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A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Desde el 15 de enero de 2021, la Juez de Distrito Joanna Karina Perea Cano, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, vinculó a proceso a Jorge Raúl Tirado. Desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Neza – Bordo.

El 12 de enero de 2021, la vida de Jorge Raúl Tirado cambió de manera dramática. Ese día, Raúl, comerciante desde los 17 años, padre de tres hijos, fue detenido por policías fuertemente armados.

El motivo: lo acusaron de ser integrante de una banda de secuestradores

Las pruebas: su voz “se parece” a la que las autoridades tienen de una serie de casos denunciados en el Estado de México y porque su teléfono aparece en una base de datos vecinal.

En entrevista para “Café y Noticias”, Jafet Tirado, hermana de Raúl, dijo que “la vida te puede cambiar de un momento a otro, para ti y toda tu familia por personas a la que no les importa más que inflar números y cifras”.

Detalló que el día de la detención, Raúl estaba trabajando en Nezahualcóyotl y de forma burlona los agentes le dijeron que lo habían investigado por cuatro años y no le habían encontrado nada. Sin embargo, ejecutaron la orden de aprehensión y le expresaron: “Échale ganas”.

Su familia ha llevado una agotadora lucha legal para demostrar la inocencia de Raúl Tirado y se han encontrado con un caso que apenas se sostiene.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/IUDMS-MEX/0000891/2016, el Ministerio Público detuvo a Raúl porque su número telefónico se encontraba en el registro de llamadas de un policía municipal de Nezahualcóyotl asignado a la colonia en la que Jorge vivía con su familia. En una ocasión Jorge llamó al policía para pedirle apoyo por el choque del vehículo de su hermana.

En ese momento, ese policía era investigado por un caso de secuestro, denunciado a finales de 2016. Al referirse a Jorge Raúl con la palabra “jefe” fue motivo suficiente para se le considerara dentro del caso como “negociador” del secuestro.

Jafet, quien también es periodista, narra que el policía le dio la atención y pidió una ambulancia. “Además este policía vigilaba el mercado donde mi hermano tenía dos locales de venta de ropa. Esa fue la conexión. El policía se refirió a él como: ‘Sí, jefe. Le doy el apoyo, jefe’”. Y agrega que la llamada que tuvo, para las agentes fue el indicio para investigarlo, “porque si le dijo ‘jefe’ era probablemente un tema de rango”.

Ese 12 de enero en su traslado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los agentes le mostraron retratos de personas que él no reconoció. En todo de burla le dijeron “no te preocupes, ahorita los vas a conocer”.

La víctima de secuestro y sus familiares vieron fotos de Jorge Raúl y negaron conocerlo; tampoco reconocieron su voz.

La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que es la unidad que inició la fabricación del delito, “usó audios de enero de 1994 para hacer las comparativas de voz con las que se vinculó al proceso, cuando en ese año Jorge Raúl era un adolescente de 16 años y la carpeta sugiere que la negociación la hizo un adulto”, detallan familiares de Raúl.

La carpeta de investigación la inició la SEIDO en 2017, año en que empezaron a seguirlo y a intervenir sus comunicaciones. La hermana de Raúl dijo que la persona que encabézala esa unidad era Gualberto Ramírez, “quien ahora está preso por presuntamente fabricar casos, torturar personas y crear culpables en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Era la unidad, que estaba a cargo de esta persona y su gente, a la que a mi hermano le empieza a fabricar el delito”.

En 2021, esa dependencia ya convertida en FEMDO,  pidió una orden de aprehensión contra Raúl, por presuntamente estar relacionado con un caso de secuestro denunciado a finales de 2016. A pesar del seguimiento de años, la prueba sólo fue que él conocía a un policía que estaba acusado de secuestro.


Sin embargo, la defensa legal de Raúl encontró un peritaje en donde se demuestra que no hay coincidencia en la voz. “Ya detenido la Fiscalía le vuelve a tomar pruebas de voz y vuelve a compararlas y su peritaje sale negativo. No coincidencias. Ese peritaje lo intentan esconder, porque no lo presentaron como prueba ante el Juez”, explicó Jafet.

Posteriormente, la FEMDO lo vinculó con otros dos secuestros que se tuvieron  un modus operandi similar y de nuevo, las únicas pruebas presentadas en su contra son los audios donde presuntamente la voz de Raúl es la del negociador.

Antes de su detención, Jorge se dedicaba al comercio. Desde los 17 años vendía lámparas decorativas y material eléctrico en distintas partes del Estado de México y Morelos, ya que su familia tiene una microempresa de lámparas desde hace 35 años. También tenía dos locales en renta en el mercado de la colonia El Sol, donde además era el tesorero. En 2020 se graduó como Licenciado en Mercadotecnia.

A partir de este lunes 20 de octubre inicia la etapa del juicio del caso de Jorge Raúl y su familia espera que el Poder Judicial tome en cuenta todas las irregularidades que ha habido durante todo el proceso.

La fabricación del delito

Mientras lo trasladaban a las instalaciones de la FEMDO, ubicada en Avenida Reforma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, uno de los agentes le dijo a Jorge Raúl: "Híjole güero, te estuvimos vigilando por 4 años, sólo me faltó meterme al baño contigo, y la verdad nunca te encontramos nada, pero ni modo, te tocó la de malas. Échale huevos".

Ese mismo día en las instalaciones de la FEMDO Jorge tuvo su primera audiencia por videoconferencia; ahí se enteró formalmente del delito que se le acusaba y le entregaron una copia de la orden de aprehensión en su contra, en donde leyó la teoría de la supuesta participación en el secuestro de octubre de 2016.

El hijo del dueño de una rosticería en ciudad de Neza fue secuestrado el 28 de octubre y liberado el 4 de noviembre de 2016.

Un mes después, en diciembre de 2016, la hermana de la víctima se encontraba atendiendo la rosticería y un hombre le encargó un pedido. Ese hombre era el policía municipal de Nezahualcóyotl Benjamín Ramírez López. La joven guardó su número y la foto del Whatsapp. Le comentó a su hermano que el sujeto le había dado mala espina. El miró la foto de Benjamín y lo reconoció como uno de sus supuestos cuidadores mientras estuvo en cautiverio. Esta información le fue compartida a la policía y semanas después, en febrero de 2017 empezaron a intervenir las llamadas de Benjamín.

De acuerdo con la teoría que le presentaron al Juez de distrito José Artemio Zúñiga Mendoza, para que emitiera un orden de aprehensión, Jorge Raúl estaría relacionado como "negociador" del secuestro porque estaba en el registro de llamadas del policía municipal de Nezahualcóyotl Benjamín Ramírez López.

A partir de ese momento las autoridades intervinieron el teléfono de Jorge Raúl.

De acuerdo con Jafet Tirado, hermana de Raúl, “no era raro que las llamadas de mi hermano aparecieran en el registro de este policía. La relación surgió cuando él estaba asignado en la vigilancia del cuadrante donde está la casa de mi hermano y la de mis papás, en la misma Colonia El Sol. Además, Benjamín patrullaba el mercado de la colonia, donde mi hermano y mi cuñada tienen 3 locales en renta, con los que solventan parte de la manutención de sus 3 hijos. Jorge Raúl además era el tesorero del mercado”.

En una de las llamadas intervenidas es cuando el policía le llama “jefe” a Jorge Raúl y aunque es parte del argot de los uniformados, para la fiscalía fue motivo suficiente para inventar la teoría de que era su “jefe” y que estaba relacionado con un delito.

Con ello aseguraron que él fue el negociador del secuestro y que su voz tenía "coincidencias" con uno de los registros del Banco de Voces de la Policía Federal.

“Para nuestra sorpresa, la voz con la que relacionaron a mi hermano no era la del negociador del secuestro de octubre de 2016; era la de un archivo de diciembre de 1994 tomado de su banco de voces”, agrega Jafet Tirado.


Este supuesto análisis de voz, realizado en abril de 2017, no se elaboró por un perito especializado en la materia, lo realizó una policía de grado tercero de la Policía Federal. Meses después, la FEMDO mandó a hacer su propio peritaje de voz en el que supuestamente también encontraron "coincidencias".

En la carpeta de investigación con folio MEX/0000891/2016 no hay un solo audio que pruebe que Raúl Tirado estuvo relacionado con un secuestro, a pesar de que intervinieron sus comunicaciones por casi 4 años. Los agentes de investigación integraron a la carpeta seis audios de sus llamadas intervenidas como pruebas y son una llamada de la compañía Totalplay para realizarle un cobro; una discusión vía telefónica de Raúl Tirado con su madre y una llamada al policía Benjamín para solicitarle apoyo por un choque vehicular.

A pesar de todas las irregularidades, el 15 de enero de 2021, la Juez de Distrito Joanna Karina Perea Cano, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, lo vinculó a proceso. Desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Neza – Bordo.

Meses después la FEMDO giró otras dos órdenes de aprehensión en su contra por dos casos más de secuestro en el Estado de México y que las autoridades quisieron hacerlo parecer como el modus operandi de una “banda de secuestradores".

Para la familia de Jorge Raúl, la intención era muy clara: utilizar a Jorge Raúl como chivo expiatorio para justificar que están “trabajando” en la impartición de justicia a las víctimas. 

“Tan evidente es, que sólo copiaron las pruebas de la primera carpeta y las pegaron en la segunda, y posteriormente en la tercera, lo cual es ilegal”, aseguran.

A esto se suma la lentitud del Poder Judicial para agendar audiencias, argumentando que están saturados de trabajo. “¿Y la vida de mi hermano qué? ¿Y sus tres hijos sufriendo por no tener a su padre en casa? ¿Eso no importa? su hijo mayor, de 22 años, incluso tuvo que dejar la universidad para hacer el trabajo de su papá y mantener a la familia junto con mi cuñada”, cuenta la hermana de Jorge Raúl.

Jafet explica que luchar contra una carpeta sostenida por un audio, en donde dicen que la voz se parece ha sido pesado. Sin embargo, tras la reforma al Poder Judicial ven “una nueva oportunidad por parte de los jueces y rectificar el camino”.

“Muchos han criticado la reforma, pero para nosotros que estamos de este lado, decimos: ‘sí se tiene que hacer algo’, no se si es la forma, pero de este lado de víctimas ves a jueces que no les interesa o que no saben. Ahora para nosotros representa una esperanza. Confiamos en los nuevos jueces en que lleguen y logren ver las irregularidades que no vieron los anteriores o no quisieron ver”, finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN, PERLA VELÁZQUEZ.

Sentencia de Tribunal capitalino no cumple con lo ordenado por la Corte en el caso de Dulce, recluida injustamente

La sentencia del Tribunal capitalino que ratificó una pena de 69 años de prisión para Dulce, privada de la libertad por un delito que no cometió, no cumple lo ordenado por la Corte, según un nuevo acuerdo del tribunal colegiado. Su defensa evalúa los pasos a seguir en busca de su libertad.

La Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que ratificó a mediados de agosto la sentencia a 69 años de prisión de Dulce Belem Sánchez Castañeda, privada de la libertad injustamente, lo hizo con deficiencias, considerando declaraciones ligadas a pruebas que ya habían sido declaradas nulas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, la sentencia de amparo —producto de una orden del máximo tribunal para reponer la sentencia original— no puede considerarse cumplida, según lo determina un nuevo acuerdo del 11 de septiembre, expedido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ante el reclamo presentado por la defensa de Dulce tras la ratificación de su sentencia.

Luego de ser detenida en 2012 y perder un embarazo gemelar producto de la tortura que vivió, Dulce fue sentenciada con pruebas obtenidas de manera ilícita por dos secuestros exprés, uno de los cuales ocurrió en la Ciudad de México mientras ella estaba asignada, como policía federal, a la seguridad de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, Jalisco. Desde entonces, ha estado recluida durante más de 13 años en Santa Martha Acatitla.   

Después de una larga batalla, en mayo de 2025 la Suprema Corte ordenó a la Sexta Sala Penal capitalina dejar sin efectos la sentencia original, excluir todas las pruebas ilícitas y dictar una nueva solo con las pruebas legales. Sin embargo, el 11 de agosto de 2025 el Tribunal capitalino decidió ratificar la sentencia de Dulce por 69 años —la original era de 70—, sin hacer un análisis minucioso ni atender a lo requerido por el máximo tribunal.

Ante ello, el 28 de agosto, su defensa presentó un escrito en el que manifestó que existían defectos en esa nueva sentencia de amparo por varias razones. La primera es que al momento en que la Sexta Sala Penal dictó la sentencia condenatoria de Dulce tomó en cuenta diversas pruebas que se fundaban en algunas de las pruebas declaradas previamente como ilícitas.

“Lo que se argumentó fue ‘el fruto del árbol envenenado’, que es una doctrina que dice que si la fuente probatoria es ilícita, todas las que deriven de esa fuente probatoria también serán ilícitas”, explica la abogada de Dulce.

En cambio, la sentencia de la Sala capitalina toma en consideración varios informes de la policía de investigación en los que se hace referencia a un reconocimiento por fotografía que hizo una de las víctimas, el cual ya había sido determinado como ilícito porque no se le mostraron imágenes de otras personas con características similares para garantizar que la identificación no fuera inducida. 

Por otro lado, la defensa de Dulce argumentó que en la nueva sentencia no se había juzgado con perspectiva de género, pese a que la Sala estaba obligada a ello, aunque no lo mencionara explícitamente la Corte. Los magistrados debían determinar si existió alguna relación de asimetría o de violencia contra la mujer que la haya obligado a cometer el ilícito, o bien, influido en su sentencia.

“Esto no se hizo, y tercer punto importante que se manifestó es que existe una violación al principio de presunción de inocencia porque la sala penal en su momento lo que dijo fue que Dulce hubiera presentado, por ejemplo en el secuestro de Guadalajara, los viáticos, la reserva del hotel, las bitácoras, y lo que nosotros manifestamos es que de acuerdo con ese principio, Dulce no tiene que probar su inocencia; quien tiene que probar la responsabilidad penal es la fiscalía”, explica la abogada. 

Una nueva sentencia deficiente, por pruebas contaminadas

Por todo lo anterior, en la ratificación del Tribunal hubo una indebida valoración probatoria y defectos que llevaron a concluir al tribunal colegiado que “el cumplimiento ofrecido resulta aparente y deficiente, en tanto la responsable no depuró debidamente el acervo probatorio y continuó otorgando valor a declaraciones que se encuentran contaminadas por su nexo con una prueba declarada inválida”.

De la lectura de la sentencia reclamada —describe el documento, del que Animal Político tiene copia— se advierte que se retomaron extractos de las declaraciones de los policías R.P.R. y G.C.R, así como la ampliación de declaración del primero, en las que se hace referencia a la reacción de la víctima al momento de realizarse el reconocimiento de la quejosa.

“Es claro que tales manifestaciones, aunque provienen de terceros, remiten de manera directa y necesaria a la diligencia de reconocimiento invalidada, pues no constituyen hechos autónomos ni independientes, sino descripciones y corroboraciones derivadas del acto nulo. De ahí que su utilización implica una forma indirecta de validar y dotar de eficacia probatoria a la diligencia de reconocimiento, en abierta contravención a lo resuelto por este órgano jurisdiccional”, sostiene el acuerdo. 

Por lo tanto, no puede considerarse cumplida la sentencia de amparo mientras subsista esa deficiencia. Esto significa que las manifestaciones de inconformidad de Dulce Belem están fundadas al expresar que la Sala responsable no se apegó a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce el tribunal colegiado.

Además de que no se cumple el fallo protector de la justicia, el documento informa que la Unidad Especializada en el Delito de Tortura de la Fiscalía capitalina está integrando una carpeta de investigación por el delito de tortura contra Dulce Belem. Luego de la determinación, la defensa tendrá quince días para manifestarse al respecto.

La abogada adelanta que ante el nuevo acuerdo, un recurso de inconformidad puede resultar ya innecesario, pues la sentencia quedó declarada como incumplida, pero en los siguientes días valorarán cuáles son los próximos recursos a agotar en el caso, que podrían incluir un segundo amparo directo. 

Llaman a fortalecer recaudación para gastos por secuelas de tortura de Dulce

Luego de que tras la ratificación de su sentencia, la familia de Dulce y quienes la han acompañado decidieran iniciar una recaudación en GoFundMe, cuyos recursos van directamente a la cuenta de su esposo, Daniel, su defensa enfatiza la necesidad de apoyarla también mediante esta vía.

“Este es un recordatorio doloroso de las injusticias que persisten en el sistema judicial mexicano. No le fallemos como sociedad y acompañémosla en este camino de búsqueda de justicia. Tu donativo puede hacer una diferencia y darle esperanza ayudándola a cubrir ciertas necesidades básicas y el tratamiento médico que debe seguir por las secuelas que sufre actualmente por los actos de tortura que sufrió durante el arraigo”, describe la petición.

Los recursos recaudados se destinan a productos de aseo personal, de limpieza para su celda, medicamentos para las secuelas de tortura —entre ellas, medicina para dolores de cabeza muy fuertes, parches nasales que evitan hemorragias y desinflamatorios para el pie—, así como ciertos alimentos que necesita por su condición. 


Dulce y Daniel tienen un hijo de seis años que nació cuando ella ya estaba privada de la libertad y pasó sus primeros años de vida en Santa Martha Acatitla. Ahora está a cargo de su papá, quien como único apoyo cuenta con la abuela paterna. 

En entrevista con Animal Político, su esposo ha llamado a las personas servidoras públicas que tienen en sus manos el caso a que tomen en cuenta todas las pruebas que apuntan a la inocencia de Dulce y hagan justicia. Su salud está muy deteriorada tras la tortura, entre otras cosas, por un coágulo en la cabeza, sangrados constantes de la nariz y dificultad en la visión de un ojo. 

Para su familia, la reclusión de Dulce ha sido particularmente difícil porque a lo largo de los más de 13 años que han transcurrido, sus papás fallecieron, que es la pérdida más dolorosa que tuvo en prisión. Daniel y su hijo reciben terapia psicológica para trabajar el desapego y procurar que el niño pueda vivir lo mejor posible pese a haberse separado de su mamá

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Tribunal de CDMX ratifica 69 años de prisión para Dulce Belem por un delito que no cometió

Dulce Belem Sánchez fue sentenciada bajo tortura y con pruebas ilícitas. La Suprema Corte ordenó revisar su sentencia, pero el Poder Judicial de la Ciudad de México la confirmó, reduciendo únicamente un año la pena de la condena original.

La Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dejó pasar la oportunidad de devolver la libertad a Dulce Belem Sánchez Castañeda, quien está recluida en Santa Martha Acatitla desde hace más de 13 años por un delito que no cometió.

Dulce fue detenida el 30 de enero de 2012 por la comisión de dos delitos en Ciudad de México, uno en octubre del año previo y otro ese mismo día, a pesar de que cuando ocurrió el primero estaba en Guadalajara y durante el segundo, en su base policial. Luego de ser torturada, perder un embarazo gemelar en consecuencia y ser sentenciada con pruebas ilícitas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Tribunal revisar su caso.

Sin embargo, los magistrados Martha Patricia Tarinda Azuara, Flor de María Paz Muñozcano y Alejandro Sentíes Carriles determinaron que Dulce debe cumplir una condena de 69 años –solo uno de diferencia respecto a su sentencia original, que era de 70– utilizando declaraciones en las que no se le identificó, y sin considerar que fue víctima de tortura y que no estaba en el lugar de los hechos. 

Pese a que el 21 de mayo de 2025 la Suprema Corte –que atrajo el caso en 2023– había determinado amparar y proteger a la quejosa, y requirió al Tribunal revisar el caso desechando las pruebas ilícitas y considerando las vulneraciones a sus derechos humanos, la Sexta Sala Penal se limitó a ratificar la sentencia de Dulce sin un análisis diverso de las pruebas.


Además, el máximo tribunal –según se advierte en la propia sentencia de la sala local, de la que Animal Político tiene copia– había establecido la obligación de investigar la denuncia de tortura con perspectiva de género, dado que Dulce tenía un embarazo gemelar al momento de su detención y lo perdió producto de los golpes que recibió.

“Analizar el cúmulo de violaciones aducidas por la quejosa en el proceso penal que se le siguió, con perspectiva de género, entre ellas que una juzgadora local dictó una orden de arraigo solicitada por un Ministerio Público también del fuero común; así como la realización de diversas diligencias de reconocimiento en la Cámara de Gesell y por fotografía sin la presencia de su persona abogada defensora”, había pedido la Corte.

Aunque en el documento la sala del Tribunal Superior capitalino enlista seis pruebas a ser excluidas para la valoración de la sentencia –reconocimientos fotográficos y diligencias de confrontación en la Cámara de Gesell–, consideró el resto aptas y suficientes para determinar la supuesta coautoría material de Dulce en los delitos de robo y secuestro exprés, con base en la declaración inicial de las víctimas e inspecciones en el lugar de los hechos, las cuales no apuntan directamente a los perpetradores.

En contraparte, no le otorgaron ninguna validez a las afirmaciones de Dulce, respaldadas por documentos de instituciones oficiales que sostienen que en los días de comisión de los delitos ella estaba realizando labores de seguridad en otra entidad de la República y en su base: “Documentales a las que no se otorga valor probatorio alguno, en virtud de que no resultan aptas, suficientes ni idóneas para sustentar de modo fehaciente las manifestaciones de la acusada”, dice la sala, pues según los magistrados no se corroboran de modo indubitable con alguna otra prueba.

“Se impone a la sentenciada Dulce Belem Sánchez Castañeda una pena total de 69 años 4 meses 14 días de prisión y multa de cinco mil novecientos treinta y seis días, equivalentes a la cantidad de 362,541 pesos, pena privativa de la libertad que deberá compurgar en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla”, reafirman los magistrados ignorando las transgresiones cometidas contra ella. 

Defensa de Dulce Belém Sanchez asegura que el caso “todavía no se acaba”

La defensa de Dulce reclama que en las primeras declaraciones, que fueron validadas por la Sala, ni siquiera se le señala como responsable, mientras que las de los policías que hicieron la detención no están relacionadas con los delitos, y a los documentos oficiales de la policía federal no se les otorgó ninguna validez. Además, llegan a sostener que ella no presentó pruebas suficientes –recibos, itinerarios, pagos y boletos– para demostrar que estuvo en otro lugar.

“La quejosa no tiene que demostrar su inocencia, la apelante tampoco, y la acusada tampoco; más bien tienes que valorar si con las pruebas que tienes, por parte de la acusación y de la fiscalía, son suficientes para condenar; si no, es presunción de culpabilidad eso”, cuestiona su abogada Jessica. 

Sin embargo, un aspecto hasta cierto punto positivo es que el tipo de sentencia posibilita presentar un nuevo amparo, aunque esto significará por lo menos un año más de prisión para Dulce en caso de que se resuelva de manera afirmativa. El camino legal todavía no se acaba, remarca, porque aún hay varios recursos jurídicos que pueden agotarse.

La defensa, por lo tanto, manifestará en los próximos días que hubo defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, porque la Sexta Sala Penal solo repitió la misma condena y prácticamente no valoró nada, además de que no analizó el caso con perspectiva de género, y a la luz de la violencia sexual y tortura que sufrió Dulce durante su detención.

Una vez que se promueva ese incidente, dependiendo de la respuesta, podría seguir un recurso de inconformidad; si en una siguiente instancia, vuelve a confirmarse la sentencia, ese recurso podría llegar a la Corte, aunque la resolución se alargaría aún más. Por otro lado, queda todavía la posibilidad de presentar otro amparo, y finalmente, de escalar a un indulto o amnistía basadas en el Protocolo de Estambul, mediante el que se ha definido que Dulce efectivamente sufrió tortura.    

Durante los 13 años 9 meses que ha estado en prisión, Dulce ha perdido a su mamá y a su papá, y dio a luz a un niño que hoy tiene 6 años, vivió con ella hasta los 3 y ahora está a cargo de su esposo, Daniel. Ha desempeñado diversas labores en Santa Martha y es una interna de confianza. A pesar de sus pérdidas, dice que no se derrumba porque quiere salir a criar a su hijo. 

La sentencia de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, ha sido un golpe duro para ella. “Estoy muy mal, muy mal, estas paredes me están comiendo; me confirmaron mi sentencia”, alcanzó a comentar desde la prisión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Dulce pide justicia; fue torturada y sentenciada a 70 años de prisión por delito que no cometió

Dulce está privada de la libertad en Santa Martha Acatitla acusada por un delito cometido en la Ciudad de México mientras ella estaba en Guadalajara. Torturada y encarcelada con pruebas ilícitas, la Suprema Corte ordenó que su condena sea revisada.

Dulce Belén Sánchez Castañeda fue detenida el 30 de enero de 2012. A raíz de la tortura que vivió, perdió un embarazo gemelar de cuatro meses y fue sentenciada, con pruebas ilícitas, por un secuestro exprés en el que asegura nunca participó. Los 70 años que le ordenaron cumplir en prisión siguen firmes, pero desde el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla pide que la justicia revise de fondo su caso.

De hecho, en los días de comisión del delito, Dulce estaba asignada a la seguridad de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, mientras que uno de los actos que se le imputan ocurrieron en la Ciudad de México. Los cargos en su contra son dos secuestros exprés, uno ocurrido el 24 de octubre de 2011 y el otro el mismo día que la detuvieron, en la Gustavo A. Madero. En el segundo hecho estaba de guardia en su base policial.

El caso de Dulce llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México analizarlo de fondo excluyendo las pruebas ilícitas que se generaron durante un arraigo ilegal y emitir una nueva resolución.

Las únicas pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura, mediante reconocimientos ilegales y declaraciones contradictorias de las supuestas víctimas. Nunca conoció a sus acusadores, los careos se realizaron por videoconferencia sin que ella pudiera verlos, y sus descripciones cambiaban de manera frecuente. Sin embargo, la jueza la sentenció a 70 años de prisión, sin considerar la tortura que vivió ni la pérdida de su embarazo.

Hoy lleva 13 años privada de su libertad en Santa Martha Acatitla, y desde la prisión pide que las autoridades volteen a ver todas las arbitrariedades de su caso y le permitan criar a un hijo de seis años que solo vivió tres con ella, y ahora está a cargo de su esposo y su abuela materna. A él también le ha cambiado la vida tras el encarcelamiento injusto de Dulce.

La detención y tortura de Dulce que la llevó a prisión

Cuando la detuvieron, recuerda Dulce, los agentes le pusieron una bolsa en la cabeza de inmediato, y la movieron a varias delegaciones hasta que perdió la noción del tiempo. Recibió una golpiza brutal y formas de tortura extrema como asfixia con bolsa, meterle la cabeza en el escusado, golpearla, cortarla, tocamientos y abuso sexual. Una patada fuerte en el vientre fue lo que provocó la pérdida de sus bebés.

“En ese trayecto de camino a varias delegaciones, pues a mí me lastimaban, a mí me pegaban, me daban codazos, rodillazos, yo venía embarazada, no les importaba, me lastimaban. Llegué a la séptima delegación, que es la GAM 5, donde a mí me lastimaron, donde empezó mi tortura, donde empezó todo el daño que a mí me hicieron”, relata en entrevista desde Santa Martha Acatitla.

Ella recuerda muy bien que cuando la bajaron de la unidad a la delegación, estaba un agente con el distintivo “Plata”; “nunca lo voy a olvidar, tenía un diente de oro”, dice. La tiró al piso, le dio patadas y la empezó a golpear. “Me acuerdo mucho que dijeron que me encerraran… Me separaron y a mí me meten a las galeras, a mí me empiezan a pegar. No tenía abogado, no me dejaron hacer ninguna llamada”, acusa Dulce.

Ella tenía mucho miedo, más conforme crecían las agresiones físicas. Se defendió ante su instinto de madre, pero la tortura solo arreció. Luego de golpearla y arrastrarla, la sentaron en una silla, le amarraron los pies y las manos, y le hicieron tocamientos, además de cortarle el cuerpo y el cabello. “Tengo cicatrices de todo ello y pues tengo también secuelas de tortura hasta el día de hoy”, remarca.

Despertó días después en una galera, con suero, ya sin sus gemelas. “Plata” le dijo que no merecía ser madre. En ningún hospital cercano hay registro de cuál fue su destino. “Hasta el momento no sé dónde están, dónde quedaron, desconozco”, lamenta.

Pese a que en un principio una jueza la absolvió en un juzgado del Reclusorio Norte, al salir el mismo oficial “Plata” volvió a detenerla por robo agravado. La jueza ordenó un arraigo inconstitucional de un mes, donde aparecieron pruebas “clave” en su contra, que fueron obtenidas de forma ilegal.

“Yo no cometí los delitos, tengo cómo comprobarlo, estaba el día 24 en los Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, cubriendo el evento de la sub-17, la FIFA, estaba ahí, la Policía Federal entrega las bitácoras, la sábana, entrega parte informativo donde yo estaba comisionada y no podía estar en dos lugares a la vez”, narra.

Para los hechos del 30 de enero también se entregó un parte informativo que consignaba que ella estaba en la base. Sin importar todo eso, la jueza la sentenció a 70 años de prisión. Dulce remarca que, además, existían certificados de su embarazo y de las heridas que había sufrido durante la tortura.

Todo ello ocurrió después de que Dulce dedicara años de su vida al servicio de la policía federal, donde se enlistó a los 18 años porque su papá había sido policía militar. En ese tránsito, pasó todo tipo de pruebas físicas, criminológicas, psicológicas y psicométricas, y se graduó de la academia internacional de San Luis Potosí.

“Sigo aquí peleando mi libertad”: la batalla legal de Dulce para revertir su condena

Aunque durante varios años Dulce permaneció presa en Santa Martha Acatitla sin poder hacer nada respecto a la injusticia de la que había sido víctima, luego de conocer a una abogada de la organización Reinserta comenzó una batalla legal en torno a su proceso, mediante un amparo directo en contra de la sentencia que confirma su condena.

Este se radicó, en un primer momento, en el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito con el expediente 78/2022. Tiempo después, el entonces ministro Arturo Zaldívar solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrajera por estar entre los que crean un criterio de trascendencia o derivan de una interpretación directa de la Constitución.

Una vez atraído con el expediente 22/2023, en un principio la Corte solo buscó la investigación de la tortura –por la que existe una queja abierta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, pero después resolvió que el arraigo de Dulce fue ilegal por derivar de la petición de un juez local, y que todas las pruebas que se recabaron ahí son ilícitas y violatorias a derechos humanos, por lo que no deben tomarse en cuenta.

“Entre ellas, una declaración de las supuestas víctimas, donde señalan a Dulce como autora o copartícipe del supuesto secuestro exprés; número dos, unos reconocimientos por fotografía, y número tres, unos reconocimientos en la cámara de Gesell. Estas pruebas, sobre todo las dos últimas, son ilícitas”, explica su abogada Jessica.

Para considerarse válidas, una persona abogada defensora de Dulce debía haber estado presente, lo que no ocurrió. Mientras que en el caso de las fotografías es indispensable mostrar a varias personas, además de la imputada, con características similares, para que la identificación no se considere inducida. En su caso, solo fue mostrada la de ella y la de los presuntos copartícipes.

La Corte entonces ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ahora tiene en sus manos la apelación, excluir todas las pruebas ilícitas y pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Dulce solo con las pruebas legales. Así, ahora está en manos de las magistradas Martha Patricia Tarinda Azuara e Inés Gabriela Medel Díaz, y al magistrado Ramón Enrique Sentíes Carriles resolver el asunto bajo el expediente 148/2014.

Después de algunos días que han pasado por el periodo vacacional y una prórroga que se solicitó ante este, es necesario que la defensa de Dulce acuda nuevamente a la Sala a explicar que las pruebas que perduraron no son suficientes para sustentar una condena. “Ahí buscamos que se logre la absolución de Dulce”, señala la abogada.

Todavía privada de la libertad en Santa Martha Acatitla, ella hace un llamado a todas las autoridades para que volteen a verla y reconozcan todas las injusticias que se han cometido durante 13 años y 8 meses que lleva recluida por un delito que no cometió, y en el que, además, existen pruebas de que no se encontraba en el lugar de los hechos.

“Me privaron de mi libertad, mataron a mis bebés, abusaron de mí y sigo aquí. Tengo un hijo de seis años que me necesita, que no lo he visto crecer, incluso ha tomado terapia por el desapego, porque no me ve, él me pregunta hasta cuándo, ‘no me quieres, tú solo me prometes’, pero no está en mis manos; está en las manos de las autoridades que volteen a ver mi caso”, pide.

El impacto para la familia de Dulce tras un encarcelamiento injusto

Lo primero que menciona Daniel, el esposo de Dulce, en entrevista es que está casado con una mujer inocente que a pesar de sus pruebas, lleva recluida 13 años 8 meses. Con ella tiene un hijo de 6 años que la necesita todos los días.

“Le hago un llamado humildemente a los magistrados que llevan su caso para que hagan justicia y tomen en cuenta todas las pruebas que avalan su inocencia. Su salud está muy deteriorada, tiene un coágulo en la cabeza por los golpes que recibió, presenta sangrados constantes de la nariz, constantemente se le va la visión de un ojo; como dicen los estudios del protocolo de Estambul, tiene secuelas de tortura”, señala.

Para su familia, relata, la privación de la libertad de Dulce ha sido muy difícil porque durante los años que han pasado, sus papás fallecieron, y han sido sus pérdidas más dolorosas estando en prisión. Su hijo y él, además, han tenido que recibir terapia psicológica para trabajar el desapego, y que el niño pueda estar bien pese a haberse separado de su mamá-

“Ha sido muy difícil para nosotros esta situación, más sabiendo que es inocente y que tenemos las pruebas, o sea, no lo decimos nosotros de palabra, sino que cada cosa que se dice hay un documento oficial que la respalda… Esperemos que esto ya termine, ha sido muy pesado, como no se imagina”, reclama.

Por ejemplo, cuando el hijo de Dulce se enferma, siempre pregunta por su mamá, y aunque está él, no es lo mismo, reconoce Daniel. Siempre extraña a su mamá. Cada vez que se puede, la visitan, pero dependen también de la economía y de la escuela, pues, además, ya va a entrar a la primaria.

“Cuando la ve, no la suelta, él quiere quedarse; ‘mamá, me quiero quedar contigo’, ‘mami, por favor, vámonos’, o sea, cada vez se hace más pesado. Se la manejamos como que ella está trabajando, y como estuvo ahí con ella hasta los 3 años, se daba cuenta que trabajaba en recaudería, en tiendas, hacia servicios limpiando oficinas, le ayuda a la iglesia, entonces él dice que son sus trabajos”, cuenta el esposo de Dulce.

Él todavía no entiende por qué no está con su mamá, pero ya está creciendo. Daniel y su hijo tienen el apoyo de la abuela paterna del niño, que lo ayuda a cuidarlo, a lo que se dedica de tiempo completo. Ya en la primaria, espera poder tener más horas al día para buscar otro ingreso.

“Yo sí hago un humilde llamado, siempre respetuoso, a los magistrados, yo lo que pido es que lean bien, que tomen en cuenta las pruebas; no son cualquier prueba, son sus pruebas que avalan que ella no estaba en el lugar, hay pruebas por peritos especializados en la materia”, apunta Daniel.

La abogada hace el mismo llamado a los magistrados de la Sexta Sala Penal para que analicen el asunto de fondo: “Es muy fácil condenar, muy fácil volver a transcribir la sentencia que ya tenía Dulce, modificarle las palabras y que vuelvan a condenar. Eso no es justicia… 13 años se escucha poco, pero adentro es muchísimo”, advierte.

“Como dice la licenciada, no es fácil 13 años”, continúa Dulce. “Aquí perdí a mi a mis papás. Perdí primero a mi papá. Luego perdí a mi mamá. Es frustrante, doloroso y tener que bloquear… no les puedes llorar como tal, porque te derrumbas. He perdido a mi familia en este lugar. He perdido a lo que más he amado también, que son mis papás.

“Si no fuera también por la reinserción que aquí nos dan, los cursos, las oportunidades, en este caso que soy estafeta del área de gobierno de dirección, me han dado la atención, han confiado en mí. La directora no me toma como una interna, ella me lo ha dicho, ‘yo te veo como una compañera, tienes que salir de este lugar, tienes que echarle ganas por tu hijo’. Me dio la confianza de ser estafeta. Yo siempre he dicho ‘gracias, Dios, por un día más de vida, y gracias por un día menos de sentencia”, dice Dulce.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

ONGs repudian sentencia de más de 100 años contra dos indígenas tseltales por desaparición forzada

Organizaciones, colectivos y firmantes individuales, aseguraron que el arresto de los hombres, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales".

Decenas de organizaciones y colectivos de derechos humanos de 14 países y más de 200 personas en lo individual rechazaron la condena de más de 110 años contra Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, dos indígenas tseltales, por la desaparición forzada, en julio de 2021, de 19 personas del municipio de Pantelhó, en el contexto de violencia entre el grupo de autodefensa El Machete y el grupo armado Los Herrera.

A 110 años de cárcel, la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha, sentenció el pasado 4 de marzo a Cortés, catequista y candidato al diaconado permanente de la Diócesis de San Cristóbal, y a Mendoza, evangélico y carpintero

En un documento, difundido el miércoles, las ongs exigieron al Poder Judicial del estado de Chiapas revisar el caso, ya que consideran que la sentencia es “injusta, porque nunca cometieron el delito” y que se suma a las violaciones de derechos humanos padecidas durante su detención.

Además, señalaron que presentaron una queja ante el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la sentencia es indebida

Las organizaciones relatan que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”. 

Fue el 26 de julio de 2021 cuando 19 hombres fueron desaparecidos forzadamente en Pantelhó, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera”. 

A principios de agosto del 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”. Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó. 

En el caso también estaba imputado el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en octubre pasado, cuando salía de un templo en San Cristóbal de las Casas. 

Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firmaron el documento, aseguraron que el arresto de Pedro Cortés y Diego Mendoza, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”. 

También “fueron despojados de sus pertenencias, se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”. 

El juicio al que han sido sometidos, afirman, “ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, quien destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”. 

La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defienden su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades.  

“Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”. 

En el texto, las organizaciones señalan que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”. 

Para las ongs, el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio. 

Los firmantes piden al gobierno federal y estatal que pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo Pérez no quede impune. 

Manifestaron que el caso de Cortés y Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

SCJN abre posibilidad a que extranjero condenado a 20 años de prisión recupere su libertad

Luego de siete años de litigio, el quejoso fue sentenciado a 20 años de prisión y aunque tramitó diversos recursos para revocar la sentencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad a que un hombre condenado a 20 años de prisión por delincuencia organizada y portación de armas, recupere su libertad. 

Se trata de Juan Francisco López Cordero, quien en julio de 2011 fue detenido junto con otras personas por elementos del Ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras detectar vehículos con armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Luego de siete años de litigio, el quejoso fue sentenciado a 20 años de prisión y aunque tramitó diversos recursos para revocar la sentencia, no tuvo éxito. 

López Cordero, de nacionalidad extranjera, argumentó a través de diversos juicios de amparo, violaciones como una demora de más de siete horas en su presentación ante la autoridad ministerial después de ser detenido; falta de una defensa técnica adecuada y, principalmente, el incumplimiento de su derecho como extranjero a recibir asistencia consular. 

Aunque las autoridades enviaron un oficio a la embajada de su país, en un juicio de amparo que tramitó el Segundo Tribunal Colegiado en Tamaulipas concluyó que renunció a su derecho a recibir asistencia consular porque durante una diligencia ministerial se opuso a ello. 

De este modo, los magistrados confirmaron su condena y contra ello, Juan Francisco López Cordero tramitó un recurso de revisión ante la SCJN. 

Al analizar el caso, la Primera Sala de la Corte revocó la sentencia en la que le fue negado el amparo a López Cordero y ordenó al Colegiado verificar si durante su proceso penal fueron respetados sus derechos. 

Para ello, señaló que los magistrados deben verificar si cuando renunció a su derecho de asistencia consular lo hizo de manera válida, es decir, si lo hizo de manera informada, consciente, documentada y con la guía de un asesor jurídico. 

Así, la Corte determinó que dicha renuncia debe quedar debidamente registrada mediante la firma, huella digital u otro medio. 

“El derecho a la asistencia consular es una garantía fundamental para asegurar el debido proceso para los extranjeros, ya que enfrentan barreras como diferencias idiomáticas y culturales que pueden dificultar la comprensión de su situación legal y sus derechos. Por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de informar a los detenidos extranjeros sobre sus derechos y las opciones que tienen disponibles en relación con su nacionalidad”, estableció la Corte. 

Los ministros añadieron que si al revisar el caso el Colegiado advierte que hubo irregularidades en el proceso penal, este debe reiniciarse para asegurarle al quejoso un juicio justo, lo que podría resultar en que, de acreditarse violaciones graves al debido proceso, las autoridades estén obligadas a dejarlo libre. 

El criterio de la Primera Sala quedó registrado como una tesis aislada publicada el pasado mes de septiembre y aunque no es de aplicación obligatoria queda como precedente para casos similares al de López Cordero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Migrantes sordos que viajaron a México con falsa promesa de empleo en EU son acusados de trata de personas

Autoridades mexicanas detuvieron a dos migrantes sordos traídos al país con engaños y, sin contar con un intérprete en lenguaje de señas, fueron acusados de tráfico de personas y asociación delictuosa.

Durante la pandemia de Covid-19, Carmen y Julio, una pareja de migrantes centroamericanos sordos, viajaron a México con la falsa promesa de un empleo en un reconocido parque de diversiones en Estados Unidos. Sin embargo, fueron detenidos en territorio mexicano bajo la acusación de trata de personas.

Reducen de 40 a 10 años de prisión la sentencia de Alma, acusada de extorsión por el cobro de una tanda

La reducción de la sentencia de Alma de 40 a 10 años de prisión se dio ante el reclamo de irregularidades en el juicio, explica su defensa; abogados buscarán su libertad.

Carlos Olvera, abogado de Alma, explicó que la reducción de la sentencia se dio ante el reclamo de diversas irregularidades en el juicio, como la falta de valoración adecuada de las pruebas presentadas para demostrar su inocencia, la imposibilidad de que se interrogara a la denunciante y las agravantes que se le impusieron por su presunta pertenencia al crimen organizado y que la víctima era mujer.