Según datos de Artículo 19, en los últimos 15 años se han registrado 28 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas como consecuencia de ejercer su labor.
Este miércoles, Teresa González Murillo, madre buscadora del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, falleció luego de ser herida en un atentado el pasado 27 de marzo en su domicilio, ubicado en la colonia San Marcos en Guadalajara, con lo que sumarían 28 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas en los últimos 15 años.
Entre las agresiones más recurrentes contra las personas buscadoras, según el documento del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se encuentran las agresiones físicas; como golpes, heridas con objetos punzocortantes y que les arrojen objetos con el fin de lastimarles durante el volanteo, pega de fichas de búsqueda e incluso mientras salen de las fiscalías de sus estados de procedencia.
El colectivo documentó la agresión y, luego del fallecimiento de González, exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de todas las personas dedicadas a esta labor pero, ¿es esto posible?
En medio de la crisis de inseguridad y violencia, los ataques contra personas buscadoras y colectivos dedicados a esta actividad persisten, aún cuando el tema de seguridad y protección ya se ha llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de mejorar las medidas de protección que se les debería de dar a estas personas por medio del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, son acciones que no se han llevado a cabo.
Mientras tanto, desde el año pasado, el colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) publicó un documento en el que se tipifican las agresiones que sufren los colectivos de búsqueda y recomendaciones al Estado para su protección, sin embargo, no han sido retomadas ni atendidas por ningún órgano competente.
Ataques armados, amenazas y hostigamiento: las agresiones más recurrentes a personas buscadoras
Las amenazas que reciben las personas buscadoras van desde la intimidación con hacerles daños físicos graves o provocar la pérdida de empleo, hasta la muerte propia o de otros familiares.
En nuestro país, el delito de amenazas se encuentra estipulado en el artículo 282 del Código Penal Federal, en donde se establece que, “se impondrá una sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa a quien amenace a otra persona con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos”.
El hostigamiento es emitido no solo por integrantes del crimen organizado sino también por autoridades ministeriales que entre las acciones que realizan se encuentra hacer llamadas telefónicas de números desconocidos para amenazar, fotografían a las personas en sus jornadas de búsqueda sin su consentimiento y realizan denuncias falsas con el fin de promover la criminalización y, por ende, justificar la presencia de autoridades y prensa en su lugar de trabajo y domicilio.
Los ataques armados que se han registrado van desde disparos al aire durante las jornadas de búsqueda, a las afueras de sus domicilios y finalmente, ataques directos en los cuales también han resultado lesionados integrantes de la policía estatal, municipal y la Guardia Nacional, pues se ha identificado que los atentados han sido por parte del crimen organizado.
En 15 años hay cerca de 28 asesinatos y desapariciones de personas buscadoras
Según datos de la organización Artículo 19, entre 2010 y los primeros meses de 2025 se han registrado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas en el país. Los estados con mayor incidencia son Guanajuato con ocho casos; Michoacán y Sonora con tres casos cada uno; Sinaloa, Veracruz y Jalisco con dos casos cada uno. Otros estados en donde se han registrado al menos un caso son Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, con un caso cada uno.
A raíz del reciente fallecimiento de la buscadora Teresa González Murillo, es pertinente recordar a algunas de las otras defensoras de Derechos Humanos que por su labor de búsqueda han sido asesinadas.
Sofía Raygoza Ceballos, activista y madre buscadora, fue encontrada muerta y con signos de violencia el pasado 8 de febrero de 2025. Días después del hallazgo, la Fiscalía de Zacatecas confirmó que su cuerpo había sido encontrado en un vehículo gris en el municipio de Villanueva.
Ceballos se había convertido en un icono del movimiento de madres buscadoras en su estado, a raíz de la denuncia que emitió ante la desaparición de su hija Frida Sofía en febrero de 2023 y reprochaba la negligencia de las autoridades zacatecanas ante el caso.
Teresa Magueyal, defensora de Derechos Humanos, fue asesinada a balazos por un grupo de hombres armados no identificados el 2 de mayo de 2023 en Celaya, Guanajuato.
Teresa viajaba en su bicicleta cuando hombres armados la atacaron a balazos a un costado de un jardín de niños de la comunidad de San Miguel Octopan, ella buscaba a su hijo desaparecido desde el 6 de abril de 2020.
Javier Barajas Piña, abogado y buscador de personas desaparecidas desde que su hermana Guadalupe desapareció en febrero de 2019 en Salvatierra, Guanajuato. Piña fue asesinado a quemarropa por personas desconocidas en el centro de dicho municipio. Meses antes de su asesinato se había incorporado a la Comisión Estatal de Búsqueda, lugar donde promovía el derecho a la verdad de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato.
Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora, fue asesinada a tiros el 4 de octubre de 2022 por un grupo de sujetos armados que la interceptaron a las afueras de su domicilio en Puebla.
Desde 2021, Gallardo buscaba a su hija Betzabé Alvarado y aunque identificó al presunto responsable de la desaparición, las autoridades no actuaron ni la protegieron, según denuncian colectivos de búsqueda.
María del Rosario Zavala, madre buscadora, fue asesinada el 14 de octubre de 2020 en su domicilio en Guanajuato, horas después de hacer una última jornada de búsqueda de su hijo Yatziri Misael Cardona Aguilar, secuestrado el 23 de diciembre de 2019. De acuerdo con medios, el 27 de junio de 2022 sujetos armados también asesinaron a Jorge Ulises Zavala, otro hijo de María del Rosario.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
