La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó otorgar dos amparos interpuestos por dos personas (una física y una moral) en contra de la reforma a la Ley Minera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que las modificaciones no fueron violatorias al derecho a la igualdad y el principio de irretroactividad. 

De esta forma, por unanimidad de votos, las ministras y ministros de la Corte declararon la validez del Decreto de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Minería —en particular en lo que tiene que ver a las concesiones mineras— Aguas Nacionales y otras normativas medioambientales, publicadas en mayo de 2023.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “lamentable” el caso en el que militares dispararon y mataron a seis civiles en el poblado Estación Manuel, municipio de González, Tamaulipas, la noche del 6 de octubre, y aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y las autoridades civiles ya investigan los hechos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria informó que la Defensa Nacional tomó cartas en el asunto de inmediato y que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía de Justicia Militar realizan indagatorias para deslindar responsabilidades.

“Lamentable. Y la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso por parte de las propias autoridades, la policía militar de la Defensa, pero también el juicio civil. Se va a revisar completamente la actuación y (a estar) muy cerca de las familias”, dijo Sheinbaum.

Investigación abierta y elementos relevados de sus funciones

De acuerdo con la información difundida este martes por la Defensa, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del lunes, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, cuando los soldados se desplazaban en tres vehículos oficiales y una camioneta blanca “trató de embestir” a uno de ellos, según el reporte de la IV Región Militar y la 48/a Zona Militar.

El Senado de la República recibió dos oficios de la Secretaría de Gobernación los cuales incluyen los nombramientos a favor de quienes integrarán la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolio.

Para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el oficio contiene los nombramientos a favor de: Ledénika Mackensie Méndez González, por un periodo de tres años; María de las Mercedes Olivares Tresgallo, por un periodo de cuatro años; Adán Salazar Garibay, por un periodo de cinco años; Tania Villa Trápala, por un periodo de seis años, y Norma Solano Rodríguez, por un periodo de siete años.

En México, más de 20 mil personas ejercen como cirujanos plásticos sin certificación ni regulación, frente a solo 2 mil 690 profesionales certificados, según denunció el doctor Luis Fernández de Córdova y Río de la Loza en una reciente conferencia de prensa. El especialista señaló irregularidades en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), acusándola de prácticas corruptas que dificultan la certificación de médicos y favorecen a quienes operan sin credenciales.

Durante la presentación de su libro Cédula en Jaque, el médico Fernández de Córdova, egresado de la Universidad Westhill y especializado en cirugía plástica, estética y reconstructiva por la Universidad Federal do Estado do Rio de Janeiro, alertó sobre la grave situación del ejercicio ilegal de la cirugía plástica en México.

-Dora Isela C. (Chihuahua)

En Chihuahua, se han reportado al menos 20 muertes relacionadas con cirugías estéticas en los últimos años, pero solo seis casos han derivado en carpetas de investigación, con tres sanciones por usurpación de profesión y ningún detenido hasta octubre de 2025.

Para protegerse, los pacientes deben verificar que el cirujano esté certificado por el CMCPER (consultable en directorio.cmcper.mx) y que la clínica cuente con licencia sanitaria de COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx).

A través de la Secretaría de Salud, el gobierno de Rocío Nahle entregó mediante adjudicación directa contratos por más de 400 millones de pesos a empresas que ya habían sido señaladas en la revisión de las cuentas públicas de 2023 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por tener irregularidades en los servicios otorgados.

Los contratos fueron pagados con recursos federales del IMSS Bienestar, pero firmados por el secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón, así como por David Jahziel Pérez, subdirector de Recursos Materiales.

En resumen, la ASF pidió al gobierno estatal fortalecer los filtros en los procedimientos administrativos de Sesver para garantizar que las adjudicaciones y licitaciones se realicen con transparencia y en estricto apego a la normativa, evitando irregularidades y malos manejos de recursos públicos, pese a ello los contratos continuaron por lo menos en el primer semestre de este año, según consta en su portal de transparencia.

Cancelado el contrato de subrogación de comida en hospitales

De este combo de empresas señaladas por la ASF, la gobernadora Nahle sólo canceló los contratos a Productos Serel, que es parte de la escisión de Kosmiko (uno de los múltiples brazos empresariales de Kosmos).

Grupo Kosmos fue señalado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador por irregularidades en contratos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nahle prometió que se reactivarán las cocinas en los hospitales para evitar la subrogación de este servicio.

IMSS Bienestar paga contratos, dice gobernadora

Integrantes del sector académico y laboral de la UNAM realizaron una acción política en Ciudad Universitaria para exigir a las autoridades universitarias el fin de cualquier relación institucional con universidades y organismos de Israel, a dos años del inicio de los ataques sobre Gaza.

Reunidos frente al espejo de agua entre Rectoría y las islas, docentes, estudiantes y trabajadores criticaron que el rector Leonardo Lomelí haya tardado en pronunciarse sobre la situación en Palestina. Consideraron que el comunicado oficial reciente es insuficiente, pues únicamente se refiere a la estudiante Arlin Gabriela Medrano Guzmán, sin posicionarse sobre la actuación del gobierno israelí.

Durante el acto, se entregó un pliego petitorio a las autoridades universitarias. Entre los puntos centrales se encuentra la exigencia de romper cualquier vínculo con la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Ben Gurion, así como con cualquier contrato de colaboración con instituciones del Estado israelí.

En solidaridad con el pueblo palestino, se plantó un árbol de olivo como símbolo de resistencia. Los participantes reiteraron que la universidad debe asumir una postura ética y coherente frente a un contexto que, denunciaron, no puede seguir siendo ignorado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de estudiar un asunto que determinará si procede una orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al máximo tribunal atraer el tema, después de que el exgobernador panista ganó un amparo para no hacer efectiva la orden de captura por delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.

El proyecto de dictamen, que ya circula en ámbitos políticos y periodísticos, muestra que la Cámara de Diputados perfila eliminar el artículo transitorio que establecía aplicar la reforma a la Ley de Amparo en los asuntos que ya estaban en trámite.

El documento señala que se mantendrá la redacción original de la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum.

El polémico artículo transitorio fue incorporado de última hora por el senador morenista Manuel Huerta y, según expertos en la materia, contravenía el principio de no retroactividad de las leyes.

La reforma se presentaría de la siguiente manera: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.

Al comienzo de esta semana, Dulce, presa injustamente en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, recibió de nueva cuenta una ratificación de su sentencia de casi 70 años, pese a que apenas el 11 de septiembre se había determinado que la primera revisión de su amparo se resolvió mediante una sentencia deficiente.

Pese a la petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la acción legal de su defensa para demostrar que la revisión no fue de fondo, un juzgado volvió a dejarla sin posibilidad de reevaluar su privación de la libertad. Además, no se ha tomado en cuenta ni la perspectiva de género ni la tortura que vivió durante su detención.

La sentencia fue resuelta por unanimidad de votos y firmada por las magistradas Martha Patricia Taringa Azuara y Anaid Elena Valero Manzano, así como por el magistrado Alejandro Sentíes Carriles, pese a las reiteradas peticiones de Dulce y su defensa, a quien se le han pedido más elementos de prueba para demostrar que realmente estaba asignada a los Juegos Panamericanos, ignorando los informes policiacos que lo corroboran, al igual que el principio de presunción de inocencia.

“Quisiera que me volteen a ver, que vieran que soy inocente, que no solo lo hablo yo, sino que también lo hablan mis pruebas… y nuevamente confirman sentencia. Hago el llamado a la presidenta y a la máxima autoridad, a la Suprema Corte, porque no le están obedeciendo las órdenes que dictó”, reclama Dulce.

De la misma manera, dice, le pide al Tribunal Colegiado que atienda la situación y cuestione el proceder de los magistrados de la Sala, pues su defensa y ella presentarán otra vez una nueva inconformidad por la deficiencia de esta segunda sentencia. Dulce hace un llamado a la justicia, para que vean que se está volviendo una actuación repetitiva que viola su derecho a la libertad.

“Todo está apostado a que tengan conciencia sobre mí, sobre mi caso, a que no me sigan haciendo más daño”, pide.

Un refugio para mujeres víctimas de violencia salvó la vida de Teresa. Era el año 2008 cuando tuvo que recurrir a uno de estos espacios para protegerse de las agresiones de su pareja, ya que las autoridades nunca lo detuvieron pese a la denuncia que interpuso contra él.

“Señora, regrese a su casa, es normal, son pleitos de esposos”, recuerda que le dijeron en un Ministerio Público del estado de Morelos, al que llegó con múltiples heridas producto de la violencia de su pareja.

En ocasiones da la impresión que la Presidenta se deslinda de la anterior presidencia de la República, pero a veces parece que son uno mismo, vaya, que no termina por imprimirle su sello femenino e independiente a la administración pública que encabeza, que ganó en las urnas, y que por lo tanto no debería ser abordada como una herencia, sino como una nueva responsabilidad.

Esa presunción es más evidente cuando se trata de denunciar o justificar, evidenciar o minimizar, perseguir o congelar, la corrupción que a borbotones le ha salido por las coladeras desde la administración pública pasada. 

También se sugiere un rompimiento cuando se trata de los lujosos excesos de prominentes morenistas que pasaron de tener una relevante participación ideológica en el movimiento, a ser notorios por la suntuosidad con la que suelen vivir, vestir o viajar, y que suele reflejar, ante los disminuidos sueldos en la era morenista, algo, o mucho, de corrupción. 

Como el opulento viaje de Andy López Beltrán a Asia, particularmente a Japón, donde fueron evidenciados en imágenes y documentos, los altísimos pagos que hizo en comidas, o las bolsas de la afamada casa de diseñador, Prada, que alguien más cargaba por él. O el doble caso del Senador Adán Augusto López Beltrán, cuyo Secretario de Seguridad cuando era Gobernador de Tabasco, no sólo está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que es señalado de encabezar una célula criminal para esa mafia; además de los ahora conocidos ingresos millonarios que en el sector privado ha tenido en los dos últimos años el servidor público. Esto sin ignorar la pompa y fastuosidad con la que viven y se visten el morenista Sergio Gutiérrez, morenista expresidente de la Cámara de Diputados, y su esposa, también legisladora federal, mejor identificada como “Dato Protegido”. O la casa de 12 millones de pesos del ahora exaustero Gerardo Fernández Noroña.

La joya de la corona, por supuesto, es el caso de corrupción más grande en el Gobierno de la República, pongámosle de este Siglo. De acuerdo a Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, se trata de un desfalco a la Nación de unos 600 mil millones de pesos, según explicó la funcionaria en su comparecencia ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La procuradora fiscal se refería al caso de huachicol fiscal detectado en dos momentos: a partir de un decomiso de combustible contrabandeado en Tamaulipas el 31 de marzo de este 2025, y de la delación de varias personas, entre ellos un Capitán de la Marina, Alejandro Torres Joaquín, ahora convertido en testigo protegido, pero que dio cuenta del cómo de la estafa al Estado, y quiénes conformaban el cártel del huachicol dentro de la Armada de México, empezando por los sobrinos del exalmirante Secretario en la época de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda, quien de hecho tenía conocimiento del caso por lo menos desde 2019.

El acto criminal de corrupción en detrimento del Estado consistía en la importación de combustibles a través de los puertos marinos mercantes de México, que por decisión de López Obrador se entregaron a la Marina de México, incluidas la aduanas. Esto permitió que elementos de la Marina estructuraran un cártel del huachicol y huachicol fiscal, donde, se sabe hasta ahora, los líderes eran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas, los sobrinos de Ojeda.

Los protagonistas de todos los casos aquí referidos, sí fueron morenistas heredados de López Obrador a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluido su hijo Andy quién es el número dos en la estructura del partido Morena, por supuesto Adán Augusto López, que fue Secretario de gobernación con López Obrador, y el almirante Rafael Ojeda, cuyas decisiones y ascensos tomadas y realizados en el pasado sexenio, impactaron al presente con la ya descubierta red de huachicol de la Marina.

En todos los casos, que han sido evidenciados, investigados o dados a conocer en la administración de la Presidenta Sheinbaum, ella parece dar un paso hacia adelante en materia de combate a la corrupción y luego dos para atrás al aparentemente proteger a los herederos del obradorismo. 

De Adán Augusto ha dicho que las investigaciones deben avanzar (las del exsecretario de seguridad de Tabasco ligado al CJNG), y que ya se sabrá si el Senador de Morena pide o no licencia; de Andy, de entrada, refirió que el poder se ejerce con humildad, aunque después cambiaría la conseja por crítica a los adversarios de siempre. De la Marina, que ellos evidenciaron la corrupción y que no todas las Fuerzas Armadas son deshonestas.

Estos días, sin embargo, en medio de la desacreditación por corrupción, la Presidenta ha dado dos tremendos espaldarazos a la Armada de México, aun con sus sermones patrióticos que intentan ser un “estate quieto”.

Primero, durante la conmemoración del 204 Aniversarios de la Armada de México la Presidenta dedicó su discurso a la lealtad a la Patria con honestidad, arengando sin prometer avances en la investigación, que “la corrupción es una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no tiene cabida en nuestras instituciones. Por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida”.

Luego derramó la crítica hacia todos los que en los últimos meses han sido evidenciados en sus lujos, en su riqueza económica o en su riqueza ilícita: “la lealtad de quienes sirven al pueblo y a la Patria, exige valores profundos, no lujos superfluos. De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado”, y vaya que con esta frase podría estarse refiriendo a todos, a Adán Augusto López, a Andy López, a Sergio Gutiérrez y Dato Protegido, a Gerardo Fernández, y a los Marinos del cártel del huachicol en la Armada. A todos.

La Presidenta prosiguió: No hay riqueza que valga más que el honor, no hay poder más grande que el de la lealtad. No hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, y otra vez, podría estar refiriéndose a todos los anteriores.

Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y promover la honestidad como baluarte del servidor público, y en medio de la investigación en la Marina por la corrupción en las Aduanas, los Puertos y la Armada, dos iniciativas son votadas para darle más poder, más control y más facultades a la Armada no sólo con una nueva ley orgánica de la institución que nació bélica, sino para ampliarles las facultades en materia aduanal. Empapados en el lodo de la corrupción, la deshonestidad y la deslealtad, la Presidenta arma a la Armada con más poderes y más control.

Efectivamente, en la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Armada les cede y confirma el poderío de esas Fuerzas Armadas en aeropuertos y aduanas de México, los faculta para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar toda clase de embarcaciones, con el fin de que combatan los delitos en las costas y el espacio marítimo, sí, como el huachicol fiscal que desde el interior de la Armada surgió. También les dio facultades para controlar el espacio aéreo en las mismas tareas, así como tareas de ciberdefensa y ciberseguridad con el uso de herramientas tecnológicas.

Prácticamente les está armando a la Armada una estructura para combatir los delitos por todos los medios, los que desde dentro de esa institución se cometieron, o acaso se comenten porque no ha habido avances en la investigación de la FGR que parece haberse estancado con la aprehensión de unos cuantos de los más de 100 elementos que intervinieron en la cadena criminal que, de acuerdo a la subprocuradora fiscal, desfalcó al Estado por unos 600 millones de pesos.

De igual manera, se analiza la Ley de Aduanas que dota de más elementos, facultades, infraestructura a quienes protegen los puertos aduanales en el país, o sea a las Fuerzas Armadas, las mismas ahora investigadas. La mayor responsabilidad y alcance para los servidores en las Aduanas de México, justifican en Morena, es para detener la defraudación fiscal en los puertos aduanales, terrestres o marítimos, que de acuerdo al SAT asciende a unos 23 mil millones de pesos, estimados sólo en lo que va del presente año, pero a saber, sin investigarse o al menos informar sobre las investigaciones que permiten llegar a tal cantidad de pérdida.

Es decir, por un lado, la Presidenta fustiga, por otro premia, a la institución que, en sus entrañas creó un cártel del huachicol y del huachicol fiscal. Entonces no se sabe si Sheinbaum realmente denuncia e investiga, o expone, luego premia y minimiza en lo que parece ser un doble discurso que no define el rumbo de su gobierno ni lo que en sí quiere decirle a los mexicanos. Y así, ya transcurrió el primer año del sexenio.

La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley Aduanera y en materia de extorsión, fortaleciendo el comercio exterior y la legislación contra la violencia en el país.

Ante la posibilidad de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busque acuerdos individuales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es Ley en los tres países, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.

Sheinbaum Pardo aclaró que la revisión del T-MEC aún no se ha abierto oficialmente. Sin embargo, reiteró que el tratado fue aprobado por los congresos de los tres países, de modo que cualquier cambio implicaría un proceso legislativo complejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó, el 8 de octubre de 2025, que el artículo transitorio que incluía el principio de retroactividad de la Ley de Amparo, era “totalmente legal” y que la mayoría de los legisladores estaban de acuerdo en corregirlo.

“Creo que lo importante la mayoría de los senadores y diputados que no quedó claro el artículo de acuerdo que lo platicamos con el ministro [Arturo Fernando] Zaldívar [Lelo de Larrea], hay una parte en las leyes procesales”, comentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, en el Palacio Nacional.

“Quiere decir que regula el proceso en un juicio, hay jurisprudencia en la [Suprema] Corte [de Justicia de la Nación] que ser aprobando leyes y aunque venga un juicio desde antes, se hacen a partir de la nueva ley parece lo que hizo establecer los senadores en este transitorio que es totalmente legal que son los tiempos de los procesos”, explicó la mandataria nacional.

La presidenta confió en que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se corrigiera la redacción confusa en el transitorio de la Ley de Amparo, a fin de evitar cualquier interpretación sobre una pretendida intención de aplicación retroactiva. Señaló que desde el Poder Ejecutivo Federal se sugirió una nueva redacción de ese artículo, que fuera menos confusa.

Sheinbaum Pardo dijo que había jurisprudencia, según la cual cuando había cambios en las etapas de cada juicio, cuando era aprobada, se mantenía la ley vigente en la etapa en que se encontrara cada proceso. Sin embargo, en las sucesivas etapas ya era aplicable la reforma legal.

La mandataria nacional puntualizó que había dos maneras de corregir esta redacción confusa: mediante una fe de erratas del Senado o que los diputados federales pudieran modificar la redacción y devolver la iniciativa a la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Se optó por esta última alternativa, afirmó.

El mismo día, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) exigió al Congreso de la Unión corregir la retroactividad en la reforma de Ley de Amparo, porque de lo contrario, según advirtió, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros.

“De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica”, manifestó, en un comunicado, la COPARMEX.

El sindicato patronal añadió que un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional, que podría complicar las negociaciones y revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales.

“Desde Confederación Patronal de la República Mexicana demandamos respetuosamente a las y los Diputados Federales revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, pues su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México”, señaló la COPARMEX.

El sindicato patronal explicó que el amparo era un instrumento que había protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de derecho, así como una garantía para la vida democrática y económica de la nación.

La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que modificarlo sin un análisis técnico, incluyente y responsable, ponía en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad.

“Reconocemos que la reforma contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo. Sin embargo, los riesgos persisten, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida”, subrayó la COPARMEX.

El sindicato patronal agregó que en materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limitaba este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas. Además, indicó que los créditos fiscales firmes y prescritos serían prácticamente imposibles de impugnar.

“Nos inquieta especialmente la incorporación de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios que se encuentran en trámite. Este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional”, argumentó la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en su lista de personas bloqueadas a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo y ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El acuerdo se dictó de conformidad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y, como consecuencia de ello, a la expresidenta municipal de Rosarito le fue decretada la suspensión del servicio de banca privada así como de las cuentas bancarias que tenga aperturadas en su nombre.

Esta acción deriva de la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP, después de que el 18 de septiembre de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa.

Brown Figueredo ya presentó una demanda de amparo señalando como actos reclamados la inclusión en la referida lista de personas bloqueadas y la inmovilización de sus recursos financieros en bancos ante un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.

La autoridad estadounidense designó a empresas y personas físicas que presuntamente están relacionadas con la facción de Los Mayos que opera René Arzate García, la Rana, en Rosarito, Baja California, entre ellas el empresario Jesús González Lomelí y sus testaferros Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez.

En la designación también se destaca la participación en la presunta red, de la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, hoy diputada federal, y de Candelario Arcega. De éste último, la información del Tesoro lo señala como agente político afiliado al Cártel de Sinaloa para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa Araceli Brown.

La OFAC destacó sobre esa participación con los hermanos René y Alfonso Arzate que “Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”.

“Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, refiere la designación estadounidense.

La diputada federal por Morena se intentó desmarcado del señalamiento, al asegurar que desconoce detalles y que no le habían asegurado cuentas bancarias, así como tampoco tuvo problemas para cruzar al país del Norte días antes de ser incluida en la “lista negra”. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y a través de un juicio de amparo confirma que le inmovilizaron las cuentas en por lo menos dos bancos.