El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que la regulación de la propaganda fue uno de los asuntos puntuales que permitió consolidar la democracia en México, con la perspectiva de que fueran los ciudadanos quienes tomaran las decisiones, en libertad, sin injerencias indebidas de ningún tipo.

Sostuvo que esas reglas no fueron introducidas por las autoridades electorales sino por los propios actores políticos, por lo cual celebró que el Tribunal Electoral mantenga las reglas del juego vigentes, en alusión a la inaplicabilidad del decreto sobre propaganda aprobado por la mayoría Morenista. 

La procedencia de los restos del normalista de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio, que supuestamente habían sido encontrados en el río San Juan en octubre de 2014, es “la gran duda” que podría arrojar luz sobre el destino de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Al menos seis cabezas humanas fueron localizadas en la canastilla de un vehículo esta mañana en el bulevar Eucaria Apreza de Chilapa.

Fuentes policíacas informaron que a las 07:30 horas recibieron el reporte de que había cabezas humanas en la entrada de la vialidad, frente a la calzada de La Virgen.

John Kerry, enviado especial para el clima del Gobierno estadounidense, llegó este jueves a Palacio Nacional en la capital de México para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por la tarde, con quien dialogará sobre los efectos de la Reforma Eléctrica junto con 20 empresarios.

Poco antes de las 14:00 horas, el funcionario de Estados Unidos y su comitiva ingresaron al despacho de Gobierno, donde se espera que primero disfrute de una comida con el mandatario mexicano y los miembros del sector privado. Además, por la mañana estuvo en la sede de la Embajada de su país.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expulsó este jueves 31 de marzo, a Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre del 2021, tras aceptar la titularidad Embajada de México en España, cargo ofrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al actual ex mandatario estatal se le quitó su militancia tras “haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los estatutos”.

La Reforma Electoral que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya provocó el rechazo por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, en especial en el tema de la desaparición de los plurinominales.

Para el Consejero presidente, Lorenzo Córdova, el sistema electoral actual funciona “muy bien” y para proponer una Reforma Electoral se debe partir de un diagnóstico serio.

A casi siete años de que el 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres y un hombre, entre ellos la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, el equipo de abogados de las víctimas documentó que en este multihomicidio participaron más personas de las tres que la Fiscalía detuvo e imputó por este caso, y que uno de los detenidos como autor material, si bien habrá participado en la planeación del asesinato, no estuvo presente en el lugar de los hechos. 

“Para mí, fue muy emotivo ver la unanimidad de votos de la Suprema Corte de Justicia estableciendo que no había delito imputable a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, pues con eso puedo, con toda libertad, decir que estuvo bien lo que yo hice cuando, en marzo de 2016, acordé el no ejercicio de la acción penal de esa misma averiguación previa, y el único resultado que obtuve fue que me giraron una orden de aprehensión y perdí mi trabajo, mi prestigio, todo, perdí todo”.

La participación de un tercer auto sedán con al menos dos cómplices más, y la omisión de investigar una línea de teléfono debido a errores en su captura por parte del Ministerio Público, son los nuevos hallazgos en la investigación del multifeminicidio y homicidio del llamado Caso Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal acusó que con argumentos ilegales e injustificados, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa quitó las suspensiones impuestas al Tren Maya, que protegían a la flora y fauna de Yucatán, aun cuando ya las había confirmado.

Esta organización inició en enero del 2021 un juicio de amparo contra el Tren Maya por las violaciones al derecho al medio ambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario a participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales.

El común denominador de dichas empresas es que en sus directorios han integrado a un veterano de la camarilla “tecnócrata” de los noventa, funcionario de varios sexenios y alto ejecutivo empresarial: el economista Luis Téllez Kuenzler.

Un ataque armado a un comercio en la zona céntrica de Ciudad Hidalgo, Michoacán, dejó cuatro personas muertas.

De acuerdo con información de las autoridades de seguridad, hombres armados arribaron abordo de un vehículo, descendieron y entraron a un negocio, ubicado sobre la Avenida Morelos Oriente, y dispararon contra quienes se encontraban en el local y después huyeron.

Conocer cómo se desarrolló la sesión en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Asamblea de Asociados del CIDE votaron a favor de la modificación del Estatuto General de este centro de investigación y con lo que se buscó legitimar a posteriori los nombramientos de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, y el de Jordy Micheli como secretario académico, no será posible hasta el 2025 porque el Conacyt decidió que esta información es clasificada.

A través de solicitudes de información pública, Animal Político solicitó el video de la sesión, la minuta y el acta que se levantó en la sesión, sin embargo, la dependencia encabezada por María Elena Álvarez-Buylla informó que no está disponible.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó de cualquier responsabilidad en el caso Ayotzinapa, al actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien –dijo-- en el momento de la masacre y desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala en septiembre de 2014, se desempeñaba como comandante de la Octava Zona Naval en el puerto de Acapulco.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y el llamado Grupo Plural interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental para que los servidores públicos no tengan que sujetarse a la veda electoral para el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 17 de marzo, Morena y sus aliados en el Congreso avalaron un dictamen para interpretar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que no se consideren como propaganda gubernamental las expresiones de funcionarios públicos. El mismo día, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“La investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía especial”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que “es muy difícil” que el jefe del Estado mexicano, no se entere de un asunto delicado.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) solicitó a las autoridades mexicanas una «investigación exhaustiva» sobre las imágenes del video del basurero de Cocula, Guerrero, que reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su tercer informe del Caso Ayotzinapa, con el que se confirmó la participación del ejército y la Marina en la fabricación de la «verdad histórica» que dice que los 43 normalistas fueron incinerados.

La intervención de las fuerzas armadas en el basurero de Cocula, recordó el EAAF con base en el informe, «no se encuentra registrada en el expediente, ni figura allí tampoco una justificación para la misma», por lo que resaltó la urgencia de una investigación sobre los hechos.

De enero a diciembre de 2021 se registraron 238 agresiones contra defensores ambientales en México, de las cuales 25 fueron asesinatos, 24 ataques físicos, 65 intimidaciones, 36 hostigamientos y 31 amenazas, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

De acuerdo con el CEMDA, en 16 eventos de agresión se identificó como perpetrador al gobierno federal, en 11 eventos a gobierno y empresas, en diez eventos a gobiernos estatales, en nueve a la delincuencia organizada, en seis a empresas privadas y en cinco a gobiernos municipales.

Las actitudes que ha tomado el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no corresponden con lo que se espera del titular de esa institución, desde 2019, autónoma. Según la propia visión de la FGR, está tiene que “otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general”.

La actuación de Gertz Manero tampoco está en consonancia “los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad”, que requiere encarnar el titular de la FGR. Por tanto, a la luz de los hechos recientes, Gertz Manero es un Fiscal indigno.

Un elemento de la Policía Municipal de Querétaro fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia en el ejercicio de funciones por los hechos violentos que se presentaron durante el partido entre los Gallos Blancos y el Atlas, celebrado el pasado 5 de marzo, en el Estadio Corregidora que dejaron 26 heridos.

La Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, explicó que la pena máxima que se le podría aplicar por el delito de abuso de autoridad, es de ocho años de prisión.