Sin embargo, los magistrados Martha Patricia Tarinda Azuara, Flor de María Paz Muñozcano y Alejandro Sentíes Carriles determinaron que Dulce debe cumplir una condena de 69 años –solo uno de diferencia respecto a su sentencia original, que era de 70– utilizando declaraciones en las que no se le identificó, y sin considerar que fue víctima de tortura y que no estaba en el lugar de los hechos. 

Pese a que el 21 de mayo de 2025 la Suprema Corte –que atrajo el caso en 2023– había determinado amparar y proteger a la quejosa, y requirió al Tribunal revisar el caso desechando las pruebas ilícitas y considerando las vulneraciones a sus derechos humanos, la Sexta Sala Penal se limitó a ratificar la sentencia de Dulce sin un análisis diverso de las pruebas.

Además, el máximo tribunal –según se advierte en la propia sentencia de la sala local, de la que Animal Político tiene copia– había establecido la obligación de investigar la denuncia de tortura con perspectiva de género, dado que Dulce tenía un embarazo gemelar al momento de su detención y lo perdió producto de los golpes que recibió.

“Analizar el cúmulo de violaciones aducidas por la quejosa en el proceso penal que se le siguió, con perspectiva de género, entre ellas que una juzgadora local dictó una orden de arraigo solicitada por un Ministerio Público también del fuero común; así como la realización de diversas diligencias de reconocimiento en la Cámara de Gesell y por fotografía sin la presencia de su persona abogada defensora”, había pedido la Corte.

Aunque en el documento la sala del Tribunal Superior capitalino enlista seis pruebas a ser excluidas para la valoración de la sentencia –reconocimientos fotográficos y diligencias de confrontación en la Cámara de Gesell–, consideró el resto aptas y suficientes para determinar la supuesta coautoría material de Dulce en los delitos de robo y secuestro exprés, con base en la declaración inicial de las víctimas e inspecciones en el lugar de los hechos, las cuales no apuntan directamente a los perpetradores.

En contraparte, no le otorgaron ninguna validez a las afirmaciones de Dulce, respaldadas por documentos de instituciones oficiales que sostienen que en los días de comisión de los delitos ella estaba realizando labores de seguridad en otra entidad de la República y en su base: “Documentales a las que no se otorga valor probatorio alguno, en virtud de que no resultan aptas, suficientes ni idóneas para sustentar de modo fehaciente las manifestaciones de la acusada”, dice la sala, pues según los magistrados no se corroboran de modo indubitable con alguna otra prueba.

“Se impone a la sentenciada Dulce Belem Sánchez Castañeda una pena total de 69 años 4 meses 14 días de prisión y multa de cinco mil novecientos treinta y seis días, equivalentes a la cantidad de 362,541 pesos, pena privativa de la libertad que deberá compurgar en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla”, reafirman los magistrados ignorando las transgresiones cometidas contra ella. 

Defensa de Dulce Belém Sanchez asegura que el caso “todavía no se acaba”

“La quejosa no tiene que demostrar su inocencia, la apelante tampoco, y la acusada tampoco; más bien tienes que valorar si con las pruebas que tienes, por parte de la acusación y de la fiscalía, son suficientes para condenar; si no, es presunción de culpabilidad eso”, cuestiona su abogada Jessica. 

Sin embargo, un aspecto hasta cierto punto positivo es que el tipo de sentencia posibilita presentar un nuevo amparo, aunque esto significará por lo menos un año más de prisión para Dulce en caso de que se resuelva de manera afirmativa. El camino legal todavía no se acaba, remarca, porque aún hay varios recursos jurídicos que pueden agotarse.

La defensa, por lo tanto, manifestará en los próximos días que hubo defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, porque la Sexta Sala Penal solo repitió la misma condena y prácticamente no valoró nada, además de que no analizó el caso con perspectiva de género, y a la luz de la violencia sexual y tortura que sufrió Dulce durante su detención.

Una vez que se promueva ese incidente, dependiendo de la respuesta, podría seguir un recurso de inconformidad; si en una siguiente instancia, vuelve a confirmarse la sentencia, ese recurso podría llegar a la Corte, aunque la resolución se alargaría aún más. Por otro lado, queda todavía la posibilidad de presentar otro amparo, y finalmente, de escalar a un indulto o amnistía basadas en el Protocolo de Estambul, mediante el que se ha definido que Dulce efectivamente sufrió tortura.    

Durante los 13 años 9 meses que ha estado en prisión, Dulce ha perdido a su mamá y a su papá, y dio a luz a un niño que hoy tiene 6 años, vivió con ella hasta los 3 y ahora está a cargo de su esposo, Daniel. Ha desempeñado diversas labores en Santa Martha y es una interna de confianza. A pesar de sus pérdidas, dice que no se derrumba porque quiere salir a criar a su hijo. 

La sentencia de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, ha sido un golpe duro para ella. “Estoy muy mal, muy mal, estas paredes me están comiendo; me confirmaron mi sentencia”, alcanzó a comentar desde la prisión.

“En ese trayecto de camino a varias delegaciones, pues a mí me lastimaban, a mí me pegaban, me daban codazos, rodillazos, yo venía embarazada, no les importaba, me lastimaban. Llegué a la séptima delegación, que es la GAM 5, donde a mí me lastimaron, donde empezó mi tortura, donde empezó todo el daño que a mí me hicieron”, relata en entrevista desde Santa Martha Acatitla.

Ella recuerda muy bien que cuando la bajaron de la unidad a la delegación, estaba un agente con el distintivo “Plata”; “nunca lo voy a olvidar, tenía un diente de oro”, dice. La tiró al piso, le dio patadas y la empezó a golpear. “Me acuerdo mucho que dijeron que me encerraran… Me separaron y a mí me meten a las galeras, a mí me empiezan a pegar. No tenía abogado, no me dejaron hacer ninguna llamada”, acusa Dulce.

Ella tenía mucho miedo, más conforme crecían las agresiones físicas. Se defendió ante su instinto de madre, pero la tortura solo arreció. Luego de golpearla y arrastrarla, la sentaron en una silla, le amarraron los pies y las manos, y le hicieron tocamientos, además de cortarle el cuerpo y el cabello. “Tengo cicatrices de todo ello y pues tengo también secuelas de tortura hasta el día de hoy”, remarca.

Despertó días después en una galera, con suero, ya sin sus gemelas. “Plata” le dijo que no merecía ser madre. En ningún hospital cercano hay registro de cuál fue su destino. “Hasta el momento no sé dónde están, dónde quedaron, desconozco”, lamenta.

Pese a que en un principio una jueza la absolvió en un juzgado del Reclusorio Norte, al salir el mismo oficial “Plata” volvió a detenerla por robo agravado. La jueza ordenó un arraigo inconstitucional de un mes, donde aparecieron pruebas “clave” en su contra, que fueron obtenidas de forma ilegal.

“Yo no cometí los delitos, tengo cómo comprobarlo, estaba el día 24 en los Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, cubriendo el evento de la sub-17, la FIFA, estaba ahí, la Policía Federal entrega las bitácoras, la sábana, entrega parte informativo donde yo estaba comisionada y no podía estar en dos lugares a la vez”, narra.

Para los hechos del 30 de enero también se entregó un parte informativo que consignaba que ella estaba en la base. Sin importar todo eso, la jueza la sentenció a 70 años de prisión. Dulce remarca que, además, existían certificados de su embarazo y de las heridas que había sufrido durante la tortura.

Todo ello ocurrió después de que Dulce dedicara años de su vida al servicio de la policía federal, donde se enlistó a los 18 años porque su papá había sido policía militar. En ese tránsito, pasó todo tipo de pruebas físicas, criminológicas, psicológicas y psicométricas, y se graduó de la academia internacional de San Luis Potosí.

“Sigo aquí peleando mi libertad”: la batalla legal de Dulce para revertir su condena

Aunque durante varios años Dulce permaneció presa en Santa Martha Acatitla sin poder hacer nada respecto a la injusticia de la que había sido víctima, luego de conocer a una abogada de la organización Reinserta comenzó una batalla legal en torno a su proceso, mediante un amparo directo en contra de la sentencia que confirma su condena.

Este se radicó, en un primer momento, en el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito con el expediente 78/2022. Tiempo después, el entonces ministro Arturo Zaldívar solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrajera por estar entre los que crean un criterio de trascendencia o derivan de una interpretación directa de la Constitución.

Una vez atraído con el expediente 22/2023, en un principio la Corte solo buscó la investigación de la tortura –por la que existe una queja abierta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, pero después resolvió que el arraigo de Dulce fue ilegal por derivar de la petición de un juez local, y que todas las pruebas que se recabaron ahí son ilícitas y violatorias a derechos humanos, por lo que no deben tomarse en cuenta.

“Entre ellas, una declaración de las supuestas víctimas, donde señalan a Dulce como autora o copartícipe del supuesto secuestro exprés; número dos, unos reconocimientos por fotografía, y número tres, unos reconocimientos en la cámara de Gesell. Estas pruebas, sobre todo las dos últimas, son ilícitas”, explica su abogada Jessica.

Para considerarse válidas, una persona abogada defensora de Dulce debía haber estado presente, lo que no ocurrió. Mientras que en el caso de las fotografías es indispensable mostrar a varias personas, además de la imputada, con características similares, para que la identificación no se considere inducida. En su caso, solo fue mostrada la de ella y la de los presuntos copartícipes.

La Corte entonces ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ahora tiene en sus manos la apelación, excluir todas las pruebas ilícitas y pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Dulce solo con las pruebas legales. Así, ahora está en manos de las magistradas Martha Patricia Tarinda Azuara e Inés Gabriela Medel Díaz, y al magistrado Ramón Enrique Sentíes Carriles resolver el asunto bajo el expediente 148/2014.

Después de algunos días que han pasado por el periodo vacacional y una prórroga que se solicitó ante este, es necesario que la defensa de Dulce acuda nuevamente a la Sala a explicar que las pruebas que perduraron no son suficientes para sustentar una condena. “Ahí buscamos que se logre la absolución de Dulce”, señala la abogada.

Todavía privada de la libertad en Santa Martha Acatitla, ella hace un llamado a todas las autoridades para que volteen a verla y reconozcan todas las injusticias que se han cometido durante 13 años y 8 meses que lleva recluida por un delito que no cometió, y en el que, además, existen pruebas de que no se encontraba en el lugar de los hechos.

“Me privaron de mi libertad, mataron a mis bebés, abusaron de mí y sigo aquí. Tengo un hijo de seis años que me necesita, que no lo he visto crecer, incluso ha tomado terapia por el desapego, porque no me ve, él me pregunta hasta cuándo, ‘no me quieres, tú solo me prometes’, pero no está en mis manos; está en las manos de las autoridades que volteen a ver mi caso”, pide.

El impacto para la familia de Dulce tras un encarcelamiento injusto

Lo primero que menciona Daniel, el esposo de Dulce, en entrevista es que está casado con una mujer inocente que a pesar de sus pruebas, lleva recluida 13 años 8 meses. Con ella tiene un hijo de 6 años que la necesita todos los días.

“Le hago un llamado humildemente a los magistrados que llevan su caso para que hagan justicia y tomen en cuenta todas las pruebas que avalan su inocencia. Su salud está muy deteriorada, tiene un coágulo en la cabeza por los golpes que recibió, presenta sangrados constantes de la nariz, constantemente se le va la visión de un ojo; como dicen los estudios del protocolo de Estambul, tiene secuelas de tortura”, señala.

Para su familia, relata, la privación de la libertad de Dulce ha sido muy difícil porque durante los años que han pasado, sus papás fallecieron, y han sido sus pérdidas más dolorosas estando en prisión. Su hijo y él, además, han tenido que recibir terapia psicológica para trabajar el desapego, y que el niño pueda estar bien pese a haberse separado de su mamá-

“Ha sido muy difícil para nosotros esta situación, más sabiendo que es inocente y que tenemos las pruebas, o sea, no lo decimos nosotros de palabra, sino que cada cosa que se dice hay un documento oficial que la respalda… Esperemos que esto ya termine, ha sido muy pesado, como no se imagina”, reclama.

Por ejemplo, cuando el hijo de Dulce se enferma, siempre pregunta por su mamá, y aunque está él, no es lo mismo, reconoce Daniel. Siempre extraña a su mamá. Cada vez que se puede, la visitan, pero dependen también de la economía y de la escuela, pues, además, ya va a entrar a la primaria.

“Cuando la ve, no la suelta, él quiere quedarse; ‘mamá, me quiero quedar contigo’, ‘mami, por favor, vámonos’, o sea, cada vez se hace más pesado. Se la manejamos como que ella está trabajando, y como estuvo ahí con ella hasta los 3 años, se daba cuenta que trabajaba en recaudería, en tiendas, hacia servicios limpiando oficinas, le ayuda a la iglesia, entonces él dice que son sus trabajos”, cuenta el esposo de Dulce.

Él todavía no entiende por qué no está con su mamá, pero ya está creciendo. Daniel y su hijo tienen el apoyo de la abuela paterna del niño, que lo ayuda a cuidarlo, a lo que se dedica de tiempo completo. Ya en la primaria, espera poder tener más horas al día para buscar otro ingreso.

“Yo sí hago un humilde llamado, siempre respetuoso, a los magistrados, yo lo que pido es que lean bien, que tomen en cuenta las pruebas; no son cualquier prueba, son sus pruebas que avalan que ella no estaba en el lugar, hay pruebas por peritos especializados en la materia”, apunta Daniel.

La abogada hace el mismo llamado a los magistrados de la Sexta Sala Penal para que analicen el asunto de fondo: “Es muy fácil condenar, muy fácil volver a transcribir la sentencia que ya tenía Dulce, modificarle las palabras y que vuelvan a condenar. Eso no es justicia… 13 años se escucha poco, pero adentro es muchísimo”, advierte.

“Como dice la licenciada, no es fácil 13 años”, continúa Dulce. “Aquí perdí a mi a mis papás. Perdí primero a mi papá. Luego perdí a mi mamá. Es frustrante, doloroso y tener que bloquear… no les puedes llorar como tal, porque te derrumbas. He perdido a mi familia en este lugar. He perdido a lo que más he amado también, que son mis papás.

“Si no fuera también por la reinserción que aquí nos dan, los cursos, las oportunidades, en este caso que soy estafeta del área de gobierno de dirección, me han dado la atención, han confiado en mí. La directora no me toma como una interna, ella me lo ha dicho, ‘yo te veo como una compañera, tienes que salir de este lugar, tienes que echarle ganas por tu hijo’. Me dio la confianza de ser estafeta. Yo siempre he dicho ‘gracias, Dios, por un día más de vida, y gracias por un día menos de sentencia”, dice Dulce.

En un documento, difundido el miércoles, las ongs exigieron al Poder Judicial del estado de Chiapas revisar el caso, ya que consideran que la sentencia es “injusta, porque nunca cometieron el delito” y que se suma a las violaciones de derechos humanos padecidas durante su detención.

Además, señalaron que presentaron una queja ante el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la sentencia es indebida

Las organizaciones relatan que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”. 

Fue el 26 de julio de 2021 cuando 19 hombres fueron desaparecidos forzadamente en Pantelhó, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera”. 

A principios de agosto del 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”. Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó. 

En el caso también estaba imputado el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en octubre pasado, cuando salía de un templo en San Cristóbal de las Casas. 

Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firmaron el documento, aseguraron que el arresto de Pedro Cortés y Diego Mendoza, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”. 

También “fueron despojados de sus pertenencias, se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”. 

El juicio al que han sido sometidos, afirman, “ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, quien destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”. 

La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defienden su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades.  

“Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”. 

En el texto, las organizaciones señalan que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”. 

Para las ongs, el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio. 

Los firmantes piden al gobierno federal y estatal que pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo Pérez no quede impune. 

Manifestaron que el caso de Cortés y Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.

Luego de siete años de litigio, el quejoso fue sentenciado a 20 años de prisión y aunque tramitó diversos recursos para revocar la sentencia, no tuvo éxito. 

López Cordero, de nacionalidad extranjera, argumentó a través de diversos juicios de amparo, violaciones como una demora de más de siete horas en su presentación ante la autoridad ministerial después de ser detenido; falta de una defensa técnica adecuada y, principalmente, el incumplimiento de su derecho como extranjero a recibir asistencia consular. 

Aunque las autoridades enviaron un oficio a la embajada de su país, en un juicio de amparo que tramitó el Segundo Tribunal Colegiado en Tamaulipas concluyó que renunció a su derecho a recibir asistencia consular porque durante una diligencia ministerial se opuso a ello. 

De este modo, los magistrados confirmaron su condena y contra ello, Juan Francisco López Cordero tramitó un recurso de revisión ante la SCJN. 

Al analizar el caso, la Primera Sala de la Corte revocó la sentencia en la que le fue negado el amparo a López Cordero y ordenó al Colegiado verificar si durante su proceso penal fueron respetados sus derechos. 

Para ello, señaló que los magistrados deben verificar si cuando renunció a su derecho de asistencia consular lo hizo de manera válida, es decir, si lo hizo de manera informada, consciente, documentada y con la guía de un asesor jurídico. 

Así, la Corte determinó que dicha renuncia debe quedar debidamente registrada mediante la firma, huella digital u otro medio. 

“El derecho a la asistencia consular es una garantía fundamental para asegurar el debido proceso para los extranjeros, ya que enfrentan barreras como diferencias idiomáticas y culturales que pueden dificultar la comprensión de su situación legal y sus derechos. Por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de informar a los detenidos extranjeros sobre sus derechos y las opciones que tienen disponibles en relación con su nacionalidad”, estableció la Corte. 

Los ministros añadieron que si al revisar el caso el Colegiado advierte que hubo irregularidades en el proceso penal, este debe reiniciarse para asegurarle al quejoso un juicio justo, lo que podría resultar en que, de acreditarse violaciones graves al debido proceso, las autoridades estén obligadas a dejarlo libre. 

El criterio de la Primera Sala quedó registrado como una tesis aislada publicada el pasado mes de septiembre y aunque no es de aplicación obligatoria queda como precedente para casos similares al de López Cordero.