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Equinox Gold firma acuerdo para explotar minas en Guerrero, en medio de conflicto con ejidatarios

Por: Draco Dracul on miércoles, julio 02, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La firma del convenio se dio a la par del conflicto entre la empresa y los ejidatarios de Carrizalillo, en el mismo municipio, que dejó como saldo un grave daño en la salud de la población, el asesinato de líderes sindicales, contaminación de mantos acuíferos y sequías.

Con el gobierno de la morenista Evelyn Salgado como principal promotor, la minera canadiense Equinox Gold formalizó el inició de la explotación por 20 años de los ejidos de Mezcala y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero. 

La firma del convenio Los Filos se dio a la par de un conflicto entre esa empresa minera y los ejidatarios de Carrizalillo, otra comunidad del mismo municipio que durante 18 años fue explotada, dejando como saldo un grave daño en la salud de la población, el asesinato de líderes sindicales, la contaminación de los mantos acuíferos y la sequía de sus tierras.

El convenio se firmó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de funcionarios del gobierno de Guerrero, ejecutivos de la empresa, autoridades municipales y ejidatarios. 

La ocupación por los próximos 20 años contempla la exploración y posteriormente la extracción, principalmente, de oro. Los detalles del convenio no fueron revelados por “razones de seguridad”. 

El vicepresidente senior México de Equinox Gold, Armando Ortega, dijo que el convenio da pauta para un nuevo ciclo minero en la entidad y lo consideró una contraprestación que contempla apoyos en salud, educación, infraestructura y proyectos productivos de los dos ejidos, dijo. 

Al final en entrevista aseguró que el pago por hectárea explotada en Guerrero es el más alto por hectárea que se paga en el país, sin especificar el monto. “Se pagan onzas que se producen por hectáreas que se rentan, eso no lo paga nadie”. 

Cabe mencionar que el contrato que concluyó de Equinox Gold con Carrizalillo suscribía el pago de 6.9 onzas de oro al año por cada hectárea ocupada. Para renovar el contrato la empresa ofreció pagar sólo 2.5 onzas de oro y rechazó la propuesta de 175 ejidatarios del pago de 4 onzas por cada hectárea rentada. 

Armando Ortega, negó que el río Balsas esté contaminado por la actividad minera, tal como lo han denunciado los pobladores de Carrizalillo. 

“Afortunadamente no hay ningún impacto nocivo ligado directamente a nuestras operaciones”. 

Incluso dijo que cada año la empresa realiza estudios con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Por su parte el gobierno de Evelyn Salgado celebró la firma del nuevo convenio de explotación. 

En un comunicado de prensa aseguró que el acuerdo es fruto de meses de diálogo en el que se privilegió la libre determinación de los pueblos y marca el inicio de una etapa basada en la confianza, el respeto al territorio y la sostenibilidad. 

“Las tierras comunales son un patrimonio invaluable; este acuerdo es también un acto de confianza”. 

En la firma del contrato estuvieron la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sarah Salinas Bravo; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; y la diputada local y presidenta de la Comisión de Minería, Citlali Yaret Téllez Castillo; así como representantes agrarios de las dos localidades. 

“Este tipo de proyectos permiten detonar empleos, fortalecer las cadenas de proveeduría local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades”, expresó la secretaria Teodora Ramírez Vega, de acuerdo con la tarjeta informativa. 

Ejidatarios de Carrizalillo han admitido que en 20 años de operaciones de tres distintas empresas mineras han padecido daños considerables a su salud, como enfermedades crónicas respiratorias, de la piel, de los ojos y hasta cáncer.  

Una de cada 10 mujeres embarazadas ha padecido de abortos óbitos o muerte fetal, de acuerdo con los responsables de la Casa de Salud comunitaria. Mientras que sus tierras y los manantiales de agua se han secado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Senado aprueba Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; SSPC podrá pedir cualquier información

Por: Draco Dracul on miércoles, julio 02, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Con 88 votos a favor y 16 sufragios en contra, el Pleno del Senado aprobó, el 1 de julio de 2025, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -cuyo titular es Omar Hamid García Harfuch-, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Alrededor de media hora después, con 77 votos a favor y 30 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó, en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A través de la cual, la SSPC Federal podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.

Los votos a favor, en lo general, fueron emitidos por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC). Mientras que los sufragios en contra fueron de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI).

“¡Esta ley no defiende a la gente, defiende al poder! Votamos EN CONTRA de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no busca seguridad, busca construir control, miedo y un Estado vigilante. ¡Esta no es una estrategia, es una amenaza a las libertades de las y los mexicanos!”, escribió el grupo parlamentario priista en el Senado, en su cuenta de la red social X.

“Esta reforma impone un modelo centralista y autoritario que debilita el federalismo y militariza la seguridad pública. Le quita recursos a estados y municipios, vulnera la autonomía local y los deja sin herramientas para proteger a su gente. Legalizan la vigilancia masiva sin control judicial: El gobierno podrá espiar dispositivos, acceder a datos bancarios, médicos o escolares sin orden judicial. Se institucionaliza el espionaje y se viola el derecho a la privacidad”, enfatizaron los senadores del PRI.

“Con esta reforma, la Guardia Nacional queda bajo un régimen especial determinado por SEDENA. No tiene obligación de cumplir estándares civiles. Se pone en riesgo a ciudadanos y se vulnera la Constitución que exige un mando civil en seguridad. Esta reforma se aprueba sin diagnóstico, sin diálogo, sin presupuesto y sin escuchar a víctimas ni a expertos. ¡No fortalecen la seguridad, fortalecen el miedo! México no necesita un Estado espía, necesita justicia, verdad y respeto a las libertades”, insistió la bancada del PRI en el Senado.

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo Federal envió, el 13 de febrero de 2025, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma que crearía el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

A través del cual, la SSPC Federal -cuyo titular es García Harfuch-, podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.

La propuesta expediría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el DOF, el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la SSPC Federal, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del MPF.

El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública sería una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia de los tres niveles de Gobierno, que debería recabar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar información para crear bases de datos criminalísticos.

Además de aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas, así como generar productos de inteligencia para contar con información de valor que aportara pruebas en el desarrollo de las investigaciones de objetivos específicos. La coordinación y operación del Sistema y de la plataforma tecnológica que lo alojaría y gestionaría, estaría a cargo de la SSPC Federal.

Asimismo, según la iniciativa presidencial, el titular de la SSPC Federal sería el encargado de promover y celebrar los convenios para la interconexión e integración de la información al Sistema, emitir las reglas y lineamientos para su funcionalidad, así como coordinar las acciones de colaboración de los tres niveles de Gobierno.

Aunado a lo anterior, en el proyecto se detalló que el titular de la SSPC Federal también podría requerir a las instituciones de seguridad pública, instituciones y dependencias del Estado, así como a entes privados la interconexión, el envío de información en materia de seguridad contenida en registros vehiculares y de placas, datos biométricos y telefónicos, registros públicos inmobiliarios, catastro, registros fiscales, telefónicos, de armas de fuego, de comercio, inmuebles, prestadores de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, “en todos aquellos casos de donde pueda extra indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.

Además, el titular de la SSPC Federal tendría también la atribución de recolectar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información del Sistema, con el fin de producir inteligencia en materia de seguridad, realizar acciones de vinculación e incidencia con la Fiscalía General de la República (FGR), sus pares locales, los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus pares estatales, así como de disponer de la aplicación de medidas de inteligencia y de contrainteligencia con el objetivo de detectar, neutralizar, contrarrestar y combatir delincuentes, organizaciones y grupos criminales locales, regionales, nacionales e incluso trasnacionales.

Según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, el Sistema se conformaría a partir de la interconexión de los sistemas de investigación e inteligencia en materia de seguridad de las secretarías SSPC, de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Marina (SEMAR), así como de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las fiscalías y secretarías de Seguridad locales, los centros penitenciarios de los tres niveles de Gobierno y las institución encargadas de la seguridad municipal.

La propuesta presidencial también propuso que a los entes privados no se les permitiría la interconexión de entes privados a las bases de datos y registros públicos, así como su participación en el Sistema se limitaría a permitir el acceso de la SSPC Federal a sus sistemas o registros, para obtener información que contribuyera a la seguridad pública.

Además, según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, podrían interconectarse, las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además los registros públicos y catastros.

Según la propuesta presidencial, con esto el Gobierno Federal retomaría el modelo de policía guiada por inteligencia, como un método preventivo basado en situar la investigación de cada tipo delictivo, a nivel territorio, a fin de lograr una actuación policial anticipada. Además, señaló que la Guardia Nacional (GN) podría acceder a información del Sistema, “así como diseñar productos y estrategias de inteligencia”, en colaboración con la SSPC.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Defensores de Eloxochitlán perseguidos: a Jaime lo encarcelaron por defender un río y ahora enfrenta nueva orden de aprehensión

Por: Draco Dracul on miércoles, julio 02, 2025 / Comentarios: 0 ,

Al menos 50 integrantes de la comunidad de Eloxochitlán, Oaxaca, han sufrido persecución por delitos fabricados debido a su defensa del territorio; 21 han estado en prisión. En mayo de 2025 se emitieron 200 nuevas órdenes de aprehensión.

Jaime Betanzos camina sobre el cauce del Río Xangá Ndá Ge, o Río de San Antonio de Eloxochitlán, pero no es el mismo cuerpo de agua que él recuerda de hace nueve años, previo a que fuera encarcelado injustamente por defender a su comunidad mazateca y denunciar el ecocidio que se vivía en la población ubicada en la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca.

El profesor ha tenido una larga trayectoria de lucha política como docente, cuando como parte del magisterio gritaba por la liberación de presos políticos en la década de los 90, sin saber que algún día la demanda sería utilizada en el contexto de su propio encarcelamiento.

“Yo jamás me imaginé que yo, que mi vida, estaría pendiente de esa expresión, de esa exigencia de libertad a un preso político”, señala frente a sus compañeros.

Más de 50 integrantes de la comunidad han sido perseguidos jurídicamente desde hace más de una década mediante delitos fabricados –como homicidio, intento de homicidio, incendio y daños por incendio– debido a su defensa del territorio y a favor de la organización comunitaria de los pueblos, y de ellos han pisado la cárcel 21 personas. 

Aunque ya obtuvieron amparos para continuar sus procesos penales en libertad, varios de ellos —entre ellos el profesor Betanzos— enfrentan nuevos cargos, pues apenas en mayo de 2025 se liberaron 200 nuevas órdenes de aprehensión.

La destrucción del río Xangá Ndá Ge en Eloxochitlán

El cauce y nivel del río Xangá Ndá Ge se han visto alterados desde 2011, cuando habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón comenzaron a observar la extracción de materiales pétreos, en particular arena para construcción, realizada por Manuel Zepeda Cortés y vinculada a su hija, la diputada local Elisa Zepeda.

“Allá, donde yo nací, el arroyo transitaba a flor de piel de la naturaleza, entonces ahí hacíamos lanchitas y nos tirábamos de panza”, rememora Betanzos sobre su infancia en el río. “Y mi madre y sus vecinos lavaban ropa en este río, en el centro del pueblo. Llevaban sus bateas de madera y ahí lavaban su ropa, el agua no estaba contaminada”.

El nombre del río, que en castellano significa “Ser de brazos abiertos”, es un reflejo de la cosmología mazateca en torno a este cuerpo de la naturaleza: brinda agua para el uso de los habitantes, vida a las plantas y árboles, y es parte de un ecosistema completo donde habitan ranas, aves y demás animales.

“El río para nosotros representa la culminación de nuestra vida”, comparte Betanzos. “Nosotros esperamos que llueva, no así en otros lugares del mundo, aquí se espera que llueva unos tres o cuatro meses, entonces la tierra se fertiliza, el maíz crece, y la naturaleza se recicla.”

Más de una década después de las primeras denuncias de ecocidio, el río ha perdido su cauce y su altura. En algunos puntos, el agua apenas forma charcos a pesar de las lluvias y corre por áreas donde antes crecía pasto, rozando apenas las raíces expuestas de álamos que han perdido su anclaje. A los costados se acumulan bancos de tierra y arena contaminada, que son extraídos sin autorización.

Denuncian extracción irregular de arena en río de Eloxochitlán

En 2011, los habitantes de Eloxochitlán empezaron a vivir persecución y represión en sus asambleas comunitarias, por defender su forma de organización y denunciar que se estaban extrayendo materiales pétreos –en particular de arena que se utiliza para la construcción– a lo largo del río de manera irregular y masiva sin el permiso de los mazatecos.

La regulación de estos insumos es competencia del Gobierno federal cuando la extracción se realiza en cauces de los ríos, como en el caso de Eloxochitlán, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales.


Sin embargo, no existe ningún título de concesión vigente para la extracción de materiales pétreos en el municipio entero, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ente encargado de emitir estos permisos; ni una concesión en todo el estado a nombre de “Elisa Zepeda Lagunas” o “Manuel Zepeda Cortés”.

La legislación establece que, en caso de detectarse daños apreciables a taludes, cauces u otros elementos relacionados con la gestión del agua, estos deberán ser reparados en su totalidad por quienes los hayan provocado, además de las sanciones penales y administrativas que puedan aplicarse.

Al percatarse de los hechos, hombres y mujeres mazatecos denunciaron el ecocidio del río. En respuesta, se abrieron carpetas de investigación fabricadas en contra de integrantes de 40 familias, incluyendo a Jaime Betanzos.

Nueve años de prisión sin sentencia tras detención arbitraria de habitante de Eloxochitlán

A mediados de diciembre de 2014, el profesor Jaime Betanzos fue detenido junto con otros seis compañeros, también líderes en Eloxochitlán y parte de la organización propia de los mazatecos como policías comunitarios y un suplente de síndico. Junto con él, fueron aprehendidos de forma arbitraria Herminio Monfil, Wilfrido Salazar, Rubén Cerqueda, Omar Morales, Fernando Gavito y Alfredo Bolaños.

Los hombres habían formado parte de una asamblea que se celebró con la intención de elegir al nuevo alcalde de la comunidad, la cual fue interrumpida por hombres armados, entre ellos el hijo del cacique Manuel Zepeda Cortés, Manuel Zepeda Lagunas, con saldo de dos muertos.

Cuando los policías comunitarios y sus compañeros acudieron al Ministerio Público para denunciar el ataque en contra de la comunidad, fueron detenidos arbitrariamente bajo señalamientos de intento de homicidio y homicidio, entre otros delitos. En ese momento empezó una lucha judicial por parte de Eloxochitlán para la liberación de los presos políticos.

Mientras que las y los mazatecos buscaban que sus compañeros salieran de la cárcel, el Poder Judicial local expidió en los años consiguientes órdenes de aprehensión contra más miembros de la comunidad, de tal forma que en total 21 personas –principalmente hombres– fueron privados de su libertad a lo largo de 10 años, y decenas más tuvieron que huir de sus hogares para evitar ser aprehendidos por delitos fabricados como asesinato, intento de homicidio, incendio, daños por incendio y robo. 

“Yo quería ser libre”: Fernando, preso 10 años por un delito que no cometió

Fernando Gavito estuvo encerrado 10 años por un delito que no cometió, sin sentencia, antes de que pudiera regresar a estar con su familia. En 2014, fue detenido irregularmente cuando era policía comunitario de Eloxochitlán y acudió con otros compañeros a denunciar un ataque armado durante una asamblea.

Sus compañeras y compañeros comenzaron a tramitar amparos y montar plantones para exigir su liberación inmediata. Él realizó tres huelgas de hambre dentro de la penitenciaría en protesta por su encarcelamiento. La más larga de ellas duró 46 días.

“Estar ahí en la cárcel, es como si estuvieras en el panteón. Porque estás vivo, pero ya no puedes ver a tu familia. Puedes marcar, puedes hacer llamadas, pero no es lo mismo”, relata Gavito, como le dicen en el pueblo mazateco. Fue a raíz de eso que perdió el miedo y decidió hacer su primera huelga de hambre, que duró tres días.

“[Dije] ‘Yo estoy aquí, encerrado en un solo lugar y tengo que hacer algo’. Fue así que yo me di el valor de hacer una huelga por mi libertad, porque yo quería ser libre”. 

Sumado a ello, escribió poemas y canciones que narraban sus vivencias como preso político y luchador social. 

Finalmente, en junio de 2024 pudo regresar a su casa, aunque todavía pesaban sobre él los juicios por los delitos fabricados de homicidio y tentativa de homicidio. “Cuando llegó la verdadera libertad, yo no creí, yo no sentía la verdad mucha emoción porque sentía que era un sueño”, expresa.

“Estamos demostrando nuestra inocencia”: perseguidos por defender su comunidad en Oaxaca

En el caso de Martha Betanzos, hermana de Jaime Betanzos, la persecución política que enfrentó en 2014 la obligó a huir de su hogar durante dos años. Vivió en la Ciudad de México, lo que provocó en ella un gran choque cultural porque estaba acostumbrada a su vida en el rural Eloxochitlán.

Durante la persecución en su contra, así como contra su esposo y sus dos hijos, la señora Martha fue desplazada de manera forzada de su comunidad y, a causa del estrés constante, desarrolló problemas de visión.

“Es desgastante, porque te enfermas. Ya no tienes ese recurso, ya no estás bien de salud, tu familia se desintegra, ya no tienes buenas relaciones con tus hijos, con tus nietos”, comparte. “Hay personas que mal miran (…) porque creen lo que dicen, se creen que somos asesinos y rateros, pero por eso estamos caminando, porque estamos demostrando nuestra inocencia”.

Cuando pudo regresar a Oaxaca, enseguida se sumó a las filas de batalla de las demás mujeres mazatecas. Entre lágrimas y dolor, se han abrazado y dado aliento para sostenerse pese a los embates del Poder Judicial estatal. “No nos hemos abandonado”, dice Martha con ternura.

Ahora la acompaña el respaldo de sus compañeras, luego de que su nombre apareciera entre los 56 integrantes de la comunidad contra quienes se emitieron más de 200 órdenes de aprehensión en mayo de 2025.

“Otra vez, ¿de qué se trata? ¿Qué más les falta, qué se les olvidó? ¿A qué están jugando con nuestras vidas?”, reclama. “Cada que se les pega la gana, andan inventando cosas, y eso no está bien”. 

“Queremos que el gobierno ponga atención a este llamado que hacemos, porque se supone que ya pasaron 10 años. Ahorita queremos ser libres, queremos que ya acabe todo esto”.

“Libertad a los presos por luchar”, la consigna de habitantes de Eloxochitlán

Han pasado casi once años desde que los primeros activistas de Eloxochitlán fueron encarcelados por delitos que no cometieron, y hoy ya todos han podido salir y recuperar su libertad.

Para algunos, es una libertad condicionada, pues están sujetos a firmas periódicas cada 15 días y a mantenerse dentro de un perímetro delimitado, en tanto que el proceso penal no sea desechado. 

Para otros, es una libertad a escondidas, pues en mayo del 2025 fueron emitidas más de 200 nuevas órdenes de detención contra 56 miembros de la comunidad, lo cual obligó a varios a desplazarse forzosamente para evitar su reaprehensión.

Para todos, la batalla no ha terminado, y se concentra en una consigna que gritan con voces firmes al final de cada asamblea, puño en alto y filas cerradas: “¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Un ataúd en San Lázaro: diputados aprueban crear ley en telecomunicaciones; oposición acusa riesgo de censura

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Pese a los señalamientos de la oposición por riesgo de censura, Morena y aliados aprobaron la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Una corona fúnebre y un ataúd montados en el Pleno de la Cámara de Diputados enmarcaron la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación que los partidos de oposición han calificado como “ley censura” y que Morena defiende a capa y espada con sus aliados.

La discusión de la reforma para emitir esta ley arrancó a las 11:00 horas, con una intervención de diputados priistas que metieron al Pleno un ataúd blanco y una corona fúnebre para advertir sobre los posibles riesgos de censura que esta ley puede traer. “Murió la libertad”, decía una leyenda escrita sobre el ataúd color blanco.

Los priistas ingresaron estos objetos al recinto legislativo durante el discurso de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero, quien criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones para crear una nueva Comisión que formará parte del gobierno y que regulará la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en el país.

“La minuta propone eliminar al IFT y concentrar todas las funciones en la Agencia Digital, lo que equivale a entregar al Poder Ejecutivo el control total sobre el espectro radioeléctrico, la supervisión de medios y la vigilancia del contenido de internet”, mencionó Fuensanta Guadalupe Guerrero, diputada del PRI.

Pese a los señalamientos de la oposición, los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la minuta con 369 votos, junto con Movimiento Ciudadano (MC) que se unió a ellos. Solo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron el proyecto con 104 votos en contra y hubo tres abstenciones de diputados de MC.

En una segunda votación, en la que se rechazaron todas las propuestas de modificación, Morena, el PT y el PVEM aprobaron la minuta en lo particular con 343 votos. Mientras MC, el PRI y el PAN se unieron en esta ocasión para emitir 129 votos en contra.

Una vez aprobada esta reforma, la Cámara de Diputados la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El debate de la ley de telecomunicaciones entre acusaciones por riesgo de censura

San Lázaro inició el debate de una reforma para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo que concluiría la lista de asuntos que enlistó para su primer periodo extraordinario de sesiones de este año.

La discusión en la Cámara de Diputados arrancó con mociones suspensivas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), quienes buscaron frenar el inicio del debate con el argumento de violaciones al procedimiento legislativo, ya que Morena y sus aliados dispensaron los trámites de la reforma para que fuera discutida directamente en el pleno y así evitar una primera discusión en las comisiones.

“Podemos pasarles que sean unos puercos legislativos, pero no unos trompudos, ya basta porque son unos abusadores”, reclamó Carmen Rocío González, diputada panista.

Movimiento Ciudadano, que en esta ocasión votó a favor de la minuta promovida por Morena y sus aliados, defendió que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tiene mecanismos para que el gobierno cometa actos de censura, aunque la desconfianza en las autoridades alimenta ese idea.

“Nosotros no estamos aquí para tapar errores, como la desaparición del IFT, pero tampoco para repetir mentiras. No aceptamos la manipulación y la polarización. Quien dice que esta es la misma iniciativa que se presentó en abril, miente, quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital, engaña”, comentó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano.

MC adelantó su voto a favor porque la iniciativa original propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió modificaciones, luego de que el Senado organizó un parlamento abierto en el que participaron organizaciones sociales y expertos en telecomunicaciones.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación del artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales y que en su momento fue calificado como un intento de censura del gobierno a los medios de comunicación.

El PAN también ha alegado que esta nueva legislación permite, en su artículo 182, que el gobierno pueda solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de equipos telefónicos con fines de investigación de delitos, aunque este apartado ya existe en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Adrián González Naveda, diputado del Partido del Trabajo, defendió que el acceso a la geolocalización en tiempo real será regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 303 establece que el Ministerio Público podrá acceder a esta información luego de pedir autorización a un juez.

“En el artículo 182 queda explícito que toda solicitud tendrá que ser de autoridad competente, por escrito fundado y motivado, y en el artículo 183 nuevamente se hace alusión a la ley en la materia, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló Naveda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Remesas caen 4.59% en mayo de 2025; mayor descenso en 12 años

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 ,

Durante mayo de 2025 los flujos de remesas familiares disminuyeron 4.59 por ciento anual a 5 mil 360 millones de dólares, lo que se sumó al descenso de abril del mismo año, de 12.14 por ciento, según datos a conocer, el 1 de julio de 2025, por el Banco de México (BANXICO).

Dicha reducción fue la mayor disminución en 12 años para un mismo, dado que en mayo de 2013, la reducción fue de 10.40 por ciento. Por su parte, las remesas enviadas por residentes en México al exterior fueron de 86 millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 26.8 por ciento.

Con estos resultados, en mayo de 2025 el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo registró un nivel de 5 mil 274 millones de dólares, menor al de 5 mil 501 mdd reportado en el mismo mes de 2024.

Asimismo, con datos ajustados por estacionalidad, en el quinto mes de 2025 los ingresos por remesas avanzaron a una tasa mensual de 4.2 por ciento, en tanto que los egresos se contrajeron 11.2 por ciento. Así, en mayo de 2025 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 027 millones de dólares, mayor al de 4 mil 809 mdd observado en abril previo.

El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero–mayo de 2025 resultó de 24 mil 375 millones de dólares, inferior al de 25 mil 120 mdd registrado en el mismo lapso de 2024 y que implicó una caída anual de 3.0 por ciento.

Además, durante el periodo enero–mayo de 2025, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 24 mil 138 millones de dólares. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie, así como las money orders representaron el 0.7 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 180 y 57 millones de dólares, en el mismo orden.

Durante los primeros cinco meses de 2025, los egresos por remesas sumaron 474 millones de dólares, cifra menor a la de 576 mdd reportada en igual periodo de 2024 y que significó una reducción anual de 17.7 por ciento.

•De esta manera, en el periodo enero–mayo de 2025 el saldo superavitario de la cuenta de remesas se ubicó en 23 mil 901 millones de dólares, monto inferior al de 24 mil 544 mdd observado en el lapso enero–mayo de 2024 y que representó una disminución anual de 2.6 por ciento.

Aunado a lo anterior, el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (junio 2024–mayo 2025) fue de 64 mil 002 millones de dólares, menor al valor acumulado a doce meses registrado en abril pasado de 64 mil 260 mdd (mayo 2024–abril 2025).

Asimismo, en los últimos doce meses (junio 2024 mayo 2025), el monto acumulado de las remesas enviadas al exterior resultó de 1,207 millones de dólares, que se compara con el flujo acumulado a doce meses reportado en abril previo de 1,238 millones de dólares (mayo 2024–abril 2025).

Así, el superávit de la cuenta de remesas para los últimos doce meses (junio 2024–mayo 2025) se situó en 62 mil 795 millones de dólares, inferior al saldo acumulado a doce meses observado en abril de 2025 de 63 mil 022 mdd (mayo 2024–abril 2025).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Diputados pagan con dinero público medias becas para sus maestrías y doctorados

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Diputados y empleados de la Cámara estudiarán posgrados con fondos públicos: San Lázaro cubrirá 50% de maestrías y doctorados en Administración Pública, con un gasto de más de cinco millones de pesos.

La Cámara de Diputados pagó la mitad de la maestría y doctorado en Servicios Públicos a trabajadores y legisladores de San Lázaro en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

Del erario esta cámara pagará la mitad del posgrado a 80 trabajadores y legisladores por un monto total de cinco millones 416 mil 425 pesos para que puedan cursar la maestría y doctorado en Administración Pública.

De acuerdo con documentos públicos de Diputados, el convenio con el instituto es para que 53 trabajadores y legisladores cursen el grado de maestría y 27 de doctorado en Administración Pública en la generación 2025-2027 pagando sólo la mitad. 

Clases a distancia

Según el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025, se establece que 53 diputados cursarán la maestría por un monto de cinco millones 843 mil 250 pesos, pero la Cámara de Diputados erogará dos millones 921 mil 625 pesos sin IVA incluido y el resto deberá ser cubierto por los alumnos. Así, los 53 estudiantes deberán cubrir en general 20 mensualidades de 146 mil 81 pesos.

El convenio fija que la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCFP) será el órgano legislativo que designe a los diputados que tomarán la maestría, y el INAP realizará el proceso de admisión de los aspirantes. 

El anexo técnico establece que los aceptados como alumnos serán responsables en lo individual de la acreditación de las 18 asignaturas académicas que conforman el programa.

El convenio detalla que la maestría en Administración Pública cuenta con el reconocimiento de validez oficial que le otorga la SEP y se realizará del 10 de marzo de 2025 al 8 de marzo de 2027. 
Además, establece que la impartición de la maestría se realizará a distancia mediante la plataforma designada por el INAP. Las asignaturas se impartirán los lunes y jueves de 17 a 21 horas. 
El convenio fija que los gastos de titulación y certificación de los estudios de la maestría serán cubiertos por los trabajadores y diputados seleccionados.

En el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025 se estable que la Cámara de Diputados y el INAP ofrecerá el doctorado en Administración Pública Generación 2025-2027 para 27 legisladores y trabajadores de la Cámara de Diputados. 

El convenio detalla que el costo de la maestría para la veintena de alumnos es de cuatro millones 989 mil 600 pesos, pero la Cámara de Diputados sólo pagará la mitad, dos millones 494 mil 800 pesos sin IVA incluido; de esa manera, los alumnos deberán cubrir el resto; es decir, en su conjunto se harán responsables de 20 mensualidades de 124 mil 740 pesos.
Los documentas aclarar que los descuentos se realizarán vía nómina. 
El anexo técnico detalla que el INAP impartirá las 11 asignaturas académicas que integran el doctorado con una duración de 60 horas que impartirá el instituto, con validez de la SEP.

Igual que en la maestría, los gastos de titulación y certificación de los estudios para el doctorado deberán ser cubiertos por los legisladores o empleados de San Lázaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sheinbaum revela fechas para la reapertura fronteriza al ganado mexicano

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 ,

A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias de México han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz.

La reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México para el ganado comenzará a partir del 7 de julio, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual se da casi dos meses después del cierre debido a las medidas de control relativas al gusano barrenador.

“Ayer se logró un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Siguen las mesas de trabajo para poder acelerar esta apertura, dijo en conferencia.

Compartió las fechas que este lunes dio a conocer el gobierno estadounidense:
  • 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora.
  • 14 de julio Puerto Palomas, Chihuahua.
  • 21 de julio San Jerónimo, Chihuahua.
  • 18 de agosto Acuña, Coahuila.
  • 15 de septiembre Columbia, Nuevo León.
“Estamos todavía trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora, pero por lo menos ya hay un primer acuerdo y seguimos trabajando con ellos para poder acelerar que sea mucho más rápido”, aseguró.

La mandataria federal dijo que el argumento del gobierno de Estados Unidos es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano barrenador.

“Les hemos insistido de que está contenido esta plaga, esta situación para el ganado y está particularmente en algunos lugares del sur de país, que no ha llegado al norte, pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir y que siguen las mesas de trabajo”, indicó.

A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias de México han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz.

La larva del “coquerel”, como también se le conoce, devora la carne viva de animales de sangre caliente, incluyendo humanos, causando miasis, una enfermedad que puede ser mortal si no se atiende.

Frente a los brotes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó en mayo la suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino y bisonte desde México, lo que paralizó uno de los canales más dinámicos de exportación pecuaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Más homicidios, más desapariciones, menos detenciones... un fracaso llamado Guardia Nacional

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Los índices de capturas, decomisos de droga y contención de la violencia de la GN (creada por AMLO en 2019) exhiben una corporación ineficiente; pese a ello, el gobierno de la 4T amplía sus atribuciones y permitirá a sus mandos militares actuar en política.

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, asegura que, “sin lugar a duda”, ha sido “un fracaso” la Guardia Nacional, creada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “para recuperar la seguridad del pueblo mexicano”.

Esa corporación militarizada, explica, no sólo falló en su propósito de recuperar la seguridad de los mexicanos, sino que en sus seis años de funcionamiento México se convirtió en un país más inseguro en el cual la violencia, el portafolio de negocios lícitos e ilícitos de los cárteles y los vínculos entre políticos y el crimen organizado se incrementaron como nunca.

Y eso ocurrió, destaca el académico, porque la Guardia Nacional (GN) es el eje “de un modelo de seguridad pública obsoleto”, que pone énfasis en el uso de la fuerza y cuya premisa es la militarización de la función policiaca.

Pese a ello, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que faculta a esa corporación militarizada a intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas. Además, habilita a los militares de ese cuerpo a postulares a cargos de elección popular y a desempeñar cargos públicos civiles. 

Esta ampliación de facultades parece un premio por buen desempeño, pero los datos duros muestran todo lo contrario. El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, presentado hace unos días por Ernesto López Portillo, concluye que los resultados de la GN han sido “limitados y opacos”.

En promedio, cada uno de sus 130 mil elementos realiza únicamente 0.071 detenciones al año, una cifra 22 veces menor a las 1.6 captura de presuntos delincuentes que, en promedio, registran las policías estatales anualmente, revela la investigación.

Si se compara el raquítico índice de capturas de la GN con el de corporaciones de otros países con estructura, objetivos y funciones similares, como la Policía Nacional de Colombia, también se advierte un contraste abismal: los policías colombianos, que tienen jurisdicción en todo el territorio, detienen cada año en promedio a 1.2 presuntos delincuentes, 16 veces más que los guardias nacionales mexicanos.

Una explicación a estos datos tan contrastantes es que, en Colombia, pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro desarrolla diálogos de paz con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos criminales, como el Clan del Golfo y La Oficina, no hay política de “abrazos, no balazos”. Y en México sí la hubo durante el sexenio de López Obrador.

En ese contexto, dice López Portillo, la Guardia Nacional se convirtió en una imagen y un “espejismo de seguridad” y en parte de la narrativa triunfalista del exmandatario, pero nunca ha sido una solución operativa al problema de inseguridad.

En enero de 2024 el entonces presidente López Obrador llegó a decir que México era “un país pacífico”, aunque se trató de un año en el que se padeció el proceso electoral más violento desde que se tiene registro, con 189 candidatos, políticos y funcionarios públicos asesinados. 

En contraste, el Índice de Conflictos 2024 de la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) ubicó a México como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.

De acuerdo con López Portillo, la GN es incapaz de responder al desafío de abatir los altos niveles de violencia en México porque tiene “una falla estructural enorme”: sus integrantes no han desarrollado competencias adecuadas en dos grandes niveles: la prevención, que es sobre todo trabajar con las comunidades, con el barrio; y el control, que es la parte de investigación de los delitos.

Más evidencias del descalabro

Otro dato sobre el desempeño de la GN es el de los homicidios, el principal indicador de violencia en un país. El 30 de junio de 2019, hace justamente seis años, al dar el banderazo de salida a esa institución policiaca militarizada, López Obrador dijo: “Vamos a entregar pronto buenas cuentas al pueblo de México”. Pero eso no ocurrió. Los asesinatos aumentaron 23% ese sexenio respecto del anterior, el de Enrique Peña.

Durante el gobierno de López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron 193 mil 377 homicidios en México, 36 mil 219 más que en el sexenio de Peña (2012-2018) y un 59% más que en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), quien comenzó el proceso de militarización de los organismos de seguridad pública.

Hasta 2006 la tasa de homicidios mostraba una tendencia a la baja. Ese año cerró con 9.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023, el último año completo del gobierno de López Obrador, la tasa fue de 23.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

De acuerdo con el estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia”, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, esa cifra no refleja plenamente la dimensión de la violencia que vive México, ya que excluye un número indeterminado de desaparecidos, cuyos restos han sido hallados en fosas clandestinas. 

Con López Obrador y su modelo de seguridad hipermilitarizado, y basado en la Guardia Nacional, se registraron 51 mil 387 desapariciones en México, 57% más que en el sexenio de Peña Nieto y tres veces más que en el gobierno de Calderón, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Para López Portillo, los mismos datos oficiales demuestran que la apuesta de la Guardia Nacional –integrada por efectivos del Ejército en 77% de los casos y de la Marina en 10%– no logó reducir, como prometió López Obrador, los niveles de violencia en México.

Resultados magros; aprobación alta

El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” señala que, pese a sus deficiencias, la GN mantiene altos niveles de aprobación ciudadana (77.2%), lo que puede relacionarse con la confianza en las Fuerzas Armadas (86.7% en la Marina y 84.3% en el Ejército), aunque ese respaldo contrasta con su historial en materia de derechos humanos. 

De acuerdo con el trabajo, entre diciembre de 2018 y julio de 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias. 

Eso indica que la militarización en el país “ha estado marcada por la violación de los derechos humanos, la falta de controles civiles y el debilitamiento de las capacidades civiles de seguridad”, indica el estudio del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.

Y sostiene que “la militarización, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema”.

Otro dato que ilustra la baja efectividad de la Guardia Nacional es su limitada participación en los decomisos de drogas. En 2023, por ejemplo, incautó dos toneladas de cocaína y 1.6 toneladas de metanfetaminas, mientras que la Armada aseguró 48 toneladas de cocaína y 367 toneladas de metanfetaminas. 

Ese mismo año la GN decomisó 211 kilogramos de fentanilo y el Ejército incautó mil 499 kilogramos de ese opioide sintético.

Cultura de la opacidad

Ernesto López Portillo advierte que un problema recurrente de la Guardia Nacional es que, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la cual está adscrita desde septiembre del año pasado, no rinde cuentas a nadie.

El Congreso, expone, debería ser un contrapeso y fiscalizar sus actuaciones, pero la mayoría de Morena y sus aliados en el Legislativo impide que eso ocurra. 
Nadie –alerta– se atreve a cuestionar nada a los generales y a los almirantes que dirigen la Guardia Nacional.  
Y considera que esa opacidad se acentuará con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que en el pasado permitió que se transparentara información que los militares nunca habían querido revelar, como la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas.

Sin fiscalización del Congreso y sin el INAI “nos vamos a quedar sin respuestas a muchas preguntas, ustedes como periodistas y nosotros como academia y sociedad civil”, agrega.

Tan relevante es el tema de la opacidad militar, indica el abogado, que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero considera “indispensable” incluir la figura de supervisión externa en la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se procesa en el Legislativo.

La supervisión externa a los organismos de seguridad es “clave y estratégica porque necesitamos control y fiscalización” sobre lo que hacen estas corporaciones militarizadas que se caracterizan por su falta de transparencia, plantea López Portillo.

Una pregunta que se ha hecho en estos días el experto en seguridad es por qué el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere dar más facultades a la Guardia Nacional, pese a sus pobres resultados operativos, y al mismo tiempo busca ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el Reglamento Interior de la SSPC que expidió la presidenta el 24 de junio último, la secretaría a cargo de Omar García Harfuch coordinará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá funciones operativas en áreas en las que las que la Guardia Nacional se ha caracterizado por su ineficacia.

El nuevo reglamento, por ejemplo, prevé la creación de tres subsecretarías en la SSPC: la de Inteligencia e Investigación Policial, Política Criminal, Vinculación y Protección Civil y la de Prevención de las Violencias, además de 14 unidades especializadas y 53 direcciones generales enfocadas en delincuencia organizada, extorsión y secuestro, delitos transnacionales e investigaciones cibernéticas.

Una capacidad de esa envergadura haría de la SSPC, en los hechos, una policía nacional, aunque de carácter civil, no militar, como la Guardia Nacional, y parece ser la fórmula de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad pública sin tocar a la ineficaz corporación militarizada que le heredó López Obrador.

Las preguntas, entonces, son: qué va a hacer la Guardia Nacional, qué va a hacer la SSPC del civil García Harfuch (el hombre de confianza de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad), quién coordinará en el terreno las operaciones contra el crimen organizado, y qué tan profundas serán las fricciones entre civiles y militares a la hora de tomar decisiones.

López Portillo señala que “las preguntas que no podemos responder son muchas, pero lo que sí podemos saber es que no hay ningún medio institucional de contrapeso para la rendición de cuentas de la Guardia Nacional y eso es precisamente lo que no nos permite verificar y tener respuestas a esas preguntas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Iglesia lamenta que sus espacios 'se vean amenazados por la violencia'

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 ,

Este martes un sujeto armado tomó de rehén a otro individuo dentro de una iglesia ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

La Arquidiócesis Primada de México lamentó este martes que los “espacios destinados a la vida comunitaria y al encuentro fraterno se vean amenazados por la violencia”, luego de que un sujeto secuestrara a un hombre dentro de las instalaciones de la Parroquia de San Jorge Mártir, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, y fuera abatido por las autoridades.

Por la mañana de este martes un sujeto armado ingresó al Centro Pastoral de Atención a la Juventud, dentro de la Iglesia San Jorge, ubicada en la colonia San Juan de Aragón IV y V, y tomó como rehén a otro individuo “por un conflicto laboral”. Más tarde se dio a conocer que el secuestrador había sido abatido.

Por ello, la Arquidiócesis Primada de México hizo “un nuevo y urgente llamado a toda la sociedad a trabajar unida por la paz y la reducción de la violencia“, de acuerdo con un comunicado de la iglesia.

“Elevamos nuestras oraciones por la paz, por las víctimas de estos hechos violentos y por la conversión de quienes causan daño. Invitamos a quienes hayan sido afectados directa o indirectamente a acercarse a las oficinas de pastoral social de la Arquidiócesis para recibir acompañamiento espiritual y psicosocial“.

Detalló que la parroquia donde ocurrió el lamentables suceso es administrada pastoralmente por la comunidad de los Josefinos de San Leonardo Murialdo, que realiza parte de su misión evangelizadora y social.

Asimismo apuntó que, al momento de los hechos, se celebraba la Santa Misa de las 8:00 horas en el templo, y tanto los sacerdotes como los fieles estuvieron a salvo en todo momento.

“Agradecemos la intervención de las autoridades civiles y de seguridad, y reiteramos nuestra disposición a colaborar en la construcción de soluciones que prevengan estas situaciones”.

Señaló que este tipo de sucesos no solo daña a las víctimas directas, sino que fractura el tejido social, especialmente en las comunidades más vulnerables.

“Como Iglesia que peregrina en la Ciudad de México, reiteramos con firmeza nuestro llamado a promover una cultura de paz, en la que todas y todos asumamos la responsabilidad de construir condiciones más justas y humanas para convivir”.

La Arquidiócesis destacó que desde hace un par de años han impulsado la iniciativa ‘diálogos por la paz’ en diversas alcaldías de la ciudad; así como la creación centros de escucha, acompañado a víctimas de violencia y colaborado con organizaciones civiles y autoridades para abrir caminos de reconciliación, desarrollo humano y reinserción social.

Así también, con el objetivo de ayudar a las familias buscadoras, se han colocado buzones de paz en diversas parroquias, donde es posible dejar de forma anónima información sobre personas desaparecidas o posibles fosas clandestinas.

Por último, rememoró la invitación hecha por esta Arquidiócesis y la Conferencia del Episcopado Mexicano a sumarse activamente a la campaña de canje de armas, una acción concreta para reducir riesgos y fomentar ambientes más seguros. Para ello, la Arquidiócesis ha abierto los atrios de varios templos como espacios de colaboración con esta iniciativa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dejaron operar al crematorio sin permisos y sin revisión desde hace más de 3 años

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

En audiencia judicial se fincaron cargos al dueño y al trabajador del negocio por ocultar y conservar los cuerpos ilícitamente, con lo que pueden alcanzar una pena de hasta 17 años de cárcel. También se exhibieron supuestas omisiones de la autoridad estatal encargada de supervisar y regular este tipo de establecimientos, que, ante el hallazgo de los 383 cadáveres, se declaró rebasada en sus facultades para actuar.

El crematorio donde fueron encontrados 383 cuerpos de personas no identificadas en Ciudad Juárez operaba de forma irregular y desde hace tres años no había sido revisado por las autoridades, así se informó en la primera audiencia realizada en contra de dos personas detenidas como presuntas responsables de conservar y ocultar esos cadáveres que se les entregaron para su incineración.

La tarde del lunes 30 de junio, el propietario y también responsable sanitario del Crematorio Plenitud, José Luis A.C., y su trabajador Facundo Teófilo M.R., fueron acusados de haber cometido dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente. A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión justificada por un plazo de un año; y la siguiente diligencia quedó programada para el próximo 4 de julio a las 11 de la mañana.

Ante la acusación, los dos acusados decidieron no rendir declaración. A ambos se les menciona con su nombre y las iniciales de sus apellidos porque, por instrucciones judiciales, su identidad está bajo reserva por la presunción de inocencia.

Ante el juez, el agente del Ministerio Público (MP), Francisco Javier Rojas Esquivel, dio a conocer al Tribunal de Control que el titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), Luis Carlos Tarín Villamar, informó, a través del oficio 2403/2025, que la última verificación sanitaria al crematorio se realizó el 7 de marzo del 2022, como parte de una comprobación de correcciones de irregularidades derivadas de un acta anterior. En esta revisión no se aplicó ninguna medida de seguridad. Es decir, el crematorio tenía tres años y tres meses sin supervisión.

Esta información contrasta con lo que Tarín Villamar expuso en una conferencia de prensa realizada la semana pasada, cuando declaró que la última revisión a esa instalación se había llevado a cabo en febrero de este año y aseguró que el negocio estaba funcionando de acuerdo con la norma. Además, afirmó que había una supervisión de ese crematorio y que se hacían revisiones “muy seguido”, toda vez que en el año del 2020 este establecimiento fue acreedor a otra sanción. Justificó la presencia de decenas de cadáveres diciendo que el trabajo había sobrepasado a los responsables del negocio.

En la diligencia judicial de este lunes, el fiscal también señaló que, a través del oficio 2401/2025, Tarín le informó a la representación social que, después del hallazgo de los cuerpos, así como de restos corporales, ropa, fauna nociva y documentación de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 –que estaban mezclados con fluidos corporales–, el personal a su cargo procedió a una suspensión total de esa instalación crematoria, debido a un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración, el horno crematorio fuera de operación y por falta de energía eléctrica.

El responsable de la dependencia encargada de la regulación y supervisión de los crematorios, Tarín Villamar, también presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y pidió la intervención de esa autoridad al reconocer que la situación en el crematorio Plenitud rebasaba sus facultades, se informó en la audiencia judicial.

Advierten de riesgo sanitario en zona de crematorio

En otra parte de la diligencia, el agente del Ministerio Público le expuso al juez de Control Apolinar Juárez Castro, que el negocio tampoco contaba con agua potable. Indicó que los cuerpos están en estado de descomposición, que entre estos había fauna nociva, como ratones, y que el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio.

“Los cuerpos estaban en completo estado de descomposición, sin ningún control sanitario. La acción (delictiva) recayó en almacenar los cadáveres… algo alarmante en nuestra comunidad; y las condiciones insalubres, indignas, una falta de respeto a los restos cadavéricos, roedores encima de los cadáveres, un riesgo sanitario para la comunidad, sin una medida para prevenir afectaciones para la salud pública”, argumentó el fiscal en la parte final de la diligencia, cuando expuso las razones por las que los acusados deben enfrentar el proceso penal en la cárcel y en contraposición de lo solicitado por los abogados defensores, quienes pedían una medida cautelar diversa a la prisión preventiva.

El fiscal a cargo, informó al Tribunal que el dictamen de impacto ambiental del crematorio venció el 3 de marzo del 2023. Esto con base en información proporcionada por el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, quien dio a conocer que el dictamen fue otorgado el 22 de febrero del 2022.

Sin energía eléctrica, agua y sin permiso ambiental vigente

La audiencia inició en la sala 1 de los juzgados locales, unos minutos después de las 3 de la tarde, con la formulación de cargos, pues horas antes se había ejecutado una orden de aprehensión en contra de ambos sospechosos.

Al momento de formular la acusación, el fiscal dijo que en el periodo comprendido del 7 de marzo del 2022 al 27 de junio de 2025, en las instalaciones del crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, colonia Granjas Polo Gamboa, José Luis A.C., en su carácter de propietario y Facundo Teófilo M.R., empleado del establecimiento, mantuvieron ocultos 383 cadáveres en estado de descomposición.

El representante social señaló que ambas personas no llevaron a cabo la cremación de los difuntos en el tiempo que ordenan las leyes vigentes, que es de 48 horas contadas a partir del fallecimiento. También refirió que el establecimiento no contaba con energía eléctrica, ni agua potable, tampoco con cámaras de refrigeración, ni un dictamen en materia ambiental vigente.

Los hechos fueron clasificados como el delito contemplado en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.

“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.

El artículo 462 señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. La fracción I indica “al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.

Ante la acusación, los dos sospechosos guardaron silencio.

Entre las personas que declararon ante el Ministerio Público y que constituyen un dato de prueba en contra de ambos sospechosos, están al menos tres familiares de José Luis, su hermano, Rafael Arellano Cuarón; su madre, Rosa María Cuarón Rivera; y su esposa, Jesica Yaneth Bone Monte; así como peritos, agentes, el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, y el titular de COESPRIS Luis Carlos Tarín Villamar.

El primer dato de prueba citado por el fiscal fue el acuerdo de inicio de la investigación, que emitió otra fiscal el viernes 27 de junio, al tener conocimiento por medio de una nota periodística de que en un inmueble se encontraban decenas de cadáveres.

El segundo dato de prueba referido en la diligencia, es un informe policial del 27 de junio, realizado por varios agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes un día antes habían ido al crematorio, tras recibir una llamada telefónica a las 18:50 horas, en la que se les informaba que en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa había decenas de cuerpos.

Los agentes refirieron que al acudir al sitio encontraron un vehículo de capillas Plenitud; decenas de cuerpos apilados y en estado de descomposición en las habitaciones; percibieron olores fétidos, de putrefacción; también vieron una piscina con ropa, envases vacíos con olor a químicos, tanques de gas y dos bolsas con cadáveres, una con el nombre de Martha E. O., y otro con el nombre de Leobario L. Debido a las condiciones climatológicas y a la falta de equipo de protección, decidieron que los trabajos de recuperación de cuerpos e investigación iniciarían hasta el viernes 27 de junio.

La llamada inicial que se recibió en el puesto de mando del 911 y que se registró bajo el folio 0707425214, es otro dato de prueba. Los agentes municipales que respondieron a esa queja documentaron haber llegado a las 18:48 horas del jueves 26 de junio y percibieron un olor fétido que los condujo a un predio el cual estaba abierto e ingresaron.

En el patio, los municipales vieron una carroza abierta, observaron la cabeza de una persona recostada al interior del automotor y le preguntaron si necesitaba ayuda, al ver que no respondía se aproximaron y pudieron ver que no tenía signos vitales, que estaba acartonada. Luego se dirigieron a una habitación con una puerta en color blanco semi abierta y pudieron ver fluidos en el suelo, percibieron un olor penetrante y vieron una gran cantidad de cuerpos, algunos desnudos y otros con ropa, repartidos por varias habitaciones. Entonces procedieron a montar una vigilancia y avisaron a la Fiscalía.

El dueño del crematorio, José Luis, fue asegurado el viernes 27 de junio en las instalaciones de COESPRIS, en Pueblito Mexicano, y al día siguiente detenido, pero por el delito de resistencia de particulares, ya que presuntamente se mostró violento, aventó a un agente ministerial cuando se le cuestionó si “quemaba un cadáver y entregaba cuatro cenizas”.  

En la entrevista ministerial, el empresario José Luis A.C., de 37 años, dijo que es dueño del crematorio, el cual es un negocio familiar en el que empezó a participar en 2020 y tras la muerte de su padre, Luis Arturo Arellano Barnola, en 2023, se quedó a cargo.

José Luis también señaló que Facundo Teófilo lleva 40 años trabajando con esa familia y los últimos cinco años como encargado. Indicó que el crematorio daba servicio a las funerarias Luz Divina, Capillas Protecto, Latinoamericana y Amor Eterno.

El otro acusado, Facundo Teófilo, de 64 años, fue asegurado en su casa y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para una entrevista ministerial, en la que refirió que en el crematorio no había agua, ni energía eléctrica, ni cámaras de refrigeración, tampoco gas, y dijo que estaba imposibilitado para usar el horno crematorio. También aseguró que todo estaba bien en el establecimiento, excepto que estaba un poco atrasado con el trabajo, primero afirmó que tenía como seis cuerpos pendientes, después que 80 y luego que 160.

Presuntamente, él también se mostró agresivo, insultó a los agentes investigadores y fue detenido por resistencia de particulares. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión y arrestos a ambos hombres.

La esposa del dueño del crematorio, Jesica Janeth Bone Montes, también fue entrevistada por el MP y dijo que José Luis estaba a cargo de contactar a las funerarias para el servicio de cremación, de recibir los cadáveres y de entregar las cenizas. Agregó que en varias ocasiones Facundo faltaba a trabajar, pero no lo podían despedir porque no era tan fácil encontrar a un trabajador con los conocimientos para laborar en un negocio de ese giro.

La mamá del empresario acusado, Rosa María Cuarón Rivera, también fue entrevistada en las instalaciones de la Fiscalía. Ella se identificó como propietaria del inmueble donde funcionaba el crematorio. Explicó que el negocio fue iniciado por su esposo, Luis Arturo Arellano Barnola, quien falleció hace dos años, y como ella tiene problemas de salud, su hijo José Luis lo administra y maneja desde hace dos años.

Casi al finalizar la exposición de datos de prueba, el fiscal citó un dictamen, una opinión técnica y mostró parte de una serie fotográfica tomada por la médico y perito de Servicios Periciales, Ana Lorena González Sánchez. La especialista determinó que el crematorio no estaba en condiciones de uso y señaló que debido al embalsamiento y los químicos usados no se puede establecer con precisión la data de muerte de los cadáveres, pero estimó que podrían tener más de un año en ese sitio.

Algunas de las fotografías mostradas por el representante social al juez correspondían a autorizaciones de cremación a nombre de la funeraria Luz Divina; tanques de gas en el interior; el yeso del techo cayéndose; y cuerpos amontonados que parecían carcomidos, mostrando un color negruzco, incluso con algunos con objetos encima, también restos de cadáveres en estado de descomposición, con gusanos.

Las imágenes fueron observadas por los acusados. José Luis mantuvo en todo momento la mirada fija en el agente del Ministerio Público que presentó la acusación.

Previo a que se formulara la acusación, una de los tres abogados que representó a los detenidos, Mara Aidée Ávila, le pidió al juez que no permitiera que se presentara imputación por el delito federal, al señalar que el juez que emitió la orden de aprehensión lo hizo solo respecto al delito del fuero común y se declaró incompetente por cuanto a la conducta delictiva contemplada en la Ley General de Salud.

El fiscal argumentó que ese era el momento procesal oportuno para dar a conocer el hecho delictivo y la clasificación jurídica tanto a los detenidos como al Tribunal de Control.

Al final, el juez Apolinar Juárez Castro consideró que la formulación de cargos es una facultad exclusiva del Ministerio Público, dijo que hay una conectividad delictiva y permitió que se presentaran cargos legales por ambos delitos.

Otra incidencia fue planteada al juez antes de la formulación, la intención del Ministerio Público de hacer privada la audiencia bajo los argumentos de que el informe forense debería permanecer en secrecía, la información podría causar un daño a las víctimas, en un futuro podrían configurarse otros delitos, que el hecho ha provocado una conmoción social y por un interés de obtener justicia.

Los abogados defensores dijeron que ellos estaban de acuerdo en que la diligencia fuera privada, pero por motivos diversos, como la protección de los datos de los acusados.

El juez concluyó que uno de los ejes rectores del sistema penal es la publicidad, que se imparta justicia de frente a la sociedad. También, expuso que un derecho de las víctimas es el acceso a la verdad, la publicidad no arriesga el proceso penal, y dijo que la comunidad tiene un alto interés en este tema, por lo que desechó la petición.

FUENTE: LA VERDAD JUÁREZ.
AUTOR: BLANCA CARMONA.

El dueño de Carso pide más dinero privado en infraestructura: el Gobierno no tiene

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 ,

Slim Helú apuntó que la iniciativa privada puede fortalecer el desarrollo del país. Indicó que existe una situación delicada en el sector energético y mencionó las  finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex). "Las empresas han frenado proyectos y se van", aseguró.

El empresario Carlos Slim Helú hizo un llamado este martes, con motivo del Día Nacional del Ingeniero, para que haya más participación de la iniciativa privada en el desarrollo del país.

De acuerdo con publicaciones realizadas en X por Renato Flores, vocero de Grupo Carso, Slim aseguró que invirtiendo el 20 o 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) "no vamos a llegar a ningún lado", pues se necesita invertir para desarrollo, crecimiento y empleo. "Ahí entra la iniciativa privada (IP)", apuntó.
"Hay que invertir más, aumentarla en proporción al PIB, y debe agregarse el combate a la pobreza, no sólo dando dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar", agregó el empresario.
El ingeniero y presidente vitalicio de Grupo Carso también aseveró que las obras de infraestructura significan desarrollo y crecimiento para el país. "El Gobierno está consciente de que debe haber inversión privada y, además, no tiene dinero para invertir. Por eso no veo ningún obstáculo, pero también hay que insistir", anotó en el evento organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI).
"Hay recursos privados para financiar buenos proyectos, como la desalinización del agua o la reparación de las redes de distribución de agua potable que tienen severas fugas", sostuvo.
Carso ha sido contratista del Gobierno en múltiples ocasiones en el pasado. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a través de su división Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa), el consorcio participó en el proyecto del Tren Maya, específicamente en el tramo 2. La empresa fue contratada por Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para este tramo y presentó la mejor propuesta técnico-económica.


Slim Helú apuntó que existe una situación delicada en el sector energético y mencionó las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex). "Debido a que Pemex no está pagando a proveedores y productores, las empresas han frenado proyectos y se van. Hay que encontrar una solución para que Pemex esté en una mejor posición", dijo.
"Tenemos mucho retraso en infraestructura, pero tenemos problemas más delicados, como la situación financiera de CFE y el freno a la inversión privada en el sector eléctrico", afirmó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

ASF observa 660 millones de pesos por irregularidades Cuenta Pública 2024

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 ,

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 660 millones de pesos en su primera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024. Del monto total señalado por irregularidades en el ejercicio de gasto federal 413 millones corresponden a entidades federativas y 248 millones fueron determinados a los entes federales.

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, precisó que 60% de lo observado es de los estados, 30 por ciento corresponde a entidades de la administración pública federal y 10 por ciento a diversas empresas productivas y subsidiarias, así como algunas secretarías de Estado.

Esta primera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024 contempla 152 auditorías de las cuales, 99 fueron ejecutadas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, encabezada por Emilio Barriga Delgado; 19 por la Auditoría Especial de Desempeño, cuya titular es Arely Gómez González y, 34 por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, a cargo de Martín Sánchez Arroyo.

En esta primera entrega se están reportado más de 107 millones de pesos recuperados en favor de la Federación, de los cuales, nuevamente más del 90 por ciento derivó de las auditorías a las entidades federativas, indicó este 30 de junio de 2025.

Colmenares Páramo aseveró que se realizaron 19 auditorías de desempeño, de las cuales se desprendieron 18 recomendaciones para entes federales. La totalidad de éstas fueron acordadas con las entidades fiscalizadas, lo que se traduce en un nivel de eficacia del 100 por ciento en su determinación, ya que, al ser acordadas, se reconoce por parte de los entes fiscalizados la mejora detectada, abundó.

En total, la ASF estará realizando 2 mil 199 auditorías a diversos entes fiscalizados por la Cuenta Pública 2024, indicó ante legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Suárez Licona dijo que ampliar la fiscalización de mil 814 auditorías en 2018 a más de dos mil 300 en el ciclo 2023-2024 implica el fortalecimiento de la vigilancia sobre el uso de recursos.

Celebró que se iniciaran 400 expedientes por posibles faltas graves, que involucran más de 180 mil millones de pesos, y se promovieran 11 mil procedimientos por faltas no graves y la recuperación patrimonial por más de 13 mil millones de pesos. Cada hallazgo e irregularidad detectada debe tener consecuencias y sanciones, manifestó el legislador tricolor.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Guevara Rodríguez, consideró necesario recuperar el equilibrio en la fiscalización entre la Federación, estados y municipios; priorizar las auditorías donde realmente está el dinero y dejar de actuar como si el gasto federal fuera invisible o, incluso, intocable.

“A nuestra generación le toca alzar la voz, señalar lo que no funciona y construir instituciones sólidas, autónomas, genuinas, al servicio de la dignidad humana y del bien común”, apuntó.

La diputada morenista, Gissel Santander Soto, aseguró que “como nunca antes los municipios están siendo vigilados, acompañados y asesorados” y se pronunció por que el enfoque preventivo sea también regional y estratégico, y esté presente desde esta primera etapa.

OBSERVAN 2.7 MILLONES A BAJA CALIFORNIA

En su primera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024, la ASF observó 2 millones 729.9 miles de pesos por el Fondo de Aportaciones Múltiples (2 millones 720.3 miles de pesos) y 9 mil 500 pesos por la distribución de participaciones federales.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.
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