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Matan a director del Deporte de Huitzilac en ataque armado

El ataque ocurrió después de las 19:30 horas del viernes 19 de septiembre, cuando la víctima en un vehículo Nissan Versa azul en compañía de su padre. Hombres armados los interceptaron sobre la avenida Cuernavaca, frente a la iglesia del Centro, y dispararon varias veces contra el vehículo.

Carlos Alberto Eslava Dávila, director del Deporte de Huitzilac y sobrino del alcalde César Dávila, perdió la vida la noche del viernes 19 de septiembre, luego de ser baleado junto a su padre, en un hecho que las autoridades investigan.

Huitzilac es un municipio limítrofe con la Ciudad de México y se encuentra a 16.1 kilómetros de Cuernavaca, la capital de Morelos.

El ataque ocurrió después de las 19:30 horas, cuando Eslava Dávila viajaba en un vehículo Nissan Versa azul en compañía de su padre. Hombres armados los interceptaron sobre la avenida Cuernavaca, frente a la iglesia del Centro, y dispararon varias veces contra el vehículo.

El padre del funcionario fue auxiliado por paramédicos, mientras que Eslava Dávila fue encontrado minutos después sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de Santa María Ahuacatitlán, con múltiples heridas de bala. Pese a ser trasladado a un hospital, murió poco después.

De acuerdo con fuentes consultadas, se trató de un ataque directo.

Previo a este homicidio, se registraron dos hechos violentos: en el poblado de Tres Marías, un hombre fue asesinado a plena luz del día a balazos en el crucero principal de la zona. La noche del jueves, un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado a balazos dentro de un taller de bicicletas en el mismo poblado.

Presidente municipal de Huitzilac lamenta la pérdida de su director del Deporte

El presidente municipal de Huitzilac, César Dávila Díaz, lamentó la muerte de Carlos Alberto Eslava Dávila, conocido como “Chon” y director del Deporte del municipio.


Dávila Díaz, quien llegó al poder gracias a Movimiento Ciudadano, reconoció en un mensaje publicado en sus redes sociales la labor de Eslava Dávila en la promoción del deporte y la formación de nuevas generaciones. “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Carlos Alberto Eslava Dávila, director del Deporte Municipal”, escribió.

El presidente municipal destacó que su partida deja un vacío en el equipo de trabajo y en la comunidad. “Su entrega y pasión inspiraron a muchos jóvenes a seguir sus sueños”, señaló, y subrayó que su labor contribuyó a fortalecer la cohesión social en Huitzilac.


Aunque la publicación oficial habla de un fallecimiento, usuarios en redes sociales han señalado que se trató de un asesinato, enfatizando la gravedad del hecho y la necesidad de una investigación.

Dávila Díaz expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, y aseguró que el legado de Eslava Dávila continuará en los programas deportivos del municipio: “Vivirás en cada niño, joven y adulto que encontró en el deporte una oportunidad de superación gracias a su esfuerzo”.

Huitzilac ha sido escenario de una cadena de crímenes recientes, entre ellos:
  • Un funcionario de Protección Civil, Mercados y Vía Pública, asesinado en un autolavado, previo al homicidio de Eslava Dávila.
  • Carlos Alberto Eslava Dávila, director del Deporte.
  • Alejandro Mancilla Cueto, secretario general del Ayuntamiento.
  • Luis Mancilla Cueto, excomisariado de Bienes Comunales y hermano de Alejandro Mancilla, asesinado en mayo.
  • Un candidato de Nueva Alianza y su hijo, involucrados en campañas locales.
  • Alexis “N”, alias “El Mariachi”, presunto líder criminal, ejecutado frente a la presidencia municipal el 25 de mayo, donde también resultaron heridas dos personas.
  • Hernán García Villegas, excandidato a la alcaldía, cuyo cuerpo fue encontrado en julio en un barranco de las Lagunas de Zempoala.
En mayo de 2024, una masacre en el barrio de San Juan dejó al menos ocho muertos y varios heridos, tras un ataque armado contra un depósito de cerveza.

En paralelo, las autoridades han realizado detenciones y aseguramientos en Huitzilac, incluyendo narcolaboratorios, bodegas de huachicol, aserraderos clandestinos y propiedades vinculadas con actividades delictivas. Entre los arrestados destacan:
  • Luis Noé “N”, alias El Bretón, y Marcos “N”, conocido como "Matute" o "Guiri-Guiri", vinculados con el secuestro de la chef Zahie Téllez, jueza del programa MasterChef, y de su esposo.
  • Un hombre apodado “El Marino”.
Fuentes policiales señalaron que estos operativos y detenciones han derivado en agresiones directas a funcionarios públicos. Destacaron que las recientes detenciones han provocado un “reacomodo violento” en el municipio, con incremento de ataques contra servidores públicos.

A pesar de la presencia de fuerzas federales, la violencia persiste en Huitzilac. A principios de agosto, durante una marcha por la paz, el alcalde César Dávila reconoció que el municipio está rebasado y solicitó apoyo urgente de los gobiernos estatal y federal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ya inició la carpeta de investigación por el asesinato de Carlos Alberto Eslava Dávila, pero hasta el momento no hay personas detenidas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Vidulfo Rosales se incorpora a la SCJN; ganará 118 mil pesos al mes

El exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tiene el cargo de secretario de estudio y cuenta adscrito al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

El exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, se incorporó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

De acuerdo con los registros oficiales de la Corte, Rosales ocupará el cargo de secretario de estudio y cuenta adscrito a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Máximo Tribunal.

En dicho puesto, Rosales ganará 167 mil 671.23 pesos que, sin impuestos, significan un salario neto mensual de 118 mil 138.37 pesos.

El pasado 20 de agosto, Proceso informó que Hugo Aguilar invitó a Vidulfo Rosales a colaborar en la SCJN.

Al día siguiente, el abogado renunció a su puesto como director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el que encabezaba la representación legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Para entonces, Rosales aún no hacía oficial su incorporación a la Corte y, pese a que los ministros rindieron protesta desde el pasado 1 de septiembre, no fue sino hasta ahora que su nombre apareció como integrante del equipo del ministro presidente.

Como parte de la reforma judicial, ahora el ministro presidente ya no tendrá ninguna función administrativa ni en la Corte ni en el resto del Poder Judicial Federal, como ocurría antes, pues esas facultades fueron transferidas al Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Por ello, la ponencia de la Presidencia sí tendrá que elaborar proyectos de resolución de los casos que lleguen a la Corte y sean turnados a Aguilar Ortiz, trabajo que realizan los secretarios de estudio y cuenta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Muere trabajador en Torreón tras presunta broma por parte de sus compañeros

Los familiares señalan que el incidente podría estar relacionado con acoso laboral, ya que denunciaron que Carlos era víctima de constantes burlas por parte de compañeros de trabajo.

Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años y conocido como “Papayita”, falleció el 18 de septiembre luego de permanecer 19 días hospitalizado tras ingerir una sustancia tóxica en su centro de trabajo, la tienda HEB Senderos de Torreón.

De acuerdo con versiones de sus familiares, el 30 de agosto alrededor de las 15:30 horas, Carlos consumió una botella de Electrolit que había dejado cerca de su área de limpieza. Tras dar un sorbo, comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia a distintas clínicas del IMSS, donde médicos reportaron quemaduras en tráquea, pulmones y vías respiratorias.

Los familiares señalan que el incidente podría estar relacionado con acoso laboral, ya que denunciaron que Carlos era víctima de constantes burlas, robos y agresiones por parte de compañeros de trabajo, situaciones que aseguran habían reportado previamente sin recibir atención.


El 19 de septiembre, H-E-B México emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de X, en el que lamentó el deceso y afirmó que el incidente está siendo investigado.

La empresa indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades y los empleadores directos de Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., la compañía a la que Carlos prestaba servicios. H-E-B reiteró su compromiso con la transparencia y prometió colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos, aunque no detalló medidas específicas tomadas hasta el momento.
La familia interpuso formalmente una denuncia el 3 de septiembre en la Delegación Laguna I de la Fiscalía, además de abrir la página de Facebook “Justicia para Carlos Gurrola Arguijo” para exigir que se esclarezca el caso y se sancione a los responsables.

La Fiscalía General de Coahuila abrió una carpeta de investigación y confirmó que ya se han recabado testimonios de testigos y se revisan las cámaras de seguridad del establecimiento. Sin embargo, la botella presuntamente contaminada fue desechada por empleados de la tienda, lo que impide determinar con certeza qué sustancia provocó las lesiones.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hilda Brown, acusada por EU de ligas con el Cártel de Sinaloa, otorgó millonario contrato a presunto narco

Hilda Araceli Brown otorgó contrato de adjudicación directa por 12 millones de pesos a Candelario Arcega cuando era alcaldesa de Rosarito. Estados Unidos los acusa de ser parte del Cártel de Sinaloa.

La diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, acusada por Estados Unidos de ligas con el Cártel de Sinaloa, otorgó un millonario contrato a Candelario Arce Aguirre, señalado como miembro de la organización criminal, cuando era alcaldesa de Rosarito.

Ambos están señalados por el Departamento del Tesoro de operar una compleja red de lavado de dinero en la que era clave el municipio de Rosarito, Baja California, cuando ella fue alcaldesa en el periodo de 2021 a 2024. 

En contrato de compraventa firmado entre el H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, y un vendedor particular, revela una adquisición por 11.9 millones de pesos para la compra de vehículos y equipo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El contrato tiene la firma estampada de la entonces alcaldesa Araceli Brown y de Candelario Arcega Aguirre.


El contrato, fechado el 23 de enero de 2024, tiene como objetivo la compra de ocho camionetas tipo Pick Up Dodge Ram 1500, cuatro de modelo V6 y cuatro de modelo V8, ambas del año 2023. 

Los vehículos serían equipados como patrullas, incluyendo torres de luces LED, luces estroboscópicas, sirenas, bocinas, pintura, rotulación, defensas y una banca metálica en la caja.

El monto total del contrato es de $11,922,158.88 pesos mexicanos, que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La compra se realizó a través de una adjudicación directa, una excepción al proceso de licitación, según lo aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio. 

El pago se hizo en dos exhibiciones, la primera por el 50% al momento de la firma y la segunda por el 50% restante se realizó a la entrega de las unidades.

El vendedor se comprometió a entregar una fianza equivalente al 10% del total para garantizar el cumplimiento del contrato y una fianza del 50% para garantizar el anticipo. Además, los vehículos contaban con una garantía de 3 años o 60,000 km, lo que ocurra primero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que aplicó un bloqueo administrativo a las cuentas de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena, señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de tener vínculos con La Mayiza, a lo que la legisladora se declaró sorprendida y negó que sus cuentas estén congeladas.

Previamente, el Departamento del Tesoro señaló: “Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown)”.


OTRAS EMPRESAS SANCIONADAS

Además de la diputada de Morena, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este jueves a diversas empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de “Los Mayos”, por su presunta implicación en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el lavado de dinero. 

Entre los negocios, se hallan: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; and, Cavally Antro & Bar, además de Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S.A. De C.V 

Todos esos negocios son operados por personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, por lo que ya fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, en uno de los golpes más fuertes que se le ha dado a “Los Mayos”, en lo que va del año.

DOCUMENTOS:




FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Cercando al narco… y al gobierno

Lo más sorprendente de la “red de contrabando” que sancionó el Departamento del Tesoro el jueves 18 de septiembre, y que evidenció un cónclave entre narcotraficantes del cártel de Sinaloa, empresarios y políticos en Baja California, fue la rápida reacción del Gobierno de la República.

Impresionantemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no exigió pruebas, primero para emitir un posicionamiento, sino fue la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, quien emitió un comunicado para informar que, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), también realizaba un bloqueo administrativo a las personas señaladas por el Departamento del Tesoro, que incluye a siete personas físicas y 15 morales.

Entre las personas físicas se encuentra la exalcaldesa de Rosarito, la morenista Araceli Brown Figueredo, actualmente diputada federal por Morena, y dos empresarios ligados a los gobiernos morenistas de Baja California. Los otros señalados son conocidos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa del ala del depuesto jefe criminal Ismael Zambada García, El Mayo: Juan José Ponce Félix, El Ruso, y los hermanos Aquiles y René Arzate García; El Aquiles y La Rana, como son apodados respectivamente.

El mismo día de la publicación de la sanción por parte de las OFAC, la UIF informó de sus propios bloqueos a estas personas, y justificó: “los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por las OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”.

En Baja California, el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, concedió una entrevista a ZETA donde confirmó: “la Ley va a alcanzar a todos”, al tiempo que refrendó: “… es importante, no solamente son criminales, digamos, de tipo Ruso y esas organizaciones, son empresas, frentes para lavar dinero, para proteger a otros, y estamos buscando frenar todo eso”.

Refirió también el diplomático, que la sanción de la OFAC a las personas y las empresas tiene como objetivo cercarlos, es decir, que cualquier persona, entidad, gobierno o político que se relacione con quienes aparecen en la lista negra, será investigado.

Es de suponer que en gran parte tiene que ver con esas investigaciones, el retiro de visas a miembros de la clase política, del gobierno, empresarios, músicos y criminales.

Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos, ahora sí, en plena coordinación con el Gobierno de la República lo que buscan es “cercar” a quienes hacen negocios ilícitos en cualquiera de sus niveles o alcances. El problema en Baja California es que las redes criminales y empresariales ahora señaladas, están muy ligadas a los gobiernos, y la pregunta es: ¿qué nivel de confianza puede tener la autoridad persecutora extranjera en gobiernos locales ligados a los señalados? Es difícil suponerlo, aunque el Cónsul Teal fue reiterativo que la coordinación local era con el General Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Los dos empresarios señalados: Jesús González Lomelí a quien acusa Estados Unidos de ser un “lavador de dinero de alto nivel” que utiliza sus negocios para “lavar dinero de procedencia ilícita del cártel de Sinaloa”, y Candelario Arceaga Aguirre, identificado como “operador político afiliado al cártel de Sinaloa” y actúa como corruptor de gobiernos locales, como el de, señala el informe de la OFAC, Araceli Brown Figueredo, ex alcaldesa de Rosarito.

Pero las ligas de estos empresarios van más allá. Actualmente, Arceaga Aguirre, El Cande, por cierto detenido por el Ejército Mexicano en 2009 como parte de la célula de Teodoro García Simental, El Teo, miembro entonces escindido del Cártel Arellano Félix y participando con el Cártel de Sinaloa, no solo colocó funcionarios en la administración de Rosarito, también lo hizo en el actual Ayuntamiento de Tijuana, donde uno de sus principales colaboradores, Enrique Díaz Pérez, despacha en la Dirección de Administración Urbana, cuando en el pasado lo hizo en Rosarito. Varios empresarios desarrolladores han confiado a esta columnista, cómo las prácticas del Cande y Díaz en Rosarito se trasladaron a la alcaldía de Ismael Burgueño.

El mismo alcalde de Tijuana, el morenista Ismael Burgueño, es un aliado incondicional de Fernando Salgado, un empresario de Ensenada que fue visible cuando su nombre apareció en documentos oficiales de los Estados Unidos como el propietario de la casa que, en Rancho Santa Fe en San Diego, California, utilizó y presumió la gobernadora en redes sociales y que le fue adjudicada. Después ella misma refería que era de su amigo, es decir, de Salgado.

Salgado es socio de Jesús González Lomelí, como públicamente lo ha reconocido, el mismo que está ahora sancionado por la OFAC, y Salgado con sus socios, no solo cuenta con la venia de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también del alcalde Burgueño, quien le cedió la organización de las fiestas patrias este 2025 a una de sus empresas.

Es conocido en el ámbito político electoral, aun cuando no declarado oficialmente ni investigado de manera apropiada, que tanto González, como Arceaga y Salgado, son no sólo promotores de negocios, también de campañas políticas, las cuales fondean y al tiempo reciben espacios en los gabinetes oficiales y concesiones para ellos y sus asociados en materia de espectáculos, desarrollo de obras, transporte público y organización de actos.

En estas condiciones es difícil establecer una coordinación entre las autoridades de los Estados Unidos y los gobiernos locales en Baja California, que están resultando afectados por las ligas con empresarios señalados, particularmente cuando los titulares del Ejecutivo presumen amistades y entregan concesiones.

La OFAC ha sancionado a las personas y a las empresas para “cercar” a los cárteles y su actividad ilícita financiera, pero al mismo tiempo está cercando a los gobiernos, a que por lo menos no tengan ligas oficiales o personales con los ahora miembros notorios de la lista negra, reconocida por el Gobierno de la República, a través de la UIF, que también, de entrada, los ha congelado.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Equipo de seguridad de Sheinbaum golpea al periodista Sergio Ocampo en Guerrero; Presidencia suspende al agresor

Tras la agresión al periodista de Guerrero Sergio Ocampo Arista por personal de seguridad de Claudia Sheinbaum, Presidencia informó que ya investiga los hechos y el presunto responsable fue suspendido.

Un escolta de la presidenta Claudia Sheinbaum golpeó al director de la radio universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) y corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo Arista, cuando trataba de salir de las vallas metálicas que fueron colocadas en el campo de fútbol del Polideportivo donde se desarrolló el evento público de la mandataria.

José Miguel Sánchez, reportero de El Sur, relató que cuando terminó el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum los escoltas los encerraron en un corral de vallas metálicas.

“Yo tenía que cumplir con una orden de trabajo para entrevistar a un funcionario y me brinqué de la valla y cuando un guardia me jaloneo Sergio Ocampo entró en mi defensa y ahí fue cuando el escolta le pegó un puñetazo en la cara y luego le aventó una silla”, expresó José Miguel.

Sergio Ocampo resultó con una herida en el ojo derecho.
Tras la agresión al periodista, casi un centenar de miembros de la prensa condenaron el hecho y exigieron que se abra una investigación contra el sevidor público federal.

“En el hecho reprobable también resultó agredido el compañero reportero José Miguel Sánchez del periódico El Sur”, dice el documento firmado por los periodistas de Guerrero.

Al respecto, la Coordinación General de Comunicación y Vocería del Gobierno de la República informó que ofreció una disculpa al periodista Sergio Ocampo.

También informaron que la persona involucrada en la agresión fue suspendida en tanto se realizan las investigaciones “y se tomarán las medidas en consecuencia”.


Asimismo, la Coordinación de Comunicación Social de Guerrero publicó en sus redes sociales que mantienen un “respeto absoluto a la labor periodística” y lamentaron los hechos ocurridos esta tarde en Chilpancingo, entre un colaborador del Gobierno Federal y el periodista Sergio Ocampo Arista.

“Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Sergio Ocampo Arista y nuestro categórico rechazo a cualquier acto de agresión en contra de la prensa”.

En su publicación, el Gobierno de Guerrero reconoció la decisión del Gobierno Federal de separar de sus funciones al colaborador involucrado.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/EL TLACOLOL.

Sube a 27 la cifra de personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa

A 10 días de la explosión de una pipa, 18 personas continúan hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia aumentó a 27, según informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México. En tanto, 18 continúan hospitalizados y 39 ya fueron dadas de alta.

Entre la noche del jueves y la de este viernes 19 de septiembre, la dependencia registró 4 fallecimientos, por lo que la cifra pasó de 22 a 26 víctimas mortales.

El fallecimiento más reciente es el de Ricardo Corona Hernández, quien contaba con 38 años de edad y se encontraba internado en el Hospital General Rubén Leñero.

Ayer, murió Erik Acevedo, de 33 años, quien es conocido por ser el chofer de transporte público que desalojó a los pasajeos de su autobús, sin embargo, él resultó con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo tras la explosión.

Recientemente había sido sometido a cirugía y tenía un pronóstico de salud crítico. Estaba internado en el Hospital Rubén Leñero.

Estudiante del IPN se encuentra entre los fallecidos

Entre los fallecidos se encuentra Giovani Martínez, un estudiante de 17 años del CECyT 7, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El joven murió en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” a 9 días de la explosión ocurrida en la alcaldía Iztapalapa.

De esta manera, suman cuatro integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fallecidos por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Jorge Islas Flores, un trabajador adscrito como personal de apoyo y asistencia a la educación del Cecyt 7 del Politécnico, Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, Giovani Martínez Llanos y José Gabriel Hernández Méndez, ambos de 17 años, estudiantes de la misma institución murieron en el accidente que ocurrió el miércoles 10 de septiembre.

El Politécnico Nacional lamentó el fallecimiento de Giovani este viernes. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, dijo en una publicación.
Comité para víctimas por explosión

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la conformación de un Comité de Solidaridad que canalizará las donaciones destinadas a las víctimas y a sus familias.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, la conformación de este comité será diversa e incluyente, buscando la participación de un representante de la ONU, uno de la UNAM, uno de la Cruz Roja, así como de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, advirtió que no se trata de un mecanismo para “lavarle la cara a la empresa” dueña de la unidad, ni tampoco porque el gobierno “se esté lavando las manos”.

“Primero, el gobierno de la ciudad está apoyando a las personas víctimas dando apoyos solidarios, tanto para quien está hospitalizado, quien ya fue dado de alta y quien desafortunadamente falleció; pero no solo eso, el Gobierno va a acompañar a todas las víctimas para que la reparación del daño que haga la empresa responsable de la pipa sea justa”, declaró por medio de un video difundido en sus redes sociales.

Aseguró que lo único que se quiere es “encauzar las miles de voluntades que hay de solidaridad de miles de mexicanos que han dicho ¿cómo ayudamos? ¿Cómo apoyamos a las víctimas?”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dueño del Club Tijuana fue socio de operador financiero del Cártel de Sinaloa señalado por EU; “nunca tuve conocimiento”, dice

Jorge Alberto Hank Inzunza, propietario del club Tijuana de la liga mexicana de futbol, aparece como accionista de dos empresas junto con Jesús González Lomelí, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa; él niega relación y desconoce acusaciones.

Jorge Alberto Hank Inzunza, propietario del club Tijuana de la liga mexicana de futbol e hijo de Jorge Hank Rhon, es el dueño de dos empresas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente ser parte de una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

Además, en las empresas también es socio Jesús González Lomelí, señalado como  presunto “operador financiero de alto rango” del Cártel de Sinaloa al lavar millones de dólares para “Los Mayos” a través de sus restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México, según las investigaciones norteamericanas. 

Animal Político buscó a Jorge Alberto Hank Inzunza para solicitar postura al respecto y en la carta de respuesta reconoció que González Lomelí fue su socio al constituir las empresas, en mayo de 2021, pero únicamente por siete meses porque las compañías no prosperaron.

“Ante la falta de resultados comerciales, se tomó la decisión, en el mes de enero de 2022, de modificar la estructura societaria a los dos socios originales, sin la participación del Sr. Jesús González, quien, a partir de esa fecha, dejó de tener cualquier vínculo legal, societario o administrativo con dichas empresas”. 

Sin embargo, las empresas aún aparecen legalmente como propiedad de Hank Inzunza y fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este 18 de septiembre, lo que desembocó en un “bloqueo administrativo” en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que realizar su propia investigación del caso.

Al respecto, según Hank Inzunza, no ha sido notificado oficialmente. “Hasta este momento, ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros. En caso de que ello ocurra, manifestamos nuestra plena disposición para proporcionar la información, documentación y aclaraciones que correspondan”, afirmó en la carta de respuesta a este medio.

Aunque Hank también dijo que las empresas están inactivas, no existen documentos en el Registro Público de Comercio sobre su inoperancia o extinción, ni tampoco de la supuesta separación de González Lomelí como accionista en el Registro Público de Comercio.

El empresario dijo que la separación de socios está respaldado con la “documentación pertinente”, pero al cierre de esta edición no proporcionó dichos documentos.

Sobre los presuntos vínculos de Jesús González Lomelí con el crimen organizado, dijo desconocerlos y aseguró que en ningún momento supo de esto.

“Carezco de información y cabe destacar que en ningún momento se tuvo conocimiento de cualquier tipo de actividad como las que ahora se mencionan, ni de los presuntos vínculos planteados en la investigación referida”, señaló el dueño del Club Tijuana.

Jorge Alberto Hank Inzunza es hijo de Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana entre 2004 y 2007 y propietario de Grupo Caliente, una empresa dedicada a las apuestas. 

No es la primera vez que la familia Hank ha sido ligada al crimen organizado. En 1997, un informe de seguridad de Estados Unidos apuntó su presunta relación con el Cártel de los Arellano Félix. 

En 2011, Hank Rhon fue detenido por el Ejército en su propiedad luego de una llamada “ciudadana anónima” en la que reportaron que poseía 88 armas de fuego y más de 9 mil cartuchos.

Empresas sancionadas por Estados Unidos

Las empresas Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. fueron creadas al mismo tiempo en Baja California el 12 de mayo de 2021.

Las dos compañías fueron creadas con objetos sociales similares que les permitían, entre otras cosas, administrar hoteles, centros turísticos, condominios habitacionales y comerciales, restaurantes, bares y cafés, así como contratar artistas y espectáculos públicos.

Además de González Lomelí y Hank Inzunza, Jerónimo Javier Vera Ayala aparece como un tercer accionista de ambas compañías.

La OFAC también impuso sanciones a otras 12 empresas en las que Jesús González Lomelí aparece como accionista, y otra más propiedad de Candelario Arcega Aguirre, señalado por supuestamente ayudar al Cártel de Sinaloa a corromper el gobierno municipal de Rosarito, en el estado de Baja California.


En la investigación norteamericana se señala que Arcega Aguirre tendría una “estrecha relación personal” con Hilda Araceli Brown Figueredo, alcaldesa de Rosarito entre 2021 y 2024 y actual diputada federal de Morena, a quien también fue sancionada con el congelamiento de sus cuentas.

Brown Figueredo se sumó al movimiento de Andrés Manuel López Obrador desde su primera campaña presidencial en 2006. En 2018 fue coordinadora estatal de afiliación de Morena y coordinadora de la consulta con la que se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ, NELDY SAN MARTÍN.

Cae 'El Chacal', líder de ‘Los Tanzanios’, grupo extorsionador en Iztapalapa

Junto a él fue detenida una mujer y se aseguraron casi 300 dosis de presunta droga y un vehículo; ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía capitalina.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), informó este sábado en su cuenta oficial de X sobre la detención de un hombre identificado como Juan Manuel ‘N’, alias ‘El Chacal’, identificado como uno de los líderes de un grupo delictivo generador de violencia en el oriente de la Ciudad.

La detención se da resultado de trabajos de investigación en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos en la capital. En este caso, el arresto tuvo lugar en la alcaldía Cuauhtémoc.

El grupo delictivo destacado serían ‘Los Tanzanios’, relacionados con delitos como la extorsión y el narcomenudeo en la zona de Iztapalapa.

Junto a él fue detenida una mujer y se aseguraron casi 300 dosis de presunta droga y un vehículo; ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México para continuar con las investigaciones.
“Seguimos trabajando con investigación e inteligencia y realizando acciones operativas en las 16 alcaldías para detener a quienes cometen delitos y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, concluye Vázquez Camacho en su comunicación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caen dos mujeres líderes de organización criminal vinculada con extorsión y otros delitos

Mediante un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad, se ejecutó la orden de cateo en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas Erika “N” y Wendy “N”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un comunicado oficial la mañana de este sábado, 20 de septiembre, informando sobre la detención de cinco presuntos integrantes de una organización criminal ligada con extorsión.

En las acciones participaron elementos de Defensa, Semar, FGR, GN, SSPC junto Fiscalía y Policía del Estado de México y la SSC de la Ciudad de México

Entre los detenidos se encuentran dos mujeres identificadas como principales líderes de la organización, también vinculada con delitos de tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles se ejecutó una orden de cateo en el municipio de Acolman y la detención de cinco personas que formaban parte de una organización criminal vinculada con extorsión y otros delitos.

Derivado de labores de investigación se identificó la operación de una célula delictiva con base en la alcaldía Iztapalapa, dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia. Como parte del seguimiento, se aplicaron técnicas de investigación que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Acolman, donde se resguardaban sus integrantes.


Se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, mediante las cuales se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el inmueble.

De esta manera, mediante un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad, se ejecutó la orden de cateo en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas Erika “N” y Wendy “N”, señaladas como líderes de la célula criminal, así como dos hombres y otra mujer. En el inmueble se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dosis de droga.

A las cinco personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica. El inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo policial.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso por continuar trabajando en estrecha coordinación con autoridades locales, a fin de garantizar la seguridad de las familias en todo el territorio nacional y detener a generadores de violencia”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Allanan camino para que sobrino de Ojeda Durán sea notario público

Ranjeet Kang Ojeda obtuvo la patente de aspirante a notario el 18 de marzo último, esto, en el contexto de que el gobierno de Sonora se ha pronunciado en contra de que se “obsequien” notarías públicas a personas con potencial conflicto de interés.

El gobierno de Sonora concedió que un sobrino consanguíneo de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, pueda ser notario público en el estado.

Se trata del abogado Ranjeet Kang Ojeda, de 36 años, originario de Benito Juárez, Quintana Roo, hijo de Luz del Carmen Ojeda Durán, hermana del marino en retiro.

Kang Ojeda obtuvo la patente de aspirante a notario el 18 de marzo último, según consta en el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La designación se formalizó mediante el oficio número 03.01-1-029/(2025), firmado por el mandatario y el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

En el documento se señala que el Ejecutivo estatal actuó “en ejercicio de mi atribución contemplada en el artículo 10, fracción IV” de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, y que el aspirante ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 104 y 106 de la misma legislación.

El boletín establece que la notificación se realiza “para su conocimiento y se proceda al cumplimiento de las formalidades” previstas en el artículo 123 de dicho marco normativo, lo que abre paso al proceso de adscripción y la eventual asignación de una patente titular a Kang Ojeda, quien egresó de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de las Américas, en Puebla, en 2017.
La condición de Kang Ojeda llama la atención, ya que Proceso constató que tiene un domicilio registrado en Benito Juárez, en un sector conurbado llamado Super Manzana 31, a 4.8 kilómetros del puerto de Cancún.
A la fecha no hay registro público de su actividad como abogado litigante en México, ni tampoco en Sonora.

La formalización de su estatus como aspirante a notario precedió a la trama de huachicol marítimo transnacional que involucra a los sobrinos políticos de Ojeda Durán originarios de Sonora, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Ambos son señalados desde el 9 de septiembre por la Fiscalía General de la República (FGR) como líderes de una organización llamada Los Primos, que usó su posición de poder para corromper a personal de la Marina y la Agencia Nacional de Aduanas en puertos federales, con el objetivo de ingresar ilícitamente hidrocarburos a México, mediante buques contenedores provenientes de Estados Unidos, con el soporte de toda una red de empresas transportistas nacionales en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guaymas y Ensenada durante los últimos seis años.

El acto ocurre también en un contexto donde el mismo gobernador Alfonso Durazo se ha pronunciado contra el uso político de las notarías públicas en Sonora, como ocurrió el 30 de agosto.

En un encuentro con los funcionarios notariales alertó que al participar en actividades políticas asumen el riesgo de “pervertir la fe pública” que depositan los ciudadanos en sus actividades conformando empresas o dando fe de actos legales.

“Lo único que les he pedido es que no hagan política desde su condición”, señaló el mandatario, para después insistir en que deben alejarse de militancias partidistas.

Previo a este pronunciamiento, en 2023 Durazo Montaño emitió una reforma a la Ley para evitar que el Ejecutivo estatal, al final de su sexenio, “obsequie” notarías públicas a personas con potencial conflicto de interés.

En Sonora hay 116 notarías públicas activas, según el directorio oficial actualizado al 16 de febrero de 2024.

Ayer viernes 19, el gobierno del estado difundió un comunicado con respecto de este tema, en el que señala que Ranjeet Kang Ojeda tiene acreditado el estatus de aspirante junto con otras cien personas que presentaron la documentación y el examen respectivo.

En el comunicado, firmado por la vocera Paloma Terán Villalobos, el gobierno estatal afirma que dicho estatus no significa una garantía para alguno de los aspirantes de que obtendrán la patente notarial que buscan.

El gobierno aludió a la Ley de Notariado de Sonora, que establece que todas las personas que cuenten con estudios de Licenciatura en Derecho pueden aspirar a convertirse en notarios. Y subrayó finalmente que Kang Ojeda deberá cumplir “con todos los requisitos y procedimientos que establece la ley”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS IBARRA.

La Barredora: testigo afirma que Bermúdez Requena envió 40 mdp en avionetas a amigo hotelero

Exsecretario de Seguridad de Tabasco, vinculado al CJNG, ordenó enviar 40 millones de pesos en avionetas al empresario Miguel Sánchez Ficachi, de acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR sobre el excolaborador del senador de Morena Adán Augusto López Hernández.

Como parte de las operaciones de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad pública de Tabasco, “ordenó enviar” por avionetas 40 millones de pesos en efectivo para entregarlos al empresario hotelero Miguel Sánchez Ficachi.

Así lo afirmó el testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) identificado con las iniciales “CTDR”, quien relató que él personalmente realizó los traslados del efectivo desde Tabasco a Mérida, Yucatán, en aeronaves privadas.

Las avionetas, detalló, eran contratadas por la gente que trabajaba para el exmando policial también conocido como el Abuelo.

“En cada uno de los viajes se volaban entre dos y tres millones de pesos en efectivo, los cuales le eran entregados a Miguel Sánchez Ficachi, quien es amigo de Hernán Bermúdez Requena”, dio a conocer a la Fiscalía.

El testigo añadió que el dinero, que recogía en el domicilio de Bermúdez Requena, era utilizado para proyectos de construcción y entregado en el Country Town en Mérida y que en total llevó 40 millones de pesos.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, el testigo CTDR declaró que Bermúdez Requena se organizó con él y otras tres personas más para controlar las actividades ilícitas en Tabasco mediante “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dentro de la organización criminal, el testigo, quien además era el secretario particular del Abuelo, tenía como funciones principales el narcomenudeo y el huachicol, para lo cual le pedía a Gabriel Gómez Vázquez, alias Indeco, cocaína pura por la que semanalmente pagaba cerca de 200 mil pesos y por la cual obtenía cerca de 500 mil pesos.

Por ello, parte de las ganancias de estas actividades, incluido el robo de hidrocarburo, eran entregadas a Bermúdez Requena y de ahí salía el dinero que era trasladado en las avionetas para entregarlo a Sánchez Ficachi.

“Con todo lo anterior se puede robustecer que las conductas delictivas eran reiteradas, atendiendo a lo exigido por el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, agregó la FGR en su solicitud de orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, misma que fue presentada el 15 de septiembre último ante el juez federal Mario Elizondo Martínez.

El hotelero

Sánchez Ficachi es un empresario hotelero que coincidió en diversas ocasiones con Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador de Tabasco.

De acuerdo con información difundida en medios locales, el 23 de mayo de 2019 el entonces gobernador, Adán Augusto López, inauguró el Hotel Sleep Inn Villahermosa en el que fueron invertidos 120 millones de pesos.

En el acto estuvo presente el empresario tabasqueño Sánchez Ficachi junto con Mario Córdova Arista, presidente de la Operadora S-1, inversionista del Sleep Inn Villahermosa.

Durante su discurso, el exmandatario estatal felicitó la alianza entre empresarios tabasqueños y sinaloenses para la apertura del hotel y lanzó un llamado a seguir creyendo en Tabasco y no desaprovechar la bonanza petrolera impulsada por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Testigos narran a la FGR cómo operaba La Barredora desde los penales de Tabasco

La organización presuntamente encabezada por Hernán Bermúdez Requena reclutó o impuso a directivos de penales que le permitían operar la venta de drogas, secuestros, extorsiones y robo de hidrocarburos.

La Barredora, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Tabasco supuestamente liderada por Hernán Bermúdez Requena, también operaba desde el interior de los reclusorios estatales. 

De acuerdo con la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra Bermúdez Requena y otros integrantes del grupo delincuencial, el testigo de iniciales C. T. D. R. detalló cómo Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, controlaba al personal de los reclusorios en el estado y tenía buena relación con los directores y jefes de vigilancia de los mismos.

“Ello fue factor para que la persona de alias ‘El Rayo’ en el año 2022, se fugara del penal de Cárdenas, Tabasco, situación que el declarante corroboró ya que en la temporalidad en que estuvo recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), el jefe de vigilancia Santos Tosca le refirió que Ulises Pinto Madera fue quien orquestó la fuga del ‘Rayo’”, asentó la FGR en su carpeta de investigación. 

El testigo explicó a la FGR sobre diversas funciones de otros integrantes de La Barredora que operaban dentro de los reclusorios o que incluso fueron reclutados ahí mismo por Daniel Hernández Montejo, “Prada”, cuando se llegaban a dar a la fuga o salían de la cárcel. 

Incluso, C. T. D. R. declaró que el 21 de enero de 2025, mientras se encontraba recluido en el CRESET, recibió una llamada por parte de Daniel Hernández Montejo “Prada” y que fue avisado directamente por el director del CRESET, Enrique Díaz Álvarez, y el jefe de vigilancia, Santos Tosca, quienes lo llevaron a la oficina de la comandancia para que pudiera hablar con su excompañero en “La Barredora”, quien durante la plática le contó que aún trabajaba de la misma manera. 

Según el testigo, “El Rayo” se trataba de Euler Ruvalcaba Colorado, quien ingresó a La Barredora a inicios de 2020 trabajando bajo las órdenes de “Prada” desde que se encontraba recluido en La Palma, penal de Cárdenas, Tabasco, de donde se fugó en 2022. 

“Él era encargado del narcomenudeo de Cárdenas, Tabasco, también del robo de hidrocarburo, también era el encargado de los secuestros y extorsiones y todo esto lo hacía recluido en el CERESO y estando afuera”, detalló. 

Otro integrante fue identificado como José Luis Olán, alias “el Golpes”, actualmente detenido en el CRESET, quien trabajaba para “El Rayo” cuando este se encontraba en el penal de La Plalma y vigilaba para él los negocios de narcomenudeo. 

En el año 2023, cuando ocurrió la ruptura al interior de La Barredora, informada por Proceso este 19 de septiembre, “El Golpes” decidió quedarse a trabajar bajo las órdenes de Ulises Pinto Madera. 

Desde el CRESET también operaba José Juan Hernández Álvarez, alias “Chinadela”, cuyo trabajo era vender mariguana, cocaína y cristal. 

Bajo las órdenes de Hernández Montejo, al interior del penal, hubo internos ahorcados porque fueron identificados como integrantes de grupos contrarios a La Barredora y quien se encargaba de ejecutarlos era “Chinadela”. 

Otro personaje clave mencionado por C. T. D. R. fue José Ángel, alias “el comandante Diablo” quien al ser detenido pidió hablar con el testigo para que le ayudara a resolver los problemas que tenía con Ulises Pinto y Hernández Montejo. 

“Me ofreció 4 millones de pesos para que los repartiera entre Hernán Bermúdez, Ulises Pinto y Daniel Hernández, alias ‘Prada’ para así poder arreglar el problema que tenía con ellos”, indicó. 

El testigo refirió que consultó con Bermúdez Requena, quien le autorizó tomar los 4 millones de pesos y repartirlos, sin embargo, Pinto y Hernández no cumplieron con el acuerdo y en enero de 2023, José Ángel “comandante Diablo” apareció ahorcado en su celda. 

Funcionarios implicados

Para que La Barredora pudiera ejercer el control dentro de los reclusorios de Tabasco y cometer diversos delitos en todo el estado, el testigo de la FGR afirmó que Bermúdez Requena nombró diversos funcionarios y “compró” otros tantos para no ser obstaculizados en sus operaciones. 

Así, C. T. D. R. contó que, por sugerencia de Daniel Hernández Montejo “Prada”, el exsecretario de Seguridad de Tabasco nombró como jefe de vigilancia del CRESET en Villahermosa a una persona identificada como Carmen, alias “la Sombra”, quien les daría acceso ilimitado al penal. 

“Así fue como, por medio de Carmen, se podía tener acceso al reclusorio a la hora que se quisiera y el día que se quisiera y Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’ y Ulises Pinto pudieron tener control y acceso a los diferentes módulos que existen en ese reclusorio, ya que ellos hicieron cambios y pusieron gente de confianza de Daniel Hernández Montejo para poder obtener el control y dirigir desde afuera la venta de droga dentro del mismo y es así como pudieron y mandaron a asesinar a personas que estaban recluidas y que se les hacían incómodos”, relató. 

Comentó que José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de Seguridad Pública, ingresó a las filas de la organización en enero de 2020 y siempre estaba en las reuniones que se realizaban en Ixtacomitan en una barda pintada con logotipos de la Secretaría de Seguridad que el propio Bermúdez Requena mandó pintar. 

Castillo Ramírez recibía órdenes directas de Bermúdez Requena para lograr que las operaciones de La Barredora salieran avante. 

“Su función era instalar retenes que Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chihcirria’ y/o Yeison Daniel Hernández Montejo, necesitaba”, precisó el testigo. 

Carlos Manuel González Genesta, alias "Poli", fue policía estatal antes del año 2020, cuando ingresó a La Barredora a principios del año 2020 donde se encargaba del narcomenudeo de mariguana, cocaína y cristal en la zona de Parrilla, Playas del Rosario, también fue encargado de enterrar a quienes Hernández Montejo mandaba matar. 

Bermúdez Requena supuestamente designó a diversos elementos de la Secretaría de Seguridad para custodiar a “Prada” y para que el traslado de la droga a los puntos de venta fuera seguro. 

Así, Hernández Montejo llegó a tener cerca de 50 elementos policiales del estado a su cargo como Javier Custodio Luna, alias “Guasón”, quien le fue asignado en abril de 2020 como escolta, así como otro policía de nombre Deyli, que era quien elegía a los elementos que serían designados al “Prada” previa consulta con Ulises Pinto quien, a su vez, le preguntaba a Bermúdez Requena. 

Una vez que elegían a los elementos, José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, realizaba los oficios de comisión correspondientes.  

C. T. D. R. también señaló al policía de nombre Blasimiro, alias “Blas”, actualmente dado de baja de la corporación, quien era escolta de “Prada” y después puso “narcotienditas” en los municipios que Hernández Montejo controlaba. 

El testigo explicó que el entonces fiscal Especializado en Narcomenudeo de la Fiscalía local, a quien identificó con el nombre de Calixto, también perteneció a La Barredora desde el 8 de enero de 2019, cuando Bermúdez Requena lo presentó al resto de los integrantes de la organización. 

Según sus declaraciones, el exsecretario de Seguridad acordó con el fiscal un pago semanal a cambio de que, cuando elementos de su Fiscalía detuvieran a alguien de La Barredora les fincaran cargos menores para que pudieran obtener su libertad. 

Sin embargo, precisó que el exfuncionario dejó de colaborar para La Barredora en el mes de diciembre de 2024. 

Otro funcionario integrante de la organización supuestamente fue el director de la Secretaría de Seguridad de Teapa, quien en el año 2022 se dedicaba a detener vehículos para extorsionar a los conductores 

“También participaba en el tráfico de indocumentados, narcomenudeo, huachicol y robo de gas LP”, agregó el testigo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Percance en el complejo petrolero de Cosoleacaque deja 5 heridos; están estables

Los trabajadores del complejo petroquímico fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato; tras el percance fueron trasladados al hospital para su atención médica, donde su estado de salud se reporta estable.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el día de ayer se suscitó un incidente en el complejo Petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz, en el que cinco trabajadores fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato, por lo que fueron trasladados a un hospital donde se reportan estables.
“Petróleos Mexicanos informa que, aproximadamente a las 10:45 horas de este viernes, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en una válvula automática, en la Planta de Amoniaco VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, cinco trabajadores fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato y actualmente su estado de salud se reporta estable”, apuntó la empresa productiva del Estado en un comunicado.
Tras el incidente, los trabajadores fueron llevados a los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo local para ser descontaminadas y brindarles un tratamiento preventivo inicial.
En cuanto se estabilizaron, los cinco empleados fueron llevados al hospital regional de Minatitlán, Veracruz, para continuar su tratamiento y recuperación, detalló Pemex.

El Complejo Petroquímico Cosoleacaque se ubica a 25 kilómetros de la costa del Golfo de México, en la zona conurbada de los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque. Inició operaciones en 1962, siendo la primera planta de amoniaco del país.

Pemex acumula accidentes

El accidente en el complejo Petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz, sucede a sólo unas horas de que se reportara un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Pemex ubicada en Salina Cruz, Oaxaca,  la madrugada del viernes.

El siniestro se originó en la planta primaria 1 y activó los protocolos de seguridad de la paraestatal. Aunque las llamas se propagaron con rapidez y dañaron las instalaciones, no se reportaron heridos ni víctimas mortales debido a la pronta intervención de las brigadas contraincendio.
A este se suma el percance ocurrido el pasado 26 de mayo, en el que una pipa cargada de combustible perteneciente a la petrolera chocó y volcó contra una columna del periférico, en la Ciudad de México. El incidente propició el derrame de, al menos, 20 mil litros de gasolina, incrementando el riesgo de explosión tras la volcadura, lo que obligó la rápida evacuación de los transeúntes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

TV Azteca utilizó un "procedimiento secreto" para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para alargar el pago de 565 millones de dólares a inversionistas en EU, pese a presentar "motivos falsos y fácilmente refutables", informó Akin, la firma legal que asesora a los afectados.

Inversionistas de Estados Unidos denuncian que desde el año 2022 TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, usó al Poder Judicial para que un Juez de un Tribunal de la Ciudad de México emitiera una medida cautelar para que la televisora "finja" que por la COVID-19 no puede pagarles la deuda que en un inicio era de 400 millones de dólares, pero que hoy asciende a 565 millones de dólares.

Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

El viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Poder Judicial de la Ciudad de México debe resolver adecuadamente, porque la pandemia ya pasó. "Eso ya fue, ahora sí que 'toma chocolate y paga lo que debes'", dijo la mandataria mexicana.
Y ahondó: "O sea, ya no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora, ellos quieren que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad; tampoco podemos asumir esa responsabilidad".
La deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de 7 mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha. Hoy, el monto a pagar es de 565 millones de dólares.

Sobre por qué la adquisición de bonos fue en un lugar relacionado con paraíso fiscal, la asesora legal de los afectados, Katherine P. Padgett, respondió a SinEmbargo: "No hubo irregularidades en la adquisición de la deuda de TV Azteca por parte de los fondos de inversión bajo el control respectivo de los Demandantes. Ambos Demandantes son administradores de fondos de inversión estadounidenses, organizados bajo las leyes de los Estados Unidos, con lugares principales de negocios en los Estados Unidos".

—¿Cuál es la intención al solicitar comunicación directa con el gobierno mexicano? ¿Qué tipo de acuerdo desea obtener? —se le preguntó a Katherine P. Padgett.
—Buscamos forjar un camino de colaboración que sirva a los intereses de México, su gente y sus socios e inversionistas internacionales. En vista del Sr. Salinas Pliego y su importante deuda fiscal no pagada, creemos firmemente que nuestros intereses generales están estrechamente alineados. No creemos que sea del interés del Gobierno mexicano seguir gastando sus recursos en la defensa de un arbitraje derivado de las acciones ilegales del Poder Judicial mexicano para proteger los intereses privados del Sr. Ricardo Salinas Pliego y de sus empresas por sus obligaciones legales de pagar la deuda, en contravención de las obligaciones de México en virtud de tratados internacionales.

La Secretaría de Hacienda hizo públicas acciones similares contra el SAT e informó que los adeudos de Grupo Salinas en México ascienden a más de 74 mil millones de pesos que Salinas Pliego continúa litigando ante la Suprema Corte (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para alargar el pago el mayor tiempo posible.

En el marco de sus adeudos acumulados durante años en México y Estados Unidos, uno de los empresarios más ricos del país (4 mil 900 mdd, Forbes) ahora encabeza al bloque opositor del PRI-PAN en un movimiento llamado Anticrimen y Anticorrupción (MAAC) con miras a las elecciones presidenciales de 2030.

El "Juez amigo"

TV Azteca, que actualmente ya no publica sus reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores, utilizó un "procedimiento secreto" para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para no pagar 500 millones de dólares a sus prestamistas en EU, pese a presentar "motivos falsos y fácilmente refutables", informó Akin, la firma legal que representa a los afectados.

Este Juez en 2020 concedió una medida que impedía a Diamond Films ejecutar las reclamaciones contra TV Azteca en un litigio fuera de México y el 9 de mayo de 2023 dictó otra medida precautoria  —sin notificar ni dar oportunidad de defensa a las contrapartes— permitiendo que TV Azteca se abstuviera de divulgar información financiera legalmente exigida como empresa que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores.
"Esta orden judicial permite a la empresa blindar información de su desempeño financiero real y continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Convenientemente, esto también significa que no hay base para que los prestamistas digan que TV Azteca ciertamente puede pagar la deuda que ahora debe en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagas que también está desafiando", plantea el comunicado de los fondos de inversión.
Entonces, el arbitraje presentado en 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial busca que el Estado mexicano repare con 220 millones de dólares por "la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses".

Esta acción de Salinas Pliego la califican en el documento del caso CIADI No. ARB/23/33 como un "intento abusivo que lamentablemente fue exitoso" en tribunales mexicanos.


En junio pasado, luego de las elecciones judiciales, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina que "esta andanada que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial —que provienen, en mucho, de medios de comunicación, en particular de uno (TV Azteca)— tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe este régimen de corrupción y privilegios que los protegía".

Katherine P. Padgett, asesora legal de los demandantes en este arbitraje contra el Estado mexicano, comentó que en lugar de cumplir con sus obligaciones de pago bajo los términos del préstamo, TV Azteca optó por "jugar" con el sistema judicial.
"México es responsable del mal uso de su sistema judicial a favor de TV Azteca, lo que ha resultado en una clara denegación de justicia para los inversionistas estadounidenses. El arbitraje internacional es la única vía para que los inversionistas hagan valer sus derechos", expuso a SinEmbargo. "Dicho esto, buscamos dialogar con las autoridades gubernamentales mexicanas porque consideramos importante que el poder judicial mexicano actúe conforme a la ley y los principios internacionales del debido proceso".
En 2022 TV Azteca inició un procedimiento secreto ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitando que declarara que la pandemia del COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a la televisora cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas.

Cinco días después, el Juez Miguel Ángel Robles Villegas les otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los inversionistas, dictaminando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, a pesar de que las actividades del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX se habían reanudado por completo seis meses antes, en marzo de 2022.

Cuando los prestamistas buscaron que se levantara la medida cautelar después de que la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública, el Sexagésimo Tercer Tribunal Superior negó esa solicitud con el argumento de que "solo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus COVID 19".

Además, el 30 de enero de 2024 la Tercera Sala del Tribunal de apelaciones sostuvo que la medida cautelar debe mantenerse hasta que sea TV Azteca la que notifique a los 35 acusados, lo que, a consideración de los demandantes, no ha sucedido ni sucederá.
"El Tribunal inexplicablemente ha permitido que TV Azteca mantenga esos procedimientos en espera indefinida. La justicia retrasada es justicia denegada. La solicitud de arbitraje se basa específicamente en aquellas irregularidades a las que los inversionistas estadounidenses han sido sometidos involuntariamente", dijo la representante legal Padgett.
Este monto de 500 millones de dólares por bonos de deuda que la televisora emitió continúa aumentando porque aún hoy, a tres años del litigio, TV Azteca permanece protegida de responsabilidad debido a las "acciones indebidas" de los tribunales mexicanos locales, reitera el comunicado.

Piden diálogo con el Ejecutivo

La representante legal Katherine P. Padgett explicó que el arbitraje internacional contra el Estado mexicano, bajo el T–MEC, se presentó porque el proceso judicial en México se llevó a cabo sin respetar los derechos básicos del debido proceso como su derecho a ser notificados.

"México es responsable, bajo el derecho internacional, ante los inversionistas estadounidenses por el mal uso de su sistema judicial en contra de sus intereses y a favor de TV Azteca y del Sr. Ricardo Salinas", se argumenta en el comunicado.
Y agregan en el documento del caso: "¿Para qué servir sumisamente al Sr. Salinas en lugar de trabajar para abordar los graves errores judiciales que el sistema judicial mexicano sigue infligiendo a los demandantes y a los Tenedores de Notas bajo su control?".
En octubre de 2024 la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, informó que los fondos de inversión reclaman al Gobierno federal 220 millones de dólares a manera de indemnización, pues aseguran que la medida cautelar otorgada por un Juez de la Ciudad de México es violatorio al T–MEC, pero, de acuerdo con el Gobierno mexicano, esta indemnización no se le puede imputar al Estado mexicano.

En esta ocasión, y para evitar un litigio y encontrar una solución a esta disputa, la representación legal pidió diálogo con el Poder Ejecutivo para que escuche a los inversionistas de EU porque no creen que el Gobierno de México quiera utilizar recursos públicos para defender una demanda que "intenta justificar acciones del Poder Judicial que protegen ilegalmente a las empresas del Grupo Salinas, además de la incertidumbre que conlleva cualquier litigio de esta naturaleza".

La abogada Padgett agregó por correo electrónico que, aunque el arbitraje internacional es la única vía para que los inversionistas hagan valer sus derechos, "buscamos forjar un camino colaborativo hacia adelante que sirva a los intereses de México, su gente y sus socios e inversionistas internacionales. En vista del Sr. Salinas Pliego y su importante deuda fiscal no pagada, creemos firmemente que nuestros intereses más amplios están estrechamente alineados".

Hasta el momento, los demandantes aún no pueden contactar con los representantes de México a pesar de sus múltiples esfuerzos para evitar litigios, incluyendo una carta que dirigieron a la Oficina de Presidencia de la República para la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero que fue recibida por la Secretaría de Gobernación.

Este viernes la Presidenta Sheinbaum dijo que la Secretaría de Economía está evaluando aceptar el diálogo directo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.