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Hallan a siete hombres asesinados y con huellas de tortura en varios puntos de Iguala

Los hechos se dan en medio de una disputa por la venta de droga, la extorsión y el poder político entre organizaciones criminales que operan en la zona al margen de las autoridades, informaron fuentes de la región.

En otra jornada de violencia, los cuerpos de siete hombres asesinados y con huellas de tortura fueron dejados en distintos puntos de la ciudad de Iguala durante el miércoles. 

Los hechos se dan en medio de una disputa por la venta de droga, la extorsión y el poder político entre organizaciones criminales que operan en la zona al margen de las autoridades, informaron fuentes de la región.

Reportes de la policía indicaron que a las 8:30 de la mañana un hombre identificado como Omar “N”, de 35 años, fue perseguido y asesinado a balazos en la calle El Naranjo de la colonia Adrián Castrejón. 

Cerca de la medianoche, autoridades corroboraron el hallazgo de los cuerpos de tres hombres en una calle de terracería de la colonia El Capire y otros tres cadáveres en la entrada hacía la localidad de Ceja Blanca, cerca de la colonia Fermín Rabadán, en las inmediaciones del periférico Sur.

Las víctimas estaban apiladas, con los ojos vendados, atadas de pies y manos y semidesnudas. También presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego en la cabeza. 

En ambos sitios fueron dejadas cartulinas donde se les acusa de vender y consumir la droga conocida como “cristal”. 

Después de los hechos en la zona fueron desplegados de manera aparatosa agentes de la Policía Estatal, Policía Ministerial, Guardia Nacional y de la Defensa. 

Medios locales informaron que el domingo en redes sociales fue reportada la desaparición de al menos seis choferes de transporte público y repartidores de tortillas en distintos puntos de la ciudad. 

Sin embargo, hasta la mañana de este jueves los cuerpos no habían sido identificados. 

Autoridades municipales y estatales, así como las instituciones de seguridad y procuración de justicia no se han pronunciado por los hechos registrados en la ciudad donde en el 2014 criminales y policías masacraron a tres estudiantes, tres civiles y desaparecieron de manera forzada a otros 43 normalistas de Ayotzinapa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Ejidatarios de Guerrero dicen que la Familia Michoacana quiere instalar laboratorios de fentanilo

El comisariado ejidal de Guajes de Ayala, Javier Hernández Peñaloza, manifestó que desde 2021 la pretensión del grupo criminal es expandirse en la Sierra de Guerrero.

Ejidatarios de Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la sierra de Guerrero, denunciaron que la organización criminal La Familia Michoacana pretende ingresar a su territorio para producir fentanilo. 

La representación del ejido alertó desde el 15 de octubre la presencia de civiles fuertemente armados a bordo de 12 camionetas con insignias de la FM (La Familia Michoacana) y al siguiente día aseguró que repelieron una agresión armada logrando replegar a los invasores.

Este lunes 19 de octubre, el comisariado ejidal de Guajes de Ayala, Javier Hernández Peñaloza, manifestó que desde 2021 la pretensión del grupo criminal es expandirse en la Sierra para instalar laboratorios para la producción de droga sintética.  

“Quieren apoderarse de la Sierra de Coyuca de Catalán totalmente para montar laboratorios para la producción de metanfetaminas y la finalización del fentanilo”.  

Recordó que como ejidatarios y serranos no han faltado al respeto a un pueblo o una ciudad que esté bajo el dominio de los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia Michoacana.  

Por lo tanto, dijo el líder ejidal, que no existe un motivo real para la confrontación.  
“El único motivo es desplazarnos de nuestro territorio para montar en la sierra laboratorios para la producción de fentanilo. Esa es la única finalidad y sepan que estamos dispuestos a defendernos hasta el último momento". 
Matizó que no está llamando a una rebelión armada, pero que no permitirán que les arrebaten lo que tienen por casa.
“La Sierra es nuestro hogar, donde hemos nacido, nuestro patrimonio, nuestra tierra, no podemos permitir que nos desplacen para cometer estas atrocidades”.  
Pidió al gobierno federal de Claudia Sheinbaum poner atención al caso.  

Advirtió que no quisiera hacer un llamado al gobierno federal cuando ya haya familias masacradas, hogares destruidos y desplazados.

Por la tarde en un comunicado el ejido alertó que varias camionetas con civiles armados se movilizaron para concentrarse en la localidad de Mesa de Corrales y reagruparse con la intención de atacar las localidades que pertenecen al Ejido Guajes de Ayala. 

“Es necesaria la intervención de la Sedena y la Guardia Nacional con recorridos para disuadirlos, de lo contrario generarán ataques o enfrentamientos en cualquier momento”, dice el texto. 

En tanto, el gobierno de Guerrero encabezado por la morenista Evelyn Salgado ha asegurado, a través del subsecretario de gobierno Francisco Rodríguez Cisneros, que los habitantes del ejido no han denunciado nada de manera oficial.  

Y que ya hay presencia de personal del Ejército y la Guardia Nacional en el mencionado ejido.  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció en abril pasado una recompensa de 8 millones de dólares por los líderes de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), cártel de la droga con sede en el Estado de México, y partes de Michoacán y Guerrero. 

También ha sido designado por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

A 2 años de 'Otis', comunidades de Cacahuatepec reconstruyen sus hogares sin apoyo gubernamental

En octubre de 2023 y septiembre de 2024 las costas de Acapulco, en el estado de Guerrero, fueron azotadas con huracanes que arrasaron todo a su paso. Muchas localidades rurales tuvieron que salir adelante por su cuenta debido al nulo apoyo del gobierno.

A dos años del paso del huracán Otis y uno del huracán John, las comunidades rurales de Cacahuatepec, en Acapulco, Guerrero, presentarán los avances de su proceso de reconstrucción integral, impulsado sin recursos públicos y con el acompañamiento de la organización Cooperación Comunitaria.

Este sábado 25 de octubre, se llevará a cabo un recorrido de prensa por la zona, donde los habitantes mostrarán los resultados de su trabajo colectivo en la reconstrucción de viviendas, cocinas y sanitarios secos, así como en el fortalecimiento de prácticas agrícolas sustentables y de gestión comunitaria del agua y del bosque.

¿Qué sucedió tras los desastres?

Tras el impacto de los huracanes, el gobierno concentró sus esfuerzos en las zonas urbanas y turísticas de Acapulco —como la Costera Miguel Alemán y la zona Diamante—, mientras las comunidades rurales quedaron al margen de los programas oficiales, pese a los severos daños sufridos.

Ante ese abandono, los pobladores de Cacahuatepec se organizaron y, con el acompañamiento técnico y social de Cooperación Comunitaria, comenzaron a reconstruir su territorio. Su esfuerzo fue posible gracias a la autogestión comunitaria y al apoyo de donantes nacionales e internacionales.

¿Qué se podrá ver en el recorrido?

Durante el recorrido los asistentes podrán ver y conocer avances tales como:
  • Viviendas y cocinas tradicionales reforzadas y autoproducidas con materiales naturales como el adobe, la piedra, la madera y la teja.
  • Sanitarios secos autoproducidos con materiales locales.
  • Biofiltros
  • Milpas y huertos que fortalecen la soberanía alimentaria.
  • Procesos de reforestación y restauración ambiental en zonas vulnerables.
En el ámbito ambiental, se ha logrado la producción de más de 2,700 plantas de 11 especies forestales y frutales, destinadas a la reforestación de la ribera del río Papagayo y a la instalación de barreras rompevientos. Asimismo, se ha impulsado la transición agroecológica, el rescate de semillas nativas y la eliminación del uso de agroquímicos.

La labor de autogestión de las comunidades y de diversas organizaciones que se sumaron con donativos, recursos materiales, asesoría y/o acompañamiento, fueron fundamentales para lograr la reconstrucción de zonas rurales abandonadas por el gobierno, que solo demostró una evidente discriminación hacia las comunidades, y lograron demostrar que con ayuda y recursos se puede salir adelante.

Para Isadora Hastings, coordinadora general de Cooperación Comunitaria, el proceso va más allá de levantar estructuras:
Una reconstrucción adecuada tiene que ser participativa y reconectar a las personas con su territorio y su comunidad. Reconstruir no sólo es reparar los daños, sino entender las causas y reducir las vulnerabilidades.
Si se desea asistir al recorrido de prensa este 25 de octubre presten atención a la siguiente información:

Para confirmar asistencia ponerse en contacto con Nadia Benavides Méndez | 55 4967 3973 | comunicacioncc@cooperacioncomunitaria.org

En caso de no poder asistir de manera presencial al recorrido, se hará una transmisión en vivo el 25 de octubre a las 11:00 horas mediante Zoom y YouTube.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen de seis sospechosos por ataque a agentes de la SSPC en Acapulco

De acuerdo a Omar García Harfuch, entre los detenidos se encuentra Antonio “N”, identificado como el presunto autor intelectual del ataque.

Tras el ataque ocurrido contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Acapulco, que dejó a tres policías lesionados y a un presunto delincuente fallecido, las autoridades reportaron la detención de seis personas y el aseguramiento de armas y drogas. 

Según un mensaje difundido en X por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre los detenidos se encuentra Antonio “N”, identificado como el presunto autor intelectual del ataque.

Las operaciones se llevaron a cabo de manera coordinada entre la SSPC, la Guardia Nacional, los gobiernos de Guerrero y Morelos, así como las fiscalías estatales correspondientes. 

El secretario destacó que los agentes lesionados se encuentran fuera de peligro y agradeció la colaboración de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y de la Secretaría de Salud estatal por la atención brindada. 

El incidente ocurre en un contexto de persistentes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos en la región, apenas en febrero pasado, el índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024 ubicó a Acapulco en el tercer puesto mundial de las ciudades más violentas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Ejido de Carrizalillo celebra clausura de Equinox Gold y exige justicia ambiental

La Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró al menos cinco sitios del proyecto minero El Nuevo Filos, operado por Equinox Gold en Guerrero, tras documentarse graves violaciones ambientales. La clausura llega después de seis meses y medio de plantón por parte del ejido, que exige la devolución de tierras rehabilitadas, un nuevo convenio justo y la salida de operadores que promueven la confrontación social.

Los ejidatarios consideran que la clausura confirma las denuncias que han sostenido por años: que Equinox incumple las leyes ambientales, opera sin transparencia ni justicia social, y utiliza sus relaciones políticas para evadir responsabilidades. Señalaron que la empresa abandonó operaciones básicas de mantenimiento, generando contaminación fuera de control, y que uno de los sitios clausurados corresponde a una exploración sin permisos válidos.

También denunciaron que Equinox mantiene una demanda agraria contra el ejido y 126 parcelarios, mientras intenta imponer un nuevo convenio «miserable, racista y sin justicia social». Exigieron al gobierno federal que revise la situación migratoria del operador Hugo Vergara, a quien acusan de promover el conflicto social en la zona para favorecer los intereses mineros.

Aunque reconocieron la clausura como un avance, cuestionaron el retraso de PROFEPA, al considerar que actuó hasta que el daño ya estaba hecho. Exigieron la intervención inmediata de las autoridades civiles, así como el cumplimiento legal por parte de la empresa, para garantizar el respeto a los derechos colectivos, la reparación de los daños y la paz en el territorio.

COMUNICADO:

Boletín de prensa: PROFEPA clausura «El Nuevo Filos»

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. de Guerrero a 16 de octubre del 2025

Poco duró el festejo del Sr. Darren Hall, director ejecutivo de Equinox Gold, por la inauguración del proyecto El Nuevo Filos con presencia de representantes del estado de Guerrero, así como del municipio de Eduardo Neri y las comunidades de Mezcala y Xochipala, el cual arrancó el 04 de septiembre del 2025. Desde la tarde de ayer la empresa Equinox y su proyecto «El Nuevo Filos», enfrenta una nueva realidad al ser CLAUSURADA por el gobierno federal, en específico por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Hasta donde tenemos información, se trata de la clausura de por lo menos 5 sitios en los que se encontró suficiente evidencia sobre los daños e incumplimientos de remediación que le han sido observados con anterioridad por parte de la autoridad federal ambiental. La clausura incluye observaciones a otros 15 o 18 sitios adicionales, mismos que de no atenderlos, suponemos también entrarán en clausura quizás en un lapso de entre 15 o 20 días más.

Para nosotros el acto de clausura por parte de la PROFEPA significa un hecho inédito, y nos da confianza en nuestra lucha porque a nivel federal se ratifica lo que hemos señalado desde hace mucho tiempo, Equinox trasgrede las leyes, no cumple la norma ambiental, utiliza su poder para intentar someter a las comunidades y pretende engañar -con argucias y contactos políticos- el marco legal en México. Basta recordar que llevamos seis meses y medio acampando afuera de la empresa esperando, de acuerdo a lo que dice la ley, nos entreguen las tierras rehabilitadas para continuar con nuestra actividad de ser campesinos o realicen un verdadero intento de establecer un proceso de nuevo convenio justo y no miserable como el que nos proponen con posturas racistas, sin justicia social y fuera de lo más básico de nuestros derechos.

Sr. Darren Hall, nuevamente le recordamos que:

1.- Su empresa está poniendo en riesgo nuestra vida al no entregarnos las tierras rehabitadas como se establece en la ley o por negarse a contribuir con un convenio de arrendamiento y social justo.
  • Su empresa ha sido clausurada por el gobierno federal por generar un caos ambiental porque, al abandonar la mina de forma injustificada, dejó de manejar la operación y mantenimiento básico de su proyecto minero, el cual la contaminación que genera está totalmente fuera de control.
  • Su empresa nos demandó tanto al ejido como a aproximadamente 126 parcelarios ante el Tribunal Unitario Agrario porque a “juicio” de sus abogados, somos nosotros los que les hemos quitado la posesión de lo que dicen ustedes son sus tierras. Dicen ustedes tienen una permanente relación de responsabilidad social con los pueblos inherentes a sus proyectos, pero en nuestro caso eso es falso.
  • Sus operadores locales, principalmente el Sr. Hugo Vergara, le vendió la idea de haber gestado un gran proyecto de renovación con las comunidades de Mezcala y Xochipala denominado el nuevo filos -hoy clausurado-, y es posible que uno de los puntos de clausura sea el sitio en el cual realizaron exploraciones sin la autorización correspondiente, autorización que es imposible obtengan porque la reconfiguración de su proyecto depende antes que nada de negociar con nosotros la continuidad o el cierre con la rehabilitación de nuestras parcelas. No es una postura nuestra, así lo establecen las leyes mexicanas.
  • Le hacemos un llamado a usted, pero también al Dr. Ramón de la Fuente secretario de Relaciones Exteriores de México, y al Lic. Cesar Yáñez subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la secretaria de Gobernación, para que revisen la condición de estancia en México del Sr. Hugo Vergara, por el uso intencional de su poder para recurrentemente promover actos en contra de la paz pública a partir de gestar procesos para la confrontación social que pone en riesgo la seguridad de los pueblos relacionados con la actividad minera, además de trasgredir el marco de los derechos colectivos y humanos que se establecen en nuestra constitución nacional. Es importante mencionarle que tanto usted Sr. Darren Hall, como las comunidades de Xochipala y Mezcala, se den cuenta de la sarta de mentiras hechas por el Sr. Hugo Vergara, porque El Nuevo Filos legalmente todavía no existe, por lo tanto, esperamos no caigan en una provocación que derive en una confrontación social, a la cual nosotros nos negamos a tener, porque no descansa el Sr. Vergara en acusarnos de terminar con el progreso y desarrollo de la zona.
Esperamos que esta clausura sea un fuerte golpe que lo haga reflexionar sobre la pésima actuación que su empresa y los operadores de la misma tienen en México. Esperamos también que sus socios, accionistas y financiadoras, reflexionen sobre sus inversiones porque, no hace ni diez días, para ser exactos, el pasado 07 de octubre, la empresa reportó una producción récord, dicen, “impulsada por el sólido desempeño de sus minas, que implica la optimización de su cartera y la reducción de su deuda que los consolida financieramente para el arranque del 2006”. Esa celebración se ve opacada con la clausura por parte del gobierno mexicano por las flagrancias cometidas por su empresa a las leyes mexicanas.

Seis meses y medio en resistencia aguantando la violación a nuestros derechos humanos por parte de la empresa canadiense Equinox gold. Hoy las leyes ambientales hablaron por nosotros. Pronto las civiles harán lo propio.

ATENTAMENTE

MESA AGRARIA DEL EJIDO DE CARRIZALILLO

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En su 30 aniversario, la CRAC logra la libertad del consejero Jaime Morales

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) logró la liberación de Jaime Morales Castro, comisario municipal de Coapinola y consejero de la casa de justicia de El Paraíso, del municipio Ñu’u Savi, después de cinco horas de bloqueo en la autopista México-Acapulco, a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo, Guerrero.

A las 9 de la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025 las autoridades de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC arribaron a la autopista del sol, a la altura de las estelas de los normalistas Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, asesinados por policías en el 2011. Pasaron unos minutos cuando cerraron los dos carriles con carros que atravesaron y barreras humanas con lonas con la exigencia de la libertad inmediata de Jaime Morales y los cinco policías comunitarios de la comunidad nahua de Xalpatláhuac.

En el mitin los coordinadores, consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados de las casas de justicia de la CRAC-PC exigieron la libertad inmediata de Jaime Morales Castro, así como de los policías comunitarios de Xalpatláhuac: Agustín Vitinio, Pedro Álvarez, Rosendo Gabino, Juan Simón y Francisco Dircio. Criticaron al gobierno estatal y federal de la criminalización que han padecido en los 30 años de fundación de la CRAC-PC.

Emplazaron a las autoridades y particularmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero para que liberaran a Jaime Morales Castro. Después de una hora de haber cerrado la autopista llegó el subsecretario de desarrollo político y social, Francisco Rodríguez Cisneros, para ofrecer una mesa de diálogo. Las autoridades de la CRAC lo consultaron con la gente y nombraron una comisión de 12 personas.

La reunión con Francisco Rodríguez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Ricardo Salinas Sandoval, el Fiscal General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda y autoridades comunitarias duró una hora y media. Acordaron que liberarían a Jaime Morales, pero no abordaron nada sobre la libertad de los cinco comunitarios de Xalpatláhuac, sentenciados a 19 años de prisión por portación de armas. Su delito fue auxiliar a un herido.

La comisión llegó al bloqueo para informar. Duró una media hora cuando les avisaron que estarían dando trámite a la libertad de Jaime. Luego les mandaron la boleta de libertad por falta de elementos para procesarlo. Hoy, el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia del Distrito Judicial de Morelos escribió textualmente en la boleta de libertad: “Comunico a usted, que con esta fecha, en los autos de la causa penal citada al rubro y siendo las catorce horas (14:00), del día de hoy quince (15) de Octubre del año en curso, en términos del artículo 19, párrafo segundo Constitucional, en relación con los diversos 87 párrafo segundo, y 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, este Juzgado   decreta auto de libertad por falta de elementos para procesar al inculpado Jaime Morales Castro, por el delito de secuestro agravado», en agravio de 43 personas.

Jaime Morales Castro fue detenido el pasado jueves 9 de octubre y trasladado de inmediato al penal de las Cruces en Acapulco y finalmente a Tlapa por el delito de secuestro. Luego de seis días en prisión las casas de justicia de la Policía Comunitaria llamaron a la movilización para exigir su liberación y exigir al estado el cese a la represión y el hostigamiento contra las autoridades comunitarias que sólo tienen que cumplir un servicio comunitario.

A pesar de que hoy se cumplen 30 años de brindar seguridad y justicia indígena en las regiones de la Montaña y Costa Chica, siguen padeciendo la criminalización del Estado mexicano. En el mitin el consejero de justicia de Espino Blanco, Martin Rosales, dijo que estaban celebrando tres décadas del surgimiento de la CRAC-PC, pero esta vez en las calles para exigir la liberación de los policías comunitarios.

“Un día como hoy en 1995, en Santa Cruz del Rincón, tuvo lugar una asamblea importante en la que suplieron los pueblos y comunidades indígenas el vacío enorme del Estado. Las personas tenían que esconder su dinero cuando tenían que trasladarse a San Luis Acatlán, a Marquelia y otros lugares porque en el camino eran asaltados. Tenían que evitar que las mujeres viajaran porque constantemente eran violadas. El robo de ganado era un acto de todos los días. Los comisarios y delegados junto con los sabios del pueblo se reunieron y tomaron las armas para brindar seguridad. En el 2011 se reconoció este sistema de seguridad, justicia y reeducación en la ley 701, pero el gobierno priista de Héctor Astudillo y los diputados de un plumazo echaron por la borda esa ley. La desconocieron y nos dejaron en la indefensión”, señaló en el mitin el consejero de Espino Blanco.

Juan, coordinador de la casa de justicia de El Paraíso, lamentó que el gobierno se pavonea diciendo que está a favor de los pueblos indígenas y que los defiende, pero es mentira porque “somos los primeros que recibimos los chingadazos por parte del gobierno del estado. No olvidemos lo que sucedió en el caso de El Charco en 1998. No olvidemos que en 2012 entraron los soldados, desarmaron a la policía comunitaria y liberaron a todos los delincuentes que se tenían en proceso de reeducación. La ley existe para la gente inocente, existe para la gente pobre que no tenemos para pagar fianzas, pero a la gente corrupta, a los políticos corruptos, ¿dónde quedan ellos? Siempre están gozando de privilegio”.

“Cómo está nuestra capital, bañada de sangre, cómo están en otros municipios, ¿qué ha pasado con los hermanos periodistas? Muchos de ellos también han sido víctimas de la violencia. ¿Y qué ha hecho el estado? Qué ha pasado con los funcionarios municipales que han sido víctimas de la misma delincuencia organizada, ¿y qué ha hecho el Estado?  Siempre anuncia que ya está disminuyendo la violencia en nuestro estado. Sí, se está disminuyendo, pero el número de habitantes que viven. Qué les importa a ellos si mueren unos indígenas. Lo que a ellos les importa son sus políticos corruptos”, denunció el coordinador.

César, consejero de la casa de justicia de Espino Blanco, cuestionó “¿vamos a seguir siendo atropellados? Son 30 años en la lucha, 30 años que tenemos que seguir defendiendo porque solamente nosotros cuidamos a nuestro pueblo. ¿Cuándo van a liberar a los detenidos? Ahora somos delincuentes para la autoridad”.

Rogelio Telliz, abogado de Tlachinollan, dijo que el Estado mexicano tiene que entender que existe la policía comunitaria y un sistema de justicia comunitaria. Los pueblos originarios saben administrar justicia desde tiempos remotos, antes de la colonización. Con la presencia de la policía comunitaria no hay delitos, sin embargo, donde está el ejército, la Guardia Nacional y demás cuerpos de seguridad lejos de parar la violencia, “todos los días hay muertos en las grandes ciudades, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y otros municipios”.

Los coordinadores, consejeros, comandantes regionales, policías comunitarios, comisarios y delegados no son delincuentes. Ellos son autoridades comunitarias nombradas por sus propias asambleas. Tienen sus actas de asamblea. Cómo es posible que el estado, lejos de detener a los verdaderos secuestradores, detiene a nuestras autoridades indígenas que su único delito es cuidar su pueblo, administrar justicia y brindar seguridad. Es increíble que el poder judicial del estado se preste a criminalizar a los pueblos”, reclamó el abogado Rogelio antes de que fueran atendidos por las autoridades estatales.

Después de que les mandaron la boleta de libertad de Jaime Morales Castro se arremolinaron en la gasolinera del Parador del Marqués para esperar que saliera del penal de Tlapa. A las 15:00 horas con una video llamada constataron que Jaime estaba fuera de la cárcel, bajando las escaleras abrazando a sus familiares, y desde donde se instaló el bloqueo en la autopista del sol las autoridades comunitarias también festejaban con un ¡viva la CRAC! Luego se subieron a los carros para regresar a sus comunidades.

FUENTE: TLACHINOLLAN
AUTOR: .
FECHA: 15 OCTUBRE 2025.

Organizaciones exigen justicia y libertad para presos políticos en Guerrero

A ocho años del asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, Lucía Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio, defensores sociales de la Montaña baja de Guerrero, organizaciones denunciaron la persistente impunidad en el caso y la violencia generalizada que enfrenta la región, además de exigir justicia para las víctimas y la libertad para presos políticos injustamente encarcelados.

A pesar del cambio de gobiernos que prometieron justicia social, los asesinatos y agresiones continúan sin que se investiguen ni sancionen los responsables. La Montaña baja de Guerrero sigue siendo una región donde autoridades locales actúan en complicidad con grupos de crimen organizado, y la violencia afecta a militantes políticos, activistas y comunidades enteras, mientras las autoridades permanecen indiferentes y la inseguridad persiste.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Equipo Argentino de Antropología Forense entregaron dictámenes que demuestran que las víctimas fueron torturadas y ejecutadas extrajudicialmente, confirmando la brutalidad del crimen y la impunidad que lo protege. Las organizaciones exigieron a las autoridades actuar con prontitud para garantizar justicia y detener la violencia que sigue afectando a Guerrero.

Finalmente, las organizaciones demandaron la libertad inmediata e incondicional de presos políticos como Antonio Barragán Carrasco y Jaime Morales Castro, acusados de manera arbitraria por su activismo social. Afirmaron que la lucha por justicia y derechos continúa vigente.

COMUNICADO:

A OCHO AÑOS DEL ASESINATO DE RANFERI HERNÁNDEZ ACEVEDO, LUCÍA HERNÁNDEZ DIRCIO, JUANITA DIRCIO BARRIOS Y ANTONIO PINEDA PATRICIO

Hoy, 14 de octubre del 2025, se cumplen ocho años del atroz asesinato de nuestros familiares y compañeros: Ranferi Hernández Acevedo, Lucia Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio. Como cada año desde que ocurrió este vil y cobarde multihomicidio, venimos aquí a depositar una ofrenda compuesta de flores y de productos del campo cosechados por las manos de nuestras compañeras y compañeros de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero para honrar la memoria de Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio; y para exigir justicia.

Han pasado ocho años del asesinato de nuestros familiares y compañeros. Aún con la llegada de gobiernos -a nivel federal y estatal- que se autodenominan de la cuarta transformación y que enarbolan un discurso de justicia social, el multihomicidio de nuestros familiares y compañeros se encuentra en la total impunidad. Con mucha indignación vemos que las condiciones de inseguridad en que fueron asesinados nuestros familiares y compañeros persisten en la actualidad.

La Montaña baja es una región donde los crímenes tienen marca registrada; en la que es clara la complicidad con la que actúan las autoridades locales con el grupo del crimen organizado que controla la región. La Montaña baja es una zona gris donde se cometen asesinatos y desapariciones forzadas sin que nadie investigue nada, y tampoco hay ninguna autoridad ni fuerza de seguridad que busque frenar esta situación. Las poblaciones de las comunidades de la región han sido abandonadas a su suerte, hasta los militantes de Morena que actúan en la región son asesinados sin que la dirigencia de su partido sea capaz de alzar la voz por ellos, lo único que hacen es darles el pésame. Así de lacerante es la realidad que se vive en esta región de Guerrero, donde la muerte tiene permiso y la impunidad también.

Coincidimos en lo expuesto por la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Esperanza Rangel Lozano, quien, en una entrevista publicada en el periódico El Sur dijo, respecto de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, que en Guerrero hay una situación de impunidad crónica que incide en la comisión de delitos. Pero esta situación de inseguridad que se vive en la región de Chilapa, lamentablemente no es la única del estado donde se vive así, hay otras regiones donde se viven situaciones similares como lo es Acapulco y la Tierra Caliente, por mencionar algunas.

Esta violencia generalizada en cuanto a los movimientos de resistencia que hay en Guerrero y en el país, claramente tiene como objetivo eliminar a los luchadores sociales que alzan la voz contra la explotación, el saqueo de los recursos naturales y contra los poderes caciquiles. Los crímenes que, en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990 cometía el ejército y las policías, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas; en el siglo XXI esos mismos crímenes son perpetrados por el denominado “crimen organizado”. Supuestamente han cambiado los perpetradores, lo que no ha cambiado son los objetivos a eliminar. En los últimos años en Guerrero han sido asesinados luchadores sociales como Miguel Ángel Mesino (18 de septiembre de 2005), Arturo Hernández Cardona (30 de mayo de 2013), Raymundo Velázquez Flores (5 de agosto de 2013), Rocío Mesino Mesino (19 de octubre de 2013), Luis Olivares Enríquez (10 de noviembre de 2013), Ranferi Hernández Acevedo (14 de octubre de 2017), Arnulfo Céron Soriano (11 de octubre de 2019), por mencionar algunos. Decenas de luchadores y luchadoras sociales han sido asesinados en los últimos años bajo este telón de fondo. Pareciera que es el escenario perfecto para que los diferentes gobiernos se deslinden de estos crímenes de Estado.

En este mismo contexto y bajo el mismo modus operandi, el pasado mes de abril fue asesinado el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, cuando se encontraba trabajando en Acapulco. El compañero Marco Antonio aquí estuvo con nosotros en varias ocasiones; acompañándonos y exigiendo justicia. Tristemente hoy nos toca pedir justicia para el compañero. Esto mismo pasó en los años pasados, el compañero Ranferi exigió justicia para los campesinos masacrados en Aguas Blancas, Acteal y El Charco; exigió la presentación con vida de los desaparecidos de la década de 1970 y de los normalistas de Ayotzinapa; exigió justicia para Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y para el maestro Claudio Castillo Peña; solo por mencionar algunos casos. Esa es nuestra indignante realidad. En México no solo no hay justicia para los luchadores sociales asesinados en los regímenes del PRI y del PAN, sino que en el régimen de Morena se sigue asesinando a quienes luchan por la justicia.

Asimismo, se encarcela a quienes se organizan por justicia y seguridad, como el compañero Jaime Morales Castro, ex consejero y comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, encarcelado con delitos prefabricados el pasado 9 de octubre. De igual forma, el compañero Antonio Barragán Carrasco, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien recién cumplió 24 años preso de manera injusta por delitos prefabricados por órdenes de Genaro García Luna. Misma situación de prisión política son los casos de la activista Kenia Hernández Moltalván, los presos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca y los presos tzotziles Solidarios de la Voz del Amate, Chiapas. Como estamos seguros que lo hubiera hecho el compañero Ranferi, exigimos la libertad inmediata e incondicional de las presas y presos políticos.

En cuanto al estado de la investigación del caso de nuestros familiares y compañeros asesinados, queremos informar que el pasado 25 de abril, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregaron a la Fiscalía General del Estado los dictámenes integrados multidisciplinarios realizados a los restos mortales de nuestros familiares y compañeros en los siguientes rubros: Traumático de evidencia biológica y no biológica, Ampliación del dictamen de Antropología Forense, el Examen médico legal relativo al protocolo de autopsia y el Dictamen de hallazgos del vehículo.

Agradecemos a las y los especialistas del EAAF por el trabajo realizado, el cual en todo momento fue realizado con ética profesional y siempre respetando la dignidad de los cuerpos de nuestros familiares y compañeros.

A grandes rasgos, los resultados de los dictámenes prueban que nuestros familiares fueron torturados y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Muestran el grado de crueldad con la que actuaron los perpetradores de este deleznable crimen de Estado, quienes se sienten impunes ante gobiernos que les permiten actuar sin ninguna consecuencia para ellos. Es por eso que hacemos un llamado a los diferentes niveles de gobierno, y a las instancias de procuración de justicia, a actuar en consecuencia y evitar que la violencia y la impunidad sigan siendo los rasgos distintivos de nuestra realidad.

¡14 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!

¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!

¡Justicia para Ranferi Hernández Acevedo!
¡Justicia para Lucía Hernández Dircio!
¡Justicia para Juanita Dircio Barrios!
¡Justicia para Antonio Pineda Patricio!
¡Justicia para todos los luchadores sociales asesinados!
¡Justicia para Rocío Mesino!
¡Justicia para Marco Antonio Suástegui!
¡Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!

¡Presentación con vida de todos los desaparecidos!

¡Libertad para Antonio Barragán Carrasco!

¡Libertad para todos los presos políticos!

¡Ranferi vive, la lucha sigue!

Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, a 14 de octubre de 2025

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades detienen a posible cómplice en asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Autoridades continúan la búsqueda del chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, señalado como el principal sospechoso de su asesinato.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este viernes la detención de un presunto cómplice que habría participado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el estado de Guerrero.

En un comunicado, la dependencia detalló que el arresto del sujeto, identificado como Miguel Ángel "N", se dio a raíz de una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe.

Como resultado de labores de investigación y vigilancia implementadas por elementos de dependencias de Seguridad estatales y federales, autoridades lograron identificar a un hombre que presuntamente está vinculado con el crimen


Uniformados que realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo lograron ubicar a Miguel Ángel "N", por lo que le marcaron el alto y, tras comprobar su identidad, procedieron con su detención para posteriormente ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El operativo que llevó a la identificación y detención de uno de los presuntos responsables del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con la colaboración de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió una fotografía del presunto implicado en el crimen en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la cual también recalcó que las autoridades seguirán trabajando para que no haya impunidad.
Cabe mencionar que el propio titular de la SSPC reveló que el chofer del cura fue señalado como el principal sospechoso de su asesinato, por lo que autoridades estatales y federales iniciaron su búsqueda.

Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la comunidad de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero, fue hallado sin vida el pasado lunes 6 de octubre, dos días después de que se denunció su desaparición.

De acuerdo con reportes preliminares, citados por el diario El Sur, el cuerpo del sacerdote fue hallado dentro de un vehículo en una brecha cerca de la carretera federal México-Acapulco, además de que mostraba múltiples impactos por arma de fuego.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.