La Mesa de Seguridad y Justicia que en el municipio de León revisa las decisiones que toman las autoridades en materia de seguridad está encabezada por Rocío Margarita Naveja Oliva, una contratista del Gobierno del panista Miguel Márquez Márquez. Naveja Oliva también es miembro de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida, creada luego de que la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) realizara 14 recomendaciones a la entidad para combatir la violencia contra las mujeres. Mientras, a través de la la Universidad Humani, de la que es rectora, monopoliza la capacitación en la Secretaría de Seguridad Pública.
A través de la asociación civil con la que opera la Universidad Humani, Rocío Margarita Naveja Oliva, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León y coordinadora ejecutiva de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida en Guanajuato, ha recibido contratos por parte del Gobierno del estado que suman casi 8 millones de pesos, del 2013 a la fecha.
Lo anterior a pesar de que la Mesa de Seguridad y Justicia debe ser independiente, representativa y apartidista, de acuerdo al Observatorio Ciudadano de León (OCL).
“Es un grupo de ciudadanos independientes, confiables, con credibilidad, con amor y pasión con alto compromiso social que contribuyen a la transformación de las condiciones de seguridad y justicia y legalidad en el Municipio”, dijo Rocío Naveja cuando rindió protesta como Presidenta de dicho organismo ciudadano, el pasado 2 de marzo.
En León, la Mesa Ciudadana es impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y el Observatorio Ciudadano de León. Sin embargo, la referida instancia, presuntamente independiente, está encabezada por una contratista del Gobierno estatal que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez.
Los contratos, enfocados a la prevención de conductas delictivas, han sido asignados de forma directa, sin que medie ningún tipo de licitación o convocatoria pública.
El Gobierno del estado proviene del Partido Acción Nacional (PAN), lo mismo que el de León. La entidad sufre una violencia inédita.
EN 3 AÑOS, 8 CONTRATOS
A través de una solicitud de información, Zona Franca obtuvo copia de los contratos que ha recibido Rocío Naveja a través de su asociación civil “Sistema de Educación Superior de León, A.C.”, razón social de la Universidad Humani, de la cual es rectora.
Todos han sido celebrados por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato encabezada por Álvar Cabeza de Vaca Appendini, aunque también se solicitó información a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Secretaría de Gobierno, al Instituto Estatal de Capacitación y a la Secretaría Particular del Gobernador.
En noviembre del 2013, recibió dos contratos: uno por 1 millón 170 mil pesos para la realización de talleres para prevenir las adicciones en los jóvenes, y otro para hacer talleres de prevención de adicciones para la comunidad, por un monto de 1 millón 150 mil pesos.
En el 2014 recibió cuatro contratos más: dos en agosto y dos en noviembre.
Los dos primeros fueron para capacitar a la ciudadanía “en materia de prevención psicosocial” y para capacitar a funcionarios en el marco teórico y conceptual para la prevención social de la violencia, por la cantidad de 2 millones 505 mil pesos y 888 mil 560 pesos, respectivamente.
Los celebrados en noviembre fueron para la “formación de ciudadanos con una conciencia de corresponsabilidad en materia de seguridad” y otro para organizar un taller de capacitación y formación en actualización y seguimiento de diagnósticos participativos. Por ambos, la SSP pagó 534 mil 180 pesos.
Posteriormente, el 15 de julio del año pasado, la rectora de la Universidad Humani recibió un contrato por 775 mil 500 pesos para la realización del proyecto denominado “Apoyo y capacitación a promotores comunitarios de los polígonos a intervenir” en Guanajuato capital.
Poco más de tres meses después, obtuvo otro cuyo objeto fue desarrollar y ejecutar el programa de unidades de prevención empresarial para impulsar la cultura de la prevención y situacional en empresas establecidas en parques industriales. El monto del contrato fue de 950 mil pesos.
En total, los ocho contratos firmados entre la Secretaría de Seguridad Pública y “Sistema de Educación Superior de León, A.C.” suman 7 millones 973 mil 840 pesos, y todos fueron adjudicados mediante el esquema de invitación a cuando menos tres personas.
UNA CONTRATISTA PARA ATENDER LA VIOLENCIA FEMINICIDA
Luego de la solicitud hecha por el Centro Las Libres para que fuera emitida la Alerta de Género para Guanajuato, el Gobierno estatal conformó la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida, en donde Rocío Margarita Naveja Oliva es una de las cuatro integrantes, de representación ciudadana.
El 10 de julio, la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) emitió 14 recomendaciones para combatir la violencia contra las mujeres, como producto de la solicitud de alerta de género en el Estado, hecha por Las Libres, entre éstas se encuentra la creación de dicha comisión.
Las atribuciones de esta nueva comisión serán: proponer, impulsar y vigilar la atención de las acciones encaminadas a mejorar la actuación de los servidores públicos dedicados a la atención de los casos de violencia feminicida y proporcionar información a los representantes de las víctimas o sus familiares sobre la situación de sus casos, cuando así lo soliciten.
PARTICIPA TAMBIÉN EN LA MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD
Desde el 2 de marzo de 2016, Rocío Margarita Naveja Oliva es presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, del municipio de León, cargo que ocupará por los próximos dos años.
Naveja Oliva, quien también es integrante de la comisión de seguridad del Observatorio Ciudadano de León, fue propuesta por este organismo para presidir la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y su nombramiento tuvo que ser revisado y aprobado por el Alcalde Héctor López Santillana y por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni.
La propuesta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia ya se había estado gestado desde administraciones municipales pasadas pero fue apenas con Héctor López Santillana cuando esta propuesta fue aceptada e implementada.
La intención es que esta Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia revise las decisiones que toman las autoridades en materia de seguridad además de proponer algunas mejoras en la materia.
Según la descripción del Observatorio Ciudadano de León, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia “es un grupo de ciudadanos, Independientes, Confiables, con Credibilidad y Compromiso Social, que contribuyen en la transformación de las condiciones de Seguridad, Justicia y Legalidad en el Municipio de León, a través de la articulación de esfuerzos con Autoridades de los tres niveles de gobierno y tres poderes de gobierno”.
UNA LABOR MÁS COMPLACIENTE QUE CRÍTICA
En su carácter de presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Rocío Naveja ha demostrado ser más complaciente que crítica, hace tan sólo una semana que la también rectora de la Humani Mundial acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado en León y aprovechó para elogiar el trabajo de la instancia estatal.
En medio de la ola de violencia, que dejó 21 personas ejecutadas en León tan sólo en el mes de julio, a Rocío Naveja se le preguntó cómo calificaba el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado y cuáles serían algunas de las recomendaciones que le haría a la dependencia estatal para mejorar su trabajo.
“Reconocemos el trabajo, y no solamente dicho por nosotros, hoy constatamos lo que se dice a nivel nacional: que es una de las mejores procuradurías, recientemente la reconocen como una de las dos mejores a nivel nacional y eso se está convirtiendo en un marco de referencia (…) en este momento, como ciudadanos, nos vamos confiados y seguros de que el trabajo que se está haciendo, es un trabajo profesional, serio y que garantiza realmente el servicio al ciudadano de León y del estado”, dijo Naveja Oliva.
Esta declaración fue retomada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien se encargó de difundirla mediante un boletín y redes sociales.
AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN MARTÍNEZ.