El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han opuesto a cumplir con el informe sobre el caso Ayotzinapa elaborado por la Comisión de la Verdad, que es liderada por Alejandro Encinas.

El Jefe del Ejecutivo, en cambio, sí se dijo consciente de que adentro de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero pueda haber funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que estuvo en manos de Jesús Murillo Karam, hoy preso por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Pueblos de Oaxaca exigieron al Estado mexicano la prohibición del uso de agrotóxicos, no sólo del glifosato, y del cultivo de transgénicos en sus territorios y en todo el país, en el marco del Día Estatal en Defensa del Maíz Nativo, el pasado 29 de septiembre.

Reunidos en el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, los pueblos recordaron que los agrotóxicos han causado muertes en comunidades humanas, animales, vegetales y de hongos, y que en particular en comunidades oaxaqueñas los campesinos «se han ilusionado por la productividad y los resultados rápidos pero peligrosos».

Un “grupo internacional de hackers”, auto denominados Guacamaya, obtuvieron al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

La información fue compartida por los denominados “hacktivistas” al medio digital Latinus, que la dio a conocer la noche del 29 de septiembre del 2022, a través del programa semanal que conduce el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien calificó como “la más grave vulneración a la ciberseguridad del Gobierno de México en su historia”.

La madrugada del 26 de septiembre de 2014, entre los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que fueron agredidos y posteriormente desaparecidos por autoridades de distintos niveles y miembros del crimen organizado, se encontraba un muchacho que, además, era parte del Ejército mexicano: José Luis López Patolzin.

“Su historia va más allá y da un giro clave a los hechos”, narra un nuevo video realizado por la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y publicado este viernes en la cuenta oficial del Gobierno de México.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca se despidió desde el martes pasado, por medio de un video, de su gestión, aunque desde hace cuatro meses, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) perdió Tamaulipas, “él sacó a su familia y prácticamente la Casa de Gobierno ha estado vacía”, reveló la periodista Martha Olivia López, Directora de En un 2×3.

El 1 de octubre de 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tomó protesta como el primer Gobernador de la oposición luego de 86 años sin alternancia en Tamaulipas: “Lograr un Estado seguro, participativo y democrático es uno de los compromisos que adquirí y tengan la certeza que cumpliré. Aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido esta tierra; aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido Tamaulipas”. Esas fueron sus palabras y promesa ese día.

Hoy, seis años después, deja el Gobierno de ese estado en medio de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia a la que las autoridades entrantes, el Congreso y analistas piden tomar las medidas adecuadas para evitar una fuga del mandatario saliente y hacer valer la justicia.

Decenas de miles de correos electrónicos alojados en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron hackeados por un grupo internacional de activistas y revelan detalles sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el periodista Carlos Loret de Mola en el capítulo 96 de su programa semanal en el canal Latinus.

En lo que se presenta como “el ciberataque más grave que haya sufrido el gobierno de México en su historia”, los correos vulnerados –que datan de 2016 hasta septiembre de 2022– revelarían además disputas entre los titulares de la Defensa y la Marina, así como información sobre el operativo en el que fue capturado y luego liberado Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un juez dictó prisión preventiva contra el exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, por el delito de ejercicio abusivo de funciones relacionado con el desvió de más de 9 millones de pesos.

Los exregidores Anayeli Fabiola “N” y Enrique “N” también quedaron en prisión, luego de que el agente del Ministerio Público presentó prueba contra los exfuncionarios.

Autoridades de Durango informaron de un derrumbe en la mina Gambusina en el municipio de Indé.

A través de redes sociales, Protección Civil del estado de Durango informó que tras el reporte del derrumbe, el coordinador, así como personal de la dependencia, se trasladaron al lugar de los hechos.

Después de que el pasado 25 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), se equivocara al anunciar la detención de Cristian Solís, a quien le atribuyó ser propietario de la mina “El Pinabete", en el municipio Sabinas, Coahuila, donde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados 10 mineros, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo García Berdeja, informó que hasta la mañana de este jueves 29, sigue pendiente la detención de los propietarios.

El día 25, la FGR dio a conocer que la detención se realizó por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, pues Cristian Solís presuntamente explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación.

El gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo firmó un contrato por hasta 23 millones de pesos para evento del festejo del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre que incluyó el concierto de Los Tigres del Norte.

El Universal publicó que el contrato fue signado entre la Secretaría de Cultura capitalina y la empresa Kit Wear. Por la administración local firmó Argel Gómez Concheiro, director general de Grandes Festivales Comunitarios, y por la empresa el apoderado legal Edwin Gafyd Flores Gordillo.

Después de casi seis meses de la desaparición de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, ocurrida en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el pasado 8 de abril, por fin, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer la carpeta de investigación por feminicidio que estaba desarrollando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Después de que la insistencia de los padres de la joven obligaron a contratar a otro equipo de peritos forenses, quienes aclararon que la causa de su muerte fue “por sofocación y que su cuerpo no fue sometido a violencia sexual” y no, por una contusión profunda del cráneo, como la Fiscalía estatal había señalado.

A partir de la próxima semana, los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México pondrán en marcha una estrategia de seguridad metropolitana para combatir el robo a bordo de las unidades del transporte público en las zonas colindantes de Iztapalapa con Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz.

Acompañada de las autoridades policíacas de ambas entidades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que este delito ha bajado en toda la ciudad, pero en algunos puntos de Iztapalapa la disminución ha sido menor, por lo que se determinó reforzar la vigilancia en avenidas como Zaragoza y Ermita.

La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.

Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).

Preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 del estado de Chihuahua, Duarte Jáquez entra y sale de su celda constantemente con motivo de sus enfermedades para ser atendido en hospitales de lujo, privilegio del que no gozan sus compañeros de cárcel.

La versión de las presiones del Ejército al subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para evitar encarcelar a militares, son rumores porque saben que no se puede encubrir a quien comete un delito, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los procesos judiciales en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se buscó girar órdenes de aprehensión contra más militares, fuera de lo que indica el informe de la Covaj, porque buscaron dinamitar la investigación y generar una rebelión dentro del Ejército mexicano.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pedirá al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, una reunión para conocer por qué la Fiscalía decidió cancelar 21 órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

Desde el Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, el Ejército mexicano dio seguimiento en tiempo real al secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin embargo todavía se niega proporcionar toda la información generada por los militares, argumentando que esa instalación no existía en 2014, indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que él personalmente aceleró el arresto de figuras relevantes en el caso Ayotzinapa, y que dio la instrucción directa “y por escrito” al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el General Luis Cresencio Sandoval González​, para que los cinco militares involucrados en la desaparición y muerte de algunos de los 43 normalistas fueran detenidos.