De acuerdo con la sistematización de la información, facilitada a la OMCT por organizaciones civiles mexicanas aliadas, “la tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”.  

De acuerdo con el informe, “se han denunciado 2 mil 881 casos de tortura cuyos hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2024, de los que derivaron 3 mil 506 víctimas”, en apego a la documentación recabada por la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.  

La OMCT alertó en su informe que, en 2023, en todo el país se han tramitado 4 mil 592 carpetas de investigación por tortura, pero que sólo 18 han sido presentadas ante jueces, lo que representa el 0.1% del total de las querellas, situación que coloca a la tortura como uno de los delitos con un alto grado de impunidad.  

Con base en información proporciona por el Observatorio contra la Tortura, en ese mismo año, “sólo se dictaron 8 sentencias condenatorias por tortura y malos tratos”.  

La organización resaltó que, de manera generalizada, las víctimas de tortura carecen de una defensa adecuada, además de que “los agentes de policía disuaden a las víctimas de tortura de presentar denuncias” contra perpetradores, siendo los más señalados agentes de las fiscalías estatales, seguido de elementos de seguridad pública.  

El reporte de la organización internacional incluye datos de la Encuesta Nacional de Población Privada e la Libertad (ENPOL), publicada por el INEGI en 2021, de la que se desprende la prevalencia de “un patrón común para generar pruebas ilícitas: el 42% de las personas en prisión entrevistadas refirieron que fueron golpeadas o maltratadas en la agencia del ministerio público para inculparse o aceptar hechos falsos y en el 22% para inculpar a alguien más”, mientras que 20% aceptó haberse declarado culpable de los delitos que le imputaban tras agresiones físicas”.   

La ENPOL también documenta que el 34.5% de las personas privadas de la libertad encuestadas “declararon haber sido agredidas físicamente por custodios”.  

Para la organización internacional los porcentajes de personas privadas de libertad que denunciaron tortura son muy elevados, considerando que hay 242 mil 457 personas privadas de libertad, de las cuales 38.2% se encuentran en condición de prisión preventiva. 

En la ficha técnica sobre México, la OMCT incluye resultados del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia contra México por la tortura sexual cometida contra once mujeres agredidas en un operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.  

De acuerdo con el Diagnóstico, de mil 280 mujeres privadas de la libertad encuestadas, “el 32% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que 11.64% se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual, sin haberla reconocido como tal, es decir que el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual”.  

El documento también incluye las muertes de 21 mujeres en el CEFERESO 16 de Morelos, presuntamente por suicidios derivados del ambiente torturante en que se encuentran las internas del reclusorio federal.  

La OMCT también consideró, como uno de los elementos de riesgo, la situación que viven defensores de derechos humanos y periodistas,  documentada a partir de reportes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que refiere que en 2024 “al menos nueve personas defensoras de derechos humanos, seis periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación fueron asesinadas en relación con su labor en México”, mientras que cinco personas defensoras de derechos humanos y un trabajador de medios, fueron desaparecidos ese año.  

La organización internacional destacó que a pesar de ser tan frecuente la perpetración de la tortura, en 2023 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo había reconocido a mil 553 víctimas de ese flagelo. 

La OMCT hizo una referencia a la “brutalidad policial” y retomó datos de la investigación Poder Militar, realizada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que  alerta que de 20182 a 2023, “la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos”, de los cuales, en 411 “se utilizaron armas de fuego”, en tanto que la corporación militarizada, había privado de la vida a 94 personas entre 2019 y 2021, entre los que se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales.  

En la documentación del Índice Global de la Tortura 2025 se resaltó que México es uno de los pocos países que cuentan con legislación para abordar el delito de tortura, así como con instituciones y mecanismos dentro del Estado para combatir el flagelo, instrumentos jurídicos que incluso han sido imitados por otros países.  

Sin embargo, la OMCT lamentó la falta de congruencia entre la legislación y la realidad.  

De acuerdo con el Índice Global de Tortura 2025, México comparte la clasificación de “alto riesgo” con países como El Salvador y Colombia, en Latinoamérica, así como con Nigeria, Camerún, República Democrática de El Congo y Túnez, en África, así como con Turquía, Pakistán, India, Malasia e Indonesia, en Asia.  

La presentación en México del documento estuvo encabezada por Olga Guzmán, responsable regional de OMCT, quien después de darlo a conocer dio la palabra a víctimas directas e indirectas de tortura.

Daniel no es el único que ha optado por el servicio médico privado, aún cuando esto represente un sacrificio y signifique que tenga que ahorrar durante meses, trabajar más o renunciar al poco patrimonio a cambio de la salud. 

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cirugías realizadas en hospitales privados creció en 33 %. En 2012 hubo 919 mil intervenciones quirúrgicas en centros privados en el país, para 2018 aumentó a 1 millón 78 intervenciones, y en 2024 creció a 1 millón 436 mil, de acuerdo con el Sexto Informe de gobierno de AMLO.

Estos datos demuestran que no sólo aumentó la oferta privada de primera atención, a través de Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), donde la gente atiende malestares menores como gripas o infecciones estomacales, sino que también aumentaron las atenciones privadas que requieren hospitalización. 

Y paradójicamente, aunque López Obrador mantuvo el lema de “primero los pobres”, la atención médica pública disminuyó durante su gestión. Entre 2018 y 2024, el número de cirugías cayó 6 %, lo que significó 200 intervenciones menos en todo el sistema público. Y si se compara con las realizadas en 2012, la disminución alcanzó 489 mil cirugías, según su último informe de Gobierno.

Esto ocurrió durante las fallidas estrategias en materia de salud del expresidente López Obrador. Primero decidió desaparecer el Seguro Popular, un programa transexenal que atendía a población sin seguridad social desde 2012, acusando la existencia de corrupción, aunque nunca hubo alguna persona denunciada o investigada por ello. 

Luego lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero apenas funcionó dos años y luego fue extinguido. En su lugar trasladaron la responsabilidad de coordinar ese sistema de salud que opera en los estados al IMSS-Bienestar. 

Sin embargo, en ese proceso se perdió el rastro de miles de millones de pesos que financiaba el tratamiento y cirugías de enfermedades catastróficas como el cáncer, malformaciones genéticas o transplantes, entre otros, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular. 

Hasta 2018 el fideicomiso había acumulado 119 mil millones de pesos. En 2019, tras la desaparición del Seguro Popular, los recursos fueron transferidos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), administrado por el Insabi. Para 2023, ese Fondo sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en cuatro años AMLO disminuyó 62 % del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó.

De acuerdo con el artículo “La eliminación del Seguro Popular: impactos en la atención de enfermedades de alto costo en la población no asegurada en México”, de Luis Javier Cortés y Octavio Gómez Dantés, publicado en The Lancet, la consecuencia de la decisión de AMLO de desaparecer este programa fue la reducción en el acceso a servicios de salud de alta especialidad, afectando a quienes menos tienen. 

Aumentan seguros médicos

Desde que Claudia Castellanos tiene uso de razón, había tenido seguro de gastos médicos mayores junto con sus seis hermanos y su madre, gracias a que el trabajo de su padre como supervisor en una empresa cervecera incluía ese beneficio desde los años 80. 

Sólo por eso pudieron hacer frente al cáncer que padeció su madre en 2011. A cuatro días del diagnóstico comenzó el tratamiento que incluyó 16 quimioterapias, 6 meses de radioterapias y una mastectomía. Un año después estaba libre de cáncer de mama. 

“Fue el privilegio de la atención privada”, dice Claudia. “Entre la dignidad de los espacios, la atención de los médicos, la comida, la disposición, mi mamá anímicamente no estaba afectada”.

Sin embargo, 11 años después, en 2022, su madre comenzó a enfermar, esta vez con choques sépticos, sus órganos se congestionaban y le generaban infecciones. Luego supieron que eran síntomas del regreso del cáncer, pero esta vez la póliza del seguro médico ya no le cubría nada relacionado a ello. 

El patriarca de la familia decidió continuar con la atención privada, pero la realidad le chocó de frente. Sólo por ocho días internada, estudios y tratamiento, sus ahorros se esfumaron. Era mayo de 2022.

La única posibilidad era acudir al servicio público y, gracias a la recomendación de sus médicos que trabajaban en instituciones públicas a la par de las privadas, pudieron conseguirle un espacio para iniciar un tratamiento. Sin embargo, el cáncer avanzó rápidamente y sus últimos días los pasó solo con cuidados paliativos. Falleció en junio de 2020 a los 53 años. 

Claudia y sus cinco hermanas saben que el cáncer que sufrió su madre tiene un componente genético, por eso es que no fallan en sus exámenes de revisión. También tienen como prioridad pagar su seguro médico privado. Aunque ella, consiguió esa prestación en su nuevo trabajo, pues antes de eso, al cumplir 22 años perdió la antigüedad de su primera póliza porque no tenía recursos para pagarla. 

Dado el antecedente de su madre, su póliza tiene una cláusula que encarece la contratación. Por eso es que aún cuando Claudia tiene 29 años el costo del seguro supera los 50 mil pesos. “No podía pagar eso, pagando renta, comida”. Pero ahora hará el esfuerzo para conservarlo porque “no queremos morirnos de cáncer”, dice. 

Claudia no es la única en querer sentirse segura con un servicio médico privado. En 2024 se registró el número más alto de personas con seguro de gastos médicos de los últimos 12 años, según datos de la Encuesta de Inclusión Financiera del INEGI. 

Mientras en 2012 hubo 4.6 millones de mexicanos con seguro de gastos médicos, en 2018 creció a 4.9 millones y el año pasado hubo 6.4 millones, un 7.5 % de la población. Esto representa un aumento de 29 % en el último sexenio.

En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) tiene su propia estadística, pero coincide en el aumento. Entre 2010 y 2014 se mantuvo una tendencia con más de 300 mil personas con seguros de Salud, aquellos que brindan servicios de primera atención. 

A partir de 2016 ascendió a 1.2 millones de personas y aunque varió en los siguientes años no superó los 1.7 millones. Sin embargo, en 2022 aumentó a 3 millones, en 2023 a 6 millones y la estimación de la AMIS para 2024 se ubica en 8.3 millones de personas que tienen contratado este tipo de servicios.

José Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la AMIS, explicó en entrevista que este crecimiento obedece, sobre todo, a que se incluyó la atención dental a los Seguros de Salud, que son servicios de primera atención. 

Mientras que el crecimiento de 10 millones de asegurados registrados en 2018 y el salto a 13 millones en 2023, se debe al aumento en la contratación de seguros colectivos por parte de las empresas, como parte de la búsqueda de “pólizas con primas bajas”; además, también se trata de un “efecto de la pandemia de Covid”, en el que las personas optaron por contratar servicios privados dada la saturación de los servicios públicos.

El documento resalta que si bien del total de agresiones documentadas, 14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos, y seis en varias ciudades de Guatemala, su análisis “permite caracterizar un sexenio (el de López Obrador)  que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

De acuerdo al estudio, en los últimos 20 años las personas defensoras de migrantes se han enfrentado a riesgos como “la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las agresiones, la criminalización (social y mediática) y los procesos de judicialización hasta la desaparición y el asesinato”.

El informe identifica como perpetradores de las agresiones tanto a agentes el Estado como a actores particulares, entre ellos “miembros de grupos armados, pandillas y grupos del crimen organizado”, situaciones que generan daños tanto a la integridad física como a la salud mental y emocional.

Como antecedente, el documento cita el informe “Defensores sin muros”, elaborado en 2019, por los mismos autores, que registró “69 incidentes (eventos) de agresión contra al menos 17 personas, ocho albergues y una organización en Centroamérica, México y Estados Unidos”.

Para continuar on el análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el informe continúa con la revisión de las agresiones ocurrida entre septiembre de 2019 a septiembre de 2024, periodo en el que los investigadores se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración.

Del total de agresiones, se registraron dos asesinatos y tres desapariciones forzadas contra defensores de derechos de personas migrantes, como las más graves entre los 33 tipos de agresiones registradas en el periodo.

Los investigadores de Prami y Redodem identificaron que, durante los últimos cinco años del gobierno de López Obrador, las agresiones más frecuentes fueron el hostigamiento con 20 registros; la estigmatización con 16 casos; las amenazas con 15: la vigilancia y la judicialización con nueve cada una; así como las amenazas con arma de fuego y detención arbitraria con seis agresiones cada una.

Otras agresiones se refieren a amenazas de judicialización y obstaculización de la labor de defensa de derechos humanos, con cinco cada una; agresión física y perfilamiento racial, con cuatro en cada una; agresión verbal, amenazas de incendio y detonación de arma de fuego, con tres en cada caso; cierre forzado de operaciones, encapsulamiento, infiltración del crimen organizado y revisión de pertenencias y datos personales, con dos en cada tipo de agresión, así como amenazas de cierre, bloqueo de acceso, desalojo, espionaje, extorsión, incendio provocado, incomunicación, intentos de extorsión, retención arbitraria, secuestro y usurpación de identidad, con un caso documentado por acto violento.

Por entidades federativas, el informe de Prami y Redodem revelan que, de las 137 agresiones registradas durante el periodo analizado, 117 ocurrieron en el territorio mexicano, de las cuales 21 están distribuidas como sigue:  30 en Chiapas, 25 en Baja California, 19 en Ciudad de México, 13 en Coahuila, 6 en Tlaxcala, 5 en Chihuahua, 4 en Tabasco, mientras que en Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se registraron tres ataques por entidad.

Se destaca que las seis agresiones restantes de las registradas en el territorio nacional, “cuatro corresponden a estigmatización”, vinculadas a “agresiones de amenaza de judicialización y judicialización”.

El documento alerta que de las 117 agresiones cometidas en territorio nacional 44% se concentran en Tijuana, Baja California, Tapachula, Chiapas y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, concentraciones asociadas con la ubicación fronteriza de las primeras dos ciudades y en la tercer a “por la permanencia de personas migrantes, tanto en campamentos como en situación de calle en la zona y el acompañamiento que han realizado personas defensoras de derechos humanos”.

En cuanto a las 20 agresiones restantes documentadas por Prami y Redodem,  14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos y seis en varias ciudades de Guatemala.

“La diversidad de agresiones que se identifican de manera específica en los 63 eventos contra las personas y las colectividades defensoras da cuenta de la amplitud de riesgos que enfrentan quienes defienden derechos en los contextos migratorios”, apunta el informe.

El documento destaca que de las 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, que fueron identificadas como blanco de los ataques, la mayoría fueron albergues (19), seguida de personas defensoras (10) y en tercer lugar organizaciones civiles de derechos humanos (6).

En menor escala, se identificó a colectivos o grupos de apoyo organizados (3), seguidos de periodistas especializados en migración (2), personas defensoras de migrantes (2) y otros colectivos comunitarios relacionados con la migración (1).

El informe destalla que contra esas 43 personas y colectividades ocurrieron 63 eventos de agresión que “se caracterizan por tener una o más agresiones y porque pueden involucrar a una o más personas y/o colectividades defensoras”.

Según la clasificación de los investigadores 30 de los eventos de agresión fueron dirigidos a albergues para migrantes; 11 contra personas defensoras; 10 contra colectivos o grupos de apoyo a migrantes; y 9 contra organizaciones civiles de derechos humanos, principalmente.

El resto de los eventos ocurrieron contra grupos de personas defensoras migrantes (3), periodistas (2) y otras colectividades (1).

Es relevante observar la evolución por año de los eventos de agresión, que se han ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, empezando por un evento ocurrido en 2016 pero que se reveló en 2021, pasó a 2019 con siete eventos, para después disminuir a uno en 2020, subir nuevamente a 10 en 2021, y de ahí continuar en tendencia ascendente, con 12 eventos en 2022, otra cifra igual un año después para cerrar con 19 eventos de agresión en 2024.

La tendencia indica que “ante el incremento de las migraciones hay un robustecimiento de las políticas migratorias de contención, lo cual también tiene como consecuencia mayores agresiones a colectividades defensoras en contextos de migración forzada”.

De los 63 eventos de agresión documentados, el informe identificó “20 perpetradores distintos”, algunos actuando de manera conjunta. Entre las cinco principales tipos de agresores del total de eventos en 12 participaron corporaciones militares, Guardia Nacional, Ejército y Marina; en 12 más personas desconocidas; en  8 personas armadas desconocidas; en 7 integrantes de grupos del crimen organizados, mientras que en 6 miembros de la comunidad.

Cabe destacar que de los 63 eventos, en cinco se ubicó como perpetrador al Instituto Nacional de Migración y una cifra igual a la Fiscalía General de la República.

Los autores del documento consideran preocupante “la diversificación de la violencia y la crueldad con que se lleva a cabo”, lo cual podría atribuirse a “la creatividad de los perpetradores para implementar nuevas formas de intimidar a las personas defensoras”, pero sobre todo por “la impunidad sistemática en nuestro país, que impacta a toda la población, pero que en casos de personas defensoras -y periodistas- es casi absoluta”.

Los autores concluyen que su informe “no sólo evidencia violencias y violaciones a derechos humanos, sino que es un testimonio vivo de que los colectivos, los albergues y las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras, las iglesias y las comunidades, construyen rede de solidaridad que articulan esfuerzos para brindar protección, acompañamiento y apoyo humanitario, más allá de los nacionalismos, las fronteras y las soberanías nacionales”.

La instrucción de beneficiar a esta empresa habría venido del general en retiro Jens Pedro Lohmann, quien entonces era el director general de Birmex, según declararon exfuncionarios de Birmex a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión a sus adquisiciones de 2023. 

“En la historia de Birmex no se había comercializado ese tipo de medicamentos, no fue hasta la licitación de compras consolidadas 2023-2024 que se instruyó por parte de la dirección general de Birmex de beneficiar al proveedor Neuronic Mexicana y que Birmex participara con diferentes claves de medicamentos que manejaba el proveedor con el Laboratorio Cubano AICA”, dijo un exfuncionario a la Auditoría.

Esta declaración contenida en el informe de la Auditoría se confirma con los datos: la compañía sólo había ganado 419 mil pesos en contratos con el gobierno entre 2009 y 2015, pero sus ganancias se incrementaron exponencialmente en la administración de AMLO, de acuerdo con datos oficiales de Compranet y de solicitudes de información.

Neuronic Mexicana lo reconoció así en respuesta al cuestionario enviado por Animal Político: “La diferencia con años anteriores es que la importación de esos productos se realizaron bajo el Acuerdo del 28 de enero de 2020 en el que se establece la equivalencia de requisitos sanitarios para algunas Agencias Regulatorias extranjeras reconocidas por la OMS o de Referencia de la Región (en este caso clasifica la AR de Cuba el CECMED certificada por la OMS). Ese acuerdo permitió la importación sin Registro Sanitario (RS) en México, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la COFEPRIS, por ejemplo que se deben analizar y liberar cada lote por un tercero autorizado”. 

En tanto, Birmex recibió el cuestionario de Animal Político desde el 29 de abril pasado y la Secretaría de Salud el 8 de mayo, en el cual se preguntó la razón para beneficiar al gobierno de Cuba y los incumplimientos de calidad y entregas de los productos, pero no hubo respuesta.

La mayor parte del contrato correspondió a la compra de 3.4 millones de gotas para los ojos: Cloranfenicol, Prednisolona, Pilocarpina, Atropina y Diclofenaco sódico, por 80 millones de pesos. Todas, parte del catálogo principal de Laboratorio Cubano AICA, en su línea de producto llamada “soluciones oftalmológicas”.  

Además, el gobierno mexicano habría comprado en excedente. El pedido hecho en 2023 es mayor a la necesidad anual de 2.6 millones de piezas, como se observa en la demanda de compra de 2025-2026. 

Y una vez más, Neuronic Mexicana incumplió con el pedido, como se demuestra en los registros de entrega a los almacenes de Birmex obtenidos por transparencia. De acuerdo a la información oficial, la empresa únicamente entregó 2.2 millones de gotas oftalmológicas.

De las 192 mil piezas de Cisplatino previstas en el contrato, sólo se registró la entrega de 123 mil. Es decir, habría un incumplimiento en 35 % de la adquisición. 

Luego de la recepción en almacenes, Birmex debe enviar los productos a los hospitales, pero de acuerdo a los reportes entregados, la proporción fue ínfima. Sólo hay prueba de distribución de 32 mil de las 105 mil dosis de Atropina entregadas por la empresa; y 1,922 piezas de Cisplatino, de las 123 mil piezas compradas. Del resto de medicamentos no entregaron registro por transparencia.

Además, la Auditoría ya había analizado una muestra por 48 millones de pesos de este contrato y detectó una serie de irregularidades, como la falta de permisos sanitarios, incumplimiento de entregas, productos caducos que debieron ser destruidos o cuya mala calidad provocó rechazos de los hospitales. 

Neuronic Mexicana fue elegida para la adquisición de los medicamentos pilocarpina, atropina, cloranfenicol, diclofenaco, y prednisolona sin tener los permisos sanitarios. Incluso, fue Birmex quien se encargó “del trámite de importación y liberación de los medicamentos”, según detectó la Auditoría. 

Un exfuncionario de Birmex explicó a la Auditoría la calidad de los productos cubanos: “Muchos de los empaques venían en mal estado y el área de calidad de Birmex los identificaba y apartaba con la finalidad de que éstos no se distribuyeran. En otras condiciones, este tipo de deficiencias a cualquier otro proveedor se le hubiera regresado. Sin embargo, la instrucción fue de recibirlos y de acondicionarlos (aproximadamente un millón de unidades) para su venta y distribución, lo cual generó un gasto adicional para Birmex por la materia prima y la mano de obra utilizados”.

Además, dichos medicamentos “no se encontraban aprobados en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud, y de los cuales se identificaron diversos rechazos por parte de las instituciones hospitalarias”. 

Ante esta información sobre incumplimientos, Neuronic Mexicana negó que sus productos fueran de mala calidad y respondió a Animal Político que “se pagaron todas las penalidades establecidas por entrega tardía, por los envases que llegaron dañados por la transportación, por corta caducidad”. Mientras que por medicamentos caducos “se emitieron las notas de crédito o se devolvió el dinero a Birmex”, respondió la representante comercial de la empresa vía correo electrónico.

Sobre los productos que vendieron pese a no tener registro sanitario, informaron, “la responsabilidad recayó sobre BIRMEX y el análisis y la liberación la realizó el laboratorio de COFEPRIS. Ese era el proceder no solo para Neuronic Mexicana, era lo establecido”.

Sin embargo, al preguntar cuál fue el monto de penalidades y notas de crédito que la empresa pagó por incumplimientos, dejó de responder. 

La empresa también confirmó que no existe ninguna investigación en su contra por parte de alguna institución de gobierno. Esto porque “se procedió según las leyes establecidas en México. Neuronic Mexicana no le debe nada a BIRMEX. Se emitieron las notas de crédito y se devolvió el dinero en correspondencia con las penalizaciones emitidas. No se favoreció a Neuronic Mexicana, se procedió según fuera el caso”.

Insumos para los más pobres que no llegaron

Aún con los incumplimientos, Neuronic Mexicana fue contratada nuevamente por el IMSS Bienestar para la “adquisición de kits 11,768 individuales para la estrategia de atención proactiva en las unidades de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar”; es decir, las clínicas en las zonas más marginadas del país. 

El 5 de julio de 2024, el IMSS Bienestar, entonces dirigido por Alejandro Calderón Alipi,  explicó que haría una adjudicación directa en lugar de una licitación para “evitar cubrir costos financieros, materiales y humanos que pueden generarse por la realización del procedimiento”. 

Ese mismo día notificó a la empresa que le asignaba el contrato por 273 millones de pesos (y con IVA sumaba 316 millones de pesos) para la compra de 11, 778 kits de atención médica con un costo unitario de 23 mil 184 pesos.

Cada paquete contendría una mochila, estuche de contención, estetoscopio de cápsula doble, esfigmomanómetro portátil digital, fonodetector portátil de latidos fetales, glucómetro, oxímetro de pulso, estuche de diagnóstico hospitalario, kit de instrumentos para curación, suturas, y parto, martillo clínico, termómetro digital y un estimulador eléctrico portátil. Aunque, al buscar cada producto en tiendas comerciales, el costo aproximado total ascendería a 18 mil pesos. 

Sin embargo, aunque el contrato se firmó en septiembre de 2024, hasta diciembre, la empresa no había entregado los productos y no podría cumplir con la contratación. De ahí que el IMSS-Bienestar solicitó la cancelación anticipada argumentando un “caso fortuito o fuerza mayor”. 

“Como consecuencia de los fenómenos naturales que afectaron directamente a la producción, importación y distribución de los bienes. Aunado a que no se cuenta con la capacidad institucional de almacenamiento y distribución de los bienes, ya que no cuenta con una partida presupuestal para tales fines”, establece el acuerdo entregado por el IMSS-Bienestar.

En sus cuentas encontró transferencias a Laboratorios AICA y Biocubafarma Tesorería, y al preguntarle a la empresa, ésta justificó que hizo esos pagos porque es la “representante legal y mercantil de Laboratorios AICA en México y que ambas empresas forman parte de Biocubafarma, el cual es un grupo empresarial cubano”.

Otro de los contratos fue por la vacuna Abdalá contra la Covid-19, creada por Inmunoensayo, otra empresa que forma parte del conglomerado de Biocubafarma. México compró millones de dosis por mil 453 millones de pesos, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación. 

El gobierno de López Obrador, además, hizo público su apoyo al presidente Miguel Díaz Canel, al recibirlo cuatro ocasiones en México entre 2018 y 2023. En ellos, indicaron en comunicados oficiales, se estrecharon lazos de cooperación en diferentes áreas, como la reanudación con más frecuencias en vuelos Ciudad de México-Varadero y Cancún-Cayo Coco, o la firma de acuerdos entre el Servicio Postal Mexicano y Correos de Cuba para facilitar el envío de paquetería entre ambos países.

MICRÓFONO COMO GARROTE

Desde el púlpito presidencial, durante 1,416 conferencias matutinas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impuso una lógica binaria: si tú disentías, eras corrupto. Si lo cuestionabas, mentías. Si eras crítico, eras enemigo.

Según el analista Luis Estrada, director de SPIN-Taller de Comunicación Política, el promedio de afirmaciones falsas o engañosas en cada mañanera fue de 120 por conferencia.

Las cifras se manipulaban, los contextos se torcían, y los nombres se exponían sin pruebas. Se convirtió en una política de linchamiento narrativo. A algunos periodistas se les acusó de recibir millones. A otros, se les revelaron datos personales, violando su seguridad y dignidad.

La sección presentada por Ana Elizabeth García Vilchis —sin sustento legal ni parámetros claros— se convirtió en una tribuna institucionalizada de estigmatización. Un instrumento de castigo simbólico desde el poder. Y ahora lo confirma el Poder Judicial.

Pero el problema no era solo ella. Era el diseño entero: un aparato que disfrazaba propaganda de información, y vinculaba la crítica con traición a la patria.

MENTIRAS QUE CONSTRUYERON UN SEXENIO

UN FALLO QUE REVELA UN MODELO

La resolución a favor del periodista Raymundo Riva Palacio va más allá de ser un triunfo legal. Es una radiografía de lo que fue el poder en el sexenio pasado.

El tribunal dijo lo evidente: esa sección fue creada sin base legal, operó sin reglas, y vulneró derechos fundamentales. No solo estigmatizó. Canceló la posibilidad de un debate plural, deformando el acceso a la información.

Y aunque ordena una disculpa, el daño ya está hecho. Porque no se trató de un caso, sino de un método. Mentir no fue la excepción. Fue la regla.

EL COSTO DE LA POSVERDAD

Hoy, el Poder Judicial trata de restaurar lo que el discurso destruyó: la confianza pública. Pero eso no se logra solo bajando videos o pidiendo disculpas. Hace falta una nueva cultura del poder: una que no confunda narrativa con verdad, ni propaganda con legitimidad.

López Obrador prometió no mentir, no robar, no traicionar. Pero su gobierno mintió sistemáticamente, robó los espacios públicos para hostigar, y traicionó el derecho a disentir.

Ahora, el país enfrenta no solo la herencia de sus decisiones, sino también la resaca de sus mentiras.

Las grandes apuestas de López Obrador también resultaron ser grandes agujeros negros para el presupuesto. 

El Tren Maya, la obra insignia del sexenio, tiene casi 3,000 millones de pesos sin aclarar su destino según datos de la ASF. ¿En qué se fueron? Pagos en exceso, obras inexistentes y duplicidad de costos. Se pagó por estructuras que no existen, por estudios que ya se habían contratado y por supervisiones fantasma. Y lo peor: no hay consecuencias.

PEMEX, la empresa que el gobierno prometió rescatar, también acumula 4,256 millones de pesos por aclarar. Los patrones son los mismos: pagos sin justificar, sobrecostos, falta de documentación y un descontrol total en contratos. La misma historia se repite en la Secretaría de Cultura y el IMSS. El dinero desaparece, los problemas crecen y nadie rinde cuentas.

PRIMERO LOS POBRES

Uno de los mayores golpes al discurso presidencial es lo que ocurre en la Secretaría de Bienestar. Los programas sociales, que deberían ser la base de la transformación, también presentan irregularidades millonarias. La ASF detectó pagos a personas fallecidas, beneficiarios sin identificación clara y transferencias a cuentas sin verificar. Más de 980 millones de pesos siguen sin aclararse.

El  problema es mayor cuando se revisa el destino de los recursos asignados a los Servidores de la Nación, el brazo operativo de los programas sociales. Se identificaron pagos sin justificación, transferencias duplicadas y recursos utilizados sin comprobar su destino. El dinero que debía llegar a los más vulnerables quedó atrapado en una burocracia opaca y, en muchos casos, mal administrada.

IMPUNIDAD COMO SELLO

La ASF ha señalado, con cifras y documentos, las irregularidades del gobierno de AMLO. Pero quienes estuvieron en su gobierno han respondido con claridad. No hay liderazgos sancionados, no hay estrategias para recuperar el dinero y, sobre todo, no hay voluntad de rendir cuentas.

El problema no es solo el dinero perdido, sino la impunidad con la que opera el gobierno. No hay castigos ni consecuencias reales. Tampoco explicaciones convincentes. El discurso de “no somos iguales” se cae cuando las auditorías muestran que las prácticas de desvío de recursos continúan con impunidad.

Si 31 mil millones pueden quedar en el aire sin que pase nada, ¿cuánto más se permitirá en los próximos años? El problema no es solo contable, es político. Y mientras el dinero siga desapareciendo sin consecuencias, la verdadera transformación será la de la impunidad convertida en política de Estado. Y aún falta la Cuenta Pública 2024.

Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el Gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024.

Al compararlo con la deuda pública que dejó Enrique Peña Nieto, se observa que la deuda pública se incrementó en 23 % (3.2 billones de pesos) respecto a 2018. El aumento de la deuda se debe a que el Gobierno pidió más préstamos en moneda nacional, elevándose en un 45.5 % (4.1 billones de pesos) frente a lo que dejó EPN en 2018.

“AMLO sí endeudó al país y debilitó aún más las finanzas del Gobierno, llegando incluso a pedir más dinero prestado en el último año de su sexenio que las cuatro administraciones pasadas. Pero salió ileso: pateó el explosivo de su deuda hacia la nueva administración de Sheinbaum”, advierte el estudio presentado por la directora de México Evalúa, Mariana Campos y el investigador Jorge Cano.

¿Para qué se endeudó en el sexenio de AMLO?

Los expertos aclararon que el endeudamiento no es malo, sino que lo importante es para qué se usa. Un candado es el artículo 73 de la Constitución que obliga a que todo aquel financiamiento que solicite el Gobierno debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos.

Sin embargo, al comparar el déficit público al cierre de 2024 respecto al gasto de inversión física (en infraestructura) que realizó el Estado, se tiene que de cada 100 pesos de endeudamiento 53 se destinaron a la inversión física, mientras que los restantes 47 pesos a otros tipos de gasto como pueden ser el pago de intereses de la deuda o financiar programas sociales.

“El sexenio de AMLO no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo, de acuerdo con el anterior principio económico. Durante todo su sexenio el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión”, agrega el estudio.

Esto significa que el expresidente no sólo se endeudó de manera histórica, sino que al no gastar de manera proporcional en la construcción de infraestructura y ampliar las capacidades productivas del país, “sólo generó una mayor deuda con tasas de interés muy altas que ahora deberá pagar la nueva administración. Esto, a costa de frenar el gasto en sectores prioritarios y con ello arriesgar la garantía de los bienes y servicios públicos”.

Con este panorama de “retroceso” que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la “ausencia” de un cambio de ruta en la nueva administración que, por el contrario, recoge gran parte de lo hecho en los últimos seis años, el deseo que Sheinbaum Pardo expresó en su campaña, de convertirse en “la presidenta de la educación”, parece lejano, coinciden especialistas en el ramo.

En entrevistas por separado con Proceso, resumen los principales elementos de esa crisis educativa: bajo y desigual nivel de aprendizaje en general, ausencia de organismos de evaluación, carencia de diagnóstico tras la pandemia de covid-19, opacidad en los resultados de los nuevos modelos, incremento en el número de becas que agravan las desigualdades; distribución de presupuesto para infraestructura escolar sin asesoría, preparación técnica deficiente ante la demanda laboral, falta de capacitación y estímulos a los maestros y recorte presupuestal, entre otros.

Eso es lo que enfrenta el sistema educativo mexicano compuesto por 34 millones 941 mil 380 alumnos, desde educación inicial hasta superior, en 260 mil 262 escuelas de los tres tipos de enseñanza y dos millones 160 mil 440 maestros, según las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Con AMLO, retroceso

Alma Maldonado Maldonado, experta del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), asegura: “En materia educativa el sexenio pasado fue un retroceso significativo en muchos frentes”. Peor aún, lamenta que distintas iniciativas del tabasqueño “las hereda Sheinbaum con más o menos la misma retórica y mismos programas”.

Ese retroceso lo explica con distintos argumentos. Recuerda que López Obrador derogó la reforma educativa hecha por el presidente Enrique Peña Nieto, “pero él no traía un proyecto contundente”. Mientras, su iniciativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) “fue un invento un poco raro y muy apresurado de Esteban Moctezuma y luego con Delfina Gómez”, los primeros dos de tres titulares de la SEP en esa gestión.

Critica que el cambio de modelo se hizo sin tener planes y programas de estudio previos y “con mucha opacidad en todo el proceso. Aunque digan que hicieron asambleas y consultas, la verdad es que ocultaron información”.

Con Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 25 años de experiencia en investigación educativa, Maldonado recuerda que, tras la pandemia por covid-19, tampoco se hizo…

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0021 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2025