La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) logró la liberación de Jaime Morales Castro, comisario municipal de Coapinola y consejero de la casa de justicia de El Paraíso, del municipio Ñu’u Savi, después de cinco horas de bloqueo en la autopista México-Acapulco, a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo, Guerrero.
A las 9 de la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025 las autoridades de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC arribaron a la autopista del sol, a la altura de las estelas de los normalistas Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, asesinados por policías en el 2011. Pasaron unos minutos cuando cerraron los dos carriles con carros que atravesaron y barreras humanas con lonas con la exigencia de la libertad inmediata de Jaime Morales y los cinco policías comunitarios de la comunidad nahua de Xalpatláhuac.
En el mitin los coordinadores, consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados de las casas de justicia de la CRAC-PC exigieron la libertad inmediata de Jaime Morales Castro, así como de los policías comunitarios de Xalpatláhuac: Agustín Vitinio, Pedro Álvarez, Rosendo Gabino, Juan Simón y Francisco Dircio. Criticaron al gobierno estatal y federal de la criminalización que han padecido en los 30 años de fundación de la CRAC-PC.
Emplazaron a las autoridades y particularmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero para que liberaran a Jaime Morales Castro. Después de una hora de haber cerrado la autopista llegó el subsecretario de desarrollo político y social, Francisco Rodríguez Cisneros, para ofrecer una mesa de diálogo. Las autoridades de la CRAC lo consultaron con la gente y nombraron una comisión de 12 personas.
La reunión con Francisco Rodríguez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Ricardo Salinas Sandoval, el Fiscal General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda y autoridades comunitarias duró una hora y media. Acordaron que liberarían a Jaime Morales, pero no abordaron nada sobre la libertad de los cinco comunitarios de Xalpatláhuac, sentenciados a 19 años de prisión por portación de armas. Su delito fue auxiliar a un herido.
La comisión llegó al bloqueo para informar. Duró una media hora cuando les avisaron que estarían dando trámite a la libertad de Jaime. Luego les mandaron la boleta de libertad por falta de elementos para procesarlo. Hoy, el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia del Distrito Judicial de Morelos escribió textualmente en la boleta de libertad: “Comunico a usted, que con esta fecha, en los autos de la causa penal citada al rubro y siendo las catorce horas (14:00), del día de hoy quince (15) de Octubre del año en curso, en términos del artículo 19, párrafo segundo Constitucional, en relación con los diversos 87 párrafo segundo, y 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, este Juzgado decreta auto de libertad por falta de elementos para procesar al inculpado Jaime Morales Castro, por el delito de secuestro agravado», en agravio de 43 personas.
Jaime Morales Castro fue detenido el pasado jueves 9 de octubre y trasladado de inmediato al penal de las Cruces en Acapulco y finalmente a Tlapa por el delito de secuestro. Luego de seis días en prisión las casas de justicia de la Policía Comunitaria llamaron a la movilización para exigir su liberación y exigir al estado el cese a la represión y el hostigamiento contra las autoridades comunitarias que sólo tienen que cumplir un servicio comunitario.
A pesar de que hoy se cumplen 30 años de brindar seguridad y justicia indígena en las regiones de la Montaña y Costa Chica, siguen padeciendo la criminalización del Estado mexicano. En el mitin el consejero de justicia de Espino Blanco, Martin Rosales, dijo que estaban celebrando tres décadas del surgimiento de la CRAC-PC, pero esta vez en las calles para exigir la liberación de los policías comunitarios.
“Un día como hoy en 1995, en Santa Cruz del Rincón, tuvo lugar una asamblea importante en la que suplieron los pueblos y comunidades indígenas el vacío enorme del Estado. Las personas tenían que esconder su dinero cuando tenían que trasladarse a San Luis Acatlán, a Marquelia y otros lugares porque en el camino eran asaltados. Tenían que evitar que las mujeres viajaran porque constantemente eran violadas. El robo de ganado era un acto de todos los días. Los comisarios y delegados junto con los sabios del pueblo se reunieron y tomaron las armas para brindar seguridad. En el 2011 se reconoció este sistema de seguridad, justicia y reeducación en la ley 701, pero el gobierno priista de Héctor Astudillo y los diputados de un plumazo echaron por la borda esa ley. La desconocieron y nos dejaron en la indefensión”, señaló en el mitin el consejero de Espino Blanco.
Juan, coordinador de la casa de justicia de El Paraíso, lamentó que el gobierno se pavonea diciendo que está a favor de los pueblos indígenas y que los defiende, pero es mentira porque “somos los primeros que recibimos los chingadazos por parte del gobierno del estado. No olvidemos lo que sucedió en el caso de El Charco en 1998. No olvidemos que en 2012 entraron los soldados, desarmaron a la policía comunitaria y liberaron a todos los delincuentes que se tenían en proceso de reeducación. La ley existe para la gente inocente, existe para la gente pobre que no tenemos para pagar fianzas, pero a la gente corrupta, a los políticos corruptos, ¿dónde quedan ellos? Siempre están gozando de privilegio”.
“Cómo está nuestra capital, bañada de sangre, cómo están en otros municipios, ¿qué ha pasado con los hermanos periodistas? Muchos de ellos también han sido víctimas de la violencia. ¿Y qué ha hecho el estado? Qué ha pasado con los funcionarios municipales que han sido víctimas de la misma delincuencia organizada, ¿y qué ha hecho el Estado? Siempre anuncia que ya está disminuyendo la violencia en nuestro estado. Sí, se está disminuyendo, pero el número de habitantes que viven. Qué les importa a ellos si mueren unos indígenas. Lo que a ellos les importa son sus políticos corruptos”, denunció el coordinador.
César, consejero de la casa de justicia de Espino Blanco, cuestionó “¿vamos a seguir siendo atropellados? Son 30 años en la lucha, 30 años que tenemos que seguir defendiendo porque solamente nosotros cuidamos a nuestro pueblo. ¿Cuándo van a liberar a los detenidos? Ahora somos delincuentes para la autoridad”.
Rogelio Telliz, abogado de Tlachinollan, dijo que el Estado mexicano tiene que entender que existe la policía comunitaria y un sistema de justicia comunitaria. Los pueblos originarios saben administrar justicia desde tiempos remotos, antes de la colonización. Con la presencia de la policía comunitaria no hay delitos, sin embargo, donde está el ejército, la Guardia Nacional y demás cuerpos de seguridad lejos de parar la violencia, “todos los días hay muertos en las grandes ciudades, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y otros municipios”.
Los coordinadores, consejeros, comandantes regionales, policías comunitarios, comisarios y delegados no son delincuentes. Ellos son autoridades comunitarias nombradas por sus propias asambleas. Tienen sus actas de asamblea. Cómo es posible que el estado, lejos de detener a los verdaderos secuestradores, detiene a nuestras autoridades indígenas que su único delito es cuidar su pueblo, administrar justicia y brindar seguridad. Es increíble que el poder judicial del estado se preste a criminalizar a los pueblos”, reclamó el abogado Rogelio antes de que fueran atendidos por las autoridades estatales.
Después de que les mandaron la boleta de libertad de Jaime Morales Castro se arremolinaron en la gasolinera del Parador del Marqués para esperar que saliera del penal de Tlapa. A las 15:00 horas con una video llamada constataron que Jaime estaba fuera de la cárcel, bajando las escaleras abrazando a sus familiares, y desde donde se instaló el bloqueo en la autopista del sol las autoridades comunitarias también festejaban con un ¡viva la CRAC! Luego se subieron a los carros para regresar a sus comunidades.
