El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 es el primero en ser diseñado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegó al poder con un discurso de trabajo a favor de las mujeres; sin embargo, especialistas señalan que el aumento en los recursos para la igualdad y la creación de un anexo transversal sobre cuidados no privilegia las políticas públicas con perspectiva de género.

El presupuesto contemplado en el Anexo 13, destinado a la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, será de 599 mil 145 millones de pesos, lo que significa 1.5 % más de lo que se aprobó para este apéndice en 2025, cuando se asignaron 576 mil 577 millones.

Aunque el monto destinado para el anexo equivale al 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sólo el 29 % de los programas contenidos en el apéndice cuentan con perspectiva de género.

El CIEP indicó que esto “refleja una integración limitada de la igualdad en el diseño y la ejecución de los programas”, pues más de la mitad (55 %) de estos recursos se concentra en programas asistenciales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El análisis del CIEP indicó que el presupuesto destinado para este anexo equivale al 1.2 % del PIB, sin embargo, estos recursos se concentran principalmente en tres programas (80 %), de los cuales dos son transferencias económicas: la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

También destacó que, en comparación con 2025, el PEF de 2026 tuvo una disminución en los programas de cuidados como los servicios de asistencia social integral (-96.6 %), servicios a grupos con necesidades especiales (-23.8 %) y atención a personas con discapacidad (-3.4 %).

“Al no existir una asignación clara y desglosada para los refugios no se puede planear la operación del 2026. Si ahorita hay retrasos en la transferencia de los recursos de este año, eso lo agudizaría, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas“, comentó Figueroa.

La directora de la red calificó esta decisión como “un retroceso institucional contrario a estándares internacionales que rompe el principio de progresividad de derechos humanos. Nuestra postura sigue siendo que la vida y la seguridad de las mujeres no se negocian ni se fusionan, se garantizan”.

Anunció que continuarán exigiendo que se consideren al menos 510 millones de pesos para el programa de refugios, además de que llevarán el reclamo contra el gobierno mexicano por los retrasos y recortes presupuestales ante instancias internacionales, de modo que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la protección y justicia de las mujeres y niñas en un contexto de violencia feminicida.

La Sala Superior del Tribunal Electoral federal ordenó a los partidos políticos postular a candidatas mujeres en 7 de las 15 gubernaturas que se renovarán en los comicios del próximo año.

Por cuatro votos contra tres, la mayoría acordó “vincular” a los partidos a que cumplan este criterio de paridad de género, de modo que la medida tiene carácter obligatorio.

Durante la votación, en una sesión de alrededor de cuatro horas, el pleno debatió si los partidos debían ser “vinculados” o sólo “exhortados”.

México, DF. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia contra las mujeres son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, además de que prevalecen las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos, señaló Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización de derechos humanos lamentó que en México se violan diariamente los derechos humanos de mujeres y niñas, en medio de una impunidad "generalizada", incluso para prácticas graves como  el abuso sexual y el feminicidio.

"El sistema de justicia mexicano ha demostrado ser insuficiente para afrontar la investigación con perspectiva de género de casos de violencia contra la mujer. Con frecuencia las investigaciones presentan irregularidades como la demora en su iniciación, la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, negligencias e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género", subrayó AI.

“Una investigación efectiva que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, constituye un paso necesario para el conocimiento de la verdad, por ello debe garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las mujeres claramente en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres”, señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de la organización en México.

El derecho a una vida libre de violencia "conlleva la obligación de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Dicha obligaciones adquieren mayor relevancia en un contexto de violencia contra la mujer donde las autoridades investigadoras deben explorar las líneas de investigación necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos", recalcó Amnistía.

Por todo lo anterior, el colectivo con sede en Londres hizo un llamado a las autoridades a garantizar la realización de investigaciones exhaustivas, independiente e imparciales que incorporen perspectiva de género, la provisión de reparación integral para las víctimas y sus familias y la realización de cambios en políticas y prácticas para erradicar la violencia contra las mujeres.