La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó frenar los juicios de amparo pendientes en juzgados y tribunales de todo el país, en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), hasta que el pleno de ministros resuelva sobre la constitucionalidad de esta norma, la cual es impugnada por empresas privadas de generación de energía.

Este tipo de aplazamientos es un procedimiento que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para los casos en los que se acumulan varios amparos sobre un mismo tema y se detecta que en las instancias iniciales se han emitido fallos contradictorios entre sí.

Una joven está entrando a su quinto semestre de universidad. Será la primera ocasión, en dos años, que acudirá a su universidad. Todas las clases las ha tomado en línea, con un sistema bastante eficiente pues la suya es una universidad privada que ha acercado a los alumnos distintas plataformas para el acceso a la educación a distancia. Sin embargo, no conoce un laboratorio, ni un taller.

Otro joven, varón, ha iniciado sus estudios tecnológicos, y en la primera semana, dos maestros no encendieron su computadora para dar la clase en línea como estaba programado en el horario entregado a los estudiantes. Fueron cuatro horas de la semana perdidas.

El miércoles se cumplieron 25 años desde que un diario de Connecticut sacó a la luz uno de los mayores escándalos de abuso sexual de la Iglesia Católica: el caso del padre Marcial Maciel, un sacerdote mexicano denunciado posteriormente como un pederasta en serie que violó al menos a 60 chicos.

El diario informó entonces que ocho hombres acusaron al venerado fundador de la orden religiosa Legión de Cristo de violarlos y acosarlos cuando eran niños que aspiraban al sacerdocio.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este miércoles como “una muestra de impunidad” la supuesta “Operación de Estado” que se llevó a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala, así como a altos funcionarios en el caso del incendio en la Guardería ABC, como lo denunció ayer Arturo  Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El informe de Baker Hughes, que descartó un conflicto de interés por el tema de la casa en Houston y los contratos con Pemex, es un trabajo serio y, para los que dudan de sus conclusiones, en caso de que hubiera falsedades, esto tiene severas consecuencias para los trabajadores de la empresa y para la compañía en Estados Unidos, señaló Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y América del Sur, en entrevista para El Economista.

“Somos una empresa que cotiza en Bolsa y que además debe cumplir con las leyes anticorrupción de Estados Unidos que regulan las operaciones de empresas estadounidenses en el extranjero. En caso de incumplir con esas leyes puede haber fuertes sanciones económicas y cárcel para los responsables”, explicó el directivo en entrevista con Luis Miguel González y Diego Badillo.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en el Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que la propuesta le fue formulada por un periodista durante su vista al norte de la República. Los fondos saldrían de una parte del presupuesto que el gobierno federal destina a los contratos publicitarios con los medios de comunicación.

La fracción parlamentaria del Partido Morena en la Cámara de Diputados se encuentra impulsando una iniciativa de reforma en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para impedir las aportaciones de asociaciones, gobiernos o empresas extranjeras a organizaciones no gubernamentales que se dedican a actividades de cabildeo y “litigio contra México“.

Margarita Zavala Gómez del Campo, actual Diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) y esposa del expresidente Felipe Calderón, negó la mañana de este miércoles las declaraciones que hizo ayer Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien denunció que durante el sexenio calderonista hubo una “operación de Estado” para proteger a su familia, así como a altos funcionarios en el caso del incendio en la Guardería ABC.

El Gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa presionó para que no saliera el proyecto resolutivo sobre el caso del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 y donde murieron 49 niños, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Durante la presentación de su libro Diez años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal confesó que el caso que más lo conmovió como Ministro fue cuando, a dos meses de haber estado dentro de la Suprema Corte, estuvo a cargo del caso de la Guardería ABC.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llamó a las autoridades de la Ciudad de México a “evitar la criminalización niñas, niños y adolescentes”, así como tomar medidas policiacas como el programa “Mochila Segura”, como respuesta al reciente caso en que un estudiante de secundaria ingresó un arma a la escuela.

El adolescente fue descubierto el lunes en el salón de clase de la Escuela Secundaria Diurna No. 79 República de Chile, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que, al manipular el arma, resultó lesionado en un tobillo y una esquirla hirió a una de sus compañeras, de acuerdo a reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR) que entregue copias de las carpetas de investigación que abrió en contra de Pío López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que la Fiscalía no ha cumplido con la solicitud previa.

El Tribunal Electoral explicó que ya había emitido la primera orden el pasado 22 de diciembre con respecto a la indagatoria sobre el presunto financiamiento ilícito a Morena por parte de Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y David León, extitular de la Coordinación Nacional Protección Civil.

El asesinato de niños y adolescentes en Baja California ha sido una constante en los últimos cinco años, con un promedio de uno a dos menores de edad asesinados violentamente por semana.

Actualmente ranqueada como la segunda entidad federativa más insegura del país, la cifra de niños y adolescentes que han sido víctimas de agresiones criminales, aumentó de 13 casos registrados en 2015, a 55 en 2021, de acuerdo con estadísticas publicadas por el Secretariado Nacional de Seguridad.

Un comando asesinó la tarde de este martes a tres personas que se encontraban en el interior de una finca en el municipio de Santiago, 30 kilómetros al sur de la capital, informó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

El crimen múltiple fue reportado a las autoridades a las 12:06 horas, en la Carretera Acueducto–Monterrey, en el interior del Rancho La Parroquia, en la parte oriente de la presa de La Boca.

Con 86 periodistas asesinados desde 2011, 40 más desplazados de sus zonas de trabajo por la violencia, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos “se agravaron desde que comenzó la gestión de Andrés Manuel López Obrador”, quien, como otros funcionarios, “utilizan las ruedas de prensa oficiales para desacreditar el trabajo de comunicadores y medios críticos”, situación que dificulta el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.   

La conclusión forma parte de un informe realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), titulado “Bajo riesgo”, que analiza los mecanismos de protección a periodistas en los cuatro países considerados por la organización internacional como los más peligrosos del continente: México, Honduras, Colombia y Brasil.

La conductora de televisión y modelo, Michelle Pérez Tadeo, conocida como “Michell Simón”, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, fue hallada sin vida y con signos de violencia en un paraje del cerro del Ajusco, alcaldía Tlalpan, al sur de la capital del país.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el cuerpo de la joven fue hallado por trabajadores de una zona ejidal que mitigaban un incendio a un costado de la carretera Picacho-Ajusco, a la altura del kilómetro 32, correspondiente al pueblo de Santo Tomás Ajusco. El cuerpo estaba envuelto en sábanas y con golpes.

En 2020, el segundo año de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no logró mejorar sus mecanismos para evitar pagos irregulares, como los 28 millones de pesos entregados a jóvenes que se registraron para ser aprendices, pero en realidad eran beneficiarios de otros programas y empleados en la administración pública y privada. 

Además, la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde no presentó pruebas de las revisiones que, según los lineamientos del programa, se deben hacer a los centros de trabajo donde los jóvenes aprenden un oficio o adquieren experiencia laboral, como revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe sobre la Cuenta Pública 2020.

El proyecto del Tren Maya no tiene identificados cuáles serán los impactos ambientales que generará la construcción de más de 600 kilómetros de vías en los tres primeros tramos, que van de Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán, ni cuáles serán las medidas de prevención, mitigación y recuperación ecológica, ni cuánto invertirá para restablecer las zonas afectadas. 

Además, en los tramos 2 y 3 del proyecto, las obras del tren arrancaron sin contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que detallara tanto los daños ecológicos previstos con la construcción como las medidas de mitigación y restauración. 

Era el 20 de noviembre de 2021 cuando en Proceso publicábamos la investigación que demostraba que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, había entregado un cheque por 2 mil millones de pesos al presidente Andrés Manuel López Obrador por el supuesto combate a la corrupción, que provenía de acuerdos extrajudiciales, que a casi dos años de su entrega no se había podido utilizar y que había sido devuelto a la FGR. Dicha investigación fue confirmada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su revisión del ejercicio del gasto del 2020, ratificando que los 2 mil millones fueron regresados a la Fiscalía el 13 de abril del 2021.

Con una sanción de tres meses a siete años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Amortización (UMA), serán sancionados quienes dañen, perjudiquen, destruyan, interrumpan o lucren las vías generales de comunicación o los servicios de peaje.

Las multas oscilan entre los 8 mil 960 pesos hasta los 44 mil 800 pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la captura de cuatro personas que podrían estar relacionados con el crimen de Ana Paula Ruiz de los Santos, de 41 años, asesinada el sábado por la noche en San Cristóbal de Las Casas y quien antes de morir tomó una foto de su victimario.

La FGE dijo que a través de la Fiscalía de Distrito Altos se detuvo en flagrancia a cuatro personas por los delitos Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, “quienes presuntamente estarían relacionadas con el Homicidio” de Paula "N" y el robo con violencia cometido en agravio de su hijo Miguel Alejandro "N".