos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada -ubicada debajo de los ríos Cacaluta y Cintalapa-, como son: deforestación, riesgo para la biodiversidad que mantiene el ecosistema, daño a los mantos acuíferos por los barrenos, entre otros.
Y aunque afirma que no ha otorgado permisos en área de reserva natural, sí los ha otorgado para 17 concesiones más.
La Profepa por su parte, junto con la delegación de la Semarnat, aseguró que no realiza ninguna inspección porque la mina “Casas Viejas” apenas se encuentra en fase de exploración. Sin embargo, la población ha comprobado la extracción del mineral y dos carreteras clandestinas para transportar el material.
“La Profepa y la Semarnat no presentaron los reportes semestrales de atención a medidas de mitigación para la supuesta fase de exploración”, dice la denuncia.
Es por eso que denunciaron que el gobierno de Chiapas no cumplió con los compromisos que tomó en el marco de las mesas de trabajo y simuló atender el conflicto minero y las violaciones a derechos humanos que sufren en la región a causa de la actividad minera.
Expresaron su preocupación por el avance de las amenazas y hostigamiento hacia los campamentos y a los integrantes del FPDS:
Denunciaron el bloqueo de la empresa El Puntal SA de CV, al paso para la administración del agua potable en el ejido de La Cadena, en el lote “El Encuentro”.
También denunciaron hostigamiento a los integrantes del FPDS por parte de elementos la Policía Estatal el 8 de abril en el campamento “José Luciano”, ubicado en la comunidad Las Cadenas.
Y como una forma de criminalizar la protesta, dicen, han visto notas en periódicos y en la radio en las que se asegura que los integrantes del FPDS son grupos de choque, amenazan a la población y la extorsionan para dar paso en los campamentos.
Es por eso que exigieron la suspensión definitiva de la actividad minera en la región, que se realice la vigilancia correspondiente por parte de las autoridades ambientales, así como el cese al hostigamiento y amenazas al FPDS.
“Alertamos sobre el incremento de las amenazas y protección del gobierno hacia las mineras”, señalaron.
El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) demandaron la cancelación definitiva de los permisos y concesiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/481754/activistas-denuncian-contubernio-gobierno-chiapas-mineras
