En la misma resolución se confirmó que la primera persona capturada en el sitio siga vinculada a proceso por posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y prevalezca la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra.
La fallida apelación interpuesta por el Ministerio Público de la Federación está relacionada con los hechos ocurridos aproximadamente a las 17:50 horas cuando personal militar verificaba un reporte de habitantes de la región sobre la presencia de personas armadas rondando por diversos sembradíos de caña.
Los elementos castrenses circulaban sobre un camino de terracería en la delegación de La Vega cuando observaron a un sujeto que portaba un chaleco táctico del que sobresalían cargadores para armas de fuego largas. Al ir en su persecución, el tipo se introdujo en una galera elaborada con tabicón y techo de lámina.
El sospechoso ingresó a la finca gritando “nos cayeron, nos cayeron” y al entrar los soldados por el portón principal, encontraron a un número considerable de jóvenes, unos acostados en el suelo y otros recargados en la pared, observando que había siluetas fijas para prácticas o ejercicios de tiro al blanco.
Al realizarles una revisión a los ahí presentes, sólo el tipo que corrió a refugiarse portaba en el chaleco, en el pecho, tres cargadores para fusil calibre 5.56×45, con 25 cartuchos cada uno, así como otros dos cargadores similares en una piernera, abastecidos con 28 proyectiles cada uno. El resto de las personas no tenía objetos ilícitos en su poder.
Sin embargo, a una distancia de unos cinco metros de distancia de donde estaban los jóvenes, había una mesa con cinco cofres metálicos, color verde militar, en donde se encontraron 245 cartuchos calibre 7.62×39, en el primero; 54 cartuchos calibre 7.62×51 y 30 cartuchos calibre .45, en el segundo.
En el tercer cofre fueron asegurados 420 cartuchos calibre .9 mm; en el cuarto, 304 proyectiles calibre .40 mm; y en el último de ellos, 555 cartuchos calibre 5.56×45. A un costado, esparcidos sobre el piso se localizaron 11 cargadores para arma de fuego calibre 5.56×45 y un cargador del calibre 7.62×39; todos desabastecidos.
También había seis chalecos tácticos color beige, un chaleco verde con estampado militar, dos pistoleras con estampado militar, una piernera con portacargador doble, cuatro radios de comunicación con tres bases, un tomacorriente, así como un vehículo Honda CRV, color gris, con placas de Jalisco.
ESCUELA DEL TERROR
Desde el 6 de febrero del año en curso, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, decretó auto de no vinculación en favor de 36 jóvenes imputados y estableció que de los datos de prueba a que hizo referencia la Fiscalía no se acreditó su probable responsabilidad en su comisión de los hechos materia de la imputación.
Llamó la atención del juzgador lo narrado por quienes al final resultaron ser víctimas, sobre todo dos jovencitas que tras ser cooptadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sufrieron agresiones sexuales, y con base en un rol de género –femenino- las obligaron a cocinar y servir a sus captores y hombres en cautiverio.
Las 36 personas, de manera unánime, refirieron que procedían de diferentes lugares del país, porque recibieron propuestas de trabajo y aseguran que fueron contactados a través de redes sociales, invitándolos para emplearse y aceptaron, motivo por el cual llegaron a la Central Camionera de Guadalajara.
También dijeron que desde el 26 de enero de 2025, les consiguieron los pasajes para autobuses y que al llegar, todos, a diferentes horas, fueron llevados a una tienda Oxxo a bordo de un carro, al parecer de plataforma Uber, de color rojo, tripulado por una persona güera, alta, con gorra, pelón, con un tatuaje de una pantera.
Después los llevaron a la galera, de la que no podían salir. Algunos mencionaron que observaron armas de fuego en el sitio y que unas personas les amenazaron e indicaron que si salían, los iban a matar.
Una de las víctimas declaró que al llegar a la galera le ordenaron quitarse la ropa y lo pusieron a hacer sentadillas, observando que había acostada en el lugar y que a la mañana siguiente llegó una persona que les dijo a todos: “Ustedes ya están reclutados para la escuela del terror”.
Otros dos jóvenes coincidieron en relatar que, al momento de que fueron cooptados, los obligaron a hacer un vídeo, en el cual señalaron que, de forma voluntaria, estaban formando parte del “Cartel Jalisco Nueva Generación”.
La mayoría de los jóvenes –inicialmente imputados- hicieron el señalamiento de que les indicaban que tenían dos opciones, o se quedaban o se retiraban, pero si se quedaban, en tres meses iban a salir por la puerta grande, adiestrados, pero si se iban por la puerta chica, saldrían con los pies de frente, muertos.
Antes de que se les considerara víctimas, muchos de los jóvenes fueron agredidos por los elementos militares, quienes les consideraban sicarios y les preguntaban por los líderes y la organización criminal, motivo por el cual presentaban lesiones. Sin embargo, se desconoce si el Ministerio Público Federal abrió o no la carpeta de investigación para indagar los actos de tortura.
La resolución que dejó en libertad a los reclutados por el CJNG dejó inconforme al fiscal adscrito al juzgado, quien interpuso el recurso de revisión y el asunto llegó al Primer Tribunal Colegiado en la especialidad. En sus agravios, la Fiscalía argumentó que los imputados utilizaban frases idénticas y que pudieron ser aleccionados por la defensa.
El Ministerio Público Federa estima que el juez únicamente prestó atención a la versión de descargo, en el sentido de que los imputados fueron víctimas de reclutamiento forzado del crimen organizado, sin considerar las contradicciones entre ellos y que se colmaban los requisitos para dictarles auto de vinculación a proceso.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación resolvieron, por unanimidad de votos, que en los agravios del fiscal no se rebatió cada tópico argumentado por el juzgador “pues es evidente que hace afirmaciones generales, sin cuestionar con razonamientos jurídicos aptos, las anteriores consideraciones que sustentan la (resolución) recurrida”.
Así se confirmó el auto de no vinculación para los 36 jóvenes y también el auto que si vincula a proceso al sujeto que poseía los cargadores con cartuchos para arma de fuego larga y realizaba funciones de vigilancia en el exterior del Rancho La Vega.
Estos hechos se conocieron antes que los verificados en el Rancho Izaguirre, delegación La Estanzuela, en el mismo municipio de Teuchitlán, el 6 de marzo siguiente, donde también existía un campo de adiestramiento del CJNG, e inicialmente, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguraban que se trataba de un “centro de exterminio”.
AUTOR: LUIS CARLOS DÁINZ.
