A dicha célula delictiva se le atribuyen al menos dos secuestros ocurridos en mayo de 2024 y junio de 2025, además de un feminicidio ocurrido en junio de 2024 en Iztapalapa; y un homicidio ocurrido en Miguel Hidalgo en julio del presente año.

Por su parte, la SSPC apuntó que la detención fue resultado del intercambio de información con las instancias de seguridad del Gobierno de México, por lo cual se tuvo conocimiento que dichos hombres se encontraban en un club de playa en el municipio de Acapulco.

Por ello “se implementó un despliegue operativo coordinado, en el que se actuó sin el uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.”

Los sujetos de 42, 36, 31, 28 y 26 años de edad fueron informados de sus derechos de ley y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado más de 5.800 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras los acuerdos para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reforzar el combate contra el tráfico de drogas.

“Si sientes polvo en los ojos, no te talles, son metales microscópicos que pueden lesionarte la córnea”, se alerta a la reportera de Proceso antes de llegar a Carrizalillo.

Hacia las piletas “no es posible acercarse mucho porque los cañones de agua con cianuro que riegan los minerales pueden dañar la piel”, agregan los ejidatarios que hace 18 años tomaron la decisión de poner en renta sus tierras, destinadas para siembra y pastizales, para que se extrajera oro del subsuelo.

Difícil creer que donde ahora hay montañas de tierra con minerales que tienen que ser procesados y que contaminan el aire, el agua y el territorio ejidal, hace más de 18 años era una zona utilizada para sembrar maíz, frijol, calabaza, que había 13 manantiales, que en las partes altas había cedros, encinos, que había tejones, jabalíes y venados, amén de que ganado vacuno y caprino pastaba por lo que antes fueron cerros verdes, como se constata en algunas fotografías compartidas por los propietarios de la tierra.

El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la noche del domingo 27 en la calle Juan Sebastián Elcano, frente al módulo de la Policía Turística y a unos metros de otro de la Guardia Nacional. 

Estas oficinas de la FGE también se encuentran a unos metros de la avenida Costera Miguel Alemán. 

Durante 20 segundos, al menos cuatro hombres dispararon con armas cortas contra la fachada del MP y la comandancia. 

Luego se posicionaron desde cuatro esquinas para accionar con rifles de asalto AK-47, de acuerdo con reportes de la policía. 

En el lugar fueron hallados al menos 100 casquillos percutidos. 

El hecho provocó pánico entre vecinos y transeúntes.? 

Una hora después la FGE informó el inicio de una carpeta de investigación tras registrarse detonaciones de arma de fuego contra la fachada de las instalaciones de la institución, en la colonia Costa Azul, municipio de Acapulco de Juárez.?Y que activó los protocolos de seguridad. 

Este lunes las oficinas amanecieron cerradas.

El crimen se cometió alrededor de las 7:30 de la noche del domingo, cuando la víctima se encontraba en su camioneta Chevrolet tipo van color gris para cargar gasolina en una estación del centro de la población en la avenida Colegio Militar, confirmaron autoridades. 

Hombres armados se acercaron para dispararle a mansalva; su cuerpo quedó dentro de la unidad. 

La víctima fue identificada como Sergio Ureiro Castañeda, de profesión arquitecto, comerciante de abarrotes y material para construcción. 

Y fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero pasado logró recuperar la histórica plaza pública y área verde protegida. 

Minutos después de conocer el homicidio, su hermana Verónica Ureiro, médico, líder de la organización de vecinos y delegada de la colonia San Diego de Tlapa, llegó al lugar para reconocer el cuerpo. 

Reclamó al dos veces alcalde priista Gilberto Solano Arreaga la violencia criminal desatada contra ciudadanos en Tlapa, la principal ciudad comercial de la región. 

Y se quejó de la aparatosa presencia de policías municipales, estatales, ministeriales, así como elementos de la Guardia Nacional que llegaron para acordonar la escena del crimen. 

“¡Ya para qué están aquí!, deberían estar buscando a los responsables. ¡No sirven para nada!”. 

Sergio Hugo Ureiro formó parte del Movimiento de Defensa de la Plazuela de los Cántaros. 

La organización de vecinos se levantó en enero de 2024 luego de que el alcalde Gilberto Solano anunciara la destrucción del área que cuenta con árboles centenarios para construir 17 locales comerciales. 

Los colonos denunciaron que por más de 30 años una veintena de vendedores de comida invadieron de manera ilegal la plaza con ayuda de las autoridades municipales.   

En ese tiempo maltrataron los árboles de tlalahuacates al utilizarlos como postes de luz clavando medidores y al derramar aceite quemado usado para fritangas. La plaza se convirtió en una zona insalubre. 

La plaza fue construida a principios del siglo 20 y fue usada para esparcimiento público y el fin de semana para vender alfarería elaborada por artesanos de las comunidades Zacualpan, Huitzapula y Tlalzala. Tras demandas administrativas y ambientales, en 1996 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó mantener el área verde y de esparcimiento, libre para todos. 

Tras un año de plantones en el Ayuntamiento de Tlapa y en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, en enero pasado los vecinos desalojaron con sus propias manos los locales y sus instalaciones luego de que comerciantes y autoridades no cumplieran minutas para dejar libre la plaza. 

La plaza finalmente ha sido usada como espacio recreativo de los ciudadanos y de expresiones culturales diversas. 

“Hoy sufrimos y lloramos el cruel asesinato de un compañero defensor del medio ambiente, fiel defensor de la Plazuela de los Cantaros, el Arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, por lo que exigimos justicia. Alto a la violencia en Tlapa”, expresó el Comité al compartir una esquela. 

La tarde del lunes en el funeral del activista, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expresó que la lucha que abanderó no fue para beneficio personal, sino para abrir los últimos espacios verdes que quedan en la ciudad. 

Consideró que se perdió una conciencia ecológica. 

“Tuvo la osadía de dejar un legado en favor de las nuevas generaciones. Dentro de este dolor y esta tragedia hay indignación de la gente de Tlapa, no hay resignación, no hay complicidad, hay ese coraje de decir que no es posible que sigamos hundiéndonos en esta violencia”. 

Recordó cuando Tlapa era una provincia tranquila, pero que ahora todos se tienen se tienen que cuidar de todos, cada por su propia sobrevivencia. 

“El miedo nos ha aislado y nos ha paralizado. Ese miedo nos hace cómplices de estas tragedias”. 

Cientos de colonos, familiares y activistas despidieron al arquitecto exigiendo a las autoridades estatales justicia.

También señalaron que Cruz Fandango solo envió a jóvenes y mujeres al lugar y que como no dejaban de agredirlos, los retuvieron y los llevaron a la Comisaría de Cuyuxtlahuac, en donde, dijeron, van a seguir hasta que se presenten autoridades para atender el conflicto agrario.

La retención de los pobladores fue confirmada por el alcalde de Alcozauca, Crispín Agustín Mendoza, en entrevista con Reforma, aunque dijo que “nunca hubo disparos de arma de fuego”, y solicitó la intervención del gobierno estatal para evitar la escalada del conflicto.

En redes sociales se difundió un video en el que se ve a los dos grupos de pobladores, algunos con palos y machetes, involucrarse en la trifulca y en algún momento se escuchan disparos.

La situación también fue reportada por Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, que dio cuenta, de acuerdo con testimonios de pobladores, de dos heridos que tuvieron que ser llevados a un hospital en Oaxaca y nueve personas retenidas. 

“A mediodía de este lunes 21 de julio del 2025, se reportó una balacera entre las comunidades na savi de Cruz Fandango y Cuyuxtlahuac, municipio de Alcozauca, por un conflicto agrario que data de varios años”.

La organización denunció que este “conflicto histórico” no sólo no se ha podido resolver, sino que ha “escalado violentamente” y las autoridades municipales y estatales han sido omisas: “el presidente municipal de Alcozauca, en lugar de solucionarlo, se ha inclinado por Cuyuxtlahuac, generando mayor crispación social”.

Por ello, los habitantes de dicha región exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado y a los presidentes municipales que “dejen de simular, de engañar al pueblo” y que distribuyan los recursos para la atención de los damnificados así como de las afectaciones.

“En el mundo de la 4t, la realidad del país se cambia con discursos mañaneros (…) a nosotros y nosotras, como pueblos indígenas y afrodescendientes, no nos engañan, bien sabemos sus mentiras. Por eso estamos aquí, para exigirle a estos malos gobiernos que dejen de mentir”.

Por su parte, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña también denunció el abandono que sufren las poblaciones indígenas y afros de la Costa Chica de Guerrero por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con una carta enviada por la madre buscadora a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 23 de mayo último, Jhonatan Guadalupe fue detenido y desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018, en la Costera Miguel Alemán, cuando se dirigía a jugar futbol. 

Iba acompañado de otro joven, Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente, luego de que los mismos policías lo arrojaron a la calle. 

En ese momento, Jhonatan tenía 25 años y recién se había graduado como Licenciado en Derecho. 

La misiva indicó que, en ese entonces, el fiscal regional David García Muñoz ocultó y luego desapareció un video proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública, donde se observaba cómo los agentes arrojaron el cuerpo de Carlos Ignacio Rojas, amigo de Jhonatan, desde la patrulla. 

El mismo fiscal regional, agregó, canceló una audiencia en la que los policías involucrados declararían ante el Ministerio Público. Lo que vino después, fueron amenazas de muerte contra la familia de la víctima que la hizo salir del puerto. 

Socorro Gil Guzmán es coordinadora de la Colectiva Memoria Verdad y Justicia de Acapulco. 

Como resultado de la carta que la madre de Jhonatan le envió a la mandataria, se le ofreció esta tarde una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

En un documento dirigido a la madre de la víctima, el Comité contra la Desaparición de la ONU informó que continua altamente preocupado porque la suerte y paradero del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no han sido esclarecidos a más de 6 años de su desaparición. 

Explicó que el Estado mexicano le envió una nota el 27 de mayo de 2024, en relación con la Acción Urgente y enlista las omisiones de las autoridades respecto a las recomendaciones de búsqueda. 

“En la nota del Estado no se ha presentado información resultante de la citación a los integrantes de la patrulla de policía 388, ni información sobre el impacto de sus declaraciones en la carpeta de investigación”. 

No se hace referencia a los 17 cuerpos que habrían sido hallados en el poblado “El Carabalí” en octubre de 2023 y el resultado de las confrontas de las pruebas genéticas que surgieron de esos hallazgos. 

“No consta en ese informe estatal la apertura de una línea de indagatoria relacionada con el dueño del Bar La Mandona, donde trabajaba Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, capturado junto al Sr Romero Gil y encontrado fallecido al día siguiente”. 

El eventual involucramiento del dueño de dicho establecimiento en los hechos no habría sido investigado, a pesar de que el Sr. Rojas Montes de Oca habría pedido apoyo al Sr. Romero Gil para denunciar a su empleador porque lo habría obligado a vender drogas, agregó. 

Señaló que la comparecencia de los Policías Municipales de la patrulla 388 habría sido cancelada y no fueron citados de nuevo a declarar, ello a pesar de los elementos probatorios contundentes relacionados con su alegada participación en la desaparición del Sr. Rojas Montes de Oca. 

En otro punto, el organismo indica que la carpeta de investigación habría sido modificada en relación con un video mencionado por el fiscal David Muñoz García, que contendría material que compromete a los integrantes de la patrulla 388. 

Además, los resultados del análisis de la línea telefónica y la sábana de llamadas del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no habrían sido incluidos en la carpeta de investigación. 

El informe del Estado, con fecha 27 de mayo de 2024, asiente al organismo, evidencia que a más de cinco años de la alegada desaparición no se adoptaron medidas eficaces para establecer un plan de acción y un cronograma para la búsqueda y la investigación de su desaparición. 

Por lo anterior, el Comité considera necesario mantener la acción urgente abierta y hacer de nuevo recomendaciones y solicitudes de información al Estado. 

Entre las recomendaciones, pidió explorar todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que los hechos constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales. 

“El Comité recuerda que, según la información reunida en el contexto de la presente acción urgente, agentes municipales de la patrulla 388 serían responsables de la desaparición del Sr. Romero Gil”, indicó.