Después del caso Ayotzinapa, aseguran madres buscadoras, en Iguala, lugar de la desaparición, nada ha cambiado: funcionarios, policías, agentes de tránsito y criminales siguen activos y los familiares de las víctimas perseguidos. Advierten que el gobierno de Claudia Sheinbaum no dará respuesta.
El teléfono móvil de su hijo José Antonio Tizapa Leguideño estuvo activo después de su desaparición la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 4 de octubre un agente de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGRO) tuvo el dispositivo en sus manos y no sólo eso: el celular pasó a poder de cuatro funcionarios estatales, algunos de activos en el actual gobierno, afirma.
El caldo de cultivo de ese crimen de Estado, recuerdan dirigentes magisteriales, fue el conflicto entre la Normal de Ayotzinapa y el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, además del asesinado de al menos ocho dirigentes sociales y campesinos, entre ellos, Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino Mesino.
Después del caso Ayotzinapa, aseguran madres buscadoras, en Iguala, lugar de la desaparición, nada ha cambiado: funcionarios, policías, agentes de tránsito y criminales siguen activos y los familiares de las víctimas perseguidos. Por eso advierten que el gobierno de Claudia Sheinbaum no dará respuestas a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Hilda Leguideño, una mujer delgada, de tez clara, llega temprano a la Normal de Ayotzinapa. Viste pantalón de mezclilla y sudadera, calza tenis y lleva en el brazo un estandarte con el rostro de su hijo. La mirada de la mujer de unos 40 años refleja tristeza.
Es el martes 23 de septiembre, otro día de la jornada de lucha para pedir la presentación de los 43 jóvenes. En 11 años la madre ha recorrido cientos de kilómetros en exigencia de la verdad y justicia. Está convencida de seguir a pesar de sus momentos de fatiga y desesperanza.
El tema de la entrevista es el celular de su hijo José Antonio Tizapa Leguideño. En las últimas reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y el nuevo fiscal especial Mauricio Pazarán Álvarez ha vuelto a surgir información sobre el dispositivo de José Antonio.
“Estuvo activo después del 26 de septiembre (de 2014). Esa información nos la proporcionó Alejandro Encinas (ex presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) en ese momento.
“El teléfono fue usado por un policía estatal, la primera vez el 4 de octubre de 2014, ya posteriormente en esas fechas siguió siendo utilizado”, dice.
En el Informe Ayotzinapa VI “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicado en julio de 2023 hay un breve apartado sobre el tema que coincide en parte con la información que recientemente le dieron a la madre de José Antonio.
“De las indagaciones realizadas que obran en el expediente se da cuenta que la pareja sentimental del chofer del ex Secretario de Seguridad Pública, F.F., obtuvo dicho IMEI cuando el chofer le hizo entrega de una bolsa con pertenencias de sus compañeros que estaban concentrados en CRAPOL. Por su parte, el policía estatal S.P.D., tuvo el teléfono de M.G.7 y en su declaración, C.P.D. dice que dejaron en su tienda el celular”, indica el informe en la página 82.
Varios teléfonos de los jóvenes, agrega, siguieron usándose posteriormente, lo que muestra que no fueron destruidos inicialmente como lo señaló la PGR.
“Algunos se relacionan con policías municipales de Iguala, otro al menos con policía municipal de Cocula y otro con Policía Estatal, lo que es congruente con la participación demostrada ya de dichas fuerzas, y que probablemente los teléfonos fueron incautados por las policías antes de ser entregados a otros, como Guerreros Unidos”, indica el GIEI.
Desde que la señora Hilda tuvo conocimiento de esta información, hace más de dos años, solicitó a las autoridades federales investigar a la persona que tuvo en su poder el celular de su hijo, pero desde entonces le han dado excusas para no hacerlo.
“Por motivos no quieren, dicen ellos que para no dañar la investigación no quieren que se den los nombres para no se den a la fuga”.
La solicitud además era que el agente de la policía estatal fuera llamado a declarar y que se le fincara responsabilidad por tener el celular de un estudiante desaparecido.
La respuesta de las autoridades fue que tenían que ahondar en la investigación. Luego le dijeron que el policía argumentó que ese teléfono se lo había vendido su hermana porque trabajaba en un restaurante y que ahí lo habían dejado olvidado.
En una de las cinco reuniones que han tenido, la presidenta Claudia Sheinbaum les ha mencionado a los padres que algunos dispositivos de estudiantes fueron utilizados después del 26.
Entre los casos está el de Julio César López Patolzin, el informante del Ejército infiltrado en la Normal de Ayotzinapa y que la noche de la desaparición fue abandonado por sus mandos castrenses.
Así como el de los estudiantes Jorge Aníbal Cruz Mendoza y José Luis González Parral, cuyos teléfonos móviles tuvieron actividad hasta 30 días después de la desaparición.
“La presidenta dijo que había dispositivos que fueron utilizados y que fueron usados por personas que ni siquiera habían sido llamadas a declarar.
“Le recordé que he solicitado en reiteradas ocasiones la investigación del dispositivo de mi hijo y el motivo por el cuál esas personas no han sido castigadas. Gozan de libertad siendo que tenían un celular de una persona desaparecida”.
De nuevo en esta administración solicitó una reunión con el recién nombrado fiscal especial del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, para tratar y que le aclarara el tema.
“En lo personal como es mi hijo tengo el derecho a saber la información, la solicité y me dieron una reunión en la fiscalía, he estado yendo para darle seguimiento”, dice.
Lo mismo hizo con el ex fiscal Omar Gómez Trejo para conocer con quién se había comunicado su hijo en esas horas posteriores al reporte de su desaparición.
El fiscal actual Mauricio Pazarán, revela, le entregó hace aproximadamente dos meses información nueva.
“Son cinco personas que tuvieron en su poder el celular de mi hijo, todos son funcionarios. Ya los están llamando a declarar, pero no sé cuándo van a proceder”.
Las autoridades le han justificado que tienen que armar bien la carpeta de investigación, pero que por lo pronto los funcionarios han incurrido en falsedad de declaración porque han negado todo.
“Ellos argumentan que no, desconocen del dispositivo, niegan todo, entre ellos dicen que no se conocen cuando hay evidencia de que son parte, son funcionarios”.
Leguideño Vargas asegura que los funcionarios son del gobierno del estado de Guerrero.
“Son elementos de la policía, englobemos, el primero si es policía del estado de Guerrero, los otros tienen un rango más elevado, son cinco personas, la primera persona la que dijo que lo dejaron en un restaurante y que ella su hermana se lo entregó.
“Y de ahí pasó a manos de otras personas de las que hemos señalado mucho y que hasta el momento están en libertad”.
La señora Hilda ha insistido en que se agilice la investigación en ese sentido y sobre todo la aplicación de la ley.
“Porque si tuvieron ese dispositivo y han incurrido en falsedad, pues lo que se está pidiendo es que se investigue y que proporcionen la información que tengan”.
“Si son policías o militares, si tenían cargos, algunos todavía están trabajando en el gobierno”, insistió.
La mamá de José Antonio ha pedido además estar presente en una declaración de las personas que tuvieron en sus manos el teléfono de su hijo, pero que se lo han negado bajo la justificación de que podrían denunciar “hostigamiento” y que eso iría en contra de la investigación.
“Lo que yo quiero pedirles a estas personas es que me digan el motivo porque tenían el celular de mi hijo y si ellos saben el paradero de mi hijo que me lo digan”.
“Es lo que ha dicho la presidenta, hay personas que no se han mencionado y eso es lo que se está investigando”, insiste la mamá del normalista desaparecido.
Minervino Morán Hernández, dirigente magisterial que se sumó en su momento a las movilizaciones por el caso Ayotzinapa, recuerda que antes del 2014 había conflictos de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero por el tema del presupuesto para los comedores y las becas para los estudiantes.
La entidad, además, padecía de bastante violencia e inseguridad, aunado a un clima bastante complicado para los dirigentes sociales y campesinos.
En efecto, un año antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en el estado fueron asesinados por lo menos ocho líderes de organizaciones y activistas.
Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, de la Unidad Popular de Iguala, ejecutados extrajudicialmente y hallados el 3 de junio de 2013; Raymundo Velásquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, el 5 de agosto de 2013; Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el 19 de octubre de 2013 y Luis Olivares Enríquez, ultimado junto a su compañera Ana Lilia Gatica, el 10 de noviembre de 2013.
Tres años antes, en julio de 2011, fue asesinada Isabel Ayala Nava, esposa del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
Consultado por Proceso, Minervino Morán, también ex líder del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), considera que la exigencia de los padres de los 43 sigue siendo dolorosa y que es desesperanzadora la forma en que han sido tratados por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que llegaron apoyados la lucha social.
“No sólo se esperaba que pudiera haber resultados, sino que prometieron que se iba a saber la verdad, a resolver el caso de los estudiantes y lamentablemente no hay tal”.
El profesor expresa que si el gobierno de México no puede dar solución al caso, es necesario acudir a los organismos internacionales de derechos humanos para que puedan intervenir.
“Porque no es posible que, con toda la tecnología, con todos los medios para la investigación del caso no se pueda saber eso, en la actualidad, es inconcebible, se sigue ocultando la verdad del caso”, finaliza.
Sandra Luz Román Jaimes, fundadora de Los Otros Desaparecidos de Iguala, asegura que antes de la desaparición de los jóvenes en 2014 en esa ciudad del Norte de la entidad ya existía una crisis de desaparición y que lamentablemente a 11 años nada ha cambiado.
La hija de Sandra Luz Román, Ivette Melissa Flores Román, fue desaparecida de manera forzada el 24 de octubre de 2012 en Iguala.
Su caso fue investigado por la propia madre lo que le costó el desplazamiento forzado. También fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas que obligó al Estado mexicano a ofrecer una disculpa pública por la falta de búsqueda e investigación.
Las desapariciones en esa ciudad, recuerda, empezaron a sonar en el 2008, pero el año en que se llevaron a su hija en el 2012, en Iguala se registraron 17 desapariciones de mujeres que pudieron ser víctima de trata.
A más de una década, los casos, incluido el de su hija, continúan en la impunidad.
“Son 17 mujeres que nadie busco. En el caso de mi hija la ONU dio seis meses a las autoridades para dar con su paradero, ya pasaron más. En 13 años no hay respuestas”.
Sobre el caso de los 43, la madre buscadora dice que muchas personas que pudieron haber tenido alguna implicación no fueron llamadas por las autoridades.
Pone como ejemplo al suegro de su hija, Humberto Velázquez Delgado, comandante de la Policía Ministerial, que le confesó que a Ivette se la entregó a presuntos integrantes de la organización criminal La familia michoacana, pero que se la devolverian años después.
Humberto Velázquez, considerado testigo clave de la desaparición de los jovenes, fue ejecutado por hombres armados en junio de 2021.
“Este señor vivía cuando lo de los 43 y por qué no lo detuvieron. Muchas personas han muerto y nunca las llamaron a juicio, por eso el caso de Ayotzinapa lo relacioné con el de mi hija.
“Me quise abrazar de ellos porque son los mismos perpetradores, gracias a los de Ayotzinapa salieron nuestros casos de desaparición”, expresa la activista.
Rememora que cuando empezó la búsqueda los 43 es cuando nació el colectivo Los Otros Desaparecidos y con el tiempo fueron surgiendo otros.
Ahora Sandra Luz Román dirige el colectivo Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecido que lleva los casos de 245 víctimas cuyas denuncias se han presentado ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guerrero.
“Y de ver todas las injusticias que hacen a los papás de los 43, solo los llevan a engaños, no hay justicia y no creo que no haya respuestas”, lamenta.
En la actualidad, dice, se siguen viendo a muchas personas que han estado involucradas en los casos de desaparición de personas.
“Unos están en Tránsito (municipal), otros siguen de policías ministeriales, no va haber justicia la verdad, no se va a saber, porque si quisieran hacerlo ya lo hubiera hecho”, sentencia.
—¿Qué sospechan que pudo haber pasado cuando policías y funcionarios tienen los teléfonos de sus hijos?, se le plantea a Hilda Leguideño en la cancha de la Normal de Ayotzinapa.
“No sospechamos, está comprobado que a nuestros hijos se los llevaron todas las fuerzas policiacas, ellos les quitaron el teléfono y ellos tenían en el poder ese teléfono. Ellos tienen conocimiento a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
De los funcionarios claves que podrían ayudar a esclarecer el caso, asegura la madre, está el ex juez de barandilla municipal de Iguala, José Ulises Bernabé García, asilado en los Estados Unidos desde 2015.
De acuerdo con las investigaciones, 17 de los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia de la policía municipal de Iguala, pero Ulises Bernabé no lo registró en su bitácora y los entregó a un subalterno para ser trasladados a otro lugar.
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que afirma Hilda, tuvo pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Iguala.
“Unos meses antes había amenazado públicamente en algunos medios que pronto iba a poner un escarmiento a la Normal de Ayotzinapa”.
Además del ex fiscal general del estado, Iñaki Blanco Cabrera
“Iñaki Blanco fue señalado por algunas personas detenidas. Cuando el anterior fiscal Omar Gómez Trejo armó las carpetas de investigación que tocaron a los militares, a Iñaki Blanco y otras autoridades estatales fue ahí donde lo descalificaron y lo sacaron del caso. Se cortó todo y no se pudo avanzar”, recuerda.
El siguiente paso que debe dar la presidenta y el nuevo fiscal, considera, es investigar a los verdaderos responsables.
“Porque un militar, un policía, es mandado por los altos mandos y aquí tuvieron pleno conocimiento todos. Está demostrado que todos estuvieron informados de lo que ocurría”.
—¿Cuáles autoridades estatales estuvieron directamente implicadas?, se le pregunta
“Fue toda una coordinación de las autoridades del estado de Guerrero con las federales, aquí no es solamente un grupito que se menciona de la delincuencia organizada.
“Quienes realmente se llevaron a nuestros hijos fueron todas las fuerzas policiacas, los entregaron si a la delincuencia organizada, pero quien ejecutó toda la desaparición, fueron las autoridades que tuvieron pleno conocimiento, los altos mandos dieron órdenes.
Insiste:
“Mientras no se toquen a los altos mandos no vamos a dar el siguiente paso que es la justicia, se siguen encubriendo a los responsables, nos siguen llevando a reuniones donde nos repiten lo mismo para irnos sobrellevando, se acaba un sexenio viene otro, lo que quieren es desgastarnos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.
