"México podría pronto darse cuenta de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital actual", apunta.
Texto en español de Jesse Franzblau, traducido por Francesca Emanuele, publicado por Al Jazeera el pasado 8 de abril:
México incrementa la presión hacia periodistas
La revelación de secretos estatales y la censura de los medios
El 15 de marzo, el conglomerado mediático mexicano, MVS Comunicaciones, despidió a la galardonada periodista de investigación Carmen Aristegui después de rechazar su petición de reincorporar al trabajo a dos de sus colegas. Daniel Lizárraga e Irving Huerta fueron despedidos una semana antes por MVS Radio, alegando que la causa del despido fue por haber utilizado, sin permiso, el logotipo de la empresa para apoyar a MéxicoLeaks, una nueva plataforma de denuncia, puesta en marcha desde el 10 de marzo por un conjunto de cinco medios de comunicación, más dos asociaciones civiles.
Sin embargo, previamente Aristegui y su equipo de reporteros hicieron un reportaje de investigación sobre la lujosa mansión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual fue construida por un grupo de bienes raíces que más tarde ganó lucrativos contratos gubernamentales.
El despido de una de las periodistas de radio más importantes de México ha despertado preocupaciones por el regreso al país de las llamadas “malas y viejas formas“, cuando el gobierno mexicano podía contar con la colaboración de los propios medios de comunicación para reprimir las voces críticas periodísticas.
En las horas posteriores a la matanza de estudiantes de 1968 por parte de las fuerzas de seguridad en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México, las autoridades se movilizaron rápidamente para encubrir los asesinatos, confiscando películas, reportajes inéditos, y otros documentos periodísticos que cubrieron la protesta. El gobierno quería desaparecer el problema de los estudiantes y las noticias del derramamiento de sangre: México se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de verano de 1968.
No fue sino hasta 2002 que el diario El Universal publicó fotos de aquel día, de un rollo sin revelar con imágenes que se mantuvieron en secreto durante décadas. El encubrimiento de la masacre de Tlatelolco tuvo lugar en un momento en que los medios de comunicación eran aliados dispuestos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que gobernó México durante siete décadas consecutivas. Esta es una de las principales razones por las que la masacre de Tlatelolco, junto con un sinnúmero de otras atrocidades cometidas durante el período de la “guerra sucia” en México, permaneció en la opacidad durante años.
Mientras Peña Nieto y los índices de aprobación de su partido, el PRI, se desploman, parece que es vital para su futuro político el mantener la cultura de secretismo, y el silenciar a los disidentes. En un reciente artículo de opinión, “Todos somos Carmen“, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor John Ackerman realizó una oportuna conexión entre el despido de Aristegui y las próximas elecciones legislativas en junio. Regularmente, el programa de Aristegui dio cabida a las posturas de partidos de la oposición, y trató temas controversiales, entre ellos el asesinato en junio pasado de 22 personas en Tlatlaya, y el secuestro y desaparición de 43 estudiantes a finales del año pasado de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
El escándalo también llega en un momento crucial en la lucha por el acceso a la información gubernamental sobre los abusos de poder en México. Los periodistas están usando cada vez más la Ley de Transparencia del país, que incluye una cláusula específica que exige la revelación de información en caso de graves violaciones a los derechos humanos, para destapar secretos de Estado, corrupción y abusos de poder. Esta es información que de no ser por la posibilidad de recurrir a la ley, sería información clasificada.
Los periodistas despedidos del conglomerado MVS apelaron a esta cláusula para obtener documentación sobre los asesinatos de Tlatlaya y el intento de encubrimiento por parte del ejército. Del mismo modo, el principal organismo de supervisión del acceso a la información en México, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al ejército a revelar documentación relativa a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, apelando a la misma cláusula. Como respuesta a otra orden de IFAI, el pasado diciembre la Fiscalía General dio a conocer un documento secreto sobre las masacres de San Fernando de 2010-2011, resultante de una solicitud que yo mismo presenté. Los documentos contenían nueva información sobre las conexiones entre la policía y el, tristemente célebre, cártel de drogas Los Zetas en el momento de las masacres.
Hay otros casos en los que el acceso a documentación gubernamental podría implicar al gobierno de Peña Nieto como cómplice en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. La divulgación de secretos de Estado expone ampliamente al gobierno al escrutinio nacional e internacional. Pero es precisamente el tipo de publicidad que el gobierno de Peña Nieto intenta evitar a toda costa. La desclasificación de información se convierte particularmente en una tarea más complicada cuando se trata de cuestiones referentes a las relaciones entre Estados Unidos y México, donde miles de millones de dólares en asistencia estadounidense para la seguridad están en juego. Ambos gobiernos se apoyan en campañas coordinadas de relaciones públicas para justificar que Washington continúe financiando la guerra contra las drogas.
Durante el año pasado, el gobierno de Peña Nieto emprendió agresivas campañas de relaciones públicas, las que dieron como resultado una cobertura internacional positiva hacia las amplias reformas económicas del presidente. Peña Nieto apareció en la portada de la revista Time en febrero de 2014, con una leyenda que decía, “Saving México” (Salvando México). The Economist también ha defendido el programa de reformas del asediado presidente. Incluso al inicio de la tragedia de Ayotzinapa, The Economist continuó elogiando las reformas estructurales de Peña Nieto, defendiendo una “presidencia prometedora”, si bien reconoció la inexistencia del Estado de derecho en México.
No obstante, el despido de Aristegui y su equipo constituye un punto de inflexión. Se ha producido un cambio que ha alejado los ciegos halagos internacionales para con la administración de Peña Nieto. Por ejemplo, la noticia de The Economist sobre el caso Aristegui señaló que el hecho de que haya sucedido en este momento “plantea la sospecha de que el gobierno —que está luchando para recuperar su popularidad a menos de tres meses de las elecciones de medio término— haya presionado a MVS Radio”. El New York Times apuntó a que el escándalo se está viendo como un “golpe a la libertad de expresión”, enlazando directamente el despido de los periodistas con sus reportajes sobre la mansión de Peña Nieto.
México podría pronto darse cuenta de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital actual. La creación de MéxicoLeaks desencadenó la serie de eventos que condujo al despido de Aristegui. MVS Radio se negó a unirse al conjunto que ha creado la plataforma, y despidió a sus periodistas. En respuesta, el grupo ciber-activista Anonymous hackeó el sitio web de MVS Radio y anunció que esta empresa de comunicaciones participará en MéxicoLeaks “involuntariamente”, sugiriendo tener la intención de filtrar correo internos y otros documentos y enviarlos a la plataforma de denuncia.
MéxicoLeaks espera exponer la corrupción política, los abusos de derechos humanos y otros malos usos del poder institucional y económico. Forma parte de la investigación periodística mexicana, que sigue creciendo a pesar de los enormes obstáculos. Los periodistas de investigación han descubierto información oculta no sólo sobre el papel de la policía federal y militar en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también de los intentos del gobierno para ocultar información pertinente, enterrar los errores de sus investigaciones y reprimir conclusiones indeseables.
Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa estaban preparándose para un viaje a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968, cuando las fuerzas de seguridad los interceptaron y los secuestraron. Detalles importantes sobre su destino siguen siendo desconocidos. Ojalá que los periodistas de México venzan esta cultura de secretismo para garantizar que las familias de las víctimas y el público mexicano no tengan que esperar décadas hasta conocer toda la verdad detrás de esta tragedia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
México incrementa la presión hacia periodistas
La revelación de secretos estatales y la censura de los medios
El 15 de marzo, el conglomerado mediático mexicano, MVS Comunicaciones, despidió a la galardonada periodista de investigación Carmen Aristegui después de rechazar su petición de reincorporar al trabajo a dos de sus colegas. Daniel Lizárraga e Irving Huerta fueron despedidos una semana antes por MVS Radio, alegando que la causa del despido fue por haber utilizado, sin permiso, el logotipo de la empresa para apoyar a MéxicoLeaks, una nueva plataforma de denuncia, puesta en marcha desde el 10 de marzo por un conjunto de cinco medios de comunicación, más dos asociaciones civiles.
Sin embargo, previamente Aristegui y su equipo de reporteros hicieron un reportaje de investigación sobre la lujosa mansión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual fue construida por un grupo de bienes raíces que más tarde ganó lucrativos contratos gubernamentales.
El despido de una de las periodistas de radio más importantes de México ha despertado preocupaciones por el regreso al país de las llamadas “malas y viejas formas“, cuando el gobierno mexicano podía contar con la colaboración de los propios medios de comunicación para reprimir las voces críticas periodísticas.
En las horas posteriores a la matanza de estudiantes de 1968 por parte de las fuerzas de seguridad en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México, las autoridades se movilizaron rápidamente para encubrir los asesinatos, confiscando películas, reportajes inéditos, y otros documentos periodísticos que cubrieron la protesta. El gobierno quería desaparecer el problema de los estudiantes y las noticias del derramamiento de sangre: México se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de verano de 1968.
No fue sino hasta 2002 que el diario El Universal publicó fotos de aquel día, de un rollo sin revelar con imágenes que se mantuvieron en secreto durante décadas. El encubrimiento de la masacre de Tlatelolco tuvo lugar en un momento en que los medios de comunicación eran aliados dispuestos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que gobernó México durante siete décadas consecutivas. Esta es una de las principales razones por las que la masacre de Tlatelolco, junto con un sinnúmero de otras atrocidades cometidas durante el período de la “guerra sucia” en México, permaneció en la opacidad durante años.
Mientras Peña Nieto y los índices de aprobación de su partido, el PRI, se desploman, parece que es vital para su futuro político el mantener la cultura de secretismo, y el silenciar a los disidentes. En un reciente artículo de opinión, “Todos somos Carmen“, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor John Ackerman realizó una oportuna conexión entre el despido de Aristegui y las próximas elecciones legislativas en junio. Regularmente, el programa de Aristegui dio cabida a las posturas de partidos de la oposición, y trató temas controversiales, entre ellos el asesinato en junio pasado de 22 personas en Tlatlaya, y el secuestro y desaparición de 43 estudiantes a finales del año pasado de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
El escándalo también llega en un momento crucial en la lucha por el acceso a la información gubernamental sobre los abusos de poder en México. Los periodistas están usando cada vez más la Ley de Transparencia del país, que incluye una cláusula específica que exige la revelación de información en caso de graves violaciones a los derechos humanos, para destapar secretos de Estado, corrupción y abusos de poder. Esta es información que de no ser por la posibilidad de recurrir a la ley, sería información clasificada.
Los periodistas despedidos del conglomerado MVS apelaron a esta cláusula para obtener documentación sobre los asesinatos de Tlatlaya y el intento de encubrimiento por parte del ejército. Del mismo modo, el principal organismo de supervisión del acceso a la información en México, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al ejército a revelar documentación relativa a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, apelando a la misma cláusula. Como respuesta a otra orden de IFAI, el pasado diciembre la Fiscalía General dio a conocer un documento secreto sobre las masacres de San Fernando de 2010-2011, resultante de una solicitud que yo mismo presenté. Los documentos contenían nueva información sobre las conexiones entre la policía y el, tristemente célebre, cártel de drogas Los Zetas en el momento de las masacres.
Hay otros casos en los que el acceso a documentación gubernamental podría implicar al gobierno de Peña Nieto como cómplice en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. La divulgación de secretos de Estado expone ampliamente al gobierno al escrutinio nacional e internacional. Pero es precisamente el tipo de publicidad que el gobierno de Peña Nieto intenta evitar a toda costa. La desclasificación de información se convierte particularmente en una tarea más complicada cuando se trata de cuestiones referentes a las relaciones entre Estados Unidos y México, donde miles de millones de dólares en asistencia estadounidense para la seguridad están en juego. Ambos gobiernos se apoyan en campañas coordinadas de relaciones públicas para justificar que Washington continúe financiando la guerra contra las drogas.
Durante el año pasado, el gobierno de Peña Nieto emprendió agresivas campañas de relaciones públicas, las que dieron como resultado una cobertura internacional positiva hacia las amplias reformas económicas del presidente. Peña Nieto apareció en la portada de la revista Time en febrero de 2014, con una leyenda que decía, “Saving México” (Salvando México). The Economist también ha defendido el programa de reformas del asediado presidente. Incluso al inicio de la tragedia de Ayotzinapa, The Economist continuó elogiando las reformas estructurales de Peña Nieto, defendiendo una “presidencia prometedora”, si bien reconoció la inexistencia del Estado de derecho en México.
No obstante, el despido de Aristegui y su equipo constituye un punto de inflexión. Se ha producido un cambio que ha alejado los ciegos halagos internacionales para con la administración de Peña Nieto. Por ejemplo, la noticia de The Economist sobre el caso Aristegui señaló que el hecho de que haya sucedido en este momento “plantea la sospecha de que el gobierno —que está luchando para recuperar su popularidad a menos de tres meses de las elecciones de medio término— haya presionado a MVS Radio”. El New York Times apuntó a que el escándalo se está viendo como un “golpe a la libertad de expresión”, enlazando directamente el despido de los periodistas con sus reportajes sobre la mansión de Peña Nieto.
México podría pronto darse cuenta de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital actual. La creación de MéxicoLeaks desencadenó la serie de eventos que condujo al despido de Aristegui. MVS Radio se negó a unirse al conjunto que ha creado la plataforma, y despidió a sus periodistas. En respuesta, el grupo ciber-activista Anonymous hackeó el sitio web de MVS Radio y anunció que esta empresa de comunicaciones participará en MéxicoLeaks “involuntariamente”, sugiriendo tener la intención de filtrar correo internos y otros documentos y enviarlos a la plataforma de denuncia.
MéxicoLeaks espera exponer la corrupción política, los abusos de derechos humanos y otros malos usos del poder institucional y económico. Forma parte de la investigación periodística mexicana, que sigue creciendo a pesar de los enormes obstáculos. Los periodistas de investigación han descubierto información oculta no sólo sobre el papel de la policía federal y militar en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también de los intentos del gobierno para ocultar información pertinente, enterrar los errores de sus investigaciones y reprimir conclusiones indeseables.
Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa estaban preparándose para un viaje a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968, cuando las fuerzas de seguridad los interceptaron y los secuestraron. Detalles importantes sobre su destino siguen siendo desconocidos. Ojalá que los periodistas de México venzan esta cultura de secretismo para garantizar que las familias de las víctimas y el público mexicano no tengan que esperar décadas hasta conocer toda la verdad detrás de esta tragedia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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