En respuesta a las acusaciones de censura efectuadas por gobernadores de Morena hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) por implementar la veda electoral, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó que fue la mayoría morenista en el Congreso quien aprobó esta prohibición.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Córdova afirmó que el INE “simplemente hace cumplir lo que dice la Constitución y la ley, que fue aprobada por quienes se quejan y acusan falsamente de censura”.

Jonathan Heath, Subgobernador del Banco de México (Banxico), advirtió este jueves de “escenarios pesimistas” para la economía mexicana en 2022 ante la falta de inversión privada, la inflación más alta en 20 años y el estancamiento de exportaciones y servicios.

Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, informó que apelará la decisión del Juez de la Corte Inglesa de extraditarla a México para que enfrente el juicio por el presunto desvío de recursos en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

El Juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición.

La trasnacional OHL de España, una de las favoritas de Enrique Peña Nieto y envuelta en escándalos de sobornos a políticos en ese país y México, está en problemas: Es una de las ocho empresas y 11 ejecutivos y empresarios que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente cometer varios delitos en el millonario financiamiento del documental “Populismo en América Latina” contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La FGR aceleró las investigaciones contra varios ejecutivos de OHL, ahora llamada Aleática, entre ellos Sergio Hidalgo Monroy Portillo, el exdirector general en México señalado de transferir 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V., propiedad de Federico Berrueto Pruneda, quien a su vez pasó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V y TV Promo S.A de C.V, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, exejecutivo de Televisa y asesor de Peña Nieto, para la realización del documental.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó hoy que no cuenta con facultades constitucionales para investigar la riqueza de Carlos Loret de Mola, y recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que, como cualquier otro servidor público, debe cumplir “de forma irrestricta con los principios y deberes de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”.

Por ello, le indicó que solo podría dar a conocer información fiscal de Loret de Mola en caso de que los recursos sean “recibidos directamente del erario público”, o de tener “el consentimiento previo” del periodista, “el cual debe otorgarse de forma libre, específica e informada”.

Sin analizar previamente si sus perfiles eran los adecuados y sin haberles impartido una capacitación especializada, el comisario en jefe de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, ordenó que 101 expolicías federales de caminos – relevados de sus puestos por militares – sea comisionados, ahora, a tareas de investigación y combate al secuestro.

En un oficio fechado el pasado 31 de enero y del que Animal Político tiene copia, Rodríguez Bucio instruyó al titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, Jorge Alberto Trejo Terrazas, para que informara a sus elementos que, a partir del 1 de febrero, quedaban adscritos a la Dirección General de Investigación y comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).

El Gobierno de Israel acordó recibir a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) para abordar, de manera bilateral, detalles de las solicitudes de extradición tanto de Andrés Roemer, denunciado por violación y abuso sexual, como de Tomás Zerón, acusado de tortura, desaparición forzada y corrupción.

La información fue confirmada a Animal Político de manera separada por funcionarios de la Cancillería y la FGR. El gobierno de México considera a Roemer y a Zerón prófugos de la justicia y presumen que ambos se encuentran en Israel, país con el que no se tiene tratado de extradición.

El International Press Institute (IPI) lanzó una campaña para pedir a México la defensa de los periodistas y acabar con la impunidad en contra de los informadores así como esclarecer el caso de los que han sido asesinados.

Decenas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles, advirtieron de la persistente deuda histórica con los pueblos indígenas al no concretarse la reforma constitucional que incorpore los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y “garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

A 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar y a tres de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones y comunidades grupadas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), exigieron al presidente y al Congreso de la Unión cumplir con su compromiso de reforma constitucional.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares impuestas por el INE, hacia el presidente de la Andrés Manuel López Obrador.

En sesión privada la Sala Superior del TEPJF confirmó que, bajo la figura de tutela preventiva, se conminara al presidente apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de propaganda gubernamental, a fin de que se abstenga de promocionar el ejercicio de revocación de mandato en cualquiera de sus apariciones públicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por “ética”, sin que intervenga el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los periodistas famosos deberían dar a conocer su ingreso porque “no representan al pueblo, pero sí a grupos de intereses creados”.

Durante su conferencia matutina, pidió ahora a los periodistas Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Jorge Ramos informar cuánto ganan.

Organizaciones civiles denunciaron la omisión de las instituciones ante el riesgo permanente en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En el marco de la segunda sesión de los diálogos regionales para impulsar la Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Red TDT instó a las autoridades a que escuchen las denuncias y propuestas pendientes de atender.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no le extraña” el periodismo ejercido por el semanario Proceso frente a su gobierno porque la revista fundada en noviembre de 1976 por el periodista Julio Scherer García, “no contribuyó al cambio” en el país.

“Y por eso, sí vale la pena enfrentarlos y debatir, y confrontarnos políticamente en buena lid, y tratar el tema y ya, fuera máscaras, cada quien en su sitio y no pasa nada”, sentenció.

“Me quiebro pero no me doblo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que seguirá exigiendo que el periodista Carlos Loret de Mola, informe cuánto gana y transparente el origen de sus bienes, argumentando que el comunicador está vinculado a empresas que anteriormente acaparaban el negocio de la venta de medicinas y equipo médico al gobierno federal.

“Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, expresó.

La presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Nuhad Ponce Kuri, sostuvo que no es posible aceptar la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el organismo haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia.

En entrevista con El Universal, Ponce Kuri explicó que la obligación que rige al INAI es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, y a la vez transparentar la información “siempre y cuando sea del orden público”.

El desalojo y destrucción del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, a manos de la Guardia Nacional y la policía en Puebla demostró «una vez más» que el gobierno está «a favor de la devastación, el extractivismo y el capital extranjero», denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Señaló que el desalojo del Altepelmecalli, construida por la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes tras tomar la planta de la embotelladora Bonafont, acusada del robo y sobreexplotación del agua, «es condenable política, legal y moralmente» y es una prueba de que los tres niveles de gobierno «se hallan maniatados ante el poder del capital financiero internacional».

La Unión Europea (UE) condenó el asesinato del periodista Héber López Vázquez, perpetrado el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca, y manifestó su preocupación «por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinato de periodistas en México».

En una declaración, la UE alertó que la muerte de López, el sexto comunicador asesinado en lo que va del año, «demuestra una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México».

Andrés Manuel López Obrador, opositor, era duro con sus adversarios. No perdonaba una. Al mínimo avistamiento de un abuso, exceso, irregularidad o signo  de corrupción, daba rienda a una faena de señalamientos y acusaciones mediáticas para exhibir la podredumbre de un sistema corrupto.

Así lo hizo con los escándalos protagonizados por Enrique Peña Nieto y su entorno personal e institucional. La Casa Blanca de su entonces esposa, Angélica Rivera, o la de Malinalco de quien fue su Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Los hechos ocurrieron en la calle Rosas Moreno casi esquina con Francisco Quintanilla, en el barrio de San Juan, donde se pedía pronto auxilio debido a que había varias personas heridas de bala, adentro de un vehículo.

Cuando la Policía y la Guardia Nacional arribaron al lugar, encontraron una camioneta Nissan, modelo Quest, en color arena, donde había una mujer, dos hombres y un menor  con visibles heridas de bala en el cuerpo.

Un Juez determinó inconstitucional el impedimento de 10 años establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que exfuncionarios del Gobierno trabajen en empresas privadas a las que regularon.

El Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió un amparo contra esta norma a un exfuncionario a quien la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Consupago negó darle trabajo por lo previsto en la ley.