En México, las mujeres lideran la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, una actividad considerada de alto riesgo por los peligros que conlleva y que ha cobrado la vida de al menos 16 de ellas en los últimos nueve años.
Se trata de más de la mitad de los 30 homicidios cometidos en contra de familiares y allegados de personas desaparecidas desde febrero de 2011 a mayo de 2025, según señalan las organizaciones Amnistía Internacional e IPAS Latinoamérica y el Caribe en su Informe dirigido al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas.
En el documento, las organizaciones dan cuenta de las múltiples afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras durante el desempeño de su labor que van desde amenazas, seguimientos, secuestros, tortura, violencia sexual, desplazamiento, extorsiones, así como la violencia ejercida en su contra por parte de las propias instituciones del Estado.
En primer lugar se ha identificado que las autoridades discriminan a las mujeres buscadoras por razones de género, lo que se traduce en la falta de escucha y en considerarlas incapaces de realizar ciertas tareas. A esto se suma un trato diferenciado dependiendo de su situación económica, un factor que determina la rapidez con la que se atiende el caso.
Además, las mujeres racializadas, indígenas o migrantes enfrentan mayores desafíos para ejercer sus derechos debido a barreras del lenguaje, geográficas o por no contar con los documentos necesarios para hacer sus búsquedas en territorio mexicano, en el caso de las últimas.
Tras la desaparición de sus familiares, las mujeres también son estigmatizadas y revictimizadas con comentarios que depositan toda la responsabilidad de las tareas de cuidado en ellas, es decir, tanto las autoridades como la sociedad las cuestionan por no haber cuidado adecuadamente a sus seres queridos o por no saber dónde se encuentran.
Asimismo, las organizaciones han detectado problemas relacionados con los apoyos y la protección que otorga el Estado a las mujeres buscadoras por su labor o su condición de víctimas.
En el caso de los mecanismos federal y estatales de protección se ha identificado que carecen de un enfoque de prevención, así como de una visión integral con perspectiva de género, interseccional y de infancias; sus medidas no son efectivas, no hay coordinación entre autoridades y requieren de mayores recursos.
En cuanto a los servicios otorgados por las comisiones de atención a víctimas, se demoran, son insuficientes y en algunos casos culturalmente inapropiados; los responsables no dan seguimiento puntual a las asesorías jurídicas y no cumplen con la reparación integral del daño.
Mujeres buscadoras enfrentan doble impunidad
De acuerdo con el informe, para las mujeres buscadoras la impunidad se vive al doble: primero con la desaparición de sus seres queridos y luego con las violaciones a los derechos humanos que enfrentan en su intento de dar con su paradero.
A pesar de los múltiples llamados internacionales para resolver la crisis de desapariciones, México mantiene un alto índice de impunidad y persisten los obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia.
Tan sólo de 2019 a 2022, se calcula que el nivel de impunidad en el delito de desapariciones fue del 99 %, lo que refleja la grave situación que atraviesa el país en la materia.
Daños económicos y a la salud
La desaparición de familiares también provoca graves daños a la salud y economía de las mujeres buscadoras.
Según indica el informe, la mayoría de ellas se encuentran en una situación previa de pobreza que suele empeorar, ya sea porque la persona desaparecida era la proveedora del hogar, por la pérdida de un negocio tras la desaparición o porque las mujeres quedan a cargo de las labores de cuidado de manera exclusiva, lo que dificulta el camino para conseguir una fuente de ingresos.
El deterioro de las condiciones de vida y el estrés constante derivado de las búsquedas generan además importantes impactos en la salud física y mental de las mujeres. Se han documentado daños al sueño, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, así como el desarrollo de enfermedades crónicas y accidentes en las labores de campo.
Ante ello, las organizaciones hicieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano que incluyen garantizar los derechos de las mujeres buscadoras; la incorporación de una perspectiva de género en las medidas implementadas para protegerlas; la eliminación de barreras discriminatorias, así como el desarrollo de un programa integral de atención a las infancias afectadas por las desapariciones.
El documento fue entregado al comité de la ONU durante el décimo informe que rindió el Estado mexicano sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de igualdad de género, durante los días 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza.
