Organizaciones respaldan ante SCJN demanda de reconocimiento de tierras de Ostula

Organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cartas de respaldo en favor de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, y en denuncia de las “persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio”.

Habitantes de Santa María Ostula realizan jornada de protestas en defensa de su territorio

Pobladores de la comunidad indígena nahua enfrentan el riesgo de perder alrededor de 3 mil hectáreas de su territorio mediante un juicio iniciado hace dos décadas.

La mañana de este viernes, habitantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se movilizaron en defensa de sus tierras comunales con dos acciones simultáneas: una protesta frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad y la toma la carretera federal 200, en la costa michoacana, a la altura del crucero de Aquila.

“Es tarea del Estado mexicano contener y desarticular a los cárteles”: comunidad de Ostula

La comunidad de nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, reiteró que “en medio de tanta violencia” que atraviesa su población por parte de grupos del crimen organizado “es tarea del Estado mexicano contener y desarticular a los cárteles criminales”, pues si bien su Guardia Comunal es “hasta hoy garantía de paz y de seguridad”, se han agravado las embestidas contra los pobladores que en 2009 recuperaron su territorio y autonomía.

“Tenemos claro que desde hace años poderosos intereses codician nuestras playas y nuestros montes, ricos en minerales. Fue así que en el año 2009 reorganizamos nuestra Guardia Comunal y recuperamos más de mil hectáreas de tierra que nos habían sido despojadas. A partir de ese momento y hasta el día de hoy hemos sufrido el asesinato de 40 comuneros y la desaparición de 5 más”, denunció la comunidad, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Autoridades “han brillado por su ausencia” para proteger a Ostula, denuncian pueblos y colectivos

Más de 40 organizaciones y colectivos indígenas de México se pronunciaron contra los últimos ataques armados por parte del crimen organizado en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, y denunciaron que “las autoridades estatales y federales han brillado por su ausencia, permitiendo el ataque impune de los agresores”.

“Desde 2008, en el proceso de organización para la recuperación de su territorio y a lo largo de los años, [en Ostula] han sufrido asesinatos, desapariciones, intentos de desarme y ataques armados por parte del crimen organizado”, acusaron los colectivos, centros de derechos humanos y organizaciones como la Asamblea Múuch’ Xìimbal, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas.

Atacan con explosivos y armas de fuego a comunidad de Ostula

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, se declaró en alerta por los ataques con explosivos y armas de fuego que integrantes del crimen organizado cometieron contra la población este miércoles, cuando agredieron a la población civil “sin distingo” y enviaron “grupos de alrededor de 50 criminales cada uno a rodear a una población desarmada e integrada principalmente por mujeres, niños y personas de la tercera edad”.

Los pobladores de Ostula responsabilizaron del ataque al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y denunciaron que las agresiones comenzaron desde el pasado 1 de julio contra los puntos de vigilancia de la Guardia Comunal, pero que desde la mañana del miércoles se recrudecieron con “explosiones ocasionadas por drones así como detonaciones de armas de grueso calibre, en los cerros que rodean la encargatura de la Cofradía de Ostula”.

Denuncian asesinato de comunero de Ostula y «conducta omisiva del gobierno federal»

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, denunció el asesinato del comunero Antonio Regis Nicolás, cuando él, su esposa y su hijo de dos años fueron interceptados por un comando armado después de atender una urgencia médica, en medio del clima «de terror y desolación» que atraviesan las localidades en la región por la violencia de la delincuencia organizada.

«Denunciamos la conducta omisiva del gobierno federal ante la grave situación descrita y la colusión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación)», señaló la comunidad tras el asesinato, perpetrado la noche del pasado 17 de mayo a la altura de la comunidad La Estanzuela, en el tramo de la brecha entre la cabecera municipal de Aquila a la encargatura de la Mina de Providencia.

Los desaparecidos de Ostula: Ni búsqueda ni justicia

Cinco hombres desaparecieron en la comunidad nahua entre 2010 y 2013, cuando la población estaba dominada por el cártel de Los Caballeros Templarios. Todos son recordados por participar en la recuperación de las tierras de Xayakalan. Hace un año, sus familias supieron que, a pesar de sus denuncias, la fiscalía de Michoacán no tenía información sobre los casos.

El 23 de febrero de 2010, Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Urcino viajaban en una camioneta de redilas de color azul, de camino al palacio municipal de Aquila. Los maestros de primaria, originarios de la comunidad nahua de Santa María Ostula, regresaban de un festejo en una escuela de la encargatura de La Cofradía, en la que Gerardo, de 50 años, era director.

Javier, de 41 años, hombre de baja estatura, camisa fajada y sonrisa fácil, cubría el turno de un profesor, y era además regidor de Aquila, municipio ubicado al suroeste de Michoacán al que pertenece Ostula. Ambos fueron vistos por última vez en Las Copas de Oro, un restaurante cercano a su destino. Días después, encontraron la camioneta quemada en un terreno de Xayakalan; hasta ahora no hay indicios del paradero de los dos amigos ni avances en la investigación.

Reconocen labor del gobierno indígena de Ostula frente a violencia

Cientos de colectivos organizaciones de derechos humanos se pronunciaron para reconocer la labor del gobierno indígena de Santa María Ostula, en Michoacán, «para generar mejores condiciones de vida en su territorio, que es uno de los lugares más seguros del país, a pesar de estar en una de las zonas más violentas».

En un comunicado conjunto, las organizaciones de diferentes estados del país y de Estados Unidos señalaron que a pesar de la violencia por parte del crimen organizado, ante la «falta de capacidad» del Estado para proteger la seguridad de los habitantes en Michoacán, la comunidad nahua ha repelido los ataques a través de su organización autónoma.

Suspenden clases y actividades públicas en Santa María Ostula, Michoacán, por ataques del crimen organizado

Debido a los ataques en la comunidad de Santa María Ostula por parte de grupos delictivos, quedaron suspendidas las actividades públicas, clases y fiestas.

La comunidad nahua de Santa María Ostula en Michoacán anunció la suspensión de clases y actividades públicas debido a los ataques de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de redes sociales la Comisión de Comunicación de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila informó que el objetivo es mantener a la población a salvo de cualquier posible ataque.

Denuncian nuevo ataque de sicarios y sobrevuelo de drones en Ostula

La comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, denunció un nuevo ataque de “un grupo de sicarios” que atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula la tarde del pasado lunes, cuatro días después de que un comando armado irrumpió e incendió una casa de misma encargatura.

Los habitantes de Ostula aseguraron que los agresores de la comunidad forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que usaron “armas de muy alto calibre”. Además, los pobladores reportaron los vuelos de drones en la comunidad.

Ataca crimen organizado comunidad de Ostula

La comunidad nahua de Santa María Ostula denunció el ataque que un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perpetró el pasado 1 de febrero en el territorio comunal, donde irrumpió en una casa de la encargatura de la Cofradía y la quemó.

Los habitantes de la comunidad reportaron que durante el ataque resultó herido un comunero, quien ya se encuentra estable, y precisaron que el comando armado abandonó el territorio luego de que algunos elementos de la Guardia Comunal de Ostula acudieran a repeler a sus integrantes.

Comunidad de Ostula impide desalojo de tierras recuperadas

La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, se movilizó para impedir el cumplimiento de la orden de desalojo de la encargatura costera de Xayakalan y logró que el Tribunal Unitario Agrario dejara sin efectos la diligencia de ejecución.

Los comuneros de Ostula reconocieron que a pesar de detener la orden del Tribunal, éste «trastocó profundamente la paz y la tranquilidad de toda la región», luego de que el pasado 11 de agosto fueran notificados de la orden para desalojar 700 hectáreas de tierras de Xayakalan, fundada en tierras recuperadas en 2009.

Alerta Ostula por notificación de desalojo en tierras recuperadas

La comunidad de Santa María Ostula se declaró en alerta luego de recibir una notificación de desalojo de 700 hectáreas de la encargatura de Xayakalan, fundada en tierras recuperadas en 2009, y acusó que se trata de «una ilegalidad orquestada por el Tribunal Unitario Agrario 38 y por el magistrado Jesús Antonio Frías Cardona».

En un comunicado, Ostula denunció que el magistrado ordenó el desalojo «a favor de los supuestos pequeños propietarios de La Placita, quienes han sido parte de organizaciones criminales», a pesar de que Tribunal Superior Agrario concedió mediante un jucio de amparo una medida cautelar «para que las cosas se mantengan en el estado en que están y la comunidad no sea privada de sus tierras y derechos agrarios».

Michoacán: Al menos 39 defensores comunitarios han sido asesinados en Santa María Ostula

En lo que va del año, cuatro guardias comunales han sido asesinados en Santa María Ostula.

Nataniel Hernández Núñez, coordinador de Protección de la Secretaría Ejecutiva de la “Red Todos los derechos para todas y todos”, informó que de 2009 al 2014 al menos 35 líderes comunales y autoridades agrarias han sido asesinados en la comunidad michoacana de Santa María Ostula por la delincuencia organizada.

Mientras que en lo que va del año, cuatro guardias comunales más también perdieron la vida como consecuencia de los ataques dirigidos a los grupos comunitarios, defensores comunitarios y pueblos originarios que se organizan ante la inseguridad de la región.

Hallan sin vida a guardia comunal de Ostula desaparecido en Coalcomán

La comunidad de Santa María Ostula informó el hallazgo del cuerpo sin vida del guardia comunal Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, quien fue desaparecido el pasado 1 de agosto por un grupo criminal en Coalcomán, Michoacán.

«Esta brutal ejecución por parte del cártel criminal se da ante la indiferencia absoluta de todos los niveles de gobierno y del secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, quien actualmente no tiene más ocupación que impulsar su carrera política mediante giras proselitistas disfrazadas de recorridos de trabajo», acusó la comunidad.

Exigen alto a las amenazas del gobierno contra guardia comunal de Ostula

El colectivo Llegó la Hora de los Pueblos exigió al gobierno de Michoacán que suspenda toda acción que tenga como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, cuya organización autónoma ha brindado seguridad a la comunidad ante la ausencia de las autoridades.

La exhortación del colectivo es en respuesta a las declaraciones del gobernador estatal Alfredo Ramírez Bedolla, que el pasado 6 de septiembre amenazó con retirar los puntos de control y filtros de seguridad que la Guardia Comunal resguarda desde el 2009.

«El gobierno de Michoacán se apoya en una reforma a la ley del Sistema de Seguridad, relacionada con la ley orgánica municipal, que pretende que sólo se permita operar a las rondas y guardias comunales de comunidades con “autogobiernos” reconocidos por el Instituto Electoral y que ejerzan presupuesto directo», explicó el colectivo.

El Ejército y las policías usaron “fuerza ilegal” contra civiles de Ostula, determina la CNDH

La CNDH emitió una serie de recomendaciones a la Sedena y al Gobierno de Silvano Aureoles luego de que en julio del año pasado se registrara el abuso de fuerza por parte de autoridades locales y federales que cobraron la vida de un menor de edad y dejó un saldo de 10 personas heridas. El 19 de julio de 2015, la captura de un líder comunitario en Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, causó que los pobladores realizaran bloqueos carreteros, mismos que terminaron en una serie de disparos por parte de federales y militares en contra de los manifestantes. El organismo exhortó al Ejército Mexicano y al gobierno estatal a a reparar el daño a las víctimas, castigar a los responsables, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de situaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para reparar el daño y tomar medidas necesarias luego de que las autoridades locales y federales incurrieron, en julio del año pasado, en el uso ilegítimo de la fuerza en contra de pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, y que dejó un saldo de 10 personas heridas y la muerte de un niño de 12 años llamado Heriberto.

De acuerdo con la recomendación 65/2016 de la CNDH, el uso ilegítimo de la fuerza es “atribuible a personal militar del 65/o Batallón ‘La Placita’, así como a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa (SSP) y los mandos de control que conocieron y toleraron su actuar”.

El 19 de julio de 2015, elementos del Ejército Mexicano -los batallones de infantería 30/o, 65/o y 82/o-, personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Federal, así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural -pertenecientes a la SSP-, realizaron un fuerte operativo de seguridad en la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, con la finalidad de detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario que se ha opuesto al despojo de tierras realizado por las mineras que operan en ese municipio acusado por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La captura de Verdía Zepeda ocasionó que los pobladores realizaran tres bloqueos sobre la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas a la altura de Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla para impedir el paso de los militares y liberar al detenido.

La Comisión acreditó entonces que “la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al convoy de vehículos oficiales. Al respecto, la CNDH reitera y enfatiza que el ejercicio de un derecho, el planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, que por legítimos que estos sean o fundada que resulte la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo las instituciones o afectando los derechos de terceras personas”.

Por otro lado, los testimonios de los comuneros dan cuenta de que los militares, en su intento para dispersar la manifestación, dispararon contra la población civil ocasionando la muerte de un menor de 12 años e hiriendo por impacto de bala a una menor de seis años y a otras personas. Las autoridades insistieron desde entonces que fueron disparos al aire.

“Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65/o Batallón. No se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar”, señaló la dependencia por medio de un comunicado.

Tras el lamentable suceso, la CNDH inició el expediente CNDH/2/2015/5527/Q, en el que quedó de manifiesto que “en Xayakalan se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65/o Batallón, quien empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que disparó al aire en dos ocasiones, desde un vehículo en movimiento, lo que constituye un uso ilegítimo de la fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y oportunidad”.

Asimismo, la Comisión señaló que en el bloqueo en Duin “se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza”, según refirió la dependencia en un comunicado.

Finalmente, la CNDH advirtió que en el Puente Ixtapilla “se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65/o Batallón”.

Por ello, la dependencia exhorta a la Sedena y al Gobernador de Michoacán a reparar el daño a las víctimas directas e indirectas conforme a la Ley General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados; colaborar en la Averiguación Previa que se instruye ante la Procuraduría General de la República (PGR); denunciar e investigar a los servidores públicos y militares (según sea el caso) para lindar o deslindar responsabilidades; y capacitar al personal de Seguridad Pública y defensa sobre el uso de la fuerza.

En el caso específico del Ejército Mexicano, la Comisión solicita que los elementos de la Sedena documenten sus intervenciones para que haya evidencias de su actuación. En cambio, a la administración estatal pide que reforme el Protocolo o diseñe un Manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/29-12-2016/3130751

Comunidades indígenas michoacanas exigen cese a hostilidades

Foto: La Voz de Michoacán

Morelia, Mich. Habitantes de 30 comunidades indígenas demandaron al gobierno estatal cesen actos de represión y hostigamiento, tras señalar que hubo detenciones y abuso de autoridad con tres de sus compañeros de Santa Fe de la Laguna y Cocucho, comunidades ubicadas en la zona purépecha.

El Consejo Indígena de Michoacán informó que el pasado domingo 13 de marzo el comunero Rigoberto Francisco Reyes, de 35 años de edad, y Jorge Luis Jacobo Francisco de 11 años, originarios y avecindados en la comunidad indígena de Cocucho, fueron agredidos por elementos de la Fuerza Rural de Charapan en terrenos de la propia comunidad de Cocucho, lo anterior en represalia, porque la comunidad exige la entrega y administración del presupuesto directo y la conformación de un gobierno comunal.

El estado de salud del menor es delicado. Ante ello se interpuso la denuncia correspondiente y una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Apenas en noviembre pasado fue detenido arbitrariamente el comunero de Santa Fe de la Laguna Nicolás Bautista Ramírez, mismo que posteriormente, gracias a la movilización social, fue liberado y absuelto de los cargos que injustamente se le imputaban.

“Además, nuestro asesor, el historiador Pavel Uliánov Guzmán, ha recibido diversas llamadas telefónicas donde ha sido amenazado en su integridad física, por asesorar a nuestras comunidades”, señala el comunicado enviado por la organización indígena que integran autoridades indígenas de Ostula, Santa Fe de la Laguna, Caltzontzin, Pichátaro, Zirahuén, Sevina, Capácuaro, Urapicho, Angahuan, Uricho, Pamatácuaro, Tacuro, Corupo, Nuevo Zirosto, entre otras.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/20/comunidades-indigenas-michoacanas-exigen-cese-a-hostilidades-6549.html

Liberan a Cemeí Verdía por falta de pruebas

Morelia, Mich. El líder del grupo de autodefensas de la Comunidad de Ostula, municipio de Aquila y de otros pueblos de la sierra y costa nahua, Cemeí Verdía Zepeda, fue liberado esta mañana una vez que el juzgado tercero de lo penal de la capital michoacana consideró que no había pruebas para procesarlo por el delito de homicidio calificado.

Cemeí Verdía fue detenido el pasado 19 de julio en la población costera de La Placita, acusado primero de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, por lo que fue trasladado a un penal de Nayarit.

La acusación fue desvanecida. Sin embargo, Verdía tuvo que enfrentar otros dos procesos penales, uno por robo, que no procedió y el de homicidio calificado que enfrentó en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, que abandonó este día.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez Elorriaga

Con bloqueo carretero y plantón, habitantes de Ostula exigen libertad de Cemeí Verdía

MORELIA, Mich: Alrededor de mil habitantes de Ostula, de la Costa Sierra Nahua, mantienen bloqueada la carretera Costera Lázaro Cárdenas- Manzanillo, a la altura de Xayacalan, mientras otro contingente viajó a la capital del estado para realizar un plantón en Casa de Gobierno y exigir a Silvano Aureoles la liberación de Cemeí Verdía Cepeda.

También exigen el esclarecimiento de la muerte del menor Hidelberto Reyes García presuntamente asesinado por elementos del Ejército durante una manifestación el pasado 19 de julio, en el poblado de Ixtapilla.

Afuera de Casa de Gobierno y sin bloquear la vialidad alrededor de 200 manifestantes se apostaron con cartulinas y pancartas en mano en espera de ser atendidos por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Al respecto la autoridad michoacana informó que una comisión de inconformes será recibida y atendida por el propio secretario.

Cemeí Verdía, quien fuera líder de autodefensas en el municipio de Aquila, fue detenido y señalado por el homicidio de sujetos armados que lo emboscaron cuando circulaba en la carretera, también fue acusado de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Posteriormente fue señalado del delito de robo en agravio del Ayuntamiento de Aquila que se desistió de interponer una denuncia, y también fue acusado de cometer delitos electorales.

Tras su detención los habitantes de la comunidad náhuatl de Ostula se manifestaron en el poblado de Ixtapilla para exigir su liberación pero durante la protesta presuntamente personal del Ejército realizó disparos para dispersar a la gente y “esquirla de bala” impactó en la cara de Hidelberto Reyes García, de 12 años.

Según los peritajes del gobierno es imposible determinar el calibre de la bala que terminó con su vida, debido a que lo que causó su muerte fue un fragmento del proyectil.


Los inconformes que bloquean la carretera Costera Lázaro Cárdenas- Manzanillo, en Xayacalan advirtieron que continuarán el bloqueo carretero con tráileres y piedras por tiempo indefinido. La gente porta palos, piedras, guadañas, azadones, machetes y otros objetos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422302