Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

En el gobierno de AMLO bajó la atención médica pública y aumentó la privada: hubo 33% más cirugías en clínicas particulares

Durante el sexenio de AMLO, el sector público registró recortes presupuestales en salud. El gasto promedio en este rubro de los hogares más pobres aumentó 54% entre 2018 y 2022, al pasar de mil 729 a 2 mil 679 pesos al año.

Daniel ha trabajado en un puesto de tacos durante las últimas dos décadas y nunca ha estado afiliado a ningún servicio de salud público, por eso tuvo que ahorrar para hacer frente a una operación de rodilla que requería desde hace dos años y que pudo hacerse apenas hace unos meses en un hospital privado. 

Su rehabilitación fue rápida, lo que le permitió regresar a trabajar, una verdadera necesidad, puesto que es el único sostén en su familia. Apenas comenzaba a recuperarse del bolsillo cuando su hija, estudiante de medicina, tuvo apendicitis. “Corrimos a la primera clínica que encontramos y la operaron inmediatamente”. Esa emergencia le costó otros 70 mil pesos. “Pero gracias a Dios la salvamos”, dice. 

Al preguntarle por qué no acudió a alguna clínica pública, sobre todo al tratarse de una atención urgente, hace un gesto con la mano como si empujara algo al aire y ataja con un tono burlón: “¡Nombre, ya parece que me la iban a recibir!”.

Daniel no es el único que ha optado por el servicio médico privado, aún cuando esto represente un sacrificio y signifique que tenga que ahorrar durante meses, trabajar más o renunciar al poco patrimonio a cambio de la salud. 

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cirugías realizadas en hospitales privados creció en 33 %. En 2012 hubo 919 mil intervenciones quirúrgicas en centros privados en el país, para 2018 aumentó a 1 millón 78 intervenciones, y en 2024 creció a 1 millón 436 mil, de acuerdo con el Sexto Informe de gobierno de AMLO.


Estos datos demuestran que no sólo aumentó la oferta privada de primera atención, a través de Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), donde la gente atiende malestares menores como gripas o infecciones estomacales, sino que también aumentaron las atenciones privadas que requieren hospitalización. 

Y paradójicamente, aunque López Obrador mantuvo el lema de “primero los pobres”, la atención médica pública disminuyó durante su gestión. Entre 2018 y 2024, el número de cirugías cayó 6 %, lo que significó 200 intervenciones menos en todo el sistema público. Y si se compara con las realizadas en 2012, la disminución alcanzó 489 mil cirugías, según su último informe de Gobierno.


Esto, dice Luis Javier Cortés, consultor y Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, es la privatización de la salud. “La verdadera privatización es traspasar el costo de la atención médica directamente al paciente, y eso es lo que está sucediendo”.

“Aunque desde la Constitución el ciudadano tiene garantizado el derecho a la salud, ni se la estás garantizando ni protegiendo financieramente, porque el costo lo está absorbiendo plenamente las personas”, explica en entrevista. 

Los datos lo confirman: el gasto en salud promedio aumentó 54 % entre los hogares más pobres. Mientras en 2018 gastaron 1,729 pesos, en 2022 el desembolso fue de 2 mil 679 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

De ahí que, ante la demanda, el sector privado ha aprovechado en incrementar la oferta: la infraestructura privada creció en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Sexto Informe Gobierno de AMLO. 

Entre 2018 y 20124, las unidades médicas con 15 a 24 camas aumentó 21 %, al pasar de 254 a 307. Mientras que las camas censables en instituciones privadas pasó de 33 mil 630 a 36 mil 514. 

En 2024, las personas también tuvieron 13 % más oferta de laboratorios clínicos privados en comparación con 2018. Se pasó de 892 unidades a mil 12. La oferta correspondió a la demanda: entre 2016 y 2020, el número de análisis clínicos se mantuvo en 17 millones al año, pero en 2021 aumentó a 21 millones; el año siguiente 22 millones y en 2023 alcanzó los 23 millones en establecimientos privados, de acuerdo con datos del INEGI. 

En contraste, en el sector público dejaron de hacerse 41 millones de estudios clínicos, al comparar 2018 y 2024, según datos de la Secretaría de Salud. En este rubro, además, hubo recortes presupuestales desde el primer año del sexenio de AMLO, con una disminución de 82 % de presupuesto para materiales, accesorios y suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud, esto significó 654 millones de pesos menos en 2019 con respecto a 2018 en términos reales. 

Las consultas médicas generales en el sector público también disminuyeron en 21 % entre 2018 y 2024. Esto implicó dejar de realizar 42 millones 256 mil consultas. Y 10 millones 122 mil consultas de especialidad también dejaron de otorgarse, una disminución de 22 %. 

De ahí que muchos más mexicanos acudieron a establecimientos privados sobre todo para consultas de especialidad. En 2018 hubo 6 millones de atenciones, y para 2024 aumentó a 7 millones 100 mil consultas, un crecimiento de 17 %.

Esto ocurrió durante las fallidas estrategias en materia de salud del expresidente López Obrador. Primero decidió desaparecer el Seguro Popular, un programa transexenal que atendía a población sin seguridad social desde 2012, acusando la existencia de corrupción, aunque nunca hubo alguna persona denunciada o investigada por ello. 

Luego lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero apenas funcionó dos años y luego fue extinguido. En su lugar trasladaron la responsabilidad de coordinar ese sistema de salud que opera en los estados al IMSS-Bienestar. 

Sin embargo, en ese proceso se perdió el rastro de miles de millones de pesos que financiaba el tratamiento y cirugías de enfermedades catastróficas como el cáncer, malformaciones genéticas o transplantes, entre otros, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular. 

Hasta 2018 el fideicomiso había acumulado 119 mil millones de pesos. En 2019, tras la desaparición del Seguro Popular, los recursos fueron transferidos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), administrado por el Insabi. Para 2023, ese Fondo sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en cuatro años AMLO disminuyó 62 % del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó.

De acuerdo con el artículo “La eliminación del Seguro Popular: impactos en la atención de enfermedades de alto costo en la población no asegurada en México”, de Luis Javier Cortés y Octavio Gómez Dantés, publicado en The Lancet, la consecuencia de la decisión de AMLO de desaparecer este programa fue la reducción en el acceso a servicios de salud de alta especialidad, afectando a quienes menos tienen. 

Aumentan seguros médicos

Desde que Claudia Castellanos tiene uso de razón, había tenido seguro de gastos médicos mayores junto con sus seis hermanos y su madre, gracias a que el trabajo de su padre como supervisor en una empresa cervecera incluía ese beneficio desde los años 80. 

Sólo por eso pudieron hacer frente al cáncer que padeció su madre en 2011. A cuatro días del diagnóstico comenzó el tratamiento que incluyó 16 quimioterapias, 6 meses de radioterapias y una mastectomía. Un año después estaba libre de cáncer de mama. 

“Fue el privilegio de la atención privada”, dice Claudia. “Entre la dignidad de los espacios, la atención de los médicos, la comida, la disposición, mi mamá anímicamente no estaba afectada”.

Sin embargo, 11 años después, en 2022, su madre comenzó a enfermar, esta vez con choques sépticos, sus órganos se congestionaban y le generaban infecciones. Luego supieron que eran síntomas del regreso del cáncer, pero esta vez la póliza del seguro médico ya no le cubría nada relacionado a ello. 

El patriarca de la familia decidió continuar con la atención privada, pero la realidad le chocó de frente. Sólo por ocho días internada, estudios y tratamiento, sus ahorros se esfumaron. Era mayo de 2022.

La única posibilidad era acudir al servicio público y, gracias a la recomendación de sus médicos que trabajaban en instituciones públicas a la par de las privadas, pudieron conseguirle un espacio para iniciar un tratamiento. Sin embargo, el cáncer avanzó rápidamente y sus últimos días los pasó solo con cuidados paliativos. Falleció en junio de 2020 a los 53 años. 

Claudia y sus cinco hermanas saben que el cáncer que sufrió su madre tiene un componente genético, por eso es que no fallan en sus exámenes de revisión. También tienen como prioridad pagar su seguro médico privado. Aunque ella, consiguió esa prestación en su nuevo trabajo, pues antes de eso, al cumplir 22 años perdió la antigüedad de su primera póliza porque no tenía recursos para pagarla. 

Dado el antecedente de su madre, su póliza tiene una cláusula que encarece la contratación. Por eso es que aún cuando Claudia tiene 29 años el costo del seguro supera los 50 mil pesos. “No podía pagar eso, pagando renta, comida”. Pero ahora hará el esfuerzo para conservarlo porque “no queremos morirnos de cáncer”, dice. 

Claudia no es la única en querer sentirse segura con un servicio médico privado. En 2024 se registró el número más alto de personas con seguro de gastos médicos de los últimos 12 años, según datos de la Encuesta de Inclusión Financiera del INEGI. 

Mientras en 2012 hubo 4.6 millones de mexicanos con seguro de gastos médicos, en 2018 creció a 4.9 millones y el año pasado hubo 6.4 millones, un 7.5 % de la población. Esto representa un aumento de 29 % en el último sexenio.


En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) tiene su propia estadística, pero coincide en el aumento. Entre 2010 y 2014 se mantuvo una tendencia con más de 300 mil personas con seguros de Salud, aquellos que brindan servicios de primera atención. 

A partir de 2016 ascendió a 1.2 millones de personas y aunque varió en los siguientes años no superó los 1.7 millones. Sin embargo, en 2022 aumentó a 3 millones, en 2023 a 6 millones y la estimación de la AMIS para 2024 se ubica en 8.3 millones de personas que tienen contratado este tipo de servicios.

José Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la AMIS, explicó en entrevista que este crecimiento obedece, sobre todo, a que se incluyó la atención dental a los Seguros de Salud, que son servicios de primera atención. 

Mientras que el crecimiento de 10 millones de asegurados registrados en 2018 y el salto a 13 millones en 2023, se debe al aumento en la contratación de seguros colectivos por parte de las empresas, como parte de la búsqueda de “pólizas con primas bajas”; además, también se trata de un “efecto de la pandemia de Covid”, en el que las personas optaron por contratar servicios privados dada la saturación de los servicios públicos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

En el sexenio de AMLO hubo 163 agresiones contra defensores de migrantes

El análisis realizado por la Universidad Iberoamericana, “permite caracterizar un sexenio que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

Durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, revela el informe “Acompañando Caminos de Esperanza. Situación de las personas defensoras de derechos humanos de la población migrante forzada (2019-2024)”.

Realizado por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami)  de la Universidad Iberoamericana, así como por la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) el documento resalta el endurecimiento de las políticas migratorias en México y la militarización de las fronteras ha derivado en la agudización de la “criminalización y las agresiones a la labor de ayuda, acompañamiento y de defensa de derechos”.

El documento resalta que si bien del total de agresiones documentadas, 14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos, y seis en varias ciudades de Guatemala, su análisis “permite caracterizar un sexenio (el de López Obrador)  que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

De acuerdo al estudio, en los últimos 20 años las personas defensoras de migrantes se han enfrentado a riesgos como “la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las agresiones, la criminalización (social y mediática) y los procesos de judicialización hasta la desaparición y el asesinato”.

El informe identifica como perpetradores de las agresiones tanto a agentes el Estado como a actores particulares, entre ellos “miembros de grupos armados, pandillas y grupos del crimen organizado”, situaciones que generan daños tanto a la integridad física como a la salud mental y emocional.

Como antecedente, el documento cita el informe “Defensores sin muros”, elaborado en 2019, por los mismos autores, que registró “69 incidentes (eventos) de agresión contra al menos 17 personas, ocho albergues y una organización en Centroamérica, México y Estados Unidos”.

Para continuar on el análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el informe continúa con la revisión de las agresiones ocurrida entre septiembre de 2019 a septiembre de 2024, periodo en el que los investigadores se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración.

Del total de agresiones, se registraron dos asesinatos y tres desapariciones forzadas contra defensores de derechos de personas migrantes, como las más graves entre los 33 tipos de agresiones registradas en el periodo.

Los investigadores de Prami y Redodem identificaron que, durante los últimos cinco años del gobierno de López Obrador, las agresiones más frecuentes fueron el hostigamiento con 20 registros; la estigmatización con 16 casos; las amenazas con 15: la vigilancia y la judicialización con nueve cada una; así como las amenazas con arma de fuego y detención arbitraria con seis agresiones cada una.

Otras agresiones se refieren a amenazas de judicialización y obstaculización de la labor de defensa de derechos humanos, con cinco cada una; agresión física y perfilamiento racial, con cuatro en cada una; agresión verbal, amenazas de incendio y detonación de arma de fuego, con tres en cada caso; cierre forzado de operaciones, encapsulamiento, infiltración del crimen organizado y revisión de pertenencias y datos personales, con dos en cada tipo de agresión, así como amenazas de cierre, bloqueo de acceso, desalojo, espionaje, extorsión, incendio provocado, incomunicación, intentos de extorsión, retención arbitraria, secuestro y usurpación de identidad, con un caso documentado por acto violento.

Por entidades federativas, el informe de Prami y Redodem revelan que, de las 137 agresiones registradas durante el periodo analizado, 117 ocurrieron en el territorio mexicano, de las cuales 21 están distribuidas como sigue:  30 en Chiapas, 25 en Baja California, 19 en Ciudad de México, 13 en Coahuila, 6 en Tlaxcala, 5 en Chihuahua, 4 en Tabasco, mientras que en Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se registraron tres ataques por entidad.

Se destaca que las seis agresiones restantes de las registradas en el territorio nacional, “cuatro corresponden a estigmatización”, vinculadas a “agresiones de amenaza de judicialización y judicialización”.

El documento alerta que de las 117 agresiones cometidas en territorio nacional 44% se concentran en Tijuana, Baja California, Tapachula, Chiapas y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, concentraciones asociadas con la ubicación fronteriza de las primeras dos ciudades y en la tercer a “por la permanencia de personas migrantes, tanto en campamentos como en situación de calle en la zona y el acompañamiento que han realizado personas defensoras de derechos humanos”.

En cuanto a las 20 agresiones restantes documentadas por Prami y Redodem,  14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos y seis en varias ciudades de Guatemala.

“La diversidad de agresiones que se identifican de manera específica en los 63 eventos contra las personas y las colectividades defensoras da cuenta de la amplitud de riesgos que enfrentan quienes defienden derechos en los contextos migratorios”, apunta el informe.

El documento destaca que de las 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, que fueron identificadas como blanco de los ataques, la mayoría fueron albergues (19), seguida de personas defensoras (10) y en tercer lugar organizaciones civiles de derechos humanos (6).

En menor escala, se identificó a colectivos o grupos de apoyo organizados (3), seguidos de periodistas especializados en migración (2), personas defensoras de migrantes (2) y otros colectivos comunitarios relacionados con la migración (1).

El informe destalla que contra esas 43 personas y colectividades ocurrieron 63 eventos de agresión que “se caracterizan por tener una o más agresiones y porque pueden involucrar a una o más personas y/o colectividades defensoras”.

Según la clasificación de los investigadores 30 de los eventos de agresión fueron dirigidos a albergues para migrantes; 11 contra personas defensoras; 10 contra colectivos o grupos de apoyo a migrantes; y 9 contra organizaciones civiles de derechos humanos, principalmente.

El resto de los eventos ocurrieron contra grupos de personas defensoras migrantes (3), periodistas (2) y otras colectividades (1).

Es relevante observar la evolución por año de los eventos de agresión, que se han ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, empezando por un evento ocurrido en 2016 pero que se reveló en 2021, pasó a 2019 con siete eventos, para después disminuir a uno en 2020, subir nuevamente a 10 en 2021, y de ahí continuar en tendencia ascendente, con 12 eventos en 2022, otra cifra igual un año después para cerrar con 19 eventos de agresión en 2024.

La tendencia indica que “ante el incremento de las migraciones hay un robustecimiento de las políticas migratorias de contención, lo cual también tiene como consecuencia mayores agresiones a colectividades defensoras en contextos de migración forzada”.

De los 63 eventos de agresión documentados, el informe identificó “20 perpetradores distintos”, algunos actuando de manera conjunta. Entre las cinco principales tipos de agresores del total de eventos en 12 participaron corporaciones militares, Guardia Nacional, Ejército y Marina; en 12 más personas desconocidas; en  8 personas armadas desconocidas; en 7 integrantes de grupos del crimen organizados, mientras que en 6 miembros de la comunidad.

Cabe destacar que de los 63 eventos, en cinco se ubicó como perpetrador al Instituto Nacional de Migración y una cifra igual a la Fiscalía General de la República.

Los autores del documento consideran preocupante “la diversificación de la violencia y la crueldad con que se lleva a cabo”, lo cual podría atribuirse a “la creatividad de los perpetradores para implementar nuevas formas de intimidar a las personas defensoras”, pero sobre todo por “la impunidad sistemática en nuestro país, que impacta a toda la población, pero que en casos de personas defensoras -y periodistas- es casi absoluta”.

Los autores concluyen que su informe “no sólo evidencia violencias y violaciones a derechos humanos, sino que es un testimonio vivo de que los colectivos, los albergues y las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras, las iglesias y las comunidades, construyen rede de solidaridad que articulan esfuerzos para brindar protección, acompañamiento y apoyo humanitario, más allá de los nacionalismos, las fronteras y las soberanías nacionales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Gestión de AMLO instruyó beneficiar a gobierno de Cuba; pagó 111 mdp por medicamentos caducos y que no llegaron a hospitales

Por orden de su entonces director, Birmex benefició a una empresa del gobierno de Cuba con la compra de millones de gotas para los ojos sin permisos sanitarios y que resultaron de mala calidad y caducas.

Mientras pacientes reclamaban la falta de medicinas para atender sus enfermedades, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó beneficiar a la empresa representante en México del gobierno de Cuba, con contratos directos para la adquisición de medicamentos que sumaron 111 millones de pesos en 2022 y 2023.

Entre las compras estuvieron 3.4 millones de gotas para los ojos por las que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) pagó 80 millones de pesos, aunque resultaron de mala calidad, caducas y sin permisos sanitarios. Mientras que de Cisplatino, tratamiento para cáncer, sólo llegó 65 % del pedido, de acuerdo con información oficial obtenida por transparencia. 

El proveedor fue Neuronic Mexicana, S. A. de C. V., representante en México de Laboratorios AICA, que a su vez forma parte de Biocubafarma –un conglomerado de 48 compañías dedicadas a la investigación y comercialización de fármacos– propiedad del gobierno cubano.

La instrucción de beneficiar a esta empresa habría venido del general en retiro Jens Pedro Lohmann, quien entonces era el director general de Birmex, según declararon exfuncionarios de Birmex a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión a sus adquisiciones de 2023. 

“En la historia de Birmex no se había comercializado ese tipo de medicamentos, no fue hasta la licitación de compras consolidadas 2023-2024 que se instruyó por parte de la dirección general de Birmex de beneficiar al proveedor Neuronic Mexicana y que Birmex participara con diferentes claves de medicamentos que manejaba el proveedor con el Laboratorio Cubano AICA”, dijo un exfuncionario a la Auditoría.

Esta declaración contenida en el informe de la Auditoría se confirma con los datos: la compañía sólo había ganado 419 mil pesos en contratos con el gobierno entre 2009 y 2015, pero sus ganancias se incrementaron exponencialmente en la administración de AMLO, de acuerdo con datos oficiales de Compranet y de solicitudes de información.

La empresa fue beneficiada a raíz de la instrucción del expresidente de importar medicamentos sin permiso sanitario de la Cofepris o sólo con la validación de agencias de otros países. Orden que se materializó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2020. 


Neuronic Mexicana lo reconoció así en respuesta al cuestionario enviado por Animal Político: “La diferencia con años anteriores es que la importación de esos productos se realizaron bajo el Acuerdo del 28 de enero de 2020 en el que se establece la equivalencia de requisitos sanitarios para algunas Agencias Regulatorias extranjeras reconocidas por la OMS o de Referencia de la Región (en este caso clasifica la AR de Cuba el CECMED certificada por la OMS). Ese acuerdo permitió la importación sin Registro Sanitario (RS) en México, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la COFEPRIS, por ejemplo que se deben analizar y liberar cada lote por un tercero autorizado”. 

En tanto, Birmex recibió el cuestionario de Animal Político desde el 29 de abril pasado y la Secretaría de Salud el 8 de mayo, en el cual se preguntó la razón para beneficiar al gobierno de Cuba y los incumplimientos de calidad y entregas de los productos, pero no hubo respuesta.


Empresa cubana incumplió entregas

Uno de los primeros contratos de medicinas ocurrió en 2022, cuando Birmex entregó 1 millón 950 mil pesos a Neuronic Mexicana por la adquisición de Aminofilina, tratamiento para enfermedades pulmonares, y Fluorouracilo, tratamiento contra el cáncer. 

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que 54 mil dosis de Aminofilina no tenían comprobación de entrega o estaban dañadas; y lo mismo ocurrió con 10 mil dosis de Fluorouracilo.

Aún con esos incumplimientos, Birmex contrató nuevamente a Neuronic Mexicana el año siguiente, con un contrato directo por 109 millones de pesos. Mismo que fue firmado por las principales autoridades de la institución: la representante legal de Birmex, Sandra Gómez Ríos; el director de Comercialización, Manuel Arizpe Diez Martínez; el gerente de Adquisiciones, Ignacio Cruz Zúñiga y la autorización de la directora de Administración y Finanzas, Diana Soto Araballo.

La mayor parte del contrato correspondió a la compra de 3.4 millones de gotas para los ojos: Cloranfenicol, Prednisolona, Pilocarpina, Atropina y Diclofenaco sódico, por 80 millones de pesos. Todas, parte del catálogo principal de Laboratorio Cubano AICA, en su línea de producto llamada “soluciones oftalmológicas”.  

Además, el gobierno mexicano habría comprado en excedente. El pedido hecho en 2023 es mayor a la necesidad anual de 2.6 millones de piezas, como se observa en la demanda de compra de 2025-2026. 

Y una vez más, Neuronic Mexicana incumplió con el pedido, como se demuestra en los registros de entrega a los almacenes de Birmex obtenidos por transparencia. De acuerdo a la información oficial, la empresa únicamente entregó 2.2 millones de gotas oftalmológicas.


De las 192 mil piezas de Cisplatino previstas en el contrato, sólo se registró la entrega de 123 mil. Es decir, habría un incumplimiento en 35 % de la adquisición. 

Luego de la recepción en almacenes, Birmex debe enviar los productos a los hospitales, pero de acuerdo a los reportes entregados, la proporción fue ínfima. Sólo hay prueba de distribución de 32 mil de las 105 mil dosis de Atropina entregadas por la empresa; y 1,922 piezas de Cisplatino, de las 123 mil piezas compradas. Del resto de medicamentos no entregaron registro por transparencia.

Además, la Auditoría ya había analizado una muestra por 48 millones de pesos de este contrato y detectó una serie de irregularidades, como la falta de permisos sanitarios, incumplimiento de entregas, productos caducos que debieron ser destruidos o cuya mala calidad provocó rechazos de los hospitales. 

Neuronic Mexicana fue elegida para la adquisición de los medicamentos pilocarpina, atropina, cloranfenicol, diclofenaco, y prednisolona sin tener los permisos sanitarios. Incluso, fue Birmex quien se encargó “del trámite de importación y liberación de los medicamentos”, según detectó la Auditoría. 

Un exfuncionario de Birmex explicó a la Auditoría la calidad de los productos cubanos: “Muchos de los empaques venían en mal estado y el área de calidad de Birmex los identificaba y apartaba con la finalidad de que éstos no se distribuyeran. En otras condiciones, este tipo de deficiencias a cualquier otro proveedor se le hubiera regresado. Sin embargo, la instrucción fue de recibirlos y de acondicionarlos (aproximadamente un millón de unidades) para su venta y distribución, lo cual generó un gasto adicional para Birmex por la materia prima y la mano de obra utilizados”.

Otro punto, agregaron funcionarios de Birmex, fue que el proveedor no cumplió con las fechas de entrega pactadas en el contrato ni con las cantidades solicitadas, además de que no pasó la prueba de volumetría realizada por la Cofepris en algunos lotes de los medicamentos: Atropina, Cloranfenicol y Diclofenaco. 

Aún así, “se instruyó a la Dirección de Calidad de Birmex que se hiciera la liberación interna del medicamento y emitiera el Dictamen de Cumplimiento Regulatorio para que se continuara con el proceso de distribución, por lo que algunas instituciones de salud rechazaron la entrega derivado de que dichos medicamentos no aprobaron la prueba de volumetría realizada por Cofepris”, se lee en las declaraciones ante la Auditoría.

Además, dichos medicamentos “no se encontraban aprobados en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud, y de los cuales se identificaron diversos rechazos por parte de las instituciones hospitalarias”. 

Ante esta información sobre incumplimientos, Neuronic Mexicana negó que sus productos fueran de mala calidad y respondió a Animal Político que “se pagaron todas las penalidades establecidas por entrega tardía, por los envases que llegaron dañados por la transportación, por corta caducidad”. Mientras que por medicamentos caducos “se emitieron las notas de crédito o se devolvió el dinero a Birmex”, respondió la representante comercial de la empresa vía correo electrónico.

Sobre los productos que vendieron pese a no tener registro sanitario, informaron, “la responsabilidad recayó sobre BIRMEX y el análisis y la liberación la realizó el laboratorio de COFEPRIS. Ese era el proceder no solo para Neuronic Mexicana, era lo establecido”.

Sin embargo, al preguntar cuál fue el monto de penalidades y notas de crédito que la empresa pagó por incumplimientos, dejó de responder. 

La empresa también confirmó que no existe ninguna investigación en su contra por parte de alguna institución de gobierno. Esto porque “se procedió según las leyes establecidas en México. Neuronic Mexicana no le debe nada a BIRMEX. Se emitieron las notas de crédito y se devolvió el dinero en correspondencia con las penalizaciones emitidas. No se favoreció a Neuronic Mexicana, se procedió según fuera el caso”.

Insumos para los más pobres que no llegaron

Aún con los incumplimientos, Neuronic Mexicana fue contratada nuevamente por el IMSS Bienestar para la “adquisición de kits 11,768 individuales para la estrategia de atención proactiva en las unidades de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar”; es decir, las clínicas en las zonas más marginadas del país. 

El 5 de julio de 2024, el IMSS Bienestar, entonces dirigido por Alejandro Calderón Alipi,  explicó que haría una adjudicación directa en lugar de una licitación para “evitar cubrir costos financieros, materiales y humanos que pueden generarse por la realización del procedimiento”. 

Ese mismo día notificó a la empresa que le asignaba el contrato por 273 millones de pesos (y con IVA sumaba 316 millones de pesos) para la compra de 11, 778 kits de atención médica con un costo unitario de 23 mil 184 pesos.

Cada paquete contendría una mochila, estuche de contención, estetoscopio de cápsula doble, esfigmomanómetro portátil digital, fonodetector portátil de latidos fetales, glucómetro, oxímetro de pulso, estuche de diagnóstico hospitalario, kit de instrumentos para curación, suturas, y parto, martillo clínico, termómetro digital y un estimulador eléctrico portátil. Aunque, al buscar cada producto en tiendas comerciales, el costo aproximado total ascendería a 18 mil pesos. 

Sin embargo, aunque el contrato se firmó en septiembre de 2024, hasta diciembre, la empresa no había entregado los productos y no podría cumplir con la contratación. De ahí que el IMSS-Bienestar solicitó la cancelación anticipada argumentando un “caso fortuito o fuerza mayor”. 

“Como consecuencia de los fenómenos naturales que afectaron directamente a la producción, importación y distribución de los bienes. Aunado a que no se cuenta con la capacidad institucional de almacenamiento y distribución de los bienes, ya que no cuenta con una partida presupuestal para tales fines”, establece el acuerdo entregado por el IMSS-Bienestar.


Más cerca de Cuba que de Dinamarca

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en al menos 70 ocasiones durante su administración que el sistema de salud mexicano sería como el de Dinamarca. Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que la atención médica, sobre todo la dirigida a los más pobres del país ha decrecido. 

El gobierno de AMLO dejó a seis millones de bebés sin vacunas, puesto que no las compró; se dejaron de hacer medio millón de cirugías y aumentó cinco veces las recetas no surtidas en comparación con el gobierno anterior. Todo, resultado del objetivo de ahorrar recursos en todos los rubros, incluida la salud, como parte de su política de austeridad.

Al mismo tiempo, la gestión del morenista favoreció al gobierno de Cuba entregándole al menos 2 mil millones de pesos a través de diferentes mecanismos, provenientes del presupuesto de salud para los mexicanos.


Uno de ellos, con la contratación de médicos cubanos para integrarlos a los hospitales mexicanos. El gobierno mexicano erogó 472 millones de pesos a la empresa cubana Comercializadora de Servicios Cubanos SA por salarios de los médicos, de acuerdo a una investigación de El Universal. 

Incluso, Neuronic Mexicana S. A. de C. V. también participó en este caso, toda vez que recibió depósitos del IMSS como parte del servicio de los médicos, según consta en el convenio de cooperación firmado por el Instituto en septiembre de 2022. 

Mientras que en los contratos por la adquisición de medicamentos por parte de Birmex, y que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, ésta solicitó información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


En sus cuentas encontró transferencias a Laboratorios AICA y Biocubafarma Tesorería, y al preguntarle a la empresa, ésta justificó que hizo esos pagos porque es la “representante legal y mercantil de Laboratorios AICA en México y que ambas empresas forman parte de Biocubafarma, el cual es un grupo empresarial cubano”.

Otro de los contratos fue por la vacuna Abdalá contra la Covid-19, creada por Inmunoensayo, otra empresa que forma parte del conglomerado de Biocubafarma. México compró millones de dosis por mil 453 millones de pesos, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación. 

El gobierno de López Obrador, además, hizo público su apoyo al presidente Miguel Díaz Canel, al recibirlo cuatro ocasiones en México entre 2018 y 2023. En ellos, indicaron en comunicados oficiales, se estrecharon lazos de cooperación en diferentes áreas, como la reanudación con más frecuencias en vuelos Ciudad de México-Varadero y Cancún-Cayo Coco, o la firma de acuerdos entre el Servicio Postal Mexicano y Correos de Cuba para facilitar el envío de paquetería entre ambos países.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

AMLO: Miente, que algo queda

El fallo del tribunal revela con contundencia que el régimen anterior desplegó una estrategia de propaganda institucional disfrazada de transparencia, donde las mañaneras se convirtieron en un micrófono de garrote para silenciar la disidencia y construir “verdades oficiales” posfactuales. Esta sentencia no solo sanciona una violación constitucional, sino que también expone el alto costo social de un poder que confundió narrativa con realidad.

Un tribunal federal acaba de decir lo que durante seis años fue evidente, pero costoso de señalar: el gobierno anterior mintió de forma sistemática. Lo hacía desde el poder, con recursos públicos, y bajo la idea de que todo se justificaba por estar “del lado del pueblo”.

No fue un exceso de comunicación. Fue una estrategia deliberada. Una maquinaria institucional para imponer una verdad oficial y perseguir la disidencia.

La sección “¿Quién es quién en las mentiras?” no fue un espacio de aclaración. Era un paredón mediático disfrazado de transparencia. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la calificó como un “sistema de propaganda gubernamental posfactual que deforma la verdad desde el poder y reprime a la prensa crítica”.

Es decir: una violación constitucional.

MICRÓFONO COMO GARROTE

Desde el púlpito presidencial, durante 1,416 conferencias matutinas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impuso una lógica binaria: si tú disentías, eras corrupto. Si lo cuestionabas, mentías. Si eras crítico, eras enemigo.

Según el analista Luis Estrada, director de SPIN-Taller de Comunicación Política, el promedio de afirmaciones falsas o engañosas en cada mañanera fue de 120 por conferencia.

Las cifras se manipulaban, los contextos se torcían, y los nombres se exponían sin pruebas. Se convirtió en una política de linchamiento narrativo. A algunos periodistas se les acusó de recibir millones. A otros, se les revelaron datos personales, violando su seguridad y dignidad.

La sección presentada por Ana Elizabeth García Vilchis —sin sustento legal ni parámetros claros— se convirtió en una tribuna institucionalizada de estigmatización. Un instrumento de castigo simbólico desde el poder. Y ahora lo confirma el Poder Judicial.

Pero el problema no era solo ella. Era el diseño entero: un aparato que disfrazaba propaganda de información, y vinculaba la crítica con traición a la patria.

MENTIRAS QUE CONSTRUYERON UN SEXENIO
  • “Tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca”.
  •  “Ya no hay corrupción en las compras de medicamentos”.
  •  “Somos autosuficientes en gasolina”.
  •  “Los delitos han bajado”.
  •  “Encontraremos a los jóvenes de Ayotzinapa”.
Cada frase, cada cifra, cada narrativa fue desmentida por medios como Animal Político, Verificado, México Cómo Vamos, y organismos internacionales como la CIDH.

Pero se repitieron hasta que se convirtieron en verdad política, aunque fueran mentira empírica. Porque en el obradorismo, la verdad no es lo que se puede probar, sino lo que se puede sostener con aplausos.

UN FALLO QUE REVELA UN MODELO

La resolución a favor del periodista Raymundo Riva Palacio va más allá de ser un triunfo legal. Es una radiografía de lo que fue el poder en el sexenio pasado.

El tribunal dijo lo evidente: esa sección fue creada sin base legal, operó sin reglas, y vulneró derechos fundamentales. No solo estigmatizó. Canceló la posibilidad de un debate plural, deformando el acceso a la información.

Y aunque ordena una disculpa, el daño ya está hecho. Porque no se trató de un caso, sino de un método. Mentir no fue la excepción. Fue la regla.

EL COSTO DE LA POSVERDAD

Hoy, el Poder Judicial trata de restaurar lo que el discurso destruyó: la confianza pública. Pero eso no se logra solo bajando videos o pidiendo disculpas. Hace falta una nueva cultura del poder: una que no confunda narrativa con verdad, ni propaganda con legitimidad.

López Obrador prometió no mentir, no robar, no traicionar. Pero su gobierno mintió sistemáticamente, robó los espacios públicos para hostigar, y traicionó el derecho a disentir.

Ahora, el país enfrenta no solo la herencia de sus decisiones, sino también la resaca de sus mentiras.

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIA)
AUTOR: JUAN ORTIZ.

AMLO se fue sin aclarar 31 mil millones ‘perdidos’

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 31,429 millones de pesos del gobierno de AMLO siguen sin aclararse, de un total de 112,635 millones detectados como irregulares en su sexenio. Casos como SEGALMEX, el Tren Maya, PEMEX y programas de Bienestar destacan por pagos sin justificar, sobrecostos y falta de transparencia.

Tras una revisión en el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF sobre las cuentas públicas de 2019 a 2023, se detectó que 31,429 millones de pesos del gobierno de AMLO siguen sin aclararse. De los 112,635 millones detectados como irregulares en su sexenio, esta es la cantidad que aún no tiene explicación.

El caso más escandaloso es SEGALMEX, Diconsa y Liconsa, el sistema que prometía garantizar la alimentación del pueblo, pero que terminó con inventarios fantasma, pagos sin justificar y hasta transacciones a proveedores fallecidos. 

Más de 6,800 millones de pesos siguen sin saberse dónde están. En cualquier otro país, este escándalo habría provocado renuncias inmediatas. Aquí, en cambio, el principal responsable, Ignacio Ovalle, se le permitió retirarse del servicio público.

Pero SEGALMEX es solo la punta del iceberg. El Tren Maya, PEMEX, Cultura, el IMSS y Bienestar encabezan la lista de dependencias con irregularidades millonarias. En total, una cantidad equivalente al presupuesto anual de varios estados ha quedado en el limbo financiero.

TREN MAYA, PEMEX Y BIENESTAR: ¿FALTA DE PLANEACIÓN O CORRUPCIÓN?

Las grandes apuestas de López Obrador también resultaron ser grandes agujeros negros para el presupuesto. 

El Tren Maya, la obra insignia del sexenio, tiene casi 3,000 millones de pesos sin aclarar su destino según datos de la ASF. ¿En qué se fueron? Pagos en exceso, obras inexistentes y duplicidad de costos. Se pagó por estructuras que no existen, por estudios que ya se habían contratado y por supervisiones fantasma. Y lo peor: no hay consecuencias.

PEMEX, la empresa que el gobierno prometió rescatar, también acumula 4,256 millones de pesos por aclarar. Los patrones son los mismos: pagos sin justificar, sobrecostos, falta de documentación y un descontrol total en contratos. La misma historia se repite en la Secretaría de Cultura y el IMSS. El dinero desaparece, los problemas crecen y nadie rinde cuentas.

PRIMERO LOS POBRES

Uno de los mayores golpes al discurso presidencial es lo que ocurre en la Secretaría de Bienestar. Los programas sociales, que deberían ser la base de la transformación, también presentan irregularidades millonarias. La ASF detectó pagos a personas fallecidas, beneficiarios sin identificación clara y transferencias a cuentas sin verificar. Más de 980 millones de pesos siguen sin aclararse.

El  problema es mayor cuando se revisa el destino de los recursos asignados a los Servidores de la Nación, el brazo operativo de los programas sociales. Se identificaron pagos sin justificación, transferencias duplicadas y recursos utilizados sin comprobar su destino. El dinero que debía llegar a los más vulnerables quedó atrapado en una burocracia opaca y, en muchos casos, mal administrada.

IMPUNIDAD COMO SELLO

La ASF ha señalado, con cifras y documentos, las irregularidades del gobierno de AMLO. Pero quienes estuvieron en su gobierno han respondido con claridad. No hay liderazgos sancionados, no hay estrategias para recuperar el dinero y, sobre todo, no hay voluntad de rendir cuentas.

El problema no es solo el dinero perdido, sino la impunidad con la que opera el gobierno. No hay castigos ni consecuencias reales. Tampoco explicaciones convincentes. El discurso de “no somos iguales” se cae cuando las auditorías muestran que las prácticas de desvío de recursos continúan con impunidad.

Si 31 mil millones pueden quedar en el aire sin que pase nada, ¿cuánto más se permitirá en los próximos años? El problema no es solo contable, es político. Y mientras el dinero siga desapareciendo sin consecuencias, la verdadera transformación será la de la impunidad convertida en política de Estado. Y aún falta la Cuenta Pública 2024.

DEPENDENCIA

POR RECUPERAR O ACLARAR (EN MILLONES DE PESOS)

Segalmex, Diconsa y Liconsa

$6,819.66

PEMEX

$4,256.82

Tren Maya

$2,946.41

Secretaría de Cultura

$1,408.61

IMSS

$1,099.48

Bienestar

$983.66

Birmex

$972.18

Aeropuerto de Texcoco

$938.44

Secretaría de Agricultura

$830.14

Tren México Toluca

$669.91

FUENTE: Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

AMLO heredó deuda histórica a Sheinbaum; cada mexicano debe 131 mil 738 pesos

El gobierno de AMLO le heredó una deuda histórica a Sheinbaum, pese a las promesas de no endeudar más al país y una narrativa de austeridad, que resultó ser selectiva, señaló la organización México Evalúa.

Pese a la promesa de tener finanzas responsables, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador adquirió deuda que coloca al país en niveles históricos. De ahí que cada mexicano debe 131 mil 738 pesos, esto es 17.5 % más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se trata de una de las herencias de López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum y con la que tendrá que lidiar en los siguientes años, así lo revela el informe Lecciones del sexenio elaborado por México Evalúa. 

Además, el costo de las megaobras, prioridades de AMLO, forman parte del mal manejo presupuestal, toda vez que el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas terminaron con un sobrecosto de 673 mil millones de pesos.

El informe presentado este lunes 3 de marzo explica que el sexenio de AMLO cerró con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro público por parte de Hacienda, al alcanzar los 17.4 billones de pesos, equivalente a 51.4 % de la economía.

Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el Gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024.

Al compararlo con la deuda pública que dejó Enrique Peña Nieto, se observa que la deuda pública se incrementó en 23 % (3.2 billones de pesos) respecto a 2018. El aumento de la deuda se debe a que el Gobierno pidió más préstamos en moneda nacional, elevándose en un 45.5 % (4.1 billones de pesos) frente a lo que dejó EPN en 2018.

Al hacer el ejercicio de dividir el total de la deuda pública entre la población, cada mexicano debe 131 mil 738 pesos por concepto de la deuda pública. Esto es 17.5 % (19 mil 596 pesos) superior a lo que debíamos los mexicanos al cierre del sexenio de Peña Nieto, cuando se debían 112 mil 141 pesos por persona.

“AMLO sí endeudó al país y debilitó aún más las finanzas del Gobierno, llegando incluso a pedir más dinero prestado en el último año de su sexenio que las cuatro administraciones pasadas. Pero salió ileso: pateó el explosivo de su deuda hacia la nueva administración de Sheinbaum”, advierte el estudio presentado por la directora de México Evalúa, Mariana Campos y el investigador Jorge Cano.

¿Para qué se endeudó en el sexenio de AMLO?

Los expertos aclararon que el endeudamiento no es malo, sino que lo importante es para qué se usa. Un candado es el artículo 73 de la Constitución que obliga a que todo aquel financiamiento que solicite el Gobierno debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos.

Sin embargo, al comparar el déficit público al cierre de 2024 respecto al gasto de inversión física (en infraestructura) que realizó el Estado, se tiene que de cada 100 pesos de endeudamiento 53 se destinaron a la inversión física, mientras que los restantes 47 pesos a otros tipos de gasto como pueden ser el pago de intereses de la deuda o financiar programas sociales.

“El sexenio de AMLO no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo, de acuerdo con el anterior principio económico. Durante todo su sexenio el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión”, agrega el estudio.

Esto significa que el expresidente no sólo se endeudó de manera histórica, sino que al no gastar de manera proporcional en la construcción de infraestructura y ampliar las capacidades productivas del país, “sólo generó una mayor deuda con tasas de interés muy altas que ahora deberá pagar la nueva administración. Esto, a costa de frenar el gasto en sectores prioritarios y con ello arriesgar la garantía de los bienes y servicios públicos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Denuncia de expertos: Con AMLO, mayor crisis y estancamiento de la enseñanza en México

Especialistas coinciden en que la reforma del entonces presidente López Obrador ha creado una crisis educativa por el bajo y desigual nivel de aprendizaje en general, la ausencia de organismos de evaluación y opacidad en los resultados de los nuevos modelos.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una crisis educativa en todos los niveles de enseñanza. Los rubros en los que este problema es más notorio es en la deficiente comprensión de lectura de los alumnos, el bajo dominio de operaciones matemáticas básicas, la alta deserción escolar, sobre todo en bachillerato, y escuelas públicas que carecen de servicios como lavabos, electricidad y agua potable.

Por si fuera poco, el promedio de escolaridad de los mexicanos es de 9.7 años; es decir, México es un país “de secundaria”, aunque la Constitución ya ordena que la educación es obligatoria y gratuita hasta la universidad. Lo anterior, de acuerdo con el proyecto Aprender Parejo, de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la organización México Evalúa.

Con este panorama de “retroceso” que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la “ausencia” de un cambio de ruta en la nueva administración que, por el contrario, recoge gran parte de lo hecho en los últimos seis años, el deseo que Sheinbaum Pardo expresó en su campaña, de convertirse en “la presidenta de la educación”, parece lejano, coinciden especialistas en el ramo.

En entrevistas por separado con Proceso, resumen los principales elementos de esa crisis educativa: bajo y desigual nivel de aprendizaje en general, ausencia de organismos de evaluación, carencia de diagnóstico tras la pandemia de covid-19, opacidad en los resultados de los nuevos modelos, incremento en el número de becas que agravan las desigualdades; distribución de presupuesto para infraestructura escolar sin asesoría, preparación técnica deficiente ante la demanda laboral, falta de capacitación y estímulos a los maestros y recorte presupuestal, entre otros.

Eso es lo que enfrenta el sistema educativo mexicano compuesto por 34 millones 941 mil 380 alumnos, desde educación inicial hasta superior, en 260 mil 262 escuelas de los tres tipos de enseñanza y dos millones 160 mil 440 maestros, según las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Con AMLO, retroceso

Alma Maldonado Maldonado, experta del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), asegura: “En materia educativa el sexenio pasado fue un retroceso significativo en muchos frentes”. Peor aún, lamenta que distintas iniciativas del tabasqueño “las hereda Sheinbaum con más o menos la misma retórica y mismos programas”.

Ese retroceso lo explica con distintos argumentos. Recuerda que López Obrador derogó la reforma educativa hecha por el presidente Enrique Peña Nieto, “pero él no traía un proyecto contundente”. Mientras, su iniciativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) “fue un invento un poco raro y muy apresurado de Esteban Moctezuma y luego con Delfina Gómez”, los primeros dos de tres titulares de la SEP en esa gestión.

Critica que el cambio de modelo se hizo sin tener planes y programas de estudio previos y “con mucha opacidad en todo el proceso. Aunque digan que hicieron asambleas y consultas, la verdad es que ocultaron información”.

Con Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 25 años de experiencia en investigación educativa, Maldonado recuerda que, tras la pandemia por covid-19, tampoco se hizo…

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0021 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Crecimiento económico en el sexenio de AMLO es el más bajo en casi 40 años

La economía se contrajo 0.6% en el último trimestre del año pasado, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral que publicó hoy el Inegi; en el último año del gobierno lopezobradorista, México creció 1.3%.

Andrés Manuel López Obrador no cumplió su promesa de crecimiento económico, de hecho, los datos oficiales del Inegi indican que tuvo el peor desempeño desde el sexenio de Miguel de la Madrid, hace casi 40 años.

La economía se contrajo 0.6% en el último trimestre del año pasado, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral que publicó hoy el instituto estadístico; en el último año del gobierno lopezobradorista, México creció 1.3%. Con estos datos, se confirma que el primer gobierno de la 4T fue incapaz de lograr avances de crecimiento en materia económica.


De acuerdo con las estimaciones oficiales la segunda mayor economía de Latinoamérica avanzó durante el año pasado menos de la mitad del crecimiento reportado en 2023, que había sido de 3.3%.

En el primer trimestre de 2020 se registró un indicador de -1.2% y al cuarto trimestre de 2024 se ubicó en –0.6%; el decrecimiento más importante durante el gobierno de López Obrador fue en el segundo trimestre de 2020 cuando se llegó al -18.9%.

Proceso publicó que entre 2018 y 2021 el PIB de México perdió 47 mil 86 millones de dólares, de acuerdo con la base de datos y las publicaciones estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

López Obrador dijo durante su gestión que el decrecimiento que acumuló la economía mexicana desde que él fue presidente se debía a “los efectos devastadores de la pandemia” del covid-19 y a otros factores externos, como la invasión rusa a Ucrania. Pero decía que México “está creciendo más que otros países”.

Los datos y proyecciones de la Cepal revelaron que en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, México acumuló una caída del PIB de -1.8%, mientras que en ese mismo lapso América Latina creció en promedio 2.5%.

Al inicio del gobierno de López Obrador se presentó el Plan Nacional de Desarrollo de la nueva administración, dichas perspectivas delineaban la estimación macroeconómica hasta el 2025: la promesa del candidato de Morena fue llegar a la meta del crecimiento económico en el sexenio del 4%.   

Durante el sexenio de Vicente Fox el crecimiento económico fue de 1.9%, en el mandato de Felipe Calderón se llegó a 1.7%, mientras que Enrique Peña Nieto logró un 2.4%. El mayor dinamismo económico en los últimos 50 años se alcanzó con José López Portillo, logrando un crecimiento sexenal de 6.5%, el presidente Gustavo Díaz Ordaz llegó al 6.2%, mientras que con Luis Echeverría fue de 6%.

Desaceleración

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había proyectado una desaceleración de la economía mexicana para 2024 al estimar un crecimiento de 1.8%, mientras que para este año prevé una expansión de 1.4%. Las estimaciones del organismo internacional están muy por debajo de las proyecciones del gobierno de Morena que ha calculado que avanzará entre 2% y 3% durante 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió hoy que México se encuentra en el primer lugar de los países con menos desempleo en el mundo, mientras que le siguen en la lista Japón, Alemania y Países Bajos.
“Aquí a los de oposición quienes mencionan que la economía de México está muy mal, todo lo contrario, es muy fuerte la economía mexicana. Este es uno de los datos más importantes para establecer como va caminando el desarrollo del país”, dijo durante la “mañanera del pueblo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.