El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, deberá rendir cuentas ante la justicia por su actuación frente a la pandemia de covid-19 que hasta ahora ha dejado 302 mil 112 muertes y cuatro millones 495 mil 310 casos de contagio acumulados.

En respuesta a una demanda penal interpuesta contra el funcionario del sector salud en noviembre del año pasado, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la sentencia de un juez de primera instancia que había considerado improcedente la querella y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar el papel desempeñado por López Gatell en la crisis sanitaria que tiene de cabeza al mundo.

Grupo Salinas anunció que recurrirá a las instancias internacionales para defender su “legítimo derecho”, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión por medio del cual el magnate Ricardo Salinas Pliego pretendía eludir el pago de 2mil 636 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR).

En un comunicado, el empresario acusó a los ministros de la Corte de negarse a analizar el fondo de su amparo, “violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa” consignados en la Constitución, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los casos de covid-19 confirmados con prueba de laboratorio alcanzaron un nuevo máximo ayer, al reportarse 60 mil 552, con lo que la cifra acumulada en la base de datos de la Secretaría de Salud (Ssa) llegó a 4 millones 495 mil 310 personas que han tenido la enfermedad en el país.

El número de decesos aumentó en 323, para un total de 302 mil 112 individuos que han perdido la vida desde el inicio de la crisis sanitaria.

La ola de violencia en el puerto ha dejado cuatro personas asesinadas entre la tarde del martes y noche de este miércoles, todas en delegaciones municipales; la más reciente escena fue en Francisco Zarco, en la Ruta del Vino.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada emitió una ficha informativa dando cuenta de un reporte de persona lesionada a balazos en la calle Principal, entre Tercera y Cuarta del poblado, aproximadamente a las 20:53 horas.

Los asesinos de la cantante cubana Dayami Lozada, conocida como “La Barbie de la salsa” ya están vinculados a proceso penal, informó el Subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal dio a conocer los avances del feminicidio de la cantante de 44 años, que residía desde hace 15 años en Quintana Roo, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado.

El Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que continúan pendientes dos procesos por huachicol y delincuencia organizada en contra de José Antonio “N”, alias “El Marro“, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal destacó que luego de su detención en agosto de 2020, fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

México registró 33 mil 308 homicidios dolosos en 2021, una reducción interanual del 3.6 por ciento en comparación con los 34 mil 554 asesinatos de 2020, según informó este jueves el Gobierno.

Aunque en diciembre hubo dos mil 606 homicidios, un dato parecido a los dos mil 633 del mismo mes de 2020.

En votación dividida de tres contra dos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880.12 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio de 2006.

El caso llegó al máximo tribunal desde el año 2018, sin embargo, fue returnado y pasó sucesivamente por las ponencias de los ministros Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar y Margarita Ríos Farjat, a esta última, Elektra la impugnó porque fue jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y quedó finalmente en manos de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer que las llamas han sido controladas y se realizan acciones de enfriamiento derivadas del incendio ocurrido en una fábrica de bicicletas, ubicada en la calzada Coltongo de la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

En redes sociales, exhortaron a la población a seguir las indicaciones de que en caso de percibir humo en su hogar, cierre puertas y ventanas, cubra rendijas con paños húmedos y evite la zona.

La tarde de este miércoles se registró un incendio en una fábrica de bicicletas en la Alcaldía Azcapotzalco, en Central Sur y calzada Coltongo, lo que provocó el desalojo de al menos 100 personas y la movilización de servicios de emergencia en el lugar. 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre cuatro carpetas de investigación a su cargo por financiamiento ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto.

El asunto tiene relación con un procedimiento de fiscalización que el INE tiene en proceso.

En 2017 los partidos de la Revolución Democrática y Morena presentaron denuncias ante el INE, en las que alegaron una probable aportación ilegal a favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Petróleos Mexicanos tomará el jueves el control de la refinería Deer Park, en Texas, tras sellar con la angloholandesa Royal Dutch Shell la compra de su mitad de esa planta, con capacidad para procesar 340 mil barriles por día (bpd), dijeron a Reuters dos fuentes enteradas del tema.

Pemex, golpeada por ingentes deudas, y Shell anunciaron en mayo del 2021 la operación, por casi 600 millones de dólares, con la que la mexicana se convertirá en la única dueña de la refinería, tras una oferta no solicitada.

La tasa de desempleo en México se ubicó en un 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en diciembre de 2021, una cifra inferior al 3.8 por ciento del mismo mes en 2020, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La población desocupada fue de 2.1 millones de personas e implicó una tasa de 3.5 por ciento de la PEA. Respecto a diciembre de 2020 la población desocupada se mantuvo sin variación y la tasa de desocupación fue menor en 0.3 puntos porcentuales”, indicó el Inegi en un comunicado.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú, su esposa y titular de la Oficina Amar a Nuevo León, han protagonizado desde antes de llegar al frente del estado escándalos, incluso con repercusiones legales, el más reciente con la sustracción de un menor del DIF estatal, mientras que durante estos más de 100 días de gobierno han obviado los pendientes en materia de corrupción, movilidad en transporte público, contaminación industrial que afecta a la salud y seguridad.

Marisol Montaño, madre de Dana Paola, una de las niñas lesionadas durante el incendio en la guardería ABC en 2009, expresó su rechazo por el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como Cónsul de México en Barcelona, pues dijo, es una mujer “insensible” que se amparó para no atender a los padres de la víctimas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a admitir a estudio un amparo interpuesto por Grupo Salinas, dirigido por Ricardo Salinas Pliego, para no pagar un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos. 

El asunto se discutió en la Segunda Sala del máximo tribunal este jueves: los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales votaron a favor de estudiar el amparo, pero en contra votaron Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Javier Laynez, por lo que el asunto fue desechado sin mayor trámite.

“Los gobiernícolas están desatados… nos acaban de dar un palo sabroso ahí en la Suprema Corte”, reaccionó el multimillonario Ricardo Salinas Pliego ante la decisión del máximo tribunal del país de negar un amparo a través del cual Grupo Elektra pretendía invalidar un crédito fiscal de 2 mil 636 millones de pesos por prácticas fiscales indebidas realizadas en el año fiscal 2006.

Este crédito fiscal forma parte de los 39 mil 470 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a las empresas de Grupo Salinas por prácticas fiscales indebidas realizadas en años pasados, y que los abogados de Salinas Pliego trataron de desechar ante la justicia federal.

En los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) recibió casi 37 mil quejas de ciudadanos inconformes con las respuestas que recibieron a solicitudes de transparencia enviadas a dependencias e instituciones federales.  Se trata del sexenio con el promedio anual más alto de quejas desde que se creó el sistema de transparencia.

El foco rojo es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) instancia que no solo no ha respondido correctamente la mayoría de las solicitudes que recibe, sino que además ha ignorado aproximadamente 300 resoluciones del INAI en la que le instruye proporcionar la información. Por estos hechos se han promovido denuncias ante la Secretaría de la Función Pública.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar la mayoría de los datos que mantuvo ocultos en las versiones públicas que dio a conocer de las declaraciones de 22 personas implicadas en los contratos a la empresa Odebrecht, y entre los que se encuentran siete directivos actuales de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El instituto invalidó la desclasificación que había hecho la FGR de las referidas declaraciones al considerar que la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero se excedió en el testado (ocultamiento) de datos, situación que para fines prácticos impide que haya una trasparencia real de la información.

Se trató de tres rifles Barrett para francotirador calibre .50, de uso militar; dos pistolas Smith & Wesson 9 milímetros y otra 5.56 mm; un rifle calibre 5.56 marca Ruger y un fusil Colt calibre 5.56.