Un grupo de hombres armados incendiaron una clínica de salud privada donde, de acuerdo con información de la Sedena, se atendían personas ligadas al Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por “El Marro”.

De acuerdo con Reforma, los hombres llegaron al inmueble, identificado como Clínica San Fermín, realizaron disparos en el lugar y esparcieron líquido inflamable.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya ejecutó la orden de aprehensión que tenía contra Rautel “N” por su presunta relación con el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz la semana pasada.

En tanto, la fiscal, Ernestina Godoy, reveló que Rautel “N”, es un empresario que tiene negocios en Morelos y Acapulco, Guerrero, lo que podría dar una pista sobre la relación o nexo que éste tendría con el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, según lo denunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Hace cinco años, la joven Guadalupe Pamela Gallardo Volante, de 23 años, fue a un concierto en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, y ya no volvió a su casa; está desaparecida y las autoridades son omisas.

Este lunes, su madre, María del Carmen Volante, denunció que la investigación en la Fiscalía General de General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) “está parada” y que Martí Batres, secretario de Gobierno, “han fallado” en cumplir su compromiso de buscarla. Acusó a ambas instituciones de omisión.

Las personas que fueron inhumadas de manera clandestina en la colonia Santa Fe, de Irapuato, habrían sido asesinadas hace menos de un mes. Por las características de los restos encontrados -53 bolsas de plástico negras-, integrantes del colectivo Hasta Encontrarte estiman que los cuerpos no tenían mucho tiempo enterrados.

“Murió por infarto, no hay feminicidio” dijo la Fiscalía de Morelos sobre la muerte de Alondra, de 16 años, a inicios de 2022. Meses después la misma institución dijo que Ariadna López “murió por broncoaspiración”, en un caso que ha provocado indignación por el manejo de las investigaciones sobre feminicidios.

El estado de Morelos tiene alerta de género en ocho municipios, desde 2015. Cifras oficiales, de la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones civiles coinciden en que apenas la mitad de las muertes de mujeres se clasifica como feminicidios; una treintena en lo que va del año.

Por pagos a trabajadores no localizados o que no contaban con la preparación académica para desempeñar los puestos; por posibles servicios simulados, y por no acreditar el motivo por el que recursos fueron dispersados a cuentas no relacionadas con el programa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama a tres instituciones de educación superior en Hidalgo la comprobación o reintegro de 19 millones 361 mil 269 pesos que recibieron de los “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” el año anterior.

El 96% de este monto, que asciende a 18 millones 680 mil 722.99 pesos, debe ser justificado por la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP).

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) condenó el asesinato de la madre buscadora María Carmela Vázquez, perpetrado por sujetos armados el pasado 6 de noviembre en Abasolo, Guanajuato.

Vázquez buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, desaparecido el 14 de junio de 2022. Durante el proceso de búsqueda, su hija, Lesly Zúñiga Vázquez, también fue asesinada en Celaya, informó el Movimiento.

Se trata de un lote de 4 mil 830 metros cuadrados propiedad de Inmobiliaria Trepi, SA, adquirido por una aportación de inmuebles a la sociedad desde 1968. Colinda con el helipuerto de Las Lomas, tiene vista a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y queda a dos cuadras de Paseo de la Reforma.

De acuerdo con un informe interno de la Sedena, realizado en agosto pasado y que forma parte de los miles de documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, actualmente la dependencia castrense mantiene abiertos 125 litigios en los que se le reclama el pago total de mil 396 millones 813 mil 783.29 pesos.

Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, colaboró con el Cártel de Sinaloa durante casi 20 años, incluso después de que fue detenido en Dallas, Texas, Estados Unidos, el 10 de diciembre de 2019.

Así lo afirmó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en una carta enviada a la Corte para que avance el caso judicial contra el ex funcionario federal mexicano. Sin embargo, los abogados de García Luna han asegurado que la acusación contra su cliente es frágil, porque abandonó la vida pública al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa, el 30 de noviembre de 2021, y han pedido que se desechen los cargos en su contra, bajo el argumento de que ya han prescrito.

Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), informó que la madrugada del 8 de noviembre de 2022, detuvieron al hermano de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, ex líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), dedicado al robo de combustible o “huachicoleo”.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el mando militar dijo que Juan Rodolfo Yépez Ortiz, alias ‘El Rudy’, ‘Rodo’ o ‘Rudo’, de 39 años de edad, fue detenido con 60 mil dólares estadounidenses y 40 mil 500 pesos mexicanos.

César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero, abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa, presentaron una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de falsear información en torno al caso.

Los litigantes acusaron a Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes: el Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el General José Rodríguez Pérez y el Capitán José Martínez Crespo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó del hallazgo de ocho cuerpos en cuatro fosas, en una zona cerca al panteón del municipio de Tarímbaro, ubicado a poco más de 10 kilómetros de Morelia.

La FGE detalló que los ocho cuerpos aún no se encuentran identificados, pero que ya inició una carpeta de investigación para indagar los hechos.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, negó “categóricamente” los señalamientos en contra de él y su institución sobre las causas de la muerte de Ariadna Fernanda López luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusara al Fiscal de haber encubierto el feminicidio de la joven, quien fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán.

Mediante un comunicado, la Fiscalía estatal aseguró que las acusaciones carecen de todo sustento y defendió el dictamen de necropsia, pues señaló que fue realizado por médicos forenses certificados “pertenecientes a una Fiscalía autónoma, ajenos a la alteración de pruebas o fabricación de delitos y quienes fueron los primeros que tuvieron contacto con el cuerpo de la víctima”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Fiscalía General de la República debe atraer el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda para esclarecerlo lo más pronto posible.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que al haber versiones distintas sobre la causa de la muerte de la joven entre las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México, lo mejor es que la FGR tenga las carpetas de investigación.

El celular de Rautel “N”, señalado como responsable del presunto feminicidio de Ariadna Fernanda, se movió desde la Ciudad de México hacia la zona en Morelos donde fue encontrado el cuerpo sin vida, afirmó el titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

La Jefa de Gobierno de la capital mexicana elevó hoy el tono contra el Fiscal de Morelos, a quien exhibió como un individuo oscuro que deliberadamente manipuló el feminicidio de Ariadna Fernanda López para inculparla a ella de su propia muerte.

Mostró una cronología que hace aún más evidente que hubo un intento por ocultar el crimen por el que Vanessa “N” y Rautel “N” están ya detenidos como principales sospechosos. El titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGJ-Morelos) había dicho que la víctima murió, básicamente, por exceso de ingesta de alcohol.

Un Juez de control dictó prisión preventiva contra Rautel “N” por el feminicidio de Ariadna Fernanda López, de 27 años de edad, quien fue hallada sin vida en una carretera de Morelos el pasado 31 de octubre.

La audiencia continuará el próximo domingo, donde se definirá su situación jurídica luego de que su abogado solicitara la duplicidad del término constitucional.

Al menos nueve entidades no han ejercido en su totalidad los recursos que se destinaron, en 2021, para la búsqueda de personas, mientras que colectivos de madres, padres y familias que buscan a sus seres queridos padecen la falta de presupuesto para llevar a cabo estas labores que muchas veces son dejadas de lado por las autoridades.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó en su Informe de la Cuenta Pública cómo en Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México se reintegraron al menos 121 millones 721 mil 500 pesos, de los 581 millones 941 mil pesos que se transfirieron a 30 entidades federativas para realizar acciones para la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

En sus informes 2019 y 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no cuenta con mecanismos para verificar y detectar riesgos en el uso de los recursos que transfiere a las comisiones de búsqueda locales; además, documentó la devolución de más de 120 millones de pesos de manera injustificada por parte de dichos organismos durante el año pasado.

En 2019, primer año en el que se distribuyeron más de 240 millones de pesos entre 20 comisiones estatales, el órgano fiscalizador auditó los recursos destinados al programa U008 “Subsidios para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, y concluyó que la CNB no tuvo mecanismos de supervisión para verificar que a los recursos transferidos a las comisiones estatales se les diera uso y destino para acciones de búsqueda de personas.