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Extorsión azota de “norte a sur” el país: diputada Ana Erika Santana

La extorsión es un delito que “nos azota de frontera a frontera, de norte a sur del país” y afecta a agricultores, comerciantes, pescadores y amas de casa, reconoció la diputada federal del Partido Verde Ecologista (PVEM), Ana Erika Santana González, quien señaló que los cambios constitucionales recién aprobados en la Cámara de Diputados permitirán que haya un mejor combate a ese ilícito.

La ley constitucional para combatir la extorsión fue promovida por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Llevará al orden federal el delito incluyendo sus modalidades, con lo que mejorará la coordinación “en un mando único” que hoy tiene el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Aún está discutiéndose en la Cámara de Senadores, donde podría aprobarse en diciembre próximo, apuntó Santana González en atención a medios este 19 de septiembre de 2025.

Una vez que eso ocurra, explicó, el Congreso trabajará en la Ley General específica para tipificar el delito de extorsión, para que las denuncias puedan ser anónimas, y pueda darse el seguimiento del delito conforme al tipo penal, además de penas más altas para que se inhiba cometerlo con la atracción hacia el fuero federal. Trabajos que podrían llevar seis meses a un año.

“Esperemos tenerlo todo rápido, pero no tan rápido que esté mal. Que no sea tan rápida por querer, por la presión social, que salga mal. Yo creo que es mejor estudiarla y redactarla correctamente”, indicó Santana González.


Por otro lado, dijo que el Congreso de la Unión también se está discutiendo una iniciativa aparte, para que no haya teléfonos celulares en las cárceles, así como para revisar el dinero de las cuentas bancarias.

“El día de hoy con una total desfachatez te piden dinero y te dicen deposite allá, el banco que recibe el dinero tiene que coordinarse con la autoridad para que revisen las cuentas. La idea es que todo sea con menos obstáculos para poder accionar más rápido”

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Fuerzas Armadas continuarán en puertos y aduanas, a pesar de “huachicol”, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, el viernes 19 de marzo de 2025, que las Fuerzas Armadas permanecerían al mando de los recintos fiscales de los puertos y aduanas del país, ello a pesar del supuesto involucramiento de mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en una red criminal de robo de combustible o “huachicol fiscal”.

“No se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción y en ilícitos”, afirmó la mandataria nacional, durante su conferencia de prena matutina, en la cual también indicó que la participación de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA) y la SEMAR, en esas tareas, había permitido, según ella, un aumento en la recaudación y una disminución en los niveles de corrupción.

Recordó que, durante la Administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la SEMAR asumió el control de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), los ingresos aumentaron en 250 mil millones de pesos de un año a otro.

“¿Cuál es la mejor prueba de que disminuye la corrupción cuando se toma el control? Pues que hay más recaudación”, señaló la presidenta, quien también indicó en lo que iba de 2025, la recaudación en aduanas había crecido casi 200 mil millones de pesos adicionales, lo que atribuyó al combate a la corrupción.

Agregó que, en caso de detectarse elementos civiles, militares o navales involucrados en ilícitos, se procedería legalmente, pero rechazó que eso implicaría señalar a toda la institución. “Eso no quiere decir que toda la Marina, que todo el Ejército, que toda la SEDENA, que las Fuerzas Armadas están involucradas en actos de corrupción. Eso no es cierto”, subrayó.

Al ser cuestionada respecto a si las Fuerzas Armadas permanecerían en los recintos fiscales, respondió que la Agencia Nacional de Aduanas tenía en la actualidad a un civil al frente, con apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para la modernización del sistema.

Explicó que existía una plataforma que permitía dar seguimiento puntual a cada aduana, su recaudación, número de pedimentos y comparativos, respecto a meses y años anteriores. “Esa es la mejor forma de darnos cuenta de que se está cumpliendo, porque el pago de impuestos por entrar a las aduanas se está llevando a cabo”, agregó.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionada respecto al presunto tráfico de armas registrado en la trama del “huachicol fiscal”. Sin embargo, sostuvo que la carpeta de investigación de un buque que llegó a Altamira, Tamaulipas, a finales de marzo de 2025, sólo fue abierta por el delito de contrabando.

-”No tengo la, es decir, no. La carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación del documento de aduanas. Ese es el origen de la carpeta de investigación”, respondió la mandataria nacional.

“En la carpeta también aparece, ¿usted nos confirma que también había armas?”, preguntó un reportero. “Bueno, eso tendría que definirlo la Fiscalía, obviamente tendría que informarlo”, comentó la presidenta.

“¿Parte de los marinos y elementos de las Fuerzas Armadas también estuvieron involucrados, además del combustible, también en el tráfico de armas?”, insistió el periodista. “No está abierta por esa razón. Y la fiscalía en todo caso tendría que informar y siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la Fiscalía”, agregó Sheinbaum Pardo.

El 31 de marzo de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Hamid García Harfuch, anunció un operativo en Tampico, Tamaulipas, e hizo referencia al aseguramiento de armas.

“En Altamira, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina, FGR y SSPC realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos”, publicó en su cuenta de la red social X. Por otro lado, el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), respecto al caso, también hacía referencia al tráfico ilegal de armas.

“Existe una denuncia formulada contra un grupo de delincuentes que opera con total impunidad y con apoyo de las autoridades aduanales, así como autoridades federales, estatales y municipales para el ingreso de armamento bélico de alto calibre que dota a todas las organizaciones criminales del país, ese armamento llega al puerto de Tampico proveniente de los Estados Unidos de Norte América en Buques en donde además ingresan hidrocarburo de manera ilícita al país”, se refirió en el expediente de la FGR.

“Con lo anterior, se inició la carpeta de investigación número FED/FEMDO/FEITATA-TAMP/0000464/2025, contra quien resulte responsable”, dijo la Fiscalía General de la República.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es condenado a 7 años por falsificación

Sandoval Castañeda utilizó un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas, determinó un Juez.

Un Juez de primera instancia en Nayarit dictó ayer una sentencia condenatoria de siete años de prisión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, tras encontrarlo culpable del delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.
“De acuerdo con las investigaciones, el sentenciado utilizó un documento apócrifo con el propósito de apropiarse de un inmueble en San Blas, afectando el patrimonio de las víctimas y atentando contra la legalidad”, detalló la FGE en un comunicado.
Las investigaciones, acreditadas en el proceso penal (causa 850/2020), demostraron que Sandoval Castañeda utilizó un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera en Aután, municipio de San Blas.
El registro del terreno, que data de 2012, se realizó mediante la presunta falsificación de la firma del propietario original, Rubén “N”.

Además de la pena privativa de libertad, el exmandatario —quien gobernó Nayarit de 2011 a 2017— fue sentenciado al pago de una multa de 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y a la reparación del daño, cuyo monto exacto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.

Cabe destacar que este es el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México. Sin embargo, al tratarse de un fallo de primera instancia, Sandoval Castañeda aún cuenta con la posibilidad de apelar la resolución.

Permanecerá en prisión por otros procesos

Sandoval se encuentra privado de la libertad desde junio de 2021, cuando fue detenido junto a su hija en Linares, Nuevo León, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A pesar de la posibilidad de apelar, el exgobernador permanecerá en prisión debido a que enfrenta otros procesos penales, por el caso Programa de Seguro Alimentario (PROSA) y ejercicio indebido de funciones por el caso del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo a Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).

Al exgobernador, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se le acusa de un desfalco en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit.

Sobre el político mexicano también pesan acusaciones de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En 2020, el Gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada de Sandoval al territorio estadounidense debido a vínculos y sobornos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La FGE-Tabasco prepara imputación a Bermúdez; delitos sumarían 158 años de condena

El líder de "La Barredora" espera que su situación jurídica sea definida por el Juez de Control de la Región Nueve de Tabasco, con quien sostendrá su audiencia inicial de manera remota.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) informó este viernes que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia estatal fije la hora de la audiencia inicial para la formulación de imputación de los delitos por los que se acusa al líder del cártel "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el comunicado, a Bermúdez Requena se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Por razones de seguridad, se prevé que el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" se conecte por videoconferencia desde el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, con el Juez de Control de la Región Nueve de Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz, donde será resuelta su situación jurídica.

El Fiscal General del Estado de Tabasco (FGE), Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, reveló que el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Hernán Bermúdez Requena, podría enfrentar una pena de hasta 158 de cárcel por delitos del fuero común.
El Fiscal de Tabasco estimó las penas que Bermúdez Requena tendrá que pagar por sus delitos. "La penalidad que alcanzaría [Bermúdez] sería por lo que hace al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de siete años y medio a 18 años, y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la penalidad que alcanzaría en caso de resultar sentenciado", abundó el funcionario estatal.

No obstante, la sentencia penal no se quedaría ahí pues estos delitos corresponderían al fuero local, "aparte se sumarían los delitos en caso del fuero federal", añadió Vázquez Landeros.

El titular de la FGE detalló en entrevista a los medios que, por razones de seguridad, de momento no se trasladará al imputado a Tabasco. Es por eso que el día de hoy se llevará a cabo una audiencia virtual para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Bermúdez Requena.

La orden de aprehensión fue librada el pasado 18 de febrero por el Juez de control de Región Judicial 9 de Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz. Los delitos que se le imputaron entonces al hoy detenido, fueron los de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.


El día de ayer, el líder del grupo criminal "La Barredora" regresó a México luego de que fuera aprehendido en Paraguay y fue trasladado de inmediato al penal del Altiplano, en el Estado de México.

En la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR le aplicó la orden de aprehensión del fuero común librada en su contra, pero no la federal.

De acuerdo con la información de la FGE, otras ordenes de captura fueron giradas para aprehender a los colaboradores de Bermúdez Requena. Entres estos figuran Eduardo Vázquez Orellana, "El Menchito" o "El Blin Blin", y el abogado Manuel de Atocha Romero Hernández, según la causa penal 213/2025.


En este caso, se le imputa al presunto fundador y líder de La Barredora haber secuestrado en mayo de 2019 a Ramón Martínez Armengol, un empresario a quien en febrero pasado le fue asegurada una gasolinería en el Municipio de Centro (Villahermosa) por la venta de huachicol.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

La propuesta de la DEA provocó que algunos funcionarios del Pentágono y otras agencias señalaran que no existía una autorización legislativa aplicable para el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a The Washington Post.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, propuso a la Casa Blanca y el Pentágono “una serie de ataques militares en México a principios de este año”, en las primeras semanas del regreso de Donald Trump a la Presidencia de ese país, revela este viernes The Washington Post que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Funcionarios de la DEA sugirieron tanto asesinatos selectivos de líderes de cárteles en México como ataques a la infraestructura del país, según esas mismas fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para compartir detalles de deliberaciones internas altamente sensibles y privadas.

El planteamiento se hizo cuando la administración de Trump designó a numerosos cárteles y bandas criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras y generó rechazo en la Casa Blanca y el Pentágono, según reportan Dan Lamothe y Ellen Nakashima para el Washington Post.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en febrero pasado una reforma que ya fue aprobada en el Congreso la cual establece que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesiva de la soberanía nacional, incluidos golpes de Estado e Injerencias en las elecciones. La medida se suma a los controles impuestos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a los agentes extranjeros que operan en el país, particularmente a la DEA, con la que tuvo diferendos públicos.

Ahora, señala The Washington Post, se sabe que durante los primeros días de la segunda administración de Trump esta agencia propuso llevar a cabo ataques contra laboratorios y narcotráficos en suelo mexicano, un planteamiento que no es ajeno a Trump, quien en su primer paso por la Casa Blanca hizo el mismo planteamiento que fue rechazado, como sucedió con la DEA, por los militares de Washington.

Este último episodio ocurrió en 2020 cuando Donald Trump le preguntó al Secretario de Defensa, Mark Esper, si los militares podían “lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”. El episodio lo relata la periodista Maggie Haberman en The New York Times: ”Cuando Esper planteó varias objeciones, Trump dijo que ‘simplemente podríamos disparar unos misiles Patriot y eliminar los laboratorios, con discreción’ y agregó que ‘nadie sabrá que fuimos nosotros’. Trump mencionó que tan sólo iba a decir que Estados Unidos no había realizado el ataque, narra Esper, quien escribió que habría pensado que era una broma si no hubiera estado frente al Presidente”.


En esta ocasión The Washington Post menciona cómo la resistencia a la propuesta de la DEA, que no se había reportado previamente, ilustra las divisiones que han surgido a medida que la administración Trump ha adoptado una postura agresiva para combatir lo que, según afirma, es un importante adversario que envenena a ciudadanos estadounidenses.
“Y aunque las propuestas de la DEA para México no se han implementado, los ataques de este mes contra presuntos barcos con droga provenientes de Venezuela demuestran la determinación de la administración de usar fuerza letal a pesar de las preocupaciones legales internas”, señala el Post.
Derek S. Maltz, quien fue administrador interino de la DEA al momento de esta propuesta de atacar a los cárteles en suelo mexicano, declaró a The Washington Post que está "totalmente a favor" de atacar los laboratorios de producción de drogas y a los líderes del narcotráfico en México.

Maltz fue nombrado por Trump en enero y dirigió la agencia hasta mayo. Fue sustituido por Terrance C. Cole, que asumió el cargo a finales de julio, un agente que está ligado a dos incidentes letales en el extranjero: una operación fallida de un escuadrón de la policía colombiana, aprobado por Estados Unidos, que dejó 10 agentes locales muertos, y la brutal represalia de Los Zetas en Allende, Coahuila, a partir de una filtración de la DEA.
“Los cárteles han asesinado a más estadounidenses que cualquier organización terrorista en la historia de Estados Unidos, por lo que deben rendir cuentas”, declaró Maltz al Post. Y aunque agradeció al Gobierno de Claudia Sheinbaum, por “realizar arrestos e incautaciones sustanciales y desmantelar los cárteles” aseguró que “se debe hacer mucho más para detenerlos”.
“Mi postura siempre fue hacerlo en colaboración y cooperación con México”, dijo Maltz, “pero al final, Estados Unidos tiene que defender a los estadounidenses primero”, añadió.

Aunque Trump ha manifestado repetidamente su deseo y disposición de atacar a los cárteles mexicanos en su territorio, hasta el momento se ha abstenido de hacerlo.

El Post sostiene que la sugerencia de la DEA de atacar a los cárteles en suelo mexicano “parecía tener como objetivo asegurar que la agencia tuviera un lugar en la mesa mientras la Casa Blanca actuaba con rapidez para reestructurar la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental, según personas familiarizadas con el asunto”.


“La propuesta de la DEA provocó que algunos funcionarios del Pentágono y otras agencias señalaran que no existía una autorización legislativa aplicable para el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga, según fuentes familiarizadas con el asunto. Algunos de ellos también señalaron que ciudadanos estadounidenses podrían ser asesinados en el proceso, según las fuentes”, ahonda el reporte.

El Washington Post indica que no está claro si las objeciones planteadas anteriormente sobre posibles ataques estadounidenses en México impulsaron a la administración a adoptar un enfoque diferente o si los funcionarios de la administración todavía están considerando atacar a los cárteles mexicanos.

Lo cierto es que Trump sugirió esta semana que su administración se preparaba para tomar medidas militares contra los cárteles que también trafican drogas ilícitas por tierra. No identificó grupos específicos ni posibles ubicaciones, limitándose a decir: ‘Los detendremos de la misma manera que detuvimos los barcos’, recuerda el Post.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputada de Morena Hilda Brown desconoce acusación de EU sobre sus presuntos vínculos con Los Mayos; “no sé de qué se trata”, dice

Hilda Brown, diputada federal de Morena, señaló que no tiene “nada de que escudarse” y desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra, por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

Hilda Brown, diputada federal de Morena, desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra por presuntamente tener relación con integrantes del Cártel de Sinaloa.

“No sé de qué se trate, yo no he recibido ninguna notificación”, señaló la legisladora morenista al ser cuestionada sobre este tema en la Cámara de Diputados.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a Hilda Brown de mantener vínculos con Alfonso Arzate García, antiguo líder local del Cártel de Sinaloa, y con el empresario Jesús González Lomelí, socio y operador de La Mayiza, una fracción de ese grupo criminal.
Según el gobierno estadounidense, Hilda Brown habría colaborado con el Cártel de Sinaloa mientras fue alcaldesa del municipio de Rosarito, Baja California, entre 2021 y 2024.

Autoridades estadounidenses acusaron que, gracias a la diputada Hilda Araceli Brown, uno de los operadores políticos del cártel, identificado como Candelario Arcega Aguirre, pudo tener control sobre algunas partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel en Rosarito.

Sin embargo, la legisladora morenista dijo desconocer el señalamiento del Departamento del Tesoro. “No he recibido ninguna notificación, ninguna llamada, ningún WhatsApp, ningún correo electrónico, desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios”, dijo.

“No tengo de qué escudarme porque no tengo ninguna notificación de nada”, insistió la legisladora en una breve entrevista con medios de comunicación, acompañada por Fernando Castro Trenti, diputado federal de Morena, y por Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad.

La diputada Hilda Brown ha sido colaboradora del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2005, y en 2012 fue promotora del voto para el exfuncionario en la campaña presidencial.
Además, en 2018 fue coordinadora estatal de afiliación de Morena, así como coordinadora de la consulta nacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto que se iba a construir en Texcoco, Estado de México, pero que fue cancelado por López Obrador.

Ricardo Monreal pide no prejuzgar a diputada Hilda Brown

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, pidió no prejuzgar a su compañera Hilda Brown, hasta que las autoridades mexicanas realicen una investigación.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 15 empresas y siete personas señaladas por Estados Unidos, Ricardo Monreal señaló que se trata de un “bloqueo administrativo”.

“En este momento es un bloqueo administrativo, no es ni asunto penal, ni asunto de denuncia sobre determinados ilícitos, es un bloqueo administrativo. Lo que yo afirmo es que en razón de los principios de presunción de inocencia y debido proceso, esperemos que avance esto y no prejuzguemos a nadie hasta en tanto no tengamos la veracidad con las pruebas”, indicó Monreal en conferencia de prensa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Disminuyeron víctimas del delito y violencia directa en el sexenio de AMLO, pero aumentaron fraudes, amenazas y extorsiones: Inegi

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de delitos denunciados pasó del 10.6% al 9.6%, lo que indica una disminución en la disposición de la ciudadanía para reportar delitos, reveló la Envipe.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el país experimentó una disminución en la prevalencia delictiva y en la violencia directa, pero se registró un aumento en delitos como fraudes, amenazas y extorsiones, mientras que la proporción de delitos denunciados cayó del 10.6% al 9.6%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Adrián Franco, vicepresidente del Inegi, explicó este jueves, durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, que durante la pasada administración la prevalencia delictiva —que mide el número de personas de 18 años o más víctimas de al menos un delito por cada 100 mil habitantes—disminuyó en los hogares 14.5%, mientras que en las personas la reducción fue de 14.6%.

En tanto, la tasa de incidencia delictiva, medida como delitos por cada 100 mil habitantes, cayó 7.6%, lo que en términos absolutos representa 1.6 millones menos de personas víctimas de algún delito entre 2018 y 2024.

Entre 2018 y 2024, total de delitos aumentó en medio millón

No obstante estos resultados, señaló Franco, el total de delitos estimados aumentó en medio millón durante el mismo periodo, lo que, apuntó, refleja un cambio en la configuración de los delitos más que una disminución general de la criminalidad. El funcionario destacó que la tasa de incidencia se ha “compactado” en estos seis años, mostrando un comportamiento distinto al observado en el sexenio previo.

También indicó que uno de los aspectos centrales del análisis del periodo que comprende la administración de López Obrador es la transformación de los tipos de delitos más frecuentes: en 2018, 45.8% de los delitos correspondían a robos o asaltos en la calle, transporte público y extorsiones; para 2024, esta proporción se redujo a 34%, mientras que los fraudes y amenazas aumentaron su participación relativa del 22% a cifras superiores en 2024.

De acuerdo con Franco, en el último año del sexenio de López Obrador, entre 2023 y 2024, los fraudes crecieron en más de 700 mil casos, las amenazas en 1.4 millones y las extorsiones en más de 800 mil.

Explicó que esto refleja un cambio hacia delitos menos violentos, pero más complejos, muchas veces cometidos por vías electrónicas, y como ejemplo, indicó que se estimaron 5.7 millones de extorsiones en 2024, de las cuales 85% ocurrieron por teléfono, concentrándose principalmente en áreas urbanas y en estados como Guerrero, Sinaloa y Tabasco.

Franco también destacó que, si se comparan mapas del delito por entidad, se observa un aumento en la prevalencia de fraudes como delito más frecuente: de siete estados en 2018 pasó a 19 en 2024.

Por otro lado, los robos y asaltos en la calle y transporte público disminuyeron de nueve a tres estados. La presencia de delitos violentos como los asaltos y extorsiones también disminuyó: de 25 entidades en 2018 a 13 en 2024.

Otro cambio registrado en la Envipe durante el gobierno de López Obrador es la disminución del uso de armas de fuego en los delitos, cuyo porcentaje pasó del 32% en 2018 al 21% en 2024, lo que representa una reducción del 35%. Esto, explicó Franco, coincide con programas de desarme implementados por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuerzas Armadas, con los mayores índices de confianza; denuncias de delitos, disminuyeron

En cuanto a la percepción de la ciudadanía sobre las autoridades federales, Franco destacó que la confianza en la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana se ha mantenido estable, mientras que la percepción sobre policías locales, estatales y municipales ha mostrado un incremento.

No obstante, el vicepresidente del Inegi señaló un aspecto negativo: la denuncia del delito y la cifra oculta, conocida como “cifra negra”, y que mide la diferencia entre los delitos ocurridos y los que son reportados a las autoridades.

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de delitos denunciados pasó del 10.6% al 9.6%, lo que indica una disminución en la disposición de la ciudadanía para reportar delitos. Franco advirtió que “la cifra negra se ha mantenido prácticamente igual, en niveles cercanos al 93.2%, lo que sigue siendo un desafío grave para el sistema de seguridad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Es parte de la cadena de calumnias”: Sheinbaum sobre amparos para no detener a los hijos de AMLO

La presidenta aseguró que se tiene que investigar quién puso los amparos, evidentemente es calumnia, es parte de una campaña política en contra del expresidente López Obrador, de sus hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es una calumnia el amparo que una persona tramitó a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de otras personas implicadas en el caso de huachicol fiscal a quienes les fue concedido un freno contra su posible detención, incomunicación, privación de la vida y/o desaparición forzada.

Se tiene que investigar quién puso los amparos. Evidentemente la calumnia, es parte de una campaña política en contra del expresidente López Obrador, de sus hijos, aseveró la presidenta un día después de que se diera a conocer la existencia del amparo.

La demanda fue admitida a trámite por la juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, quien ordenó no ejecutar los actos que los quejosos reclamaron, o bien, cesarlos de inmediato. 

La mandataria preguntó a los asistentes a la conferencia matutina “imagínense que a cualquiera de ustedes les ponen amparos”. Y reiteró que debe saberse quién lo hizo, además de señalar que son “burdísimos”.
Sí se tiene que saber quién puso esos amparos porque tiene un sentido de desprestigiar y calumniar y un sentido del dañar al (ex)presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento... evidente, son demasiado burdos, burdísimos”.
La jefa del Ejecutivo federal retomó que “ellos dicen que no fueron ellos, no hay quienes dicen, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no hay quien dice, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos”.

Se tiene que buscar quién fue esa persona que puso los amparos.

También defendió que “hay un abogado (se señaló que fue el de Caro Quintero) que ya dijo que él no presentó nada, es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo, cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué”.

Puso el caso de los hijos del expresidente, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán como si fuera el de cualquier otra persona del pueblo para negar que ellos se ampararon contra cualquier detención, aunque también después aseguró que no están incluidos en la investigación por contrabando de combustible.

“Quien nos escucha quien nos ve, imagínense que de pronto ustedes, alguien aparece por ahí un amparo que dice no me vayan a investigar, a cualquiera de ustedes, imagínense que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre, ¿cuál es el objetivo? Pues desprestigiarlos ¿No?”.

Por lo tanto, consideró que estos amparos puestos en distintos lugares del país, para los hijos del expresidente, “es parte de esta campaña, vean hoy todos los comentócratas. Todos dicen lo mismo, ¿quién se los dicta? Habría que ver porque se los dictan. Cómo es que todos dicen lo mismo (...) ¿qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar”.

Redundó: “¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del expresidente López Obrador, de sus hijos”.

Sheinbaum también se quejó de que “se pone el amparo y al minuto ya está en las redes. ¿No les parece extraño? Afortunadamente muy rápido Andrés Manuel López Beltrán contestó”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Familiares de la residente médica Nicole Stark denuncian falta de atención en el IMSS

De acuerdo con la versión de sus compañeros, la residente de anestesiología sufrió un desmayo en el quirófano; sus superiores la enviaron a dormir y horas más tarde la encontraron muerta.

Familiares de la residente médica, Nicole Stark Carrillo, quien fue encontrada sin vida este 16 de septiembre en el área de descanso de doctores del Hospital Regional 46 del IMSS en su horario de prácticas, denunciaron que las circunstancias de la muerte son extrañas y piden una investigación exhaustiva; revelaron que la autopsia estableció que murió por asfixia por causa indeterminada, e indicaron que Nicole era una persona joven y saludable que nunca se había desmayado, por lo que sospechan que se trata de un homicidio. 

Antes de su fallecimiento, Nicole estaba en una cirugía, se desmayó y la sacaron del quirófano, la mandaron a dormir al área de descanso de los doctores. Sus familiares afirman que no recibió atención adecuada y fue dejada sin supervisión. 

Nicole había entrado a su turno de guardia el 15 de septiembre a las 7:00 de la mañana y el 16 de septiembre le avisaron a la madre de Nicole que había fallecido, manifestó Héctor Carrillo, tío de Nicole. 

“De acuerdo con lo que informó el director, mi sobrina estaba en quirófano atendiendo a un paciente, se desmayó y cayó al piso. Despierta y, de acuerdo con el comentario de personas que estaban presentes, despertó desorientada y le dicen que se vaya a urgencias para que la revisen. Comentan que camino a urgencias ella les dice que se siente bien y regresa al quirófano. La doctora le dice que no puede estar ahí y que se vaya a dormir. Se acuesta en una camilla que estaba afuera del quirófano. A las 4:00 am van a ver cómo sigue y estaba desorientada, pero le dicen que se duerma. A las 6:00 de la mañana van a despertarla, pues ya terminaba su guardia y se encuentran que ya había fallecido. Nos informan que trataron de reanimarla, pero ya no tenía signos vitales, ya tenía un rato sin vida. Hasta las 8 de la mañana es cuando hacen la llamada a mi hermana, que no le habían avisado antes porque tenían que esperar al director”, narró el familiar. 

Nicole Stark Carrillo, de 27 años, era residente del tercer año de anestesiología en el Hospital Regional 46 del IMSS, ubicado en las avenidas Lázaro Cárdenas y 8 de julio de Guadalajara. Estudió medicina en la Universidad Guadalajara Lamar. 

La familia de Nicole también demanda que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales de los residentes, pues denuncian que son explotados, maltratados y obligados a trabajar en jornadas extenuantes y en condiciones inhumanas.  

“El tema es que todos sabemos, incluso las autoridades, el maltrato que reciben los residentes en los hospitales y pedimos que la investigación se lleve a cabo de una manera minuciosa, ya que no es posible que esto haya sucedido. No hay protocolos para que alguno de los médicos o residentes reciban atención. Incluso cuando ella perdió la conciencia dentro del quirófano, revisarlos, aunque la persona diga que se siente bien, no es posible que una jovencita de 27 años haya fallecido después de tener un evento como el que tuvo, enfrente de médicos que se supone saben reaccionar y asegurarse de que todo está bien”, reprochó Carrillo. 

El IMSS en Jalisco reaccionó a la muerte de Nicole lamentando la pérdida, asegurando que sí brindaron atención médica a Nicole. Sostiene que están colaborando en las investigación policial y ministerial, según lo manifestó el director del Hospital General Regional 46, Wilberto Gutiérrez Astorga. 

“Sobre este hecho, quiero informar que durante la mañana del 16 de septiembre se reportó el estado de inconsciencia de la médica, a quien se le brindó en forma inmediata la atención médica. A pesar de los esfuerzos de nuestro personal de salud, la paciente falleció. Por lo que se realizó el reporte inmediatamente a las autoridades ministeriales. Asimismo, en todo momento trabajo social ha brindado el apoyo a los familiares en los procesos requeridos. De igual forma, directivos de prestaciones médicas, servicios jurídicos y personal de este Hospital General número 46, colaboramos con todas las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia y nuestro compromiso con el seguimiento de todo el caso”, anotó el director del hospital. 

Sin embargo, la familia niega que Nicole fuera atendida de inmediato y que la institución haya apoyado a la familia. La realidad, dicen, es que fue abandonada en una camilla por horas. 

“El Instituto del Seguro Social envió un comunicado de prensa muy diferente a lo que el mismo director nos informó. El comunicado dice que tuvo el desmayo, que la atendieron de inmediato y ya no pudieron hacer nada por ella. No fue así. La mandaron a dormir y la dejaron morir en una camilla en la cual estuvo varias horas sin atención. También dice el comunicado que el Instituto ha estado al pendiente y apoyando a la familia, incluso en el área de trabajo social. Tampoco es verdad. Nadie ha acudido por parte de la institución de manera oficial. Solo han ido sus compañeros y amigos, los cuales confirman que las cosas sucedieron como el mismo director nos informó. La intención de lo que aquí expongo no es porque queremos algo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que queremos es que realmente las autoridades investiguen y encuentren si hubo negligencia por parte del personal que estaba presente, y así evitar que los muchachos residentes reciban el trato que reciben. Los explotan, los hacen trabajar de manera inhumana y ahora hasta los dejan morir”, indicó Héctor. 

Los familiares de Nicole presentaron la denuncia y se abrió la carpeta de investigación 47649/ 2025, con el objetivo de que se esclarezcan las circunstancias de este fallecimiento. 

“Nicole tenía 27 años. Estaba terminando su especialidad en anestesiología con una vida por delante y, por no atenderla debidamente, murió prácticamente enfrente de doctores y dentro de un hospital en el que ella dejaba la mitad de su vida. Insisto, no queremos nada de la institución, pero sí queremos que cuiden a sus residentes y que ninguna otra familia viva lo que estamos viviendo. Que su hijo vaya a trabajar y la regresen sin vida. Insisto, esperamos que la Fiscalía dé un seguimiento a este asunto para evitar que otro residente muera, y aunque ya es una costumbre el maltrato que tienen hacia ellos, de verdad cambian las cosas. Si una vida se salva con el reportaje que ustedes están haciendo, la muerte de Nicole no fue en vano. Su misión era salvar vidas, y es irónico, pero no la atendieron y no salvaron su vida. Lo que más duele es la falta de verdad que la institución da en su comunicado. Hagamos justicia por Nicole y por todos los residentes”, expresó el tío de la doctora residente. 

La familia de Nicole quiere que las autoridades investiguen a fondo el caso, de forma minuciosa, para que se descubra la verdad y se determine si hubo negligencia por parte del personal médico. Buscan justicia para Nicole y que su muerte sirva para que ningún otro residente sufra el mismo destino.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Sube a 22 cifra de muertes por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Michou y Mau informó en un comunicado que la bebé, quien sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, "ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable".

La cifra de fallecimientos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa sigue en aumento, con 22 decesos confirmados este jueves, dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la última actualización del Gobierno, con corte a las 22:00 hora local, suman 22 muertos, 25 hospitalizados y 37 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido el miércoles 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.

Según el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Abril Díaz Pérez, una mujer de 34 años que estaba internada en el hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

Jazlyn Azulet fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (Estados Unidos), de la fundación mexicana Michou y Mau.

Este jueves, Michou y Mau informó en un comunicado que la bebé, quien sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, “ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable”.

Esta semana, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a “exceso de velocidad”.

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acusan a David Monreal, gobernador de Zacatecas de reprimir a defensoras

El pasado 8 de septiembre, durante la presentación del informe de gobierno de David Monreal Ávila, la colectiva de madres buscadoras «Sangre de mi sangre» denunciaron haber sufrido represión por parte de integrantes de la policía de tránsito, estatal y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, mientras se manifestaban de forma pacífica en un puente peatonal para visibilizar la crisis de desapariciones en la entidad.

Actualmente, el estado de Zacatecas está gobernado por David Monreal Ávila, quien pertenece al partido político de Morena y es hermano del exgobernador Ricardo Monreal Ávila, actual diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es una de las entidades donde las personas se perciben inseguras, sobre todo en Fresnillo y Zacatecas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de julio de 2025.

Hay que recordar que Zacatecas se está caracterizando como una entidad que reprime a mujeres y defensoras durante sus protestas. Fue el 8 de marzo del 2024, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, cuando se suscitó represión por parte de las fuerzas policiales quienes atentaron contra las manifestantes quienes acusaron brutalidad policial, que resultó en actos de tortura, detención ilegal, privación de la libertad y lesiones, integrantes de colectivas feministas señalaron que a pesar de la evidencia pública de estos actos represivos, siguen sin ver justicia, pues ninguna autoridad ha sido sancionada hasta el momento.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al corte del 9 de septiembre de 2025, la entidad ya sumaba 7 mil 984 desapariciones de personas (localizadas y no localizadas) de las cuales 2 mil 214 fueron mujeres y 5 mil 770 hombres. En adherencia, Red Lupa determinó que son los municipios de Río Grande, Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas, los lugares de mayor incidencia en el estado.

Ante este panorama y debido al Cuarto Informe de Gobierno del gobernador David Monreal Ávila, la colectiva «Sangre de mi sangre» decidió realizar una manifestación pacífica en el puente peatonal ubicado en el bulevar Héroes de Chapultepec, en Ciudad Administrativa. Ahí colocaron un tejido color rojo, la cual se trata de un símbolo hecho a través de la técnica ancestral del bordado.

Sin embargo, en un video publicado por Cristela Trejo Ortiz en Facebook se pudo observar cuando los elementos de seguridad llegaron a la estructura para quitar la protesta de las integrantes del colectivo. El argumento principal fue que podrían ocasionar un accidente a los automóviles que pasaban por la vía; sin embargo, en ningún momento se obstruyeron las señalizaciones viales.

Mientras que las mujeres intentaron hablar con un oficial de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, comenzaron a retirar el material colocado como fichas de búsqueda y a empujar a las manifestantes. De acuerdo con la colectiva, pese a las suplicas de las mujeres por el derecho a la libre manifestación y el derecho a la protesta, los elementos las encapsularon, insultaron y amenazaron.

Además, se documentó que se llevaron más de 50 metros cuadrados de tejido rojo en la camioneta 4248 de la policía de vialidad del estado generando un impacto emocional, ya que se trata del trabajo de más de tres años en el que colaboraron familias de personas desaparecidas de Zacatecas como parte de la creación de una herramienta de memoria, cambio y concientización.

Las madres buscadoras son una de las figuras más incomodas para el Estado mexicano, ya que confrontan a las autoridades en cuanto a la crisis de desapariciones forzadas. Las agresiones en su contra se relacionan con su labor de acompañamiento a otras víctimas, así como con las denuncias de corrupción e impunidad, lo que las convierte en blanco de múltiples riesgos.

Zacatecas y David Monreal

Siguiendo el Cuarto Informe de Gobierno, en el Año del Bienestar en Zacatecas, el cual abarca el 2025, se informó que la entidad destinó $32 millones 412 mil 325 pesos en materia de búsqueda de personas para la búsqueda forense con identificación humana e infraestructura para fortalecer la Comisión Local de Búsqueda a través de la adquisición de vestimenta táctica, vehículos, equipo tecnológico, insumos para identicación humana, adecuaciones y puesta en marcha del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado.

También se informó de la Primera Jornada de entrevistas ante mortem y post mortem, donde se tomaron muestras para la obtención de perfiles genéticos en los municipios de Río Grande, Fresnillo y Zacatecas para ser llevadas al Centro Nacional de Identificación Humana.

En adherencia, se realizó la construcción del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado de Zacatecas, una obra que busca garantizar condiciones dignas en el manejo de los cuerpos y mejorar los servicios de salud pública y seguridad en la región.

Sin embargo, uno de los temas pendientes en Zacatecas es la violencia generada por el crimen organizado, el cual está estrechamente vinculado con las desapariciones forzadas y violencia feminicida.

En tan solo seis meses, el estado de Zacatecas ha acumulado dos asesinatos de madres buscadoras, el más reciente ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando fue reportado el feminicidio de Aida Karina Juárez Jacobo. El gobernador zacatecano David Monreal Ávila, presumía en sus redes sociales: «Desde el municipio de Nochistlán hicimos entrega de equipamiento y patrullas para las policías municipales de la región sur. Fortalecer las corporaciones es fundamental para consolidar la pacificación; seguiremos trabajando de manera coordinada con este objetivo de paz». No hubo ningún pronunciamiento gubernamental por el caso.

Pese a este escenario, Zacatecas celebró, tras el informe de Claudia Sheinbaum, los avances en materia de seguridad que, según las autoridades, ha “logrado” el estado gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía. Desde mayo, incluso, han reiterado un supuesto cambio positivo en el Índice de Paz Positiva, que evalúa factores estructurales como el acceso a la justicia, el buen gobierno y los bajos niveles de corrupción.
“Zacatecas representa ahora un caso emblemático en la mejora de las condiciones de paz en México. Según el Instituto para la Economía y la Paz, su trayectoria puede servir como modelo para otras entidades, especialmente en el manejo del conflicto criminal en contextos de alto riesgo”. se lee en comunicado del gobierno de Zacatecas.
Estas afirmaciones se desmantelan con los hechos que enfrentan las madres buscadoras. En el caso de Karina Juárez, fue reportada como desaparecida el 26 de agosto pasado, pero dos días después fue hallada sin vida en San Luis Potosí, estado colindante con Zacatecas. Ella había comenzado la búsqueda de su hija de 26 años, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, el 28 de junio de 2025. Inmediatamente se unió al colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, pero hasta el momento no se tiene rastro alguno de su hija.

Tras hallar el cuerpo de Karina Juárez, Rodríguez Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, anunció que el probable responsable de este hecho ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Además, se informó que sería la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz la encargada de ofrecer mayores detalles, incluyendo las líneas de investigación de la Fiscalía. No obstante, hasta ahora dicha instancia no ha emitido información alguna.

Las contradicciones aumentaron cuando las autoridades zacatecanas reiteraron su colaboración con el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, la fiscal potosina, García Cázares, aseguró tras estas declaraciones que aún no existía un diálogo conjunto, lo que puso bajo la mira la falta de coordinación real entre ambos estados.

Ante ello, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pronunció su consternación sobre los hechos, además exhortaron a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Este caso de feminicidio tiene otro precedido de forma reciente. Seis meses antes del asesinato de Aida, en febrero de 2025, fue asesinada otra madre buscadora: Sofía Raygoza Ceballos, encontrada sin vida dentro de un automóvil en la comunidad de Felipe Ángeles, municipio de Villanueva, a 100 kilómetros al suroeste de la capital zacatecana, de acuerdo con datos registrados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

En 2023, Sofía había reportado la desaparición de su hija, Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después tras haber permanecido secuestrada. Aunque la fiscalía aseguró que el asesinato de Sofía no estuvo relacionado con su labor, el Centro ProDH sostiene que durante ese tiempo se convirtió en una voz incómoda para las autoridades al cuestionar públicamente los protocolos y métodos de la fiscalía.

En un acto público, Sofía encaró al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar, y le exigió que ordenara la búsqueda de su hija:

“Mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que la está esperando. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”.

Más hechos violentos

De acuerdo con el informe «Violencia criminal en México en la postpandemia», el estado ha registrado varios episodios que constituyen en escenas públicas de terror.

Por ejemplo, en junio de 2020 se reportó una masacre cuando se localizaron 15 cuerpos en la carretera federal de Fresnillo hacia Durango, el cual fue adjudicado a un cartel En consecuencia, el entonces gobernador del PRI, Alejandro Tello (2016-2021) solicitó al gobierno federal ayuda para enfrentar la situación y se enviaron a 4 mil 778 integrantes de la Guardia Nacional a militarizar el territorio.

De acuerdo con el texto, bajo el gobierno de David Monreal (2021-2026) la guerra y deshumanización de cuerpos se ha intensificado. El 18 de noviembre de 2021 se encontraron 9 cuerpos en una carretera federal del municipio de Cuauhtémoc en la frontera con Aguascalientes. Otro hecho similar ocurrió frente a Palacio de Gobierno el 7 de enero de 2022.

Más tarde, en noviembre de 2022, cuando el gobierno estatal anunciaba el primer año del Plan Zacatecas II con el que la Mesa de Seguridad y Paz aseguró la disminución de los asesinatos en la entidad, ocurrió el asesinado del primer General de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa durante un operativo en los Pino, Zacatecas, en la frontera sur con San Luis Potosí.
«Todas estas escenas han ido acrecentando un escenario de guerra en el estado, volviéndose comunes los videos en redes sociales de grupos armados patrullando las carreteras y municipios, realizando ejecuciones, amedrentando a la población y reafirmando su capacidad bélica. Al mismo tiempo, paradójicamente, el estado ha sido sitiado por militares, las ciudades y las zonas rurales presencian la escenificación de la guerra con cuerpos militares altamente armados.» -Informe «Violencia criminal en México en la postpandemia»
FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Marina evita respaldar a la diputada Aracely Brown relacionada con el CDS

Evadió pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de los presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, por los que es investigada la exalcaldesa de Morena en Playas de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown Figueredo, mencionada en un listado de personajes relacionados con actividades de lavado de dinero entre los que destacan 15 empresas y otros personajes de la vida pública del quinto municipio.

ZETA cuestionó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda si la exalcaldesa era inocente de las acusaciones del gobierno estadounidense, a lo que se negó a responder con contundencia.

“Yo lo que conozco de Aracely, que ha sido nuestra compañera del movimiento. No pudiera yo darles más información a la información que hemos recibido el día de hoy mediante medios de comunicación. Serán las autoridades competentes las que se encarguen de hacer la investigación”, respondió la gobernadora a ZETA.

Para la gobernadora Marina del Pilar no fue una sorpresa el comunicado, pero se dijo respetuosa de las investigaciones que se lleven a cabo en México y Estados Unidos.

“Pues sí, un poco. La verdad es que sí, es una noticia que recibimos hace apenas unas horas y pues vamos a esperar más información”, respondió Marina del Pilar.

Al menos en Baja California no hay investigaciones contra la diputada federal y exalcaldesa Aracely Brown, dijo el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo. “No tenemos información que confirme eso. Sin embargo, estamos ya analizando esa información que fue publicada y estaremos en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y con la federación”, precisó el general.

“Respetuosa de las autoridades de Estados Unidos en cuanto a sus investigaciones, la mesa de seguridad lleva sus investigaciones y nosotros acabábamos de recibir esta información”, reiteró la gobernadora.

Araceli Brown Figueredo fue dos veces alcaldesa de Rosarito entre 2018 y 2024; actualmente goza de fuero constitucional al ganar la diputación federal del distrito 9 de Playas de Rosarito. La diputada no ha respondido a la petición de entrevista con el Semanario ZETA, sin embargo, en su cuenta de Facebook escribió:
“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de como hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme.
Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral.
Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”.
FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ERNESTO ESLAVA.

Triple homicidio en Yautepec: encapuchados someten a guardias para matar a dos mujeres y un hombre

El ataque armado en un fraccionamiento ocurrió apenas minutos después de iniciar la sesión del Congreso en la que comparecieron el secretario de Seguridad Pública y el fiscal de Morelos.

Mientras se llevaban a cabo comparecencias en el Congreso de Morelos sobre justicia y seguridad, en Yautepec se registró un ataque armado contra una familia dentro de un fraccionamiento, en el que murieron dos mujeres y un hombre. Apenas 43 minutos después, otro hombre fue hallado sin vida con evidentes signos de tortura.

El primer incidente ocurrió siete minutos después del mediodía en el fraccionamiento Manantial, ubicado cerca de un Oxxo muy visible en la localidad. Según el reporte oficial, al menos cinco sujetos encapuchados sometieron a los guardias de seguridad privada, a quienes amarraron y encerraron en un baño. Posteriormente ingresaron al domicilio y asesinaron a tres personas: una mujer, su hija y el esposo de ésta.

Paramédicos confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales al momento de ser atendidas. Minutos después, alrededor de las 12:50 horas, en un camino de terracería de la colonia Atlihuayan, que conecta con Campo Nuevo y San Juan, fue localizado el cuerpo de un hombre maniatado y con evidencias de violencia.

Ambos hechos fueron reportados a la Fiscalía General del Estado (FGE), que desplegó personal especializado para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las diligencias incluyen levantamiento de evidencias, entrevistas a testigos y recolección de indicios que permitan identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre posibles líneas de investigación ni sobre la identidad de los agresores.

Estos incidentes se suman a una serie de hechos violentos recientes en la región. La FGE reiteró su compromiso de garantizar investigaciones exhaustivas y la aplicación de la ley conforme a los protocolos establecidos.

Asesinatos todos los días, este día fue Yautepec

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, ante la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, diputados del PAN cuestionaron la falta de resultados en materia de seguridad y reprocharon el incremento de asesinatos en toda la entidad, principalmente en la zona oriente.

El ataque armado en un fraccionamiento de Yautepec que dejó tres personas asesinadas ocurrió apenas minutos después de iniciar la sesión.

El diputado Gerardo Abarca, del PAN, abrió la comparecencia y realizó las primeras preguntas. Señaló que, mientras las autoridades estatales reportan una disminución en los homicidios, el estado ha registrado al menos siete asesinatos en las últimas 72 horas.

“¿Cómo explica, señor secretario, la supuesta disminución de homicidios cuando Morelos registra asesinatos todos los días? ¿Qué justificación da a que nuestro estado concentre más homicidios que el promedio nacional?”, cuestionó Abarca.

El legislador destacó que, según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos concentra el 4.4 % de los homicidios dolosos en México durante los primeros siete meses del año, con un total de 650 víctimas, mientras que el promedio nacional por entidad fue de 461.53 casos. En julio de 2025, el estado sumó 103 víctimas, el 5.1 % del total nacional en ese mes, manteniéndose entre los diez estados con mayor violencia del país.

En respuesta, Urrutia detalló que las detenciones recientes suman al menos 444 personas y que, lamentablemente, menores y mujeres están siendo utilizados por grupos delictivos para cometer delitos como sicariato, venta de drogas y extorsión. Señaló que la incidencia delictiva ha disminuido en municipios como Cuernavaca, donde los homicidios mensuales pasaron de 16–18 a entre 7 y 10 en los últimos meses.

El funcionario mencionó además acciones concretas contra grupos criminales en Huitzilac, donde se aseguraron 14 aserraderos y un narcolaboratorio en funcionamiento por ocho años, así como una bodega de huachicol activa durante cinco años. “Muchas detenciones se han realizado con apoyo tecnológico y de manera legal, con seguimiento mediante videocámaras y telefonía celular”, indicó.

Abarca insistió en que, a pesar de las cifras oficiales, la violencia persiste, con balaceras en Huitzilac, hallazgo de cuerpos en Temixco y Tepelcingo, y asesinatos diarios, incluido el triple homicidio en Yautepec durante la comparecencia. Reiteró que Morelos se mantiene por encima del promedio nacional y dentro de los diez estados más violentos del país.

Cuestiona protocolos de seguridad y flagrancia en Morelos

El diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, cuestionó la percepción de violencia y los protocolos de intervención de la Policía Estatal.

Señaló que, según el Índice de Paz 2025, elaborado por el Instituto de Economía y la Paz, el 90.1 % de los morelenses se sienten en peligro. Solo Guanajuato y Colima superan a Morelos en violencia, situando al estado entre los más inseguros del país.

El legislador destacó que siete de cada diez establecimientos ha sufrido un asalto o delito cercano, mientras que la población reporta sentirse insegura en cajeros automáticos (67.9 %), transporte público (63.7 %), carreteras (58.7 %) y bancos o comercios (53.9 %).

A nivel nacional, el impacto económico de la violencia ascendió en 2024 a 4.5 billones de pesos, equivalente al 18 % del Producto Interno Bruto, con un costo per cápita de 33,905 pesos. Morelos se ubicó entre las tres entidades con mayor costo económico por violencia.

Martínez Terrazas formuló dos preguntas clave: sobre los protocolos de intervención directa en establecimientos y pequeños negocios, y sobre los procedimientos para aumentar la flagrancia antes de que se presenten denuncias. Entre 2024 y 2025, más del 50 % de las detenciones en flagrancia correspondieron a los municipios, más del 20 % a autoridades coordinadas, solo el 12 % a la autoridad estatal y el 2 % a la federal.

El secretario Urrutia indicó que, aunque las víctimas de homicidio han disminuido, la percepción de homicidios ha aumentado. Señaló que la promoción de denuncias a través del 911 permite realizar operativos, sobrevuelos y análisis de inteligencia, complementando la información de la Fiscalía General del Estado.

Destacó la coordinación con la Policía SEPRAC, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, incluyendo inspecciones en bares y giros negros, que han permitido la detención de al menos 70 generadores de violencia en Cuernavaca y municipios cercanos.

Martínez Terrazas insistió en fortalecer la flagrancia y garantizar que los operativos cuenten con mayor presencia ciudadana para prevenir delitos. Además, resaltó la reciente aprobación de una iniciativa del PAN que regula los disparos al aire libre, integrando averiguaciones y ampliando los recursos de seguridad pública destinados a la ciudadanía.

La zona oriente de Morelos exhibe falta de estrategia

Durante la comparecencia, el diputado Francisco Erick Sánchez Zavala expresó la preocupación por la persistencia de la extorsión en la zona oriente.

“El cobro de piso es el pan de cada día, generando angustia y desesperanza. Vemos cómo se cierran negocios, familias enteras son desplazadas, pierden su patrimonio e incluso la vida a causa de este delito”, señaló.

Sánchez Zavala cuestionó los resultados de la estrategia contra la delincuencia organizada y pidió cifras sobre detenciones relevantes y acciones coordinadas en la región.

Urrutia Lozano informó que el municipio de Yecapixtla ha participado en el Programa Nacional contra la Extorsión con la instalación de arcos carreteros y postes de seguridad. Destacó que en Cuautla el reto es la sobrepoblación del penal local, por lo que se trasladarán entre 40 y 50 internos a Tlacholoaya.

El funcionario detalló la presencia de cuatro grupos delictivos en la zona: La Rata, la Familia Michoacana, la Unión Tepito y el Cártel del Pacífico. Se han realizado al menos 45 detenciones en el oriente del estado, incluidas 18 de integrantes del grupo La Rata y 12 del Cártel del Pacífico. Respecto al transporte público, varias rutas habían pagado extorsión durante años sin denunciar, lo que derivó en operativos y la detención de 14 personas, algunos permisionarios.

Sánchez Zavala reconoció el incremento salarial otorgado recientemente a los policías y exhortó a reforzar la presencia de elementos en zonas de mayor riesgo. “La sociedad morelense ya no aguanta más. La seguridad es la mayor preocupación. Lo exhorto a redoblar esfuerzos para generar resultados favorables”, concluyó.

Al fiscal también le cuestionaron sobre impunidad en homicidios y feminicidios

Durante su primera comparecencia como titular de la Fiscalía de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos recibió cuestionamientos sobre los altos índices de impunidad en homicidios y feminicidios, así como sobre la investigación de la presunta tentativa de violación atribuida al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega destacó la necesidad de cifras concretas y estrategias claras. “No se trata solo de logros, sino de la realidad de la seguridad. Mientras haya víctimas todos los días, no existe un solo logro”, afirmó, y preguntó cuánto tiempo requerirá la Fiscalía para reducir la tasa de impunidad, actualmente superior al 97 %.

El fiscal reconoció los retos, pero señaló avances en investigación y judicialización de casos. Informó que en seis meses se han obtenido 20 sentencias en materia de feminicidios y aseguró que su equipo trabaja diariamente para integrar y judicializar las carpetas de investigación. “Desde el primer día existe un compromiso de atención directa a las víctimas y de hacer justicia en el Estado”, subrayó.

Gordillo Vega reiteró que los avances reportados no reflejan la situación real, ante el incremento de feminicidios y la falta de sentencias en la mayoría de los casos. El debate evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación de la cadena de seguridad y garantizar que las cifras de la Fiscalía se traduzcan en resultados efectivos para la ciudadanía.

El diputado Daniel Martínez Terrazas cuestionó la impunidad en los asesinatos de Samir Flores Soberanes, la exdiputada Gabriela Marín y jóvenes de Cuernavaca y la colonia Antonio Barona, y pidió avances concretos y explicación sobre posibles intereses políticos que retrasen las investigaciones.

Maldonado Ceballos aseguró que la Fiscalía trabaja coordinadamente con otras instituciones de seguridad y que, en el caso de Samir Flores, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, con seguimiento de la Fiscalía estatal.

Sobre los otros homicidios, afirmó que las carpetas se han reactivado, existen líneas claras de investigación y se busca judicializar los casos y localizar a los responsables. Señaló que se identificaron rezagos al asumir el cargo y que se implementaron planes de trabajo que han generado avances en un alto porcentaje de carpetas.

Martínez Terrazas reconoció los esfuerzos, pero insistió en que la ciudadanía espera resultados efectivos en seguridad y justicia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Bermúdez Requena llega a Toluca; cumplen orden de arresto en su contra

Al excolaborador de Adán Augusto López y presunto integrante del grupo criminal La Barredora se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés

La noche de este jueves, alrededor de las 19:00 horas, arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, Hernán Bermúdez Requena, presunto integrante del grupo delictivo conocido como "La Barredora", tras ser expulsado por el gobierno de Paraguay.

A su llegada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Las autoridades mexicanas lo señalan como un miembro relevante de dicha organización criminal, implicada en diversas actividades ilícitas.

Hernán Bermúdez Requena será trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 "Altiplano", donde enfrentará su proceso legal para determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.

Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco en la gubernatura del senador morenista Adán Augusto López, llegó en un avión Bombardier Challenger 605 de la FGR tras haber hecho escalas en Bogotá, Colombia, y en Tapachula, Chiapas.

A su llegada un agente le preguntó si tiene pertenencias y el detenido respondió: “pocas”
"El Comandante H"

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, ha sido identificado como el presunto líder de la organización criminal "La Barredora", una célula vinculada al CJNG. Su caso, que combina altos cargos públicos con acusaciones de delincuencia organizada, ha escalado en los últimos meses con su detención en Paraguay y su expulsión a México, donde enfrenta cargos federales. 

Bermúdez Requena, conocido como "Comandante H", "Requena" o "El Abuelo", inició su carrera política en el PRI y trabajó en la Procuraduría de la Ciudad de México bajo el mando de Jaime Lastra Bastar, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y figura clave en el grupo de Adán Augusto López.

En 2018, se unió a la campaña de López Hernández como candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, pese a su militancia priista previa.El 11 de diciembre de 2019, López Hernández lo designó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cargo que mantuvo durante la administración interina de Merino Campos.

En 2023, Bermúdez se afilió formalmente a Morena y fue nombrado director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), encabezada por Lastra Bastar. Su permanencia en estos puestos ocurrió a pesar de informes de inteligencia que lo señalaban desde 2019 como líder de "La Barredora".

Nexos con "La Barredora" y el CJNG

"La Barredora" es un grupo delictivo fundado en Tabasco, originado de disidencias de Los Zetas y aliado con el CJNG. Se dedica principalmente al huachicoleo (robo de hidrocarburos), tráfico de migrantes, extorsión, secuestro exprés y narcotráfico, con operaciones en Macuspana y gran parte del estado.

Informes filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya en 2022 lo identifican explícitamente como cabecilla, junto a figuras como José del Carmen Castillo Ramírez (comisionado de la Policía Estatal) y Carlos Tomás Díaz Rodríguez.

Documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) de 2019-2022 detallan que Bermúdez Requena era el "padrino" de Benjamín Mollinedo Montiel, alias "Pantera", jefe de una célula de "La Barredora" responsable de asesinatos, como el del exjefe de plaza del CJNG en diciembre de 2020, supuestamente con apoyo de oficiales estatales. Otro informe de agosto de 2019 vincula al vicefiscal Nicolás Bautista Ovando (actual fiscal general) con líderes de grupos precursores de "La Barredora".

El caso de Bermúdez Requena apunta a una red de colusión en el gobierno de López Hernández, con vínculos a altos mandos de seguridad y fiscales. El actual gobernador Javier May ha denunciado públicamente a "La Barredora" desde finales de 2024.

Adán Augusto López, ahora senador y exaspirante presidencial de Morena, ha negado conocimiento de los nexos, afirmando: "La verdad es que no sospeché". Sin embargo, los informes sugieren que el grupo se consolidó bajo su mandato, con cateos recientes en propiedades de Bermúdez, como su casa en el fraccionamiento Campestre de Tabasco 2000.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.